El año pasado se presentó en Diputados un proyecto de ley modificativo de la ley forestal, atendiendo al avance de las plantaciones masivas de árboles sobre terrenos fuera de la prioridad forestal, un avance posibilitado por los beneficios logrados por un activo lobby que llevó a esa actividad a ser subvencionada, en sus plantaciones primero y en la industrialización, especialmente la celulósica después.
El proyecto fue aprobado hace un año en la cámara de Diputados y a lo largo de
este año se trató en la cámara de Senadores.
Hubo en el tratamiento en la cámara de Senadores, repetidas menciones a la importancia de la inversión de la empresas celulósicas, sin tener en cuenta que sólo la plantación anual de más de un millón de hectáreas de soja significa un movimiento económico cercano a la mitad del que anuncia UPM para tres años, con la diferencia de que el movimiento económico a partir de la soja y podríamos decir también del arroz, el sorgo, el trigo, la cebada y la ganadería es en más del 80% dentro del Uruguay mientras que la inversión de UPM es en más del 70% en otros países.
Otras disposiciones como la limitación al ocho por ciento de la superficie a plantar con árboles en predios fuera de la prioridad forestal, no son novedosas ya que viene del decreto 191/2006.
La ley expresa en cuanto a los terrenos de
prioridad forestal que serán los designados como “terrenos Forestales” en la
Ley 15.939, la ley forestal de 1987, y los decretos reglamentarios “vigentes”,
disposición que cobra especial importancia cuando analizamos el decreto que el
viernes 10 de diciembre publicó el Poder Ejecutivo en su web (Decreto 405/21), que
los Ministros de Ambiente y Ganadería presentaron en la comisión del Senado el
lunes pasado.
Ese decreto, a diferencia de la ley que es básicamente una norma relacionada
con el ordenamiento territorial, se centra en los primeros artículos en temas
de regulación ambiental, la más novedosa la que mandata a registrar las nuevas
plantaciones de árboles de entre 40 y 100 hectáreas, incluyendo en el registro información ambiental, pero sin exigir un
estudio de impacto ambiental.
Ese estudio si pasa a exigirse para las replantaciones en áreas previamente forestadas que en su momento no hubieran estado sujetas a Autorización Ambiental Previa, de hecho todas las realizadas hasta la vigencia del decreto 349/2005. Antes de ese decreto, aún estando en vigencia la Ley de Ambiente (16466) de 1994 las plantaciones masivas de árboles no tenían que hacerlo al haber sido específicamente exoneradas por el Decreto 435/1994.
Una primera diferencia con la ley aprobada se da cuando el decreto permite que hasta un 50% del área plantada pueda no ser de prioridad forestal en plantaciones entre 40 y 100 hectáreas (Artículo 7) y esa diferencia se hace más patente aún en el Artículo 9 que merece un análisis especial.
El mencionado Artículo 9 define los “terrenos
forestales”, los que la ley determina son de “prioridad forestal “, en base a
tres criterios:
1. Todos los ya forestados.
De esta manera incluye en la “Prioridad forestal” incluso aquellos que fueron plantados en áreas que no eran de prioridad forestal y que hoy son unas 300.000 hectáreas.
2. Los clasificados USDA VI y VII y/o
3. Suelos clasificados USDA IVe con potencia riesgo de erosión.
Esa clasificación es un verdadero cambio en las reglas del juego, se abandona el criterio que viene de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) de 1967, modificado en 1976 y que clasifica los suelos objetivamente en base a características propias y medibles; pasando a una clasificación del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) en base a aptitud agrícola
En este decreto además las empresas forestales y el lobby forestal recuperan la capacidad de que se consideren terrenos forestales los que sin serlo se incluyan dentro de una plantación hasta el 20% de la superficie plantada.
Eso libera de hecho y derecho a las empresas de tener que solicitar dispensas y permisos especiales en los casos en que la reglamentación departamental lo mandata por ocupar la plantación áreas que no son de prioridad forestal.
Finalmente el decreto en su artículo 16 pone su fecha de entrada en vigencia en tres meses, dice “3 (tres) mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial” por lo que no está vigente hoy.
Ese punto es de capital importancia dado que de acuerdo con la ley aprobada no serían considerados Terrenos Forestales y el decreto sería entonces en ese punto letra muerta.
Ahí aparece la necesidad de las empresas forestales , dueñas de más del 80% de las plantaciones masivas de árboles, y del lobby forestal, de que no se aplique la ley y que se imponga el decreto por el que se aseguran condiciones altamente favorables que les permiten seguir extendiendo sus plantaciones, evitando los pocos controles y limitaciones que tímidamente se les pretendieron imponer, especialmente a nivel departamental, para proteger otras producciones que lejos están de tener las ventajas que la forestación celulósica de alguna manera ha logrado en el Uruguay.
Así, de mantenerse el “veto” y
entrar en vigencia en tres meses el
decreto, quedarán esas empresas en inmejorables condiciones para seguir avanzando en el
territorio, alejando cualquier amenaza a su privilegiada posición, inigualada
en el mundo, de que gozan en el Uruguay.
(Publicado en La Diaria 17-12-2021)
