22 de
junio de 2020.
Presentación del MOVUS ante la comisión de
diputados para el estudio de la ley con declaración de urgente consideración
(LUC)
(Ingresa
a sala una delegación del Movus, Movimiento por un Uruguay
Sustentable)
——La Comisión tiene el agrado de
recibir a la delegación de Movus
(Movimiento por un Uruguay
Sustentable), integrada por los señores Víctor
Bacchetta, Fernando Moyano y Raúl
Viñas.
Quiero señalar que van a disponer de
alrededor de media hora para que
puedan realizar su exposición.
Aspiraría a que lo pudieran hacer en veinte
minutos para que nosotros tengamos
tiempo para formular algunas preguntas.
SEÑOR VIÑAS (Raúl).- Hemos venido aquí
representando al Movus
(Movimiento por un
Uruguay Sustentable), que es apolítico y tiene como norte
tratar que el
desarrollo y el futuro en nuestro país sean vistos desde el punto de
vista de la
sustentabilidad, a fin de que no destruyamos lo que tenemos, que
sabemos bien que no
es nuestro: es de nuestro hijos y de nuestros nietos.
Específicamente,
sobre el proyecto de ley de urgente consideración, nos
vamos a referir
solamente a dos partes: la creación del ahora denominado
Ministerio de
Ambiente y las áreas protegidas.
En relación al
Ministerio de Ambiente, podemos decir que en principio nos
parece una idea
positiva. La elevación del área ambiental a nivel jerárquico de
Ministerio, o sea, de
lo que tiene que ver con el análisis, el desarrollo, el
mantenimiento, la
preservación y el buen uso de la sostenibilidad del ambiente,
lo vemos como algo
bueno. Es una idea que podemos caracterizar como
auspiciosa,
que es buena que se haga en el país pensando en el futuro
Sin embargo, la
última versión de los artículos que tiene que ver con la
creación del
Ministerio, que vino del Senado, la vemos como un retroceso en
algunas cosas que se
habían planteado previamente en la discusión en la
Cámara alta.
La principal duda que
nos plantea el proyecto en su forma actual es la
eliminación del
ordenamiento territorial del área del Ministerio porque,
específicamente, es
básico para el manejo ambiental. También hay que tener
en cuenta que en
nuestro territorio el ordenamiento territorial no es solamente
urbanístico, ya que
entre 97% y 98% tiene que ver con áreas rurales. Si
ustedes revisan los
planes de ordenamiento territorial de las diferentes
intendencias, van a
ver que el tema ambiental es la base de todos los
proyectos de
ordenamiento territorial departamental que existen.
Con relación a las
áreas protegidas, hay dos artículos que aparecieron a
último momento, que
quedaron colgados, al final del proyecto de ley que
presentó el Poder
Ejecutivo en la Cámara alta. Hemos visto que en el
tratamiento de las
áreas protegidas, al contrario de lo que decíamos del
Ministerio, en el
Senado se hicieron algunos avances importantes,
especialmente, quitar
de la redacción la necesidad de un consentimiento por
parte de los
propietarios de los campos, así como también que algunos de ellos
pudieran llegar a
recibir indemnizaciones por estar integrados a las áreas
protegidas.
Un último punto del
proyecto que viene del Senado, que consideramos
que podría ser
discutible, tiene que ver con la definición de un Fondo para cada
una de las áreas protegidas.
No queda claro el verbo utilizado porque dice que
el Estado promoverá
la creación de ese Fondo. Y, en segundo lugar, no queda
para nada claro cómo
se une eso al presupuesto del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas que
ya existe. Hay dos cosas relacionadas con lo
mismo -una, quizás, a
nivel un poco más departamental-, que realmente
deberían estudiarse
mejor.
Luego de este
resumen, voy a ceder la palabra al señor Fernando
Moyano, que se
referirá a las áreas protegidas.
SEÑOR MOYANO
(Fernando).- Con
respecto a las áreas protegidas, lo que
queda claro, tanto
del texto final como del trámite de este tema, es la ausencia
de una visión
estratégica sobre el tema ambiental. Y la visión estratégica es un
problema clave.
¿Qué quedó en el
texto final? Un cambio en la referencia de la ley de
áreas protegidas en
cuanto al ministerio del que dependen. Lógicamente, si
hay un nuevo
ministerio, hay que cambiar el nombre que figura en la ley. Pero
esto no es un tema de
urgente consideración. ¡Por favor! No se puede llegar a
este punto anodino de
las cosas, ¿no?
Un segundo punto
referido a las áreas protegidas es que se suprime el
consentimiento del
propietario y se establece que se determinará en base al
acuerdo entre el
gobierno nacional y el gobierno departamental, según las
leyes y disposiciones
en la materia. Obviamente, esto debe hacerse de
acuerdo con las leyes
y disposiciones vigentes. Eso no agrega nada. Como no
hay una puesta a
punto de esa legislación, no hay un estudio de jerarquías y
prioridades,
no se determina qué es lo más importante, simplemente, se hace
una enumeración de
las puertas que hay que golpear. Golpeen esta puerta;
golpeen esta otra. ¿Y
quiénes van a golpear? Por supuesto, hay muchos
intereses en juego,
pero hay una frase típica de las novelas policiales que dice
que los muertos no
hablan. O sea, todos aquellos desplazados y arruinados por
el avance de la
forestación y los proyectos mineros no van a hablar o su voz
está muy debilitada.
Entonces,
simplemente, se hace una enumeración de las puertas que hay
que golpear, es
decir, dónde tienen que ir a hacer lobby. Lo que acá no hay y
debería haber es una
consideración estratégica de las cosas.
Lo mismo sucede con
respecto al tercer punto. Se elimina de la ley de
áreas protegidas una
mención -en realidad, es una mención un tanto banal- en
cuanto a que si se
llega a una expropiación, debe hacerse por la vía legal. ¡Es
obvio que tiene que
hacerse por la vía legal! ¿Qué significa la eliminación de
esa mención? ¿Que se
hará por vía ilegal? ¿O que no se va a hacer nunca
jamás una
expropiación?
Uno podría decir que
no hay recursos, pero ¿qué estudio de recursos
hay? ¿Qué estudio
comparativo y de prioridades hay, de manera de establecer
una jerarquía? ¿Con
qué recursos se cuenta? Y si no se cuenta con recursos,
¿cuáles son las
alternativas? ¿Cuál es la legislación y las restricciones que
tienen que cumplirse?
Yo no puedo tener cocodrilos en mi casa, por más que
sea mi casa. O sea,
hay restricciones que deben imponerse en función del
interés general. Eso
es estrategia; el cómo, dónde y cuándo depende del qué,
por qué y para qué.
Por eso se da este absurdo de poner estos temas en una
ley que no tiene nada
que ver con esto. Estos temas no pueden estar acá.
Obviamente, la
protección del medio ambiente, la protección de la naturaleza
es una cuestión de
urgencia; así queda demostrado en el mundo; así lo
muestra, por ejemplo,
el deshielo del Ártico, que está sucediendo en estos
días. Eso tiene que
ser considerado. ¿Cómo tiene que ser considerado? Si no
es aquí, ¿dónde?
Seguramente, ustedes habrán recibido sugerencias de retirar
este punto relativo a
las áreas protegidas de la ley de urgente consideración.
Lo que importa no es
lo que no se hace; lo que importa es lo que se hace.
¿Qué es lo que se va
a hacer? Si se despeja la mesa, si ustedes marcan la
cancha y no quien
venga a golpear la puerta de atrás, porque no corresponde,
si se establece una
estrategia, entonces, sí se anunciará lo que se hará en la
ley que corresponda.
Un gesto sería retirar este tema del proyecto para
considerarlo en otro
lado, porque no es acá o, por lo menos, no es así como se
tiene que tratar.
Gracias.
SEÑOR BACCHETTA
(Víctor).- Desde
que advertimos que en el proyecto de
ley de urgente
consideración se incluía la creación del Ministerio de Ambiente,
nos ocupamos de
definir nuestro punto de vista y de mantener conversaciones
con las distintas
fuerzas políticas integradas en el Parlamento.
Desde el comienzo,
desde la presentación del primer proyecto de ley,
planteamos que había
dos grandes problemas para resolver en la política
ambiental y que la
creación de un Ministerio de Ambiente podría ser una
oportunidad
para avanzar en su solución.
Uno de los problemas
es que, a nuestro juicio, ha habido ausencia de
evaluaciones
estratégicas de los proyectos que son analizados en la Dirección
Nacional de Medio
Ambiente, sobre todo, de los grandes proyectos o
megaproyectos, como
se los califica. Es decir, se ha seguido la práctica de
analizar los
proyectos en forma aislada, en forma particular. Inclusive, en
algunos casos, como
el de la segunda planta de celulosa de UPM, el mismo
proyecto se divide en
tres partes y se analiza su impacto ambiental en forma
subdividida, lo cual
es un absurdo. Ese es un problema que, además, va en
contra de las
definiciones de dos normas que para nosotros son
fundamentales. Una de
ellas es la modificación que se introdujo en el artículo
47 de la Constitución
de la República, la llamada reforma del agua,
correspondiente al
plebiscito del año 2004, donde se estableció taxativamente
que la política de
aguas se iba a basar en el ordenamiento territorial. Y, en
segundo lugar, la Ley
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que
establece que el
ordenamiento territorial está estrechamente vinculado con la
política ambiental.
Entonces, el segundo
tema es que, además, la política ambiental, en la
forma institucional,
ha estado atomizada en el Estado uruguayo en una serie de
organismos, agencias,
que están involucrados en la gestión ambiental, pero
que actúan por
separado, en otros ministerios e, inclusive, en distintas
dependencias del
mismo ministerio. Si se quería avanzar en la definición de un
Ministerio de
Ambiente, se debería haber avanzado en unificar esas distintas
agencias, esos
distintos organismos en un único organismo que pudiera definir
una política
coherente y eficaz.
De alguna manera, en
la segunda versión que se presentó del Ministerio
de Ambiente, que en
ese momento se llamó Ministerio de Ambiente y
Desarrollo
Sostenible, nos pareció que se iba en dirección a ese avance. Se
incluyó
explícitamente que dentro de sus atribuciones estaban las
determinadas por
leyes, en particular, la Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo
Sostenible. En la última versión se retrocede, se deja de lado eso,
se define un
Ministerio de Ambiente a secas,
se traslada toda la Dirección
Nacional de
Ordenamiento Territorial al Ministerio de Vivienda y no se
incorporan áreas
significativas de otros ministerios. Es más, se agrega un
tema, que ya había
tenido antecedentes en el gobierno anterior, que es la
inclusión dentro de
la política ambiental, ahora, en una ley, del Sistema
Nacional Ambiental,
que fue creado por decreto del gobierno anterior,
introducido para
validar la aprobación del Plan Nacional de Aguas. Dicho plan
fue elaborado sin las
instancias de participación social establecidas por la
política nacional de
aguas.
El Consejo Nacional
de Agua, Ambiente y Territorio nunca fue convocado.
Ese era el organismo
con participación social que debía elaborar el Plan
Nacional de Aguas.
Eso no se hizo. El Plan fue elaborado por el Poder
Ejecutivo. Tuvo una
discusión pública mínima -diecisiete reuniones en todo el
país, incluyendo una
sesión de las Comisiones de Cuencas y de
Acuíferos- para
después validarlo con un decreto que colocó la ejecución y el
control del Plan en
manos del Sistema Nacional Ambiental.
Para nosotros, ese
Sistema Nacional Ambiental es un invento más de
centralización
burocrática de las decisiones de la política ambiental que elude y
refuerza
la no inclusión de las instancias de participación social en la gestión del
agua y en la gestión ambiental. Nosotros tenemos una institucionalidad ambiental
que fue definida, precisamente, por la reforma del agua, por el
artículo 47 de la
Constitución, que son las Comisiones de Cuencas y de
Acuíferos, en las que
debe haber una participación de todos los actores
involucrados en estos
temas. Eso ni se menciona, se ignora sistemáticamente
y se definen
estructuras cada vez más centralizadas para la toma de
decisiones.
En ese sentido y por
estas circunstancias, nos parece que esta propuesta
final es un claro
retroceso. Lo que nos llama la atención es que este retroceso
no se pueda atribuir
solo a un gobierno; hay que atribuirlo a una coalición de
gobierno y a la
mayoría de la oposición parlamentaria que tiene este gobierno.
Parece que cuando la
enorme mayoría del sistema político se pone de
acuerdo, en lugar de
para avanzar, es para retroceder.
Muchas gracias.
SEÑOR REPRESENTANTE
AMARILLA (Gerardo).- Agradezco
la presencia y
los aportes de la
delegación que nos visita.
Queremos preguntarles
su opinión sobre la inclusión de los planes de
ordenamiento
territorial como un instrumento a los efectos de considerar la
definición o
ampliación de nuevas áreas a integrar al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, tal
como figura en el artículo 474 del proyecto de ley en su
redacción actual.
SEÑORA PRESIDENTA.- En primer lugar,
quiero señalar que la mayor parte
de las organizaciones
que han estado aquí presentes han coincidido con que la
disociación entre el
ordenamiento territorial y el medio ambiente o el
ambiente -como lo
quieran llamar- no es posible en la vida real.
En segundo término,
efectivamente, ustedes plantean la sugerencia de
retirar el punto
relativo a áreas protegidas de este proyecto de ley, pero hacen
un planteo más a
fondo creo que con relación al nacimiento del propio
ministerio. Entonces,
mi pregunta es si consideran que se debería retirar del
proyecto el tema de
las áreas protegidas o si también entienden que debería
haber una
modificación sustantiva en la creación del ministerio que está
planteada.
SEÑOR BACCHETTA
(Víctor).- No
nos parece que necesariamente un tema
esté asociado con el
otro en el proyecto de ley. Sí es cierto que uno puede
tener consecuencias
sobre el otro, pero pueden ser considerados por
separado. | Con
respecto a la pregunta del diputado Amarilla, nos parece que
la inclusión de ese
párrafo es correcta. Así deben hacerse las cosas;
suponemos que así
deberían haberse venido haciendo, en la medida en que es
reafirmar la vigencia
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible. Para
nosotros, ese párrafo no es cuestionable. Sí cuestionamos los
conceptos que aquí se
comentaron de exigir un consentimiento previo de
propietarios
particulares o concederles una indemnización por la definición de
las áreas.
SEÑOR VIÑAS (Raúl).- Si revisan el
artículo 474, advertirán que habla de
instrumentos y
principios de ordenamiento territorial que deberán ser tenidos en
cuenta en las áreas
protegidas, y los toma a nivel departamental. Como decía el diputado Amarilla,
los instrumentos vienen a ser los planes de ordenamiento
territorial
departamental.
El colocar tan
fuertemente el ordenamiento territorial en esta parte,
cuando no va a estar
dentro de ambiente, genera uno de los tantos problemas
que tiene la nueva
institucionalidad que se le piensa dar al Ministerio de
Ambiente. Entonces,
está el ordenamiento territorial, para generar las áreas
protegidas, y al
sistema nacional lo maneja el Ministerio de Ambiente
directamente. Además
-como decía el compañero Bacchetta-, tenemos muchas
partes relacionadas
con el ambiente, incluso, hasta con el cambio climático,
colocadas, sin que se
prevea su cambio, dentro del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca.
La Opypa tiene una
oficina de cambio climático dentro de ella. La
Dirección Nacional de
Recursos Naturales Renovables tiene la parte de suelos.
Son un montón de
cosas que verdaderamente, si vamos a formar un ministerio,
sería muy deseable
que fueran parte de la estructura o de los cometidos de ese
ministerio. En la
redacción actual, quedan incluidos en los cometidos y en las
cosas que tiene que
hacer el ministerio, pero están por fuera de él. Integrar
todo esto es básico
para que esta Cartera deje de ser lo que decía Víctor, un
Ministerio chiquito,
un Ministerio que no tenga la fuerza suficiente.
Entendemos los
problemas administrativos, los problemas de chacras, de
esferas de poder; a
nadie le gusta que le quiten un área, pero les corresponde
a ustedes, en la
redacción de la ley, el reorganizar esto tal cual lo marca el
artículo 174 de la
Constitución. Las funciones de los ministerios, se pueden
cambiar por ley. Este
es el momento ideal para juntar todo lo que tiene que ver
con el ambiente y que
el ministerio nazca con fuerza, con organización y con
capacidad de mantener
y hacer que mejore la situación ambiental del país que,
en algunos puntos,
está muy deteriorada.
SEÑOR BACCHETTA
(Víctor).- Esa
inclusión del sistema nacional ambiental,
que es un gabinete
ministerial básicamente, me hace recordar lo que es el
comité de
bioseguridad. En el caso del comité de bioseguridad, decisiones que
tienen el voto
contrario del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de
Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, son tomadas igual por la
mayoría: por el
Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de
Relaciones Exteriores
o por alguno de los ministerios productivos como, por
ejemplo, el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Que se ponga por
encima de la estructura del Ministerio de Ambiente al
Sistema Nacional
Ambiental con esa composición, debilita la capacidad de ese
Ministerio.
SEÑOR VIÑAS (Raúl).- Queda claro que lo
que estamos impulsando es que
haya un Ministerio de
Ambiente fuerte, potente, bien posicionado y en
condiciones de
manejar esta área que es, quizás, la más importante del país
estratégicamente.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la
presencia de la delegación. Luego
se les hará llegar la
versión taquigráfica.
(Se
retira de sala la delegación del Movimiento por un Uruguay Sustentable)
