26 de mayo de 2017

¿QUÉ GANARÍA URUGUAY CON OTRA PLANTA DE CELULOSA?

El Gobierno Nacional pretende imponer por decreto el proyecto de una tercera planta de celulosa pasando por encima de las normas legales vigentes, que son las que dan ciertas garantías al pueblo, dando por descontada la renuncia de la población y los Gobiernos Departamentales a participar en decisiones clave para el país.
 
Tal sería el caso de firmarse un contrato de inversión sin haber cumplido requisitos previos tales como la presentación de un proyecto concreto, con una ubicación acorde con las directrices departamentales de ordenamiento territorial, así como de un estudio de impacto ambiental y la evaluación correspondiente.
 
A la luz de experiencias anteriores, como el contrato firmado con Montes del Plata, se vulneraron normas legales y atribuciones de otros poderes del estado, se otorgaron beneficios fiscales y facilidades de zona franca, así como la imposibilidad de modificar los aportes tributarios, que no posee la industria nacional, además de comprometer la posibilidad de someter al país a juicios internacionales.
 
Como resultado de lo anterior, Uruguay no solo no alcanzaría logros relevantes con la instalación de esa planta de celulosa, tendría además pérdidas significativas tanto desde el punto de vista económico, como social y ambiental.
 
Impactos económicos
 
¿Cuál ha sido el aporte de las pasteras en zona franca? ¿Cómo se justifica otorgar los beneficios de zona franca a una industria hoy altamente rentable y que hace uso directo de recursos naturales en los que tenemos disponibilidad local y evidentes ventajas comparativas, que no abundan en el mundo?
 
Si sumamos las cifras declaradas por las tres plantas de celulosa, se invertirían US$ 7.600 millones y ganarían US$ 24.361 millones. Es decir que, descontada la inversión, tienen un lucro de US$ 16.761 millones. Por cada dólar invertido, se llevan 2.20. O sea que no realizan ningún “aporte” por la extracción de recursos del país. ¿Por qué no dirigimos nuestros recursos según nuestras decisiones?
 
El establecimiento de la base forestal costó mucho dinero en subsidios y mucho más en renuncias fiscales. Eso sin entrar en la discusión sobre la pérdida de puestos de trabajo, degradación de los recursos hídricos y otros costos sociales y ambientales que se asocian con los monocultivos de árboles. Al ampliarse la superficie forestada para abastecer a una tercera planta de celulosa se perderán nuevas áreas aptas para la producción de alimentos, carne, leche, cultivos.
 
Infraestructura
 
Tenemos carreteras y caminos destrozados por esta actividad, cuyo mantenimiento y reconstrucción venimos pagando nosotros, inclusive con accidentes y muertes. Dado que UPM lo plantea ahora como una condición previa, pagaremos con anticipación y el gasto seguirá a cargo del estado uruguayo, sin contrapartida de las empresas.
 
En los casos en que luego de inversiones millonarias por parte del estado, como en el puerto de La Paloma, se le exigió una contrapartida a las empresas, el dragado, éstas no accedieron a hacerlo y se perdieron cuantiosas inversiones.
 
El gobierno dice que “va a invertir en infraestructura”. Si aportará US$ 1.000 millones: ¿por qué no poner nosotros condiciones? Si es una inversión: ¿por qué no participar en las ganancias del proyecto? Por otra parte, no se sabe de dónde sale la cifra de US$ 4.000 millones que invertiría UPM porque la empresa no lo ha dicho y una planta similar en Finlandia estaría costando US$ 1.500 millones.
 
Se menciona la reconstrucción de una línea de ferrocarril. ¿Desde cuándo se habla de su necesidad para el pueblo uruguayo? Se lo ha dejado agonizar. Tenía que venir una transnacional para que, entonces sí, se diga que se hará.
 
Es un tema de fondo de la política económica oficial. Afirman que “el mercado” decide, que el Estado no interviene. Pero el Estado interviene y mucho, otorgando renuncias fiscales y garantías soberanas para las empresas transnacionales.
 
Balance energético
 
Una de las "ventajas" atribuidas a las plantas de celulosa es la generación de energía "limpia" a partir de biomasa para el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el balance energético de esas plantas es negativo, son fábricas comunes que consumen fueloil y complementan sus necesidades con biomasa. En el período 2011-2016, compraron fueloil a ANCAP y quemaron casi el doble de la energía que le vendieron a UTE.
 
¿Por qué ANCAP vende el fueloil a las plantas de celulosa entre la mitad y un tercio del precio a que se lo vende a las industrias locales que pagan todos sus impuestos y generan muchas más fuentes de trabajo? ¿Cómo se explica, además, que el precio para las pasteras sea inferior al que ANCAP paga cuando lo importa?
 
Impactos sociales
 
A pesar de la planta de Botnia/UPM, cuya producción se inició en 2007, Río Negro se mantuvo entre los departamentos con mayor tasa de desempleo del país. Entre 2008 y 2010, estuvo en el primer lugar; en 2011 fue superado por Artigas, Durazno y Treinta y Tres; y en 2012 solo Durazno tenía mayor porcentaje de desocupación.
 
El empleo definitivo en una planta de celulosa es pequeño, solo existe un empleo temporal en precarias condiciones, con trabajadores extranjeros sin poder controlar el respeto de los derechos laborales de todos y con graves impactos sociales (aumento de arrendamientos, desorden social local, prostitución, etc.).
 
Los Censos Agropecuarios entre 2000 y 2011 muestran que el empleo en el sector forestal se redujo de 4,5 a 1,8 trabajadores cada mil hectáreas, mientras que en la ganadería se situaba en 5,8 y 4,7 trabajadores, respectivamente. No es correcto atribuir a las plantas de celulosa los empleos en plantaciones ya existentes.
 
Las nuevas plantaciones de eucaliptos profundizarán el proceso de desertificación del territorio al Norte del país y la fragmentación de la sociedad rural. Se acentuará la desaparición de pequeños y medianos establecimientos, que son los pilares de la sociedad que vive en el campo, sustituyéndolos con empleos temporales poco especializados, con condiciones de trabajo precarias y peor pagadas.
 
Impactos ambientales
 
Un primer punto a destacar es la gran concentración de agentes contaminantes que deberían ser absorbidos en una pequeña región del territorio. Las plantas existentes en el país están separadas unos 150 kilómetros, la proyectada sería equivalente a la suma de las dos en un mismo lugar, a lo que se agrega un caudal siete veces menor al del Río Uruguay. La contaminación del Río Negro ha pasado a ser un consenso, como lo es la del Río Santa Lucía. Las cianobacterias permanecen incluso en invierno, cuando lo normal en esa estación era que prácticamente desaparecieran.
 
Ya existe una disputa por el uso de los recursos hídricos en esa zona: ganadería, generación de energía, nuevos planes de riego, plantaciones forestales. Se agregaría una mega planta de producción de celulosa, muy demandante por si misma del recurso, una situación que se agravará en los períodos de estiaje.
 
La producción diaria de celulosa en la nueva planta sería de unas 7.400 toneladas, lo que implicaría una extracción diaria de agua de 214.600 m3 (similar al consumo de la ciudad de Montevideo) y una devolución diaria de 185.000 m3 como efluentes. De esta manera, la planta consume 29.600 m3 diarios de agua, pero la pérdida para generar energía es dos veces ese volumen, es decir 59.200 m3, porque el agua del Río Negro se turbina más adelante en las represas de Baygorria y Palmar.
 
Los efluentes de una planta de celulosa tienen una gran variedad de componentes: sustancias orgánicas consumidoras de oxígeno, fósforo y nitrógeno, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo, zinc, sustancias muy tóxicas -dioxinas, furanos, fenoles-, materiales particulados, compuestos clorados orgánicamente ligados (AOX), compuestos de azufre, agentes microbiológicos, etc.
 
Asimismo, estas plantas generan un aumento importante de las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de carbono y otros compuestos que hacen que Uruguay sea un contribuyente real al efecto de invernadero promotor del cambio climático en vez de un sumidero de carbono, como se ha tratado de propagandear. Curiosamente, en los informes del país no se incluyen estas emisiones.
 
Ya que se habla de las 'últimas tecnologías disponibles', ¿Por qué no se utiliza el agua en circuito cerrado o quasi cerrado? ¿Y la tecnología libre de cloro?
 
Por último, una evaluación de los impactos de las plantas de celulosa no puede ser ajena a los de la forestación, que van desde la reducción del rendimiento hidrológico y la biodiversidad, hasta una grave alteración de la materia orgánica y las propiedades físico-químicas de los suelos desarrolladas a través de siglos.
 
En particular, debería preocupar la vulnerabilidad hídrica de la población de las zonas altamente forestadas, dado que la afectación del ciclo hidrológico implica pérdida de resiliencia del país ante los efectos adversos del cambio climático.
 
En conclusión
 
Exceptuando la etapa inicial de la construcción, que puede durar unos tres años, los impactos económicos de una planta de celulosa en las condiciones admitidas por el gobierno son negativos, a corto, mediano y largo plazo. La inserción internacional es de las peores posibles, y el “crecimiento” de que se habla engaña, ya que la mayor parte del ingreso generado no queda en el país.
 
En definitiva, Uruguay no ganaría nada significativo con la instalación de esa planta, pero además saldría perdiendo en cada uno de esos aspectos. Si nos preocupa el bienestar de la población y que la naturaleza pueda seguir proporcionando servicios ambientales imprescindibles, como el agua para consumo humano y animal, con este proyecto nos alejamos de los más elementales conceptos de Desarrollo.
 
Para no hacerlo, deberían al menos cumplirse condiciones básicas tales como:
 
     - la transparencia, sobre todo que se empleen mecanismos de participación pública que permitan a la sociedad involucrarse en decisiones claves para optimizar los beneficios de los recursos existentes en el territorio nacional;
     - una inversión extranjera acorde con un Programa Nacional de Desarrollo, donde sus objetivos, condiciones y demás los fijemos colectivamente. Nosotros debemos decidir, no someternos a designios extranjeros; y
     - una forestación a una escala que respete suelos y cuencas hidrológicas, así como las actividades productivas tradicionales; que impulse también maderas nobles y el máximo de valor agregado, donde la celulosa (un commodity) se industrialice en el país de distintas maneras y haciendo papel, para consumo interno en primer lugar, capacidad que acabamos de perder con el cierre de Fanapel, que no mereció del gobierno poco más que una declaración.
 
Que se ignore la propia experiencia de Uruguay es triste y preocupante. ¿Por qué no se analizan y debaten estos temas abiertamente con la población?
 
 
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
25 de mayo de 2017.
 
Contactos de referencia:
 Ana Filippini 098 407 572
Angel Segura 098 726 485
Carlos Anido 099 494 679
Elizabeth Díaz 099 375 508
Gustavo Melazzi 2622 6584
Raúl Viñas 099 648 685
Víctor Bacchetta 098 935 317
 
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18 de mayo de 2017

Plantas que se abren, cuentas que no cierran (Nota de Danierl Erosa para BRECHA)

SEMANARIO BRECHA  (5 de mayo de 2017)
Denuncian que ANCA P le vende a UPM y Montes del Plata fuel oil por debajo del costo
Ante el anuncio con bombos y platillos de la posible instalación en Río Negro de una tercera planta
de celulosa, se reavivan algunas alegrías marchitas por la desaceleración económica y reaparecen
varios cuestionamientos: al modelo de desarrollo dependiente de la inversión extranjera, a las zonas
francas, a las ventajas que obtienen las empresas poderosas en detrimento de las más pequeñas y en
concreto al contrasentido de venderle a las pasteras –que ya tienen enormes beneficios fiscales– el
fuel oil a la mitad del precio que paga la industria nacional, y por debajo del costo de importación.


A pesar de que se viene “dragoneando” desde hace meses con la idea, esta semana se hizo oficial:
el gobierno anunció la culminación de la primera fase en las negociaciones con la empresa finlandesa UPM, en que se terminaron de “establecer las premisas básicas y compromisos de las partes hacia la concreción de la que sería la mayor inversión de la historia de nuestro país” y la tercera planta de producción de celulosa.

Se sabe, o al menos se debería suponer, que estos emprendimientos monstruosos no vienen, piden permiso y se instalan alegremente aceptando las reglas de juego que el país decida ponerles.

Más bien son ellos los que ponen condiciones porque, en la escala de nuestra economía, estas inversiones suelen mover positivamente la aguja del Pbi y dinamizan por un tiempo las finanzas locales. Con ese poder
bajo el brazo consiguen inmejorables condiciones de negociación, todo tipo de exoneración impositiva, precios más ventajosos para los insumos que adquieran en plaza e imponer sus necesidades de infraestructura al Estado. Y mientras las autoridades miran las cifras con los ojos como platos y aplauden la
“excelente noticia”, hay otros sectores de la sociedad que observan estos megaproyectos con desconfianza y cuestionan, tanto las ventajas que se les otorgan, como el modelo de desarrollo que lleva adelante el gobierno, basado casi exclusivamente en impulsar la inversión extranjera.

Incluso el ex presidente José Mujica reconoció hace unos días que “descansar el desarrollo interno
en la inversión extranjera llegó a su tope, al límite”.1
Una de las voces críticas más activas es la de Raúl Viñas, 2 que ha analizado, junto a un grupo de estudio multidisciplinario, las prebendas que se le dan a estas empresas y los beneficios que dejan para el país. “Hasta ahora la cuenta va dando casi cero –dijo Viñas a Brecha–. Los beneficios para el país pasan a ser solamente los salarios de los 230 y 320 trabajadores de las respectivas plantas.

Las compras totales de estas dos zonas francas en el país –sacando la madera– no superan los 20 millones de dólares.

Y en lo que respecta a la madera, más del 70 por ciento es autocompra a empresas subsidiarias.
Además, a partir del año pasado, por decreto, se les permite hacer la contabilidad de todas esas empresas, en zona franca. Les estamos dando demasiadas posibilidades.”

Respecto al anuncio del miércoles, y teniendo en cuenta la experiencia acumulada con las dos pasteras existentes,  Viñas se preguntó: “¿No se debiera exigir –para ésta– que el proceso industrial fuera totalmente
libre de cloro? Hasta en Chile se han tomado medidas en ese sentido. Nos dicen que los efluentes de estas plantas son muy limpios y prácticamente no contaminantes. ¿No debiera exigirse un circuito cerrado para reutilizar el agua? De esa manera se reducirían los efluentes y así los riesgos ambientales”.

Pero Viñas va más allá: “Pienso que la discusión que tendríamos que dar es si nos sirve que venga otra planta. ¿Sirve que venga en zona franca? Al PBI hay que compararlo con el colesterol. Hay uno bueno y uno malo. Las plantas estas suben el PBI, pero es dinero que no entra nunca en la economía, es un Pbi
artificial”. Además, denuncia el contrasentido de “tener un rubro competitivo en zona franca y no sacarle ni un peso. Sería como darles zonas francas a los frigoríficos.

Es un rubro de genuina ganancia para el país y se lo estamos regalando”.

FUEL OIL A LA MITAD. 

Según datos aportados por Viñas a este semanario, las dos plantas de celulosa actuales –Upm y
Montes del Plata– le compran el mejor fuel oil a Ancap (el que tiene sólo 1 por ciento de azufre, y que debe ser importado) a la mitad del precio que debe pagar cualquier industria nacional. Pero, además, se lo
estarían vendiendo por debajo del costo de importación. La noticia no es nueva, el propio Viñas la publicó a mediados de este mes en el sitio web El Telescopio. El artículo cruzaba datos de un pedido de acceso a la información que le realizó el activista el año pasado a Ancap, con distintos informes de Aduana. Los resultados son llamativos y hasta ahora nadie ha dado una explicación (ver recuadro).

En el pedido de informes se solicitó saber: la cantidad de combustible vendido a las zonas francas de la celulosa, si entre los combustibles había fuel oil, de qué tipo era, los costos y los precios de venta. Oficialmente Ancap tiene dos tipos de fuel oil: el pesado y el medio.

Pero también existe otro que es bajo en azufre y más caro, y es el que usan las dos plantas. El decreto oficial del 1 de enero de 2017, que fija el precio de los combustibles, establece que el pesado cuesta 18,78 pesos el litro y el medio, 22,90 el litro, ambos a granel en la planta de Montevideo y con Iva incluido. Pero el de bajo azufre no tiene precio en el decreto. Sí en la página web de Ancap: cuesta 26.71 pesos por litro.
En la respuesta que recibió Viñas, Ancap confirma que “todas las entregas de fuel oil a Upm se realizaron cumpliendo las especificaciones del fuel oil azufre 1 por ciento”. Se trata del fuel oil más caro, pero sin embargo desde el ente no respondieron sobre el precio de venta porque consideran que es “información de carácter confidencial”.

No obstante, ese dato puede saberse consultando los expedientes de la Aduana, que son públicos.
De acuerdo a los formularios de Aduana, desde el 2 enero hasta el 25 de abril de 2017 fueron entregados en Fray Bentos (Upm) y en Punta Pereira (Montes del Plata) 32.600.000 litros de fuel oil, por un total de
12.190.796 dólares. En el expediente aduanero queda claro que se vendió por “vía marítima house to house”, a un precio promedio de 37 centavos.

En concreto, según Viñas, “el año pasado –porque este año no hay compras registradas, el último dato es de octubre de 2016 y si hubo más importaciones, no están registradas– Ancap importó este fuel oil a un promedio de 41 centavos de dólar el litro y se lo vendió a las pasteras a 37 centavos promedio. Resumen: le estamos vendiendo aparentemente a pérdida –porque no cierra la cuenta para la propia Ancap vendiendo a este precio– a una industria colocada en zona franca a un promedio de $10.68 y al industrial uruguayo el mismo combustible se lo vendemos a 26.71 pesos”.

Según algunos estudios manejados por Viñas, el 20 por ciento del consumo de petróleo del país corresponde al fuel oil. Según otras fuentes consultadas sería razonable que estas megaindustrias, al ser grandes consumidores, tengan precios diferenciados, pero eso no justificaría las ventas con saldo
negativo. Con la presión que tiene la administración del ente en estos momentos por las denuncias
realizadas por la oposición y por los números rojos de varias de sus empresas, no parece que pudieran permitirse un error de cálculo como éste.

Alguien tendrá que explicarlo.

Otra de las incógnitas que se maneja en este tema es que no está claro de dónde salieron los 32,5 millones de litros vendidos, si en 2017 la planta de Ancap no estuvo activa y tampoco hay registros de importación.

Una fuente del ente que pidió no ser identificada confirmó que “no se está importando en este momento e incluso la refinería está parada”. El fuel oil para las papeleras, dijo la fuente, está saliendo de la refinería, “se les vendió fuel oil que estaba en stock”. A Viñas no le cierra. Tampoco le cierra “lo que está declarado
en Aduana y lo que procesaron.

En 2010 publiqué que las importaciones de petróleo en Uruguay registradas en Aduana por Ancap no cerraban con lo procesado en la planta. Nadie prestó atención, pero el año pasado la Aduana le cobró
multas por 108 millones de dólares a Ancap por no declarar adecuadamente sus importaciones
de crudo”.

1. Caras y Caretas, 28-IV-17.
2. Magister en ciencias meteorológicas,
docente en la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad de la Empresa
y la Escuela de Meteorología del
Uruguay. Vocero del grupo ambientalista
Uruguay Libre de Megaminería.


Respuesta oficial ....  Esperar para saber

Según pudo averiguar Brecha, la atención del negocio de las papeleras por parte del ente autónomo –a pesar de ser técnicamente exportaciones porque ambas empresas están radicadas en zonas francas– no pertenece a la gerencia de comercio exterior sino a la División Mercado Interno. Este semanario
intentó obtener información oficial referida al precio diferencial que tienen las pasteras, consultando al ingeniero José Pastorino, gerente de la Unidad de Negocios Energéticos (que abarca varias áreas como refinería, mantenimiento, logística, planificación y control, lubricantes, mercado interno y comercio exterior).

Desde la secretaría del jerarca explicaron que el procedimiento para dar respuesta es largo. Primero hay que hacer la consulta por escrito, vía mail, con el detalle de la información solicitada; esas interrogantes se envían al área de negociación para que informe sobre el tema, luego se abre un expediente que contiene la solicitud y las respuestas y éste se eleva al directorio. Después una comisión evalúa el caso y finalmente responde si lo considera oportuno.

“No se puede contestar directamente... No, para esta semana imposible”, dijo amablemente la secretaria.  Habrá que esperar para saber...

Lo que siguen son las preguntas que Brecha envió formalmente a Pastorino:
1. Ancap le vende a dichas empresas el fuel oil más refinado –el que tiene sólo 1 por ciento de azufre–, a un promedio en pesos de 10.68 el litro, cuando el resto de la industria debe pagarlo 22 pesos y algo, más Iva. ¿Eso es correcto? Y en caso de que así sea, ¿cuáles son las razones que explican ese precio diferencial?

2. Se le han vendido, según figura en Aduana, más de 32,5 millones de litros a ambas plantas (Fray Bentos y Punta Pereira) entre el 2 de enero y el 25 de abril. Según los datos, el precio promedio es de 37 centavos de dólares el litro, cuando las últimas importaciones del combustible, también según datos de Aduana,
le costaron a la empresa estatal 41 centavos. ¿Es correcto? ¿Cuál es la explicación de vender por abajo del costo?

3. No se registraron importaciones de fuel oil en 2017, ¿de dónde salieron los 32.600.000 litros si no se importó y la refineríano está funcionando desde febrero.