¿A quién le importa el agua?

Parece que fue hace mucho, pero hace sólo un poco más de tres años, en 2023, el agua en Montevideo era salobre, Minas era abastecida por camiones y faltó agua en San José, Nueva Helvecia, 25 de Mayo y otras localidades del sur del país.

En ese momento, el agua ocupaba un lugar preponderante en las encuestas sobre temas de preocupación para los uruguayos. Ya al año siguiente, en ocasión de las elecciones nacionales de 2024, en esas mismas encuestas no aparecía el agua entre los temas que preocupan a los uruguayos. 

Que el tema no sea ahora “preocupación” de los uruguayos no elimina el problema que es uno de salud pública, de seguridad, de educación, ambiental y económico.

SITUACIÓN ACTUAL

Si nos centramos en Montevideo, el sistema metropolitano de abastecimiento de agua, tiene capacidad de potabilizar diariamente 700.000m3 y tiene en Paso Severino, en base a una cuenca de más de 2.500Km2, reservas suficientes para satisfacer la demanda actual de 600.000m3 diarios por más de 100 días, reserva que se incrementa en 20 días con la reserva del Canelón Grande.

En 2020, antes de sequía, por una  iniciativa privada se planteó la posibilidad de sumar otra potabilizadora para incrementar la capacidad de potabilización en 200.000m3 diarios. Esa instalación, cuyo contrato se firmó en enero de 2025, se planteó en Arazatí, con un costo superior a los novecientos millones de dólares. A partir de modificaciones al contrato, observadas por el Tribunal de Cuentas, en marzo de 2026 se dispuso construirla en la zona de la actual planta potabilizadora de Aguas Corrientes.

Los costos de estas obras, financiadas por las constructoras y que incluyen pagos por mantenimiento, serían superiores a los setecientos millones de dólares, un costo menor al de Arazatí, pero que implica un incremento de ganancias para las empresas constructoras del 13% al ser las obras ahora contratadas de menor valor.

La financiación privada implica una tasa de interés efectiva anual cercana al 18% anual, muy superior a las del mercado y que podría configurar Usura.

También se ha planteado la necesidad de incrementar las reservas del sistema de potabilización, con una nueva represa sobre el arroyo Casupá, cuya cuenca no llega a los 700Km2 y es la de menos caudal específico entre las subcuencas del Santa Lucía.

La tasa de interés de la obra, negociada con la CAF, no alcanza el 6% anual.  

FALACIAS

Las bases para impulsar esas multimillonarias obras son tres falacias que no por ser repetidas más de mil veces se convertirán en realidades. 

La primera es que:     OSE pierde el 50% del agua que potabiliza

Esa frase ha sido repetida por los miembros de los sucesivos directorios de OSE desde hace décadas. Esa vergonzosa aseveración calmadamente aceptada por todos, es parcialmente cierta a nivel nacional, pero esconde diferencias como que en Montevideo el porcentaje de pérdidas es mayor y en otros lugares como Maldonado las pérdidas son inferiores al 30%.

 
La segunda es que:     Montevideo CONSUME 600.000m3 de agua diarios

El sistema metropolitano no consume ese volumen de agua. De acuerdo con informes de Naciones Unidas el consumo humano es del orden de 130 litros por día y en Uruguay la URSEA cuantifica el consumo diario entre 90 y 150 litros por  día.

Siendo 1.8 millones los usuarios del sistema metropolitano, el consumo del sistema no debiera superar 270.000m3 diarios y si asumimos un nivel de pérdidas similar al de Maldonado la demanda del sistema no podría superar los 370.000 metros cúbicos diarios. Montevideo sin consumir esa agua, igualmente la demanda del río Santa Lucía debido al alto porcentaje de pérdidas del sistema.

La tercera es que: Las obras son necesarias por el crecimiento demográfico del área metropolitana.

Esa fue la razón citada en los estudios de Aguasur de 2013, en base al censo de 2011, pero el censo de 2023 y las estimaciones a 2050 y 2070 muestran un panorama de decrecimiento de población en el área metropolitana

¿Y LA RED DE OSE?  ............   Bien Gracias.

En Montevideo, de acuerdo con declaraciones del Contador Ferreri, presidente del Directorio de OSE, la red que se extiende por casi cuatro mil kilómetros aún tiene 30% (1200Kmts) de caños de hierro del “tiempo de los ingleses” y 20% (800 Kmts) de fibrocemento, material prohibido desde 2003. Las pérdidas técnicas son de al menos 35% y la subfacturación y robos de agua potable suman a las pérdidas otro 15%.

Considerando la realidad demográfica y la insostenible situación de las pérdidas de agua “potable”, agua cuya potabilización requirió procesos de bombeo, filtrado y tratamientos químicos, con gran costo para OSE; lo más racional es reducir esas pérdidas mediante medidas de reparación y control de la red.

Alineando la demanda al consumo real y racionalizando el sistema, no se necesitan ni nuevas potabilizadoras ni incrementar las reservas con nuevas represas

Para ello es imprescindible invertir en la mejora y control de las redes. Ose tiene desde hace veinte años un programa de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) para realizar esta tarea, cuyo presupuesto nunca estuvo a la altura de las necesidades.

La Propuesta

Desde MOVUS se ha presentado una iniciativa para la reducción de las “perdidas” del sistema que pasa por sectorizar la red de distribución y establecer en cada sector la medición general automática y en tiempo real. Eso posibilitaría detectar de inmediato pérdidas y poder evaluar en cada ramal las diferencias entre el agua ingresada en el sector y la suma del agua facturada en el mismo.

Ante la detección de diferencias entre la medición y facturación se plantea la revisión sectorial intensiva de la red mediante inspecciones, utilizando entre otras la tecnología del georadar para detectar pérdidas subterráneas e incluso posibles conexiones carentes de medición.

A posteriori se debiera procurar de llevar los sistemas automáticos de medición a los usuarios finales, un esquema similar el desarrollado para los sistemas de medición de UTE.

Respecto al costo del proceso, la iniciativa privada de 2021, que pretendía privatizar tareas ya definidas por OSE, planteaba un costo de casi cuatrocientos millones de dólares en 10 años. Sobre ese costo se tiene que considerar que la reducción de pérdidas tendría efectos inmediatos en la disminución de la demanda de agua al río Santa Lucía, disminuyendo el costo de potabilización. Por otra parte el control de la red incrementa la facturación y la conjunción de esos dos factores mejoraría la situación económica y financiera de OSE y permitiendo inferir que el programa RANC del organismo podría autofinanciarse después de los primeros 4 o 5 años de un horizonte de operación de 10.
  
Además de los efectos económicos, reducir la demanda tiene un impacto positivo  sobre el ambiente, al reducir el uso de las sustancias químicas que se utilizan en el proceso de potabilización y generar menores volúmenes de lodos contaminados

Alinear demanda y consumo permitiría reducir en más de 35% el volumen de agua que se extrae del Rio Santa Lucía, lo que desde el punto de vista operativo implica que la reserva de Paso Severino, hoy suficiente para 110 días, sería suficiente para 170 días, algo más de 200 si sumamos Canelón Grande.

CONCLUSIÓN

El programa de OSE de reducción de agua no contabilizada es la mejor inversión de esfuerzo y dinero, la más rentable y la ambientalmente más positiva.

La construcción de una nueva potabilizadora, que hoy no se necesita y que no se justifica al hacerse junto a la actual, es un despilfarro que no podemos permitirnos. Esa potabilizadora en Aguas Corrientes ni siquiera contempla las recomendaciones de incrementar la seguridad del abastecimiento agregando capacidad potabilizadora distribuida. La primera prioridad debe ser la de que el sistema funcione eficientemente, haciendo uso racional y justificado del agua. Es sobre esa base que se debe plantear cualquier futuro desarrollo.

No se justifica generar ahora una nueva reserva de agua, con los costos e inconvenientes que conlleva todo nuevo embalse. Racionalizando el consumo del sistema, las actuales reservas de Paso Severino y Canelón Grande serían suficientes para cubrir la demanda por un lapso similar al que se propone alcanzar, con la demanda actual, sumando Casupá.

Así la ejecución del plan RANC para alinear la demanda al consumo y el consumo a la facturación, tienen la ventaja de que su ejecución genera beneficios inmediatos.

Se incrementa la seguridad y resiliencia del sistema, reduciendo los costos e incrementando la facturación al punto que el plan se puede autofinanciar con la combinación de incremento de facturación y reducción de costos con grandes beneficios ambientales.

Lamentablemente el programa de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) para Montevideo tiene asignado un presupuesto de cero pesos para el período 2026-2030.

¿Y la economía? 

Se dice que OSE enfrenta “enormes problemas financieros”. Así resulta difícil comprender cómo un directorio con restricciones económicas decide proceder con la construcción de una nueva potabilizadora cuyo costo inicial es de 213 millones de dólares, pero por la cual terminarán pagándose más de 700 millones en pagos trimestrales que superan los  40 millones anuales (reajustables) durante 17 años y medio y le suma el costo de la represa de Casupá con pagos anuales de más de 12 millones.

Ninguna de esas obras genera mejora alguna en la distribución de agua ni tiene efecto en la reducción de las pérdidas. Tampoco incrementan de manera alguna la recaudación del organismo sobre el que se convierten en pesadas cargas financieras incrementando además los costos operativos.

Con las obras contratadas OSE solo tiene dos caminos posibles para hacer los pagos de esas inconvenientes e innecesarias obras, que se le transfiera dinero de rentas generales o incrementar las tarifas de los que pagamos por el agua. En contraposición a esto el efecto económico de reducir las pérdidas de la red a niveles internacionales significaría un incremento de la facturación de OSE de al menos 50 millones de dólares anuales generando la capacidad financiera de realizar obras por “obra pública”, sistema mucho menos oneroso que la Participación Público Privada (PPP) o las redescubiertas "iniciativas privadas" que son para las empresas constructoras un gran negocio financiero.-

¿Qué harías en tu casa si tienes una pérdida de agua?

Seguramente tratarías de repararla o llamarías a un sanitario para que lo haga.
Difícilmente contratarías un segundo servicio de OSE para que entre más agua a la casa y sería muy extraño que decidieras colocar un tanque de agua en el techo para poderte bañar a pesar de la pérdida

Bueno, eso hace OSE al poner una nueva potabilizadora y una represa.

Publicado en el periódico Claridad el 11 de setiembre de 2026

https://periodicoclaridad.com/sitio/index.php/numeros-anteriores/numero-91

EL EXORBITANTE COSTO DE LA "OBRA PÚBLICA"

Neptuno, el disparatado proyecto para potabilizar agua de la zona de Arazatí en el Río de la Plata, con la que abastecer, parcialmente, y con viento a favor, a Montevideo, comenzó costando doscientos siete millones de dólares, sucesivos agregados llevaron el presupuesto a casi trescientos millones de dólares.

A los cuatro vientos se lo publicitó como la obra "más grande de la historia", en agua potable; como la mayor inversión en ese rubro. Lo que no se dijo es que los pagos anuales previstos en el contrato de la obra sumaban novecientos millones de dólares.

El 25 de enero de 2025 se firmó el contrato comprometiendo el pago anual de más de cincuenta millones de dólares durante diecisiete años y medio, un total de novecientos millones de dólares, por la obra presupuestada en doscientos noventa y cuatro millones 

El proyecto Neptuno fue cancelado por el nuevo gobierno que asumió en marzo de 2025.

Si bien se reconoció que el contrato firmado para el proyecto incluía clausulas inconstitucionales, por lo que legalmente era nulo, se decidió renegociar con el consorcio "Infraestructura Arazatí SA" la construcción de una planta potabilizadora en Aguas Corrientes y una línea de conducción de agua potable en Canelones. 

En la "renegociación" se pactaron obras por doscientos trece millones de dólares y se pactó, en un esquema que incluye Unidades Indexadas, un pago anual de casi cuarenta millones de dólares que en diecisiete años y medio suman unos setecientos millones de dólares.

Si se compara el contrato original con el resultante de la "renegociación" el consorcio constructor consiguió un 12% más de ganancia por cada dólar presupuestado, una cifra nada menor.

Este tipo de situaciones en que el costo de las obras se multiplica por tres y hasta por cuatro por la financiación privada, no es nuevo y lo vimos claramente con la construcción del TREN DE UPM. Esa obra estaba presupuestado en setecientos noventa millones de dólares, que estimaciones privadas incrementaron hasta mil millones. De acuerdo con el contrato firmado para la obra, su costo superará los tres mil millones de dólares, casi quinientos mil dólares diarios. 

Similar relación entre el valor de la obra y el costo financiero se ve en todas las obras construidas por el sistema de Participación Público Privadas (PPP) y las denominadas "Iniciativas Privadas". En esos esquemas la ganancia de las empresas constructoras se da más por el esquema financiero que por la construcción de la obra.

Las empresas privadas constructoras que se benefician de esos proyectos no tienen generalmente la capacidad financiera para ejecutar las obras, por lo que necesitan financiación que obtienen de entidades financieras, incluso internacionales, utilizando como garantía los contratos firmados por el estado.

Desde MOVUS se ha expresado repetidas veces la inconveniencia económica y financiera de este esquema. Si se calcula la tasa de interés de la financiación privada de las obras se encuentran valores muy por encima de los que ofrecen en plazos similares incluso bancos de la plaza financiera local. Ni que decir cuando se comparan con los préstamos internacionales a los que podría acceder Uruguay.

Pagar setecientos millones de dólares en diecisiete años y medio por una obra que cuesta algo más de doscientos millones implica una tasa efectiva anual superior al 17%.

A modo de comparación un préstamo inmobiliario en plaza puede obtenerse con tasas tan bajas como 3.5 % y en el peor de los casos siempre inferior al 6%. Un organismo internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  o la CAF otorga créditos con intereses por debajo del 5%.

La diferencia en el costo financiero es abismal, un préstamo de doscientos millones de dólares con una tasa efectiva anual del 5% cuesta doscientos noventa y dos millones en diecisiete años, pagarlo con una tasa del 17% implica más de cuatrocientos millones extra de costo financiero.

En el ordenamiento legal uruguayo la Ley 18.212 marca los límites de la Usura. Esa ley también establece que los intereses deben pactarse en términos claros y precisos, expresándose en términos efectivos anuales, lo que no sucede con los contratos firmados por obra pública. En esos contratos sólo se establecen montos de pago por disponibilidad, resultantes de fórmulas que incluyen reajustes por variaciones del valor de la Unidad Indexada y del dólar, integrando la inflación a los intereses del contrato.

Un análisis de la fórmula utilizada en el contrato firmado por OSE en marzo de este año para la construcción de la nueva planta potabilizadora  para el sistema de Montevideo,  referida al comienzo de la columna, muestra que si se hiciera hoy el pago trimestral previsto en el contrato, ya sería por un monto en dólares 21% superior al original lo que se suma a la leonina tasa de interés que se oculta en los pagos por disponibilidad pactados en el contrato. 

Es inaceptable que se pacten pagos con intereses que podrían superar los montos de la usura, especialmente cuando se hace para obras de dudosa conveniencia o francamente injustificables. De confirmarse esto, los firmantes de esos contratos debieran ser llamados a responsabilidad, civil e incluso penal.




Imagen: Formula de ajuste para el pago de la nueva potabilizadora en el Santa Lucía. Página 18 de la “Modificación de contrato” firmada el 5 de marzo de 2026 entre OSE e Infraestructura ARAZATÍ SA

Publicado en La Diaria el 14 de Julio de 2026

https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2026/7/el-disparatado-costo-de-la-obra-publica/

 

La falacia del Hidrógeno

SUR H2 Y DESPUÉS

El hidrógeno es el más simple de los elementos de la tabla periódica, el primero de ella, con
masa atómica y peso atómico uno, su símbolo identificador es la letra “H”. Fue bautizado
por Lavoisier a partir de la expresión latina “hydrogenium” que significa “generador de
agua”.

Si bien se considera el elemento más abundante del universo, en la Tierra es muy escaso
como elemento puro, así por ejemplo en la atmósfera apenas se puede medir su presencia.
Tiene una muy alta capacidad de reacción con otros elementos, y así está presente en
multitud de compuestos, como ácidos, hidrocarburos y alcoholes; además de estar presente
en casi todas las moléculas orgánicas. Es fundamental para la vida en la tierra al conformar
junto con el oxígeno la molécula del agua (H2O).

Su uso industrial se ha desarrollado, especialmente en el último siglo, con aplicaciones en la
metalurgia, la refinación de petróleo, la industria alimentaria y muy especialmente en la
química para producción de amoníaco indispensable en la fabricación de muchos
fertilizantes.

Su uso como energético se ha impulsado desde la década del 70 del siglo pasado
especialmente con el desarrollo de las llamadas celdas de hidrógeno donde el hidrógeno
reacciona con oxígeno generando agua y en el proceso produciendo electricidad que puede
ser utilizada, por ejemplo, para mover un vehículo.

La obtención de hidrógeno se hace `principalmente a partir de la disociación de compuestos
químicos. El proceso más importante hoy por volumen de producción, es a partir de
hidrocarburos, básicamente metano (CH4), “reformado” con vapor de agua proceso que se
identifica con el color Gris, o Azul cuando se complementa con sistemas de captación del
dióxido de carbono que se genera en esa operación.

Otros procesos para obtener hidrógeno tienen que ver con la gasificación de carbón,
Hidrógeno Negro o Marrón, o el uso de electricidad de origen termonuclear para la
disociación de la molécula de agua que se identifica como Hidrógeno Rosado.

Cuando la electrolisis del agua se hace en base a electricidad cuyo origen se considera
renovable, entonces se denomina Hidrógeno Verde.

Energéticamente, el común denominador de todos los procesos reseñados ´para producir
hidrógeno es que se emplea en ellos más energía que la que se puede obtener del uso del
hidrógeno producido.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Las reglamentaciones ambientales, en especial las establecidas hasta 2021 por la Comunidad
Europea, con la prohibición de uso combustibles fósiles en vehículos de transporte a partir de

2035; impulsaron la idea de incrementar la producción de hidrógeno Verde. Esto tanto para
su uso directo en el transporte como también a modo de paso intermedio en la producción de
sustitutos “ecológicos” de los combustibles fósiles, la Egasolina y el Ediesel.

Esa situación también dio fuerza a los planteamientos para producir Eamoníaco y Emetanol a
partir de la electrolisis del agua con electricidad Verde.

Cientos de proyectos aparecieron en todo el mundo, la mayoría impulsados por subsidios y
apoyos principalmente gubernamentales en pro de una economía más “Verde” y con la mira
puesta en la reducción de la emisión de los denominados gases de invernadero,
especialmente el dióxido de carbono (CO2). Sólo en Chile se llegaron a contabilizar 46
proyectos.

En Uruguay el tema fue impulsado por el gobierno anterior que generó documentos como la
Hoja de Ruta del Hidrógeno y grupos de trabajo en el ámbito del Ministerio de industria
Energía y Minería. Se firmaron documentos “secretos” como el memorando de
entendimiento con la empresa HIF del 24 de febrero de 2024 cuya confidencialidad el
gobierno defendió, a instancias de esa empresa, incluso ante la justicia. La propaganda
tampoco faltó a la cita especialmente la de la “agencia responsable de la promoción de exportaciones,
inversiones e imagen país” que es Uruguay XXI promocionando la opción de desarrollar en Uruguay proyectos de “Hidrógeno Verde”.

El actual gobierno continúa esa política y así se habla de gigantescas inversiones, de una
segunda transformación de la matriz energética y de descarbonizar esa matriz. Todo eso
generando miles de empleos y “desarrollo”.

QUIEN SIEMPRE ME MIENTE NUNCA ME ENGAÑA

En realidad si se ejecutan los proyectos, las inversiones serán casi totalmente en el exterior.
Cómo con el caso de las plantas de celulosa, el grueso de las inversiones son en maquinaria y
equipos que no se producen en Uruguay donde sólo se ejecutan las obras para su instalación.

La experiencia de esas grandes “inversiones” muestra que lo efectivamente invertido en
Uruguay por ese tipo de proyectos no supera el 15% del total e incluso ese porcentaje incluye
contratos con empresas extranjeras en áreas especializadas de la instalación.

Lo de “miles de empleos” se dice respecto a “picos” de uso de mano de obra en alguna fase
de la construcción de las plantas ya que su operación es una actividad altamente
automatizada y así con bajo nivel de empleo. El dato más celosamente guardado sobre este
tema esel volumen de mano de obra involucrado en la construcción, cuantos jornales implica
el total de obra. Esa es la verdadera medida del impacto de la obre en el mercado de trabajo y
en la masa salarial pero se niegan rotundamente a mencionarlo.

Para entenderlo mejor, que una empresa diga que empleará en el pico de la construcción a
3.000 personas es irrelevante si no se dice cuanto tiempo durará ese pico. Supongamos que
esos 3.000 “empleos” se desarrollan por un mes, generando tres mil salarios. Eso en masa
salarial es lo mismo que 250 personas trabajando durante un año, menos empleo del que
genera un supermercado grande en un shopping

EL TRAJE DEL EMPERADOR (Que está desnudo)

Cuando el 8 de junio de 2023 el entonces Presidente de la República Luis Lacalle anunció en
Paysandú un proyecto de “Hidrógeno Verde” para producir combustibles sintéticos, lo hizo
indicando que sería la mayor inversión de la historia del Uruguay.

Un sitial que previamente ocupó la planta de Botnia en Fray Bentos, el proyecto de Aratirí, UPM 2 y ahora HIF.

Los números del proyecto eran impresionantes, cuatro mil millones de dólares. Dos mil en la
planta industrial y otros dos mil en una planta solar y otra eólica para generar energía renovable que permitiría considerar “verde” la obtención de hidrógeno a partir de la electrolisis de agua.

Declaraciones posteriores durante la campaña electoral de 2024 llevaron el monto de la inversión a seis mil millones, un incremento de dos mil millones de dólares que no se justificó y que la empresa no incluyó en sus comunicados sino hasta varios meses más tarde.

Los reportes periodísticos de la época indicaban que la construcción comenzaría en 2024 (1)
y que la planta produciría anualmente 250.000 toneladas de nafta sintética utilizando
hidrógeno “verde” y dióxido de carbono de origen biogénico, a partir de la destilación de
etanol de cereal, en la planta de ALUR en Paysandú.

Antes, en 2020, Belasay SA, una asociación de SEG Ingeniería y la alemana Enertrag, había
presentado el Proyecto “Tambor” para producir Emetanol a partir de Hidrógeno ”Verde” y
dióxido de carbono en la localidad de Tambores en Tacuarembó. Este proyecto enfrentó
fuerte resistencia de la población local, movimientos sociales y la academia por la pretensión
de utilizar masivamente agua del acuífero Guaraní en su proceso industrial.

Otro proyecto para la producción de amoníaco a partir de hidrógeno “verde” ha sido referido
en la prensa, impulsado por la empresa Alfanar desde 2023. Alfanar, una empresa de
capitales sauditas con base en España donde opera un parque eólico dice que su proyecto se
instalará en Rocha y que la inversión sería de seis mil millones de dólares. No hay muchos
detalles de este proyecto, salvo que ha firmado un acuerdo de confidencialidad con UTE.

Todos los proyectos reseñados tienen en común que su finalidad no es la producción de
hidrógeno. El hidrógeno es solamente un paso intermedio en la producción de otras
sustancias como amoníaco utilizado en la producción de fertilizantes o metanol que puede
ser usado para sintetizar hidrocarburos más complejos como los que componen la nafta.

Para ello necesitan, además de grandes cantidades de agua pura, otros insumos como
nitrógeno (N) y CO2. Especialmente el CO2 tiene que provenir de la captura de emisiones
industriales u otras fuentes cuya utilización evite el incremento de CO2 en la atmósfera.

Para ello el proyecto Tambor propone la captura de las emisiones de CO2 de un aserradero,
que quema desechos para la producción de electricidad, trasladando ese gas en camiones por
más de 100 kilómetros hasta la planta donde mediante el uso de calor, altas presiones y elementos químicos catalizadores se combinaría con hidrógeno “verde” obtenido de agua superficial de la zona.

Eso para contrarrestar las protestas por el uso masivo previsto originalmente del Acuífero Guaraní.

La zona de Tambores es una divisoria de aguas, no tiene cursos de agua permanentes de
buen caudal, por lo que desde el proyecto se propone construir un embalse para agua de
lluvia. Igualmente los planes presentados a la DINACEA del Ministerio de Ambiente
incluyen la perforación de doce pozos y la previsión de que la extracción de agua puede
llegar a agotarlos temporariamente, como Plan B.

Más complicada aún es la situación del proyecto de HIF en Paysandú que ahora dice
produciría más de un millón de toneladas de combustibles “ecológicos” incluyendo metanol,
combustible de aviación, naftas, diesel e incluso aceites pesados, toda una “refinería”.

Ese incremento implica que la planta necesitará mucha más agua y electricidad para producir
el hidrógeno que usará, pero también mucho más CO2. Así las 50.000 toneladas anuales que
podría venderles ALUR (CO2 industrial) sólo cubren el 5% de las necesidades debiendo
obtener el otro 95% de otras fuentes.

No habiendo fuentes industriales disponibles, el plan de la empresa es quemar biomasa de
residuos forestales post cosecha en cuatro calderas. Se libera en esa combustión CO2, que de
otra forma nunca iría a la atmósfera, para después capturarlo y decirse carbono neutral.

Ese proceso implica el traslado por camón de esos residuos a razón de 110 camiones diarios
que podrían tener que recorrer 300kmts por viaje, alterando además el balance de biomasa de
los terrenos donde se saquen esos residuos que de otra forma se integrarían a la tierra, con lo
que se incrementa la degradación de los suelos.

LOS "PURA SANGRE" DEL HIDRÓGENO

Otros dos proyectos proponen la utilización directa del hidrógeno para su uso en el transporte
pesado, los dos relacionados con el transporte de madera a las plantas de celulosa de UPM en
camiones eléctricos provistos de celdas de combustible.

El primero denominado “Kahiros” se instalará en las cercanías de Fray Bentos (UPM1) y a
partir de agua subterránea generará unas 70 toneladas anuales de Hidrógeno para abastecer
una flota de camiones madereros. Podría comenzar a operar a fines de este año.

El segundo “H24U” a instalarse en las cercanías de pueblo Centenario en Durazno (UPM2),
similar a Kahiros en su propósito, preveía una inversión de más de cuarenta millones de
dólares. En 2023 se le adjudicaron por parte del gobierno diez millones de dólares no
reembolsables desde un Fondo Sectorial estatal para el desarrollo de la investigación en Hidrógeno Verde.

Ahora, habiendo transcurrido tres años, nada se sabe del proyecto, no habiendo presentado ningún documento para una autorización ambiental el proyecto ha dejado de ser mencionado en ningún ámbito. Nadie ha dado ninguna explicación de esto ni del destino del premio de diez millones de dólares (2)

ENERGIZAME

Las últimas novedades del proyecto de Paysandú no son alentadoras, la empresa que venía a
instalar un gigantesco parque eólico y una planta solar de más de 1.500 hectáreas pone como
condición para su instalación la provisión de energía por UTE a un precio muy por debajo
del vigente y por debajo incluso del que se paga en los países vecinos. Eso además, sin
garantizar volumen de compra en lo que sería otro “negocio” ruinoso para la UTE que ya
está obligada a pagar precios muy altos por su electricidad a las plantas de celulosa y
contratos eólicos firmados hace ya casi 20 años.

Por otra parte, incluso a nivel internacional, se juega peligrosamente con ideas de
relocalización de la futura planta de HIF sin participación visible de la empresa, toda cuya
documentación se refiere al lugar original.

Eso me trae a la memoria los cambios en el trazado del mineroducto de Aratirí por el puerto
de aguas profundas. Esos cambios sirvieron de pretexto para que Aratirí iniciara una
demanda contra el Uruguay por tres mil quinientos millones de dólares la que calladamente
sigue su curso en tribunales europeos.

El mundo está lleno de piratas y corsarios, quizá algunos ahora en lugar de un parche negro
en el ojo usan uno verde.

(1) https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2023/6/gobierno-anuncio-inversion-de-4000-millones-de-dolares-en-hidrogeno-verde/
(2) https://h2lac.org/noticias/conoce-el-proyecto-h24u-que-se-adjudico-us-10-millones-para-descarbonizar-el-transporte-de-carga-pesada-en-uruguay/

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO DIGITAL CLARIDAD el 1º de junio de 2026
https://periodicoclaridad.com/sitio/index.php/numeros-anteriores/numero-90

Quo Vadis OSE (NOTA PUBLICADA POR MOVUS)

Desde MOVUS respondemos aquí a las declaraciones del presidente del Directorio de OSE, realizadas este martes en distintos medios como La Diaria Radio, VTV y otros.

 

En primer lugar, el contador Ferreri admite que OSE pierde más del 50% del agua que potabiliza. Detalla que el 35% se debe al mal estado de las cañerías y el 15% corresponde a pérdidas comerciales, incluyendo subregistros, fraudes y, según agregamos nosotros, robos de agua.

 

El presidente justifica la falta de acción frente a las pérdidas por problemas en la red, señalando que estas reparaciones implicarían levantar veredas, asumir altos costos y enfrentar complicaciones técnicas. Además, destaca que el ahorro por dichas reparaciones alcanzaría “sólo” unos 90.000 metros cúbicos diarios.

 

Sin embargo, los datos reflejan otra realidad. A nivel nacional, ese 35% de pérdidas equivale a más de 300.000 metros cúbicos diarios de agua desaprovechada. Incluso si el ahorro se limitara únicamente a 90.000 metros cúbicos diarios, esto representaría más de 30 millones de dólares anuales en términos de costos evitados de potabilización y distribución.

 

Llama la atención que no se mencione la implementación de controles eficaces para reducir el 15% restante de pérdidas, que suma más de 120.000 metros cúbicos diarios. Combatir el robo de agua permitiría incrementar la facturación en aproximadamente 20 millones de dólares al año sin necesidad de aumentar las tarifas actuales.

 

El ahorro generado por la reducción de pérdidas y el cobro del agua actualmente hurtada sería suficiente para autofinanciar, desde el cuarto o quinto año, el costo del programa de reducción de pérdidas estimado en 40 millones de dólares anuales durante una década. A pesar de ello, esta medida tan rentable no parece formar parte de los planes del contador Ferreri, quien ha descartado la posibilidad de mantener y controlar la red. En efecto, el Programa de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) para Montevideo tiene asignado un presupuesto de cero pesos para el período 2026-2030.

 

Reducir las pérdidas de agua no sólo optimizaría las reservas actuales, sino que disminuiría la necesidad de nuevas obras para aumentar dichas reservas. Actualmente, Paso Severino y Canelón Grande, las principales fuentes del sistema metropolitano, pueden almacenar agua suficiente para abastecer a la población durante 110 a 120 días. Si se lograra reducir significativamente las pérdidas, esa capacidad podría extenderse hasta cubrir casi 200 días.

 

Desde MOVUS coincidimos en que OSE enfrenta “enormes problemas financieros”. Sin embargo, resulta difícil comprender cómo un directorio con restricciones económicas decide proceder con la construcción de una nueva potabilizadora cuyo costo inicial es de 213 millones de dólares, pero por la cual terminarán pagándose más de 700 millones debido a pagos anuales de 40 millones (ajustables) durante 17 años y medio.

 

La nueva planta está justificada bajo un supuesto incremento poblacional proyectado para el año 2045 que claramente no se concretará en esos términos. Además, cuando entre en funcionamiento, aportará agua a un sistema que ya pierde más de la mitad. Su operación implicará mayores costos operativos para OSE sin generar ingresos adicionales significativos, lo cual no puede ser considerado una inversión sino un gasto innecesario.

 

En cuanto a la crisis hídrica vivida este verano en la zona metropolitana y específicamente en Minas, Ferreri mencionó repetidamente un protocolo de manejo frente a sequías. Suponemos que este deriva de la Resolución 858/25 del Directorio de OSE; sin embargo, dicho protocolo no ha sido publicado ni sometido a evaluación pública, y los "cuatro niveles" mencionados continúan siendo incomprensibles debido a la falta de explicaciones claras.

 

A nuestro juicio, las decisiones sobre el agua potable y su abastecimiento deben basarse en criterios inteligentes y responsables dados los recursos disponibles, tanto  económicos como naturales. Estas cualidades no se reflejan en las decisiones que provienen actualmente del Directorio de OSE, que son contrarias a las buenas prácticas que deben guiar la administración pública.        

 

Miércoles 22 de Abril de 2026

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)

La Oscura Transparencia del Agua de OSE

Fue el pasado 5 de marzo, que de acuerdo con la web de Presidencia, el Directorio de OSE suscribió la modificación del contrato de renegociación del Proyecto Infraestructura de Aguas Metropolitanas con representantes del consorcio Aguas de Montevideo.

El contrato anterior había sido entre la OSE y el Consorcio Infraestructura Arazatí SA, con el objeto de realizar obras en Arazatí (San José). Ese contrato era flagrantemente ilegal al violar el Artículo 47 de la Constitución por darle a privados el manejo parcial del servicio público de abastecimiento de agua para consumo humano.

Esa ilegalidad fue reconocida por el actual gobierno en presentaciones realizadas en el parlamento. Aún con ese reconocimiento explícito no se siguió el camino legal de anular el contrato, como dispone el Código Civil y se fue a una “negociación”.

En diciembre de 2025 finalizaron las negociaciones y se remitió el nuevo contrato al Tribunal de Cuentas. El dictamen del Tribunal en febrero fue categórico. Entre otras ilegalidades se falló que el nuevo contrato modificó el  objeto del original.

Más allá del “blindaje Jurídico” del que habló el Ministro de Ambiente, y de las pobres excusas del Presidente de OSE, ese punto no pudo ser refutado y debiera ser suficiente para dar por terminado el asunto. Pero, siempre hay un pero, OSE decidió reiterar el gasto, el Tribunal informó a la Asamblea General (Poder Legislativo) y allí quedó todo.

Así el 5 de marzo con prensa presente se firmó el contrato “renegociado”. ¿Qué dice el nuevo contrato? Bueno eso es una incógnita ya que el mismo no se entregó a la prensa y no ha sido publicado.

Como otras veces, recuerdo el Memo de Intención con HIF de febrero del 24, algo se firmó a la vista de todos, pero no se conoce lo firmado. Ya está presentada la solicitud de acceso a la información pública para conocerlo y para ello seguiremos, vencidos los plazos, con las instancias judiciales que correspondan.

Igualmente, algunas cosas del contrato se han podido conocer en base a las declaraciones del Presidente de OSE y de la cara visible del “consorcio”, el Ing Ruibal.

Sabemos que una nueva planta potabilizadora agregará hasta 200.000 m3 de agua al sistema metropolitano, algo que los estudios de 2013 de la empresa Aguasur decían sería necesario para 2045. Bueno, eso en base a proyecciones de crecimiento de la población que ahora se sabe eran equivocadas. Eso quedó claro con el censo de 2023.

También sabemos que las obras contratadas por OSE implican un gasto de 213 millones de dólares, ese es el monto que deberá disponer el contratista para realizar las obras. Sabemos por declaraciones del Presidente de OSE que se le pagará al contratista un monto equivalente a 40 millones de dólares anuales por 17 años y medio, son 700 millones de dólares.

Así el pago final sería 3.28 veces mayor que el costo de las obras.

A modo de comparación, el costo de las obras en el contrato original era de 288 millones de dólares y el pago en 17 años y medio alcanzaba los 855 millones, lo que establece una relación pago/costo de 2.96.

En conclusión, con la “negociación” el Consorcio gana casi 11% más por cada dólar de obra  

Pero la pregunta que nadie formula es si esa obra es necesaria y oportuna.

La respuesta:
OSE tiene hoy capacidad de potabilización que supera la demanda del sistema e incrementarla no sería necesario en escenario de baja poblacional

Hoy OSE demanda del río Santa Lucía y potabiliza para el sistema metropolitano, más de 600.000m3 de agua diarios. De ellos solamente se facturan unos 200.000 por lo que el 65% del agua potabilizada a gran costo por OSE se “pierde”.

De los 400.000m3 perdidos diariamente, se estima que 280.000 son pérdidas físicas (roturas), y los otros 120.000 son consumos no contabilizados, hurtos de agua potable (Art.340 del Código Penal). Esos hurtos significan más de 40 millones de dólares anuales de pérdida de facturación

Agregar agua al sistema no es la solución especialmente cuando eso implica sacar más agua del río.  La solución es encarar seriamente la reducción de pérdidas, y el control de los hurtos.

Estudios en poder de OSE, proponen llevar la red de Montevideo al nivel, no ya de países desarrollados, sino solamente al de las redes de OSE del resto del país, cuyas pérdidas son del orden del 30%. Eso permitiría reducir la demanda de agua del Santa Lucía en más de 200.000m3 diarios, incrementar la facturación y reducir el costo de potabilización.

Los mismos estudios indican que el costo de ese proyecto sería de menos de 40 millones de dólares anuales por 10 años que OSE dice no tener, pero se comprometió a gastar para la innecesaria potabilizadora.

Quizá más importante, la reducción de costos y el incremento de la facturación autofinanciarían el proyecto a partir del quinto año.

En esto el gobierno no tiene argumentos y evita la discusión, repitiendo slogans.  Lamentablemente, así se gasta mal “la plata de los uruguayos”, cuando se dice que es un “deber moral” cuidarla.

Publicado en Crónicas el 20 de Marzo de 2026

https://cronicas.com.uy/news-69011-la-oscura-transparencia-del-agua-de-ose

El origen de la metástasis forestal.

El cáncer es una enfermedad que si no se trata adecuadamente puede ser mortal. Generalmente la letalidad de la enfermedad se incrementa cuando las células cancerosas invaden otros órganos, destruyendo tejidos sanos y eliminando la posibilidad de que esos órganos cumplan su función en soporte de la vida.

La aparición de la enfermedad es más común y su avance más rápido cuando se dan circunstancias como son el consumo de sustancias peligrosas, o la exposición al sol para los cánceres de piel.

La enfermedad busca facilitar su desarrollo en el cuerpo mientras toma los recursos del paciente utilizando por ejemplo las redes de vasos sanguíneos para alimentar y acrecentar los tumores.

La aforestación masiva de especies exóticas que comenzó con plantaciones de montes de abrigo en un territorio con poca cobertura forestal, como un cáncer se ha ido extendiendo, generando el ambiente propicio para su crecimiento con cambios en la legislación y subsidios que TODOS los uruguayos le pagamos a las grandes empresas forestales. Esas, que se quejan amargamente desde su Lobby en la Sociedad de Productores Forestales de ser excesivamente controladas.

Esta nota de 2021 muestra como los tumores forestales crecieron amparados en su relación directa con los gobiernos de turno, los que lejos de servir como un buen sistema inmunológico, consistentemente facilitaron su crecimiento. No sólo eso sino que además le dieron injerencia implícita en otros sistemas como es el caso del educativo, que no se trata en la nota 

Fuera de esta nota, es alarmante como el cáncer forestal, en una emulación del comportamiento de muchos parásitos, desarrolló una gran capacidad de anular los órganos que podían dar la alarma, adormeciendo la manifestación de problemas y síntomas con generosas dosis de pautas publicitarias.

EL ÁRBOL Y EL BOSQUE
Por Raúl Viñas (*) | @Uruguay2035
Publicada en el semanario Crónicas el 5 de marzo de 2021

La construcción de la "legalidad" celulósica en el Uruguay

Las primeras descripciones de nuestro territorio, hace ya 500 años, hablaban de praderas interminables y ríos con márgenes arboladas. Más tarde, los asentamientos permanentes de los colonizadores dieron lugar a los primeros montes implantados, introduciendo nuevas especies arbóreas.

Las plantaciones específicas para la utilización de la madera y los “montes de abrigo” no llegaron hasta la segunda mitad del Siglo XIX. Unos 100 años más tarde, en 1968, se aprobó la hoy llamada “primera ley forestal” (Ley 13.723). Esa primera ley incluía incentivos para la plantación de árboles con menciones a la fauna silvestre y a la participación del Estado en la planificación de las industrias forestales. Exoneraba algunos impuestos, pero no la contribución inmobiliaria ni el impuesto a la renta por los ingresos derivados de los productos forestales. Tampoco otorgaba subsidios a las plantaciones, el fomento se limitaba a los créditos a cargo del “Fondo Forestal” y no podían superar el 75% del costo de la plantación.

El 28 de diciembre de 1987 se aprobó la Ley Forestal vigente (Ley 15.939) derogando explícitamente la anterior y por la cual se incrementaron los beneficios a la plantación de árboles con nuevas exoneraciones, fijando la contribución mínima anual del Estado al Fondo Forestal en el valor del costo de plantación de diez mil hectáreas anuales. La nueva ley  posibilitó además la exoneración de impuestos a la importación de materias primas,  equipos, máquinas y demás destinados a las empresas forestales.

Quizá el cambio más importante, a la vista de lo sucedido en los últimos 30 años, es que la primera Ley Forestal mantenía los beneficios tributarios hasta que “la producción forestal permita atender el pago”. La actual limitó el plazo a 12 años, dejando implícitamente fuera de competencia a las plantaciones que no fueran de rápido crecimiento o de ciclo corto, como son las destinadas a celulosa.

En el decreto reglamentario de la ley (decreto 452/1988), se definen grupos completos de suelos, según su clasificación Coneat, como “terrenos forestales” en los que las plantaciones, a las que la ley y el decreto denominan “bosques”, podrán ser objeto de todos los beneficios tributarios y la financiación que ahora podía llegar a ser por el 100% del costo de la plantación. También en 1988, la Ley 16.002 agregó a los beneficios de la Ley Forestal la prestación de un subsidio a cargo del Fondo Forestal, que podía alcanzar el 50% del costo de la plantación, algo absolutamente novedoso y que no tiene equivalencia para ningún otro sector productivo.

La definición de los terrenos forestales fue repetidamente modificada en 1990, 1993, 2006 y 2010, incrementando sustancialmente la superficie de la “prioridad forestal” en la que era posible acceder a subsidios, exoneraciones y financiación para la plantación de árboles.

La reglamentación del Fondo Forestal por el decreto 931/1988, limitó el subsidio a las plantaciones al 20% del costo ficto de forestación para productores tributarios del Impuesto a la Renta Agropecuaria (IRA) o Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio (IRIC). Los productores no contribuyentes de esos impuestos recibían 50%.

Debe tenerse en cuenta que los contribuyentes del IRA e IRIC podían deducir del pago de esos impuestos parte del costo de la plantación de bosques artificiales (artículo 50 de la Ley 15.939). Para setiembre de 1989 se reglamentó la exoneración de impuestos a las importaciones relacionadas con la explotación forestal y la industrialización de la madera.

Con ello quedó reglamentada la Ley Forestal y los subsidios generados por la Ley 16.002. La obligación del pago de subsidios llevó a que en 1990 se incrementara la partida anual del Estado al Fondo Forestal (Ley 16.170 artículo 251), cuyas necesidades aumentaron cuando en 1997 el decreto 212 incrementó del 20% al 50% el porcentaje del subsidio a las empresas plantadoras de árboles que fueran tributarias de IRA o IRIC.

Los subsidios continuaron para las plantaciones con la creación dentro del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) del Programa Forestal generado en desmedro del Programa del Recursos Renovables en 2001 y sólo comenzaron a reducirse las partidas por la Ley 17.453 de 2002, que lo dispuso en forma gradual a partir de 2004, para llegar a cero en el año 2007. Esa ley limitaba los subsidios a otorgar al monto de la partida asignada presupuestalmente.

Nuevas exoneraciones impositivas, ahora para operaciones de cosecha forestal, se aprobaron en 2004 (Ley 17.843), al tiempo que más de US$ 30 millones se destinaron al Fondo Forestal para el pago de subsidios atrasados (Ley 17.904), los que se habían otorgado por encima del monto de las partidas presupuestales asignadas. Todos esos beneficios generaron un incremento inusitado de las áreas plantadas con árboles que ocuparon también amplias superficies por fuera de los terrenos forestales en atención especialmente a motivos logísticos relacionados con la industria.

El primer reconocimiento de que la plantación de árboles había ocupado “áreas aptas para un mejor y más provechoso uso del recurso suelo” vino con el decreto 154/2005 que derogó el decreto 333/1990. Para 2005 se estableció la obligación de estudios ambientales previos para nuevas plantaciones de más de 100 hectáreas, decreto 349/2005, que prevé igual tratamiento a plantaciones hortícolas, frutícolas o vitícolas que superen esa superficie.  
También en ese año se derogó la partida del Programa Forestal de la Ley 17.296, dejándose un remanente del 10% para asistir técnicamente proyectos de alto valor agregado en manufactura de madera En 2008 se revirtió la exoneración de la contribución inmobiliaria, excepto para las plantaciones de lo que se denomina “madera de calidad”, que se define por el decreto 38/2008.

Así, en 20 años, más de 30 leyes y decretos establecieron beneficios y conformaron un sistema para la plantación y cosecha de árboles diferente al de los demás renglones productivos, transfiriendo recursos de la sociedad uruguaya a la actividad forestal.

Primero a las plantaciones, después a la cosecha y finalmente, en especial desde 2004, a la industrialización de la madera. Al analizar las superficies plantadas, queda claro que la mayor parte de los recursos, subsidios y renuncias fiscales, tuvieron como destino a las grandes empresas forestales titulares de más del 80% de las plantaciones y que son también las dueñas de las plantas industriales, en especial las de celulosa.

Los beneficios a la industrialización en base a la Ley de Zonas Francas (Ley 15.921) y la de Promoción de Inversiones (Ley 16.906) culminaron en contratos definidos por el Decreto 477/2008 en cuyo contenido y compromiso se va más allá de lo previsto en las leyes citadas en el otorgamiento de los beneficios a las empresas.

Se conformó así un sistema que mantiene la primarización de la producción forestal, la que abastece a la industria a precios regulados por esta, generando importantes beneficios empresariales que no se integran a la economía nacional y que tiene la capacidad económica y financiera suficiente para ocupar porciones aún más amplias del territorio en desmedro de otras actividades.

En estos días se tratará en el Parlamento el proyecto de ley que autoriza las plantaciones masivas de árboles sólo en las áreas definidas de prioridad forestal, concepto este que deberá ser revisado. También se propone topear la superficie plantada con árboles al 10% del área productiva del país. Es una buena oportunidad para repensar la política forestal que se dice se generó a partir de la ley de 1987.

Si el objetivo de esa política era la situación actual, entonces, alguien se equivocó, y mucho, al definirla.  

(*) Magister en Ciencias Meteorológicas. Docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa. Integrante del Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable).