18 de enero de 2022

EL ABAJO QUE SE MUEVE

En las zonas afectadas en los incendios de Paysandú y Río Negro, los vecinos y las organizaciones sociales convocaron a una MESA DE DIÁLOGO, con participación de gobierno, empresas y vecinos.
Será el lunes 24 de enero desde las 16 horas en el Auditorio del Regional Norte de la Universidad de la República, calle Florida 1065, Paysandú.

Comunicado de prensa

SE REUNIRÁ MESA DE DIÁLOGO POR INCENDIOS FORESTALES

    El próximo lunes 24 de enero se reunirá la Mesa de Diálogo convocada por productores rurales, apicultores y organizaciones sociales de la zona, con autoridades nacionales y locales, la Universidad de la República y representantes de las empresas forestales para evaluar y concertar medidas a raíz de los recientes incendios ocurridos en una amplia región de los departamentos de Río Negro y Paysandú.

    Confirmaron su participación los ministerios de Ambiente y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Intendencia de Paysandú, el Alcalde de Piedras Coloradas, la Universidad de la República, la Iglesia Valdense del Río de la Plata, la Sociedad de Productores Forestales y las empresas Montes del Plata, UPM y Caja Bancaria. La convocatoria se hará extensiva a la Presidencia de la Repúblca, el Mnisterio de Ganadería, Adricultura y Pesca y la Intendencia de Río Negro.

    Las sociedades fomento de Arroyo Negro, Colonia Porvenir, Paso de los Carros, Guaviyú, este del Río Negro, Las Delicias y Arroyo Malo, el Grupo Guichón por los Bienes Naturales, la cooperativa apícola Calapis, los tamberos de Parada Esperanza y la Intersocial Paysandú consideramos que a esta Mesa de Diálogo una instancia fundamental para dar garantías de futuro a las actividades productivas, preservar el medio ambiente y llevar tranquilidad a las poblaciones de la región.

    Como hemos dicho, las causas que ocasionaron los últimos incendios no han desaparecido, estamos atravesando una situación de cambio climático que pronostica episodios de sequías y olas de calor como los vividos recientemente que nos obligan como sociedad a tomar medidas concretas acordes con la gravedad de las circunstancias.

    Esta primera sesión de la Mesa de Diálogo se desarrollará desde las 16 horas en adelante en el Auditorio del Regional Norte de la Universidad de la República, en la calle Florida 1065, de la ciudad de Paysandú.

Sociedad Fomento rural Puntas de Arroyo Negro
Sociedad Fomento Colonia Porvenir
Grupo Paso de los Carros
Sociedad Fomento Guaviyú
Sociedad Fomento este del Río Negro
Sociedad Fomento Las Delicias y Arroyo Malo
Grupo Guichón por los Bienes Naturales
Calapis (cooperativa apícola Paysandú)
Asociación Productores de Leche Parada Esperanza
Intersocial Paysandú.

Paysandú, 18 de enero de 2022.

Contactos de los convocantes:
Javier Dalmás (099 728 552)
Santiago Shneider (098 709 053)

17 de diciembre de 2021

El voto y el veto, la ley y el decreto

La ley forestal aprobada en el Parlamento y observada por el Poder Ejecutivo, todo en las últimas 24 horas, merece un análisis, en especial para compararla con el decreto que sobre el mismo tema queda vigente.

 

El año pasado se presentó en Diputados un proyecto de ley modificativo de la ley forestal, atendiendo  al avance de las plantaciones masivas de árboles sobre terrenos  fuera de la prioridad forestal, un avance posibilitado por los beneficios logrados por un activo lobby que llevó a esa actividad a ser subvencionada, en sus plantaciones primero y  en la industrialización, especialmente la celulósica después.


El proyecto fue aprobado hace un año en la cámara de Diputados y a lo largo de este año se trató en la cámara de Senadores.

 

Hubo en el tratamiento en la cámara de Senadores, repetidas menciones  a la importancia de la inversión de la empresas celulósicas, sin tener en cuenta que sólo la plantación anual de más de un millón de hectáreas de soja significa un movimiento económico cercano a la mitad del que anuncia UPM para tres años, con la diferencia de que el movimiento económico a partir de la soja y podríamos decir también del arroz, el sorgo, el trigo, la cebada y la ganadería es en más del 80% dentro del Uruguay mientras que la inversión de UPM es en más del 70% en otros países.   

 

Volviendo al proyecto, hoy ley observada por el Poder Ejecutivo  a la espera de la decisión de la Asamblea General, el mismo circunscribe las plantaciones masivas de árboles a los suelos de prioridad forestal, lo que ya es norma a nivel departamental, por ejemplo en Cerro Largo.  Cuando se aprobó la Ley Forestal de 1987 quedaban incluidos en esa calificación algo menos de un millón y medio  de hectáreas. Hoy, gracias al paciente trabajo del lobby forestal  y a pesar de los avances técnicos que posibilitan la explotación diversificada de los suelos, esa superficie creció hasta más de cuatro millones y medio de hectáreas, más de la cuarta parte del país. Esa situación se corrige en la ley aprobada al determinar que las plantaciones intensivas de árboles no podrán superar el diez por ciento del territorio bajo explotación agropecuaria. 

 

Otras disposiciones como la limitación al ocho por ciento de la superficie a plantar con árboles  en predios fuera de la prioridad forestal, no son novedosas ya que viene del decreto 191/2006.

 

La ley expresa en cuanto a los terrenos de prioridad forestal que serán los designados como “terrenos Forestales” en la Ley 15.939, la ley forestal de 1987, y los decretos reglamentarios “vigentes”, disposición que cobra especial importancia cuando analizamos el decreto que el viernes 10 de diciembre publicó el Poder Ejecutivo en su web (Decreto 405/21), que los Ministros de Ambiente y Ganadería presentaron en la comisión del Senado el lunes pasado.

Ese decreto, a diferencia de la ley que es básicamente una norma relacionada con el ordenamiento territorial, se centra en los primeros artículos en temas de regulación ambiental, la más novedosa la que mandata a registrar las nuevas plantaciones de árboles de entre 40 y 100 hectáreas, incluyendo en el registro  información ambiental, pero sin exigir un estudio de impacto ambiental.

 

Ese estudio si pasa a exigirse para las replantaciones en áreas previamente forestadas que en su momento no hubieran estado sujetas a  Autorización Ambiental  Previa, de hecho todas las realizadas hasta la vigencia del decreto 349/2005. Antes de ese decreto, aún estando en vigencia la Ley de Ambiente  (16466) de 1994 las plantaciones masivas de árboles no tenían que hacerlo al haber sido específicamente exoneradas por el Decreto 435/1994.

 

Una primera diferencia con la ley aprobada se da cuando el decreto permite que hasta un 50% del área plantada pueda no ser de prioridad forestal en plantaciones entre 40 y 100 hectáreas (Artículo 7) y esa diferencia se hace más patente aún en el Artículo 9 que merece un análisis especial.

 

El mencionado Artículo 9 define los “terrenos forestales”, los que la ley determina son de “prioridad forestal “, en base a tres criterios:

1. Todos los ya forestados.

 De esta manera incluye en la “Prioridad forestal” incluso aquellos que fueron plantados en áreas que no eran de prioridad forestal  y que hoy son unas 300.000 hectáreas.

 

2. Los clasificados USDA VI y VII  y/o

3. Suelos clasificados USDA IVe con potencia riesgo de erosión.

 

Esa clasificación es un verdadero cambio en las reglas del juego, se abandona el criterio que viene de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) de 1967, modificado en 1976 y que clasifica los suelos objetivamente en base a características propias y  medibles; pasando a una clasificación del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) en base a aptitud agrícola

 

La cartografía 1/40.000 al 15-12-2021
Más allá del cambio de reglas de juego, el principal problema de la clasificación que se usa en el decreto es que NO EXISTE aplicada a los suelos del Uruguay. No hay disponible cartografía que nos permita evaluar por ejemplo que tanto crecen o decrecen las áreas de prioridad forestal si se aplicara este decreto. Aplicación que es imposible sin esa información.

En este decreto además las empresas forestales y el lobby forestal recuperan la capacidad de que se consideren terrenos forestales los que sin serlo se incluyan dentro de una plantación hasta el 20% de la superficie plantada.

Eso libera de hecho y derecho a las empresas de tener que solicitar dispensas y permisos especiales en los casos en que la reglamentación departamental lo mandata  por ocupar la plantación áreas que no son de prioridad forestal.

 

Finalmente el decreto en su artículo 16 pone su fecha de entrada en vigencia en tres meses, dice “3 (tres) mes,  a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial” por lo que no está vigente hoy.

 

 Ese punto es de capital importancia dado que de acuerdo con la ley  aprobada no serían considerados  Terrenos Forestales y el decreto sería entonces en ese punto letra muerta.

 

Ahí aparece la necesidad de las empresas forestales , dueñas de más del  80% de las plantaciones masivas de árboles, y del lobby forestal,  de que no se aplique la ley  y que se imponga el decreto por el que se aseguran condiciones altamente favorables que les permiten seguir extendiendo  sus  plantaciones,  evitando los pocos controles y limitaciones que tímidamente se les pretendieron imponer, especialmente a nivel departamental, para proteger otras producciones que lejos están de tener las ventajas que la forestación celulósica de alguna manera ha logrado en el Uruguay.

 

Funcional a eso es ahora la observación (veto)  presidencial a la ley aprobada, el que reacomoda el status quo  de que gozan hoy las empresas forestales, en especial las de las  celulósicas que operan en zona franca.  Que en el fundamento de la observación se haga explícita referencia a los contratos de inversión firmados con esas empresas, garantizándoles la inamovilidad jurídica, muestra el poder que esas empresas tienen sobre el que aún hoy decimos es “nuestro” país, un poder más relacionado con el  de las potencias coloniales que con el de  empresas que operan en un territorio soberano.

Así, de mantenerse el “veto” y entrar en vigencia en  tres meses el decreto, quedarán esas empresas  en inmejorables  condiciones para seguir avanzando en el territorio, alejando cualquier amenaza a su privilegiada posición, inigualada en el mundo, de que gozan en el Uruguay.

(Publicado en La Diaria 17-12-2021)


17 de septiembre de 2021

La tierra es de los otros


Fuente: Semanario Brecha, 11/12/2020.

Los dueños de todo

Nadia Amesti Luciano Costabel

Una superficie del suelo productivo uruguayo mayor que la del departamento de Tacuarembó está en manos extranjeras, incluyendo las de empresas pertenecientes a otros Estados. Y quizás sea aún más grave lo que sucede en la agroindustria. El total de la celulosa, el 60 por ciento de la madera y sus productos derivados, el 72 por ciento del arroz, el 64 de la soja y el 63 de la carne que produce este país se exporta y factura en beneficio de firmas foráneas.

En el marco de esta investigación, durante 2017 y 2018 se ingresaron dos solicitudes de acceso a la información pública ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), pidiendo los datos de la cantidad total de tierras productivas pertenecientes a capitales extranjeros en nuestro país, pero en ambas ocasiones el ministerio se negó a entregar esta información. En su primera respuesta, la información solicitada fue catalogada como «confidencial». Tras la respuesta negativa, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), organismo estatal encargado de velar por el derecho de acceso a los datos en manos del gobierno, instó a que se entregara «disociada o anonimizada» y calificó de «ilegítimo» el argumento empleado para definirla confidencial. Sin embargo, la cartera negó nuevamente la información «por no estar obligado a producirla», pese a que el contador Aldo García, en su comparecencia ante la UAIP como representante del ministerio, sostuvo que «la información […] se encontraba materialmente» en el organismo. En esa instancia, por toda respuesta, se entregaron los datos públicos del Censo General Agropecuario de 2011.

El camino para intentar completar la información se haría largo. Esta investigación tuvo que recurrir a infinidad de fuentes (institucionales, académicas, medios de comunicación y estados contables de las empresas, entre otras) para comprobar que hasta 2018, bajo diferentes figuras jurídicas, 31 conglomerados extranjeros explotaban más de 1,8 millones de hectáreas en territorio uruguayo, un 11 por ciento del total de tierras productivas del país, lo que equivale a una superficie mayor a la ocupada por el departamento de Tacuarembó.

Por decir fútbol

Dentro de ese listado se destacan las empresas dedicadas a la forestación. Mediante diversas subsidiarias uruguayas, seis grupos extranjeros suman más de 920 mil hectáreas, lo que representa un 70 por ciento del área total ocupada por esta actividad en 2018. Las empresas más importantes en tenencia de tierra son las vinculadas a las plantas de celulosa instaladas en nuestro país. UPM (Finlandia) y Montes del Plata (joint venture entre Arauco, de capitales chilenos, y Stora Enso, de capitales sueco-finlandeses) poseen 255 mil y 246 mil hectáreas, respectivamente. Además, UPM suma otras 110 mil, a través de arrendamiento. Le siguen en superficie el fondo de inversión estadounidense Global Forest Partners, que es propietario de unas 140 mil hectáreas, y el banco de inversión brasileño BTG Pactual TIG, uno de los más grandes de Latinoamérica, con 120 mil hectáreas, por medio de la empresa forestal LUMIN (ex-Weyerhaeuser).

Asimismo, se confirmó que de los 31 conglomerados relevados, 12 tienen su origen en Brasil, Argentina y Chile, y nueve en Europa (Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Dinamarca, España, Francia, Finlandia y Suecia). Además, se observó una fuerte presencia de inversiones con origen en Estados Unidos, China, Singapur y Japón.

La mayoría de esas empresas (23 sobre 31) incluyen en su arquitectura empresarial una rama financiera, que capta capitales cotizando en bolsas de valores nacionales o internacionales (se constató su presencia en las bolsas de Helsinki, Londres, Madrid, Nueva York, San Pablo, Buenos Aires, Bruselas y Singapur) o atrayendo fondos de inversión.

Luego de la crisis global de 2008, buscando asegurar su capital, los inversores transnacionales se volcaron fuertemente a la compra de tierras y proyectos de explotación de recursos naturales en el sur global, según se explica en un Informe de Redes Amigos de la Tierra publicado en 2012. Como consecuencia, el informe sostiene que, además de los actores empresariales clásicos «fueron apareciendo [en Uruguay] nuevas formas de organización del capital, integrando diferentes rubros productivos y con nuevas estrategias de actuación».

Dentro de las nuevas formas de organización se encuentran los fondos de pensiones extranjeros y los fondos de inversiones, que agrupan accionistas de todo el mundo y destinan capital a la adquisición de tierras, producción de commodities, intermediación y comercialización agrícola.

Entre ellos se destaca el fondo de inversión estadounidense Greenwood Resources, que posee 27 mil hectáreas en nuestro país dedicadas a la forestación. Anteriormente sus activos pertenecían al fondo de inversión RMK Timberland Group, cuyos beneficiarios eran pequeños grupos de familias y bomberos retirados estadounidenses y capitales suecos, daneses y finlandeses, que representaban a un fondo de pensión de maestros y profesores.

Por su parte, el Forestal Atlántico Sur (FAS), asociación entre capitales chilenos y uruguayos, posee 41 mil hectáreas propias. Hasta 2018, FAS gestionaba además los predios de LMAT Uruguay Holdings SRL (14 mil hectáreas), empresa subsidiaria de Liberty Mutual, una de las aseguradoras más grandes de Estados Unidos, y los de Guanare SA (49 mil hectáreas), propiedad de la Universidad de Harvard, que invierte para financiar las becas de sus estudiantes.

Fuera del sector forestal, el caso más destacable es el del Union Agriculture Group (UAG), que fue presidido por el actual senador del Partido Nacional, Juan Sartori. UAG cotizó en la bolsa de valores de Montevideo hasta 2019 y posee más de 83 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, la ganadería, la lechería y el cultivo de arroz. En este fondo participan inversores de origen canadiense, estadounidense, europeo y chino.

Los fondos de inversión mencionados, a excepción de UAG, se constituyeron en el exterior. Sin embargo, en nuestro país también se han desarrollado proyectos con miras a captar financiamiento, adquirir campos y hacer inversiones; la estructura predominante en este caso es el fideicomiso de oferta pública.

Actualmente, en Uruguay hay 13 fideicomisos financieros (FF), que suman más de 237 mil hectáreas productivas entre las ya adquiridas y las que proyectan comprar, y acumulan una inversión de más de 1.200 millones de dólares.

La administración de los proyectos, en nuestro país, se reparte entre cuatro empresas. TMF Uruguay –de origen holandés– administra dos FF, al igual que Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de Fondos de Inversión, que forma parte de un grupo que tiene sede en Bahamas y oficinas en Hong Kong, Montevideo e Islas Caimán. En tanto, Trust AFISA (un FF) tiene sede en nuestro país, pero la mayoría de los accionistas son argentinos. Finalmente, EF Asset Management (cuatro FF) tiene origen en Uruguay.

Estas empresas delegan la producción en seis agentes operadores, de los cuales sólo dos son de origen uruguayo (Agroempresa Forestal SA y Okara Ltda.). Entre estos, se destaca Cambium Forestal Uruguay SA, empresa formada en 2007, que es subsidiaria de la chilena Cambium SA y en nuestro país administra unas 140 mil hectáreas, distribuidas en diez departamentos.

Las evaluaciones llevadas a cabo por la calificadora de riesgo CARE detallan que los inversores obtienen ganancias por el arrendamiento de los campos, la venta de producción y la liquidación de los terrenos al finalizar el proyecto, dependiendo del plan productivo establecido. Al respecto, se especula con un aumento en el precio de la tierra a futuro, ya sea por la tendencia de los últimos años o por las mejoras realizadas en los predios.

Si bien en nuestro país las inversiones en fideicomisos provienen, principalmente, de las Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional (AFAP), según el excalificador de CARE y exanalista de la Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias (OPYPA) del MGAP, Juan Peyrou,la estructura da la posibilidad de conservar el anonimato a los inversores.

HECHA LA LEY…

Los cambios en la propiedad de la tierra producidos en los últimos años son evidentes. Según el Censo General Agropecuario realizado por el MGAP (2011), en el año 2000 los propietarios (personas físicas) de nacionalidad uruguaya controlaban el 90,4 por ciento de la superficie productiva, pero en 2011 sólo lo hacían sobre el 53,9 por ciento.

Al mismo tiempo, buena parte de la tierra pasaba a ser poseída por sociedades, la mayoría de ellas anónimas, que pasaron de disponer del 1 por ciento del territorio a controlar el 43,1. Si bien no es posible establecer que todas las sociedades anónimas sean extranjeras, los investigadores Gabriel Oyhantçabal e Ignacio Narbondo sostienen que, durante ese período, por lo menos el 20 por ciento de las tierras transadas en el mercado (más de 1,5 millones de hectáreas) fue a parar a manos de extranjeros por esta vía.

Frente a la profundización de ese fenómeno, durante los gobiernos del Frente Amplio se aprobaron dos leyes con el propósito de regularizar e identificar a los agentes que podían acceder a la compra de tierra en nuestro país. La ley aprobada en 2007 estableció que las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones podían ser titulares de los inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias «siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas».

El motivo de la ley era claro: identificar a las personas físicas «que por sí o a través de diversas formas societarias o asociativas» fueran titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. Sin embargo, en el artículo 2 de su decreto reglamentario, se establecieron una serie de excepciones que posibilitaron que diferentes entidades, cuyos titulares son desconocidos, pudieran acceder a la titularidad. De esta forma, entre 2007 y 2018 unas 161 entidades se acogieron a estas excepciones, según el registro realizado con base en datos extraídos de la página web de Presidencia. Más de la mitad de las autorizaciones se otorgó en el entendido de que la actividad a realizarse en esos suelos formaba parte de un proyecto cuya ejecución se consideraba prioritaria para el desarrollo productivo del país.

Si bien el exministro del MGAP Enzo Benech sostuvo que se revisaban las empresas para conceder las autorizaciones de tenencia de tierra porque se debía saber «quiénes son los dueños», el director de OPYPA, Adrián Tambler, reconoció que si cotizaban en la bolsa de valores, «automáticamente reciben autorización» para tener tierras.

La otra ley de relevancia en este aspecto fue la aprobada en 2014, que estableció la prohibición de compra y tenencia de tierras, con finalidades de explotación agropecuaria, a empresas extranjeras o instaladas en el país en las que tuviera participación directa o indirecta un Estado extranjero.

Sin embargo, a un mes de su aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas se daba por notificado de la adquisición por parte del grupo COFCO, una de las mayores compañías estatales de procesamiento de alimentos de China, del 51 por ciento de una subsidiaria del grupo Noble.La empresa china, que buscaba firmas proveedoras de materias primas, confirmó en 2015 la adquisición del total restante de la compañía.

Frigorífico Tacuarembó Pedro Pandolfo

El grupo Noble, ahora en propiedad de COFCO, estaba presente en Uruguay mediante la empresa Evera SAC y controlaba 24 mil hectáreas dedicadas a la agricultura. Además, en la actualidad, el grupo chino tiene centros de acopio y vende cereales y oleaginosos en nuestro país.

Cuatro años después, una resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay daba cuenta de que la empresa UAG no había informado que «la empresa china Chengdong Investment Corporation poseía de forma indirecta más del 10 por ciento del capital con derecho a voto de Union Agriculture Group».

La omisión de informar fue debidamente multada, sin embargo, no parece haberse reparado en que, como esta investigación constató en diversas fuentes, la empresa Chengdong Investment Corporation es una subsidiaria del fondo soberano de inversión China Investment Corporation (CIC), responsable de administrar parte de la reserva internacional de ese país. Además, según informó Búsqueda (2018), en el UAG también participa la institución financiera de desarrollo Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft, subsidiaria del banco KFW, del gobierno alemán.

La firma CIC habría sido modelada de acuerdo al fondo de inversión estatal Temasek de Singapur, que también está presente en Uruguay. En el caso de Temasek, controla el 58,4 por ciento de las acciones del grupo Olam, que en nuestro país cuenta con 66 mil vacas lecheras y 32 mil hectáreas dedicadas a esa actividad.

 

LAS PENAS Y LAS VAQUITAS

 

Paralelamente a la llegada de capitales transnacionales orientados a la compra de tierras, en los últimos 15 años se observó un proceso de extranjerización en la fase industrial y comercial de los principales sectores agropecuarios del país. Según un documento elaborado por el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI, en 2003 las empresas extranjeras tenían una participación del 24 por ciento en las exportaciones de bienes en nuestro país, mientras que en 2018 la cifra ascendió al 70 por ciento.

 

Los datos de Uruguay XXI revelan que UPM y Montes del Plata concentraron el 80 por ciento de las exportaciones del sector forestal en 2018. En tanto, del porcentaje restante, vinculado a las exportaciones de madera y productos derivados de la madera, un 60 por ciento correspondió a empresas extranjeras. Dentro de esas empresas se da un caso particular con Uruply SA (responsable de un 9 por ciento del total exportado en 2018), ya que es subsidiaria de BTG Pactual TIG, grupo que, como se dijo, posee 120 mil hectáreas en nuestro país a través de la empresa LUMIN y además controla el 100 por ciento de SAMAN SA. En 2018 la empresa arrocera efectuó casi la mitad de las exportaciones del sector, siendo la principal industria de procesamiento de arroz en Uruguay.

 

Ese mismo año, el 72 por ciento de las exportaciones totales de arroz se adjudicó a cinco empresas extranjeras, mientras que en 2005 la participación de extranjeras era del 13 por ciento. Tambler sostuvo que en esta cadena productiva se da un proceso de extranjerización, pero apreció que «no se han visto impactos negativos aunque la mitad del mercado la haya comprado un brasileño».

 

Por su parte, el sector agrícola presenta la particularidad de que los capitales transnacionales participan, mayormente, en las fases inicial y comercial. Es así que, el 64 por ciento de las exportaciones de soja en 2018, principal grano producido en Uruguay, fue realizado por cinco firmas extranjeras –Cargill SA, Louis Dreyfus Commodities (LDC), Syngenta AG, CHS Inc. y Grupo Pérez Companc–. Comparativamente, la participación de capitales extranjeros aumentó un 14 por ciento con respecto a 2005, según los datos analizados.

 

A partir de la investigación llevada a cabo, fue posible confirmar que las cinco poseen tierras en nuestro país, aunque sólo se pudo acceder a información de dos de ellas. El grupo LDC (francés) es propietario del 29 por ciento de Calyx Agro, empresa que posee 63 mil hectáreas destinadas a la agricultura. Por su parte, el Grupo Pérez Companc (argentino) suma más de 21 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la forestación.

 

Finalmente, a partir de 2006 se inició un intenso proceso de concentración por parte de capitales extranjeros en la fase industrial del sector cárnico uruguayo, mediante la fusión y adquisición de los principales frigoríficos del país. Según se explica en el documento elaborado por Uruguay XXI, en este rubro resulta más sencillo adquirir una empresa instalada que satisfacer los requerimientos necesarios para instalar una nueva planta, además de que existe poco margen para instalar nuevos establecimientos de gran porte.

 

Para comprender el impacto de este proceso, se hizo una comparación entre las principales empresas exportadoras de carne bovina entre 2004 y 2018, de la que surge que, mientras en 2004 la participación de empresas extranjeras en el total exportado era de 26 por ciento, en 2018 el guarismo ascendió a 63. Sumado a ello, cinco de los 11 frigoríficos pertenecientes a capitales nacionales en 2004 habían pasado, en 2018, a manos extranjeras.

 

La mayoría de las empresas que cambiaron de propiedad durante ese período fueron adquiridas por dos grupos económicos brasileños. Actualmente, el grupo Marfrig (frigoríficos Tacuarembó SA, Inaler SA, Establecimientos Colonia SA y Cledinor SA) y el grupo Minerva Foods (frigoríficos Canelones SA, Matadero Carrasco SA y PUL SA) poseen siete frigoríficos en Uruguay que en 2018 exportaron el 46 por ciento del total de carne bovina del país.

 

«La tierra es de la nación», decía en 2009 José Mujica, quien sería electo presidente ese año. Sin embargo, una década después, el agro uruguayo se resume en la imagen de un campo cada vez más despoblado, de grandes superficies y actores fantasma, donde las decisiones sobre qué producir y cómo hacerlo son tomadas por grupos extranjeros que controlan los factores de toda la cadena productiva y la regulan según la infalible lógica del mercado internacional. Quienes invierten, también extranjeros, especulan con los resultados a futuro, algunos de ellos para pagar becas universitarias o pensiones, otros, directamente, para capitalizar sus reservas nacionales y, de paso, tener el poder para incidir en la soberanía de un país ajeno.