¿A quién le importa el agua?

Parece que fue hace mucho, pero hace sólo un poco más de tres años, en 2023, el agua en Montevideo era salobre, Minas era abastecida por camiones y faltó agua en San José, Nueva Helvecia, 25 de Mayo y otras localidades del sur del país.

En ese momento, el agua ocupaba un lugar preponderante en las encuestas sobre temas de preocupación para los uruguayos. Ya al año siguiente, en ocasión de las elecciones nacionales de 2024, en esas mismas encuestas no aparecía el agua entre los temas que preocupan a los uruguayos. 

Que el tema no sea ahora “preocupación” de los uruguayos no elimina el problema que es uno de salud pública, de seguridad, de educación, ambiental y económico.

SITUACIÓN ACTUAL

Si nos centramos en Montevideo, el sistema metropolitano de abastecimiento de agua, tiene capacidad de potabilizar diariamente 700.000m3 y tiene en Paso Severino, en base a una cuenca de más de 2.500Km2, reservas suficientes para satisfacer la demanda actual de 600.000m3 diarios por más de 100 días, reserva que se incrementa en 20 días con la reserva del Canelón Grande.

En 2020, antes de sequía, por una  iniciativa privada se planteó la posibilidad de sumar otra potabilizadora para incrementar la capacidad de potabilización en 200.000m3 diarios. Esa instalación, cuyo contrato se firmó en enero de 2025, se planteó en Arazatí, con un costo superior a los novecientos millones de dólares. A partir de modificaciones al contrato, observadas por el Tribunal de Cuentas, en marzo de 2026 se dispuso construirla en la zona de la actual planta potabilizadora de Aguas Corrientes.

Los costos de estas obras, financiadas por las constructoras y que incluyen pagos por mantenimiento, serían superiores a los setecientos millones de dólares, un costo menor al de Arazatí, pero que implica un incremento de ganancias para las empresas constructoras del 13% al ser las obras ahora contratadas de menor valor.

La financiación privada implica una tasa de interés efectiva anual cercana al 18% anual, muy superior a las del mercado y que podría configurar Usura.

También se ha planteado la necesidad de incrementar las reservas del sistema de potabilización, con una nueva represa sobre el arroyo Casupá, cuya cuenca no llega a los 700Km2 y es la de menos caudal específico entre las subcuencas del Santa Lucía.

La tasa de interés de la obra, negociada con la CAF, no alcanza el 6% anual.  

FALACIAS

Las bases para impulsar esas multimillonarias obras son tres falacias que no por ser repetidas más de mil veces se convertirán en realidades. 

La primera es que:     OSE pierde el 50% del agua que potabiliza

Esa frase ha sido repetida por los miembros de los sucesivos directorios de OSE desde hace décadas. Esa vergonzosa aseveración calmadamente aceptada por todos, es parcialmente cierta a nivel nacional, pero esconde diferencias como que en Montevideo el porcentaje de pérdidas es mayor y en otros lugares como Maldonado las pérdidas son inferiores al 30%.

 
La segunda es que:     Montevideo CONSUME 600.000m3 de agua diarios

El sistema metropolitano no consume ese volumen de agua. De acuerdo con informes de Naciones Unidas el consumo humano es del orden de 130 litros por día y en Uruguay la URSEA cuantifica el consumo diario entre 90 y 150 litros por  día.

Siendo 1.8 millones los usuarios del sistema metropolitano, el consumo del sistema no debiera superar 270.000m3 diarios y si asumimos un nivel de pérdidas similar al de Maldonado la demanda del sistema no podría superar los 370.000 metros cúbicos diarios. Montevideo sin consumir esa agua, igualmente la demanda del río Santa Lucía debido al alto porcentaje de pérdidas del sistema.

La tercera es que: Las obras son necesarias por el crecimiento demográfico del área metropolitana.

Esa fue la razón citada en los estudios de Aguasur de 2013, en base al censo de 2011, pero el censo de 2023 y las estimaciones a 2050 y 2070 muestran un panorama de decrecimiento de población en el área metropolitana

¿Y LA RED DE OSE?  ............   Bien Gracias.

En Montevideo, de acuerdo con declaraciones del Contador Ferreri, presidente del Directorio de OSE, la red que se extiende por casi cuatro mil kilómetros aún tiene 30% (1200Kmts) de caños de hierro del “tiempo de los ingleses” y 20% (800 Kmts) de fibrocemento, material prohibido desde 2003. Las pérdidas técnicas son de al menos 35% y la subfacturación y robos de agua potable suman a las pérdidas otro 15%.

Considerando la realidad demográfica y la insostenible situación de las pérdidas de agua “potable”, agua cuya potabilización requirió procesos de bombeo, filtrado y tratamientos químicos, con gran costo para OSE; lo más racional es reducir esas pérdidas mediante medidas de reparación y control de la red.

Alineando la demanda al consumo real y racionalizando el sistema, no se necesitan ni nuevas potabilizadoras ni incrementar las reservas con nuevas represas

Para ello es imprescindible invertir en la mejora y control de las redes. Ose tiene desde hace veinte años un programa de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) para realizar esta tarea, cuyo presupuesto nunca estuvo a la altura de las necesidades.

La Propuesta

Desde MOVUS se ha presentado una iniciativa para la reducción de las “perdidas” del sistema que pasa por sectorizar la red de distribución y establecer en cada sector la medición general automática y en tiempo real. Eso posibilitaría detectar de inmediato pérdidas y poder evaluar en cada ramal las diferencias entre el agua ingresada en el sector y la suma del agua facturada en el mismo.

Ante la detección de diferencias entre la medición y facturación se plantea la revisión sectorial intensiva de la red mediante inspecciones, utilizando entre otras la tecnología del georadar para detectar pérdidas subterráneas e incluso posibles conexiones carentes de medición.

A posteriori se debiera procurar de llevar los sistemas automáticos de medición a los usuarios finales, un esquema similar el desarrollado para los sistemas de medición de UTE.

Respecto al costo del proceso, la iniciativa privada de 2021, que pretendía privatizar tareas ya definidas por OSE, planteaba un costo de casi cuatrocientos millones de dólares en 10 años. Sobre ese costo se tiene que considerar que la reducción de pérdidas tendría efectos inmediatos en la disminución de la demanda de agua al río Santa Lucía, disminuyendo el costo de potabilización. Por otra parte el control de la red incrementa la facturación y la conjunción de esos dos factores mejoraría la situación económica y financiera de OSE y permitiendo inferir que el programa RANC del organismo podría autofinanciarse después de los primeros 4 o 5 años de un horizonte de operación de 10.
  
Además de los efectos económicos, reducir la demanda tiene un impacto positivo  sobre el ambiente, al reducir el uso de las sustancias químicas que se utilizan en el proceso de potabilización y generar menores volúmenes de lodos contaminados

Alinear demanda y consumo permitiría reducir en más de 35% el volumen de agua que se extrae del Rio Santa Lucía, lo que desde el punto de vista operativo implica que la reserva de Paso Severino, hoy suficiente para 110 días, sería suficiente para 170 días, algo más de 200 si sumamos Canelón Grande.

CONCLUSIÓN

El programa de OSE de reducción de agua no contabilizada es la mejor inversión de esfuerzo y dinero, la más rentable y la ambientalmente más positiva.

La construcción de una nueva potabilizadora, que hoy no se necesita y que no se justifica al hacerse junto a la actual, es un despilfarro que no podemos permitirnos. Esa potabilizadora en Aguas Corrientes ni siquiera contempla las recomendaciones de incrementar la seguridad del abastecimiento agregando capacidad potabilizadora distribuida. La primera prioridad debe ser la de que el sistema funcione eficientemente, haciendo uso racional y justificado del agua. Es sobre esa base que se debe plantear cualquier futuro desarrollo.

No se justifica generar ahora una nueva reserva de agua, con los costos e inconvenientes que conlleva todo nuevo embalse. Racionalizando el consumo del sistema, las actuales reservas de Paso Severino y Canelón Grande serían suficientes para cubrir la demanda por un lapso similar al que se propone alcanzar, con la demanda actual, sumando Casupá.

Así la ejecución del plan RANC para alinear la demanda al consumo y el consumo a la facturación, tienen la ventaja de que su ejecución genera beneficios inmediatos.

Se incrementa la seguridad y resiliencia del sistema, reduciendo los costos e incrementando la facturación al punto que el plan se puede autofinanciar con la combinación de incremento de facturación y reducción de costos con grandes beneficios ambientales.

Lamentablemente el programa de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) para Montevideo tiene asignado un presupuesto de cero pesos para el período 2026-2030.

¿Y la economía? 

Se dice que OSE enfrenta “enormes problemas financieros”. Así resulta difícil comprender cómo un directorio con restricciones económicas decide proceder con la construcción de una nueva potabilizadora cuyo costo inicial es de 213 millones de dólares, pero por la cual terminarán pagándose más de 700 millones en pagos trimestrales que superan los  40 millones anuales (reajustables) durante 17 años y medio y le suma el costo de la represa de Casupá con pagos anuales de más de 12 millones.

Ninguna de esas obras genera mejora alguna en la distribución de agua ni tiene efecto en la reducción de las pérdidas. Tampoco incrementan de manera alguna la recaudación del organismo sobre el que se convierten en pesadas cargas financieras incrementando además los costos operativos.

Con las obras contratadas OSE solo tiene dos caminos posibles para hacer los pagos de esas inconvenientes e innecesarias obras, que se le transfiera dinero de rentas generales o incrementar las tarifas de los que pagamos por el agua. En contraposición a esto el efecto económico de reducir las pérdidas de la red a niveles internacionales significaría un incremento de la facturación de OSE de al menos 50 millones de dólares anuales generando la capacidad financiera de realizar obras por “obra pública”, sistema mucho menos oneroso que la Participación Público Privada (PPP) o las redescubiertas "iniciativas privadas" que son para las empresas constructoras un gran negocio financiero.-

¿Qué harías en tu casa si tienes una pérdida de agua?

Seguramente tratarías de repararla o llamarías a un sanitario para que lo haga.
Difícilmente contratarías un segundo servicio de OSE para que entre más agua a la casa y sería muy extraño que decidieras colocar un tanque de agua en el techo para poderte bañar a pesar de la pérdida

Bueno, eso hace OSE al poner una nueva potabilizadora y una represa.

Publicado en el periódico Claridad el 11 de setiembre de 2026

https://periodicoclaridad.com/sitio/index.php/numeros-anteriores/numero-91

EL EXORBITANTE COSTO DE LA "OBRA PÚBLICA"

Neptuno, el disparatado proyecto para potabilizar agua de la zona de Arazatí en el Río de la Plata, con la que abastecer, parcialmente, y con viento a favor, a Montevideo, comenzó costando doscientos siete millones de dólares, sucesivos agregados llevaron el presupuesto a casi trescientos millones de dólares.

A los cuatro vientos se lo publicitó como la obra "más grande de la historia", en agua potable; como la mayor inversión en ese rubro. Lo que no se dijo es que los pagos anuales previstos en el contrato de la obra sumaban novecientos millones de dólares.

El 25 de enero de 2025 se firmó el contrato comprometiendo el pago anual de más de cincuenta millones de dólares durante diecisiete años y medio, un total de novecientos millones de dólares, por la obra presupuestada en doscientos noventa y cuatro millones 

El proyecto Neptuno fue cancelado por el nuevo gobierno que asumió en marzo de 2025.

Si bien se reconoció que el contrato firmado para el proyecto incluía clausulas inconstitucionales, por lo que legalmente era nulo, se decidió renegociar con el consorcio "Infraestructura Arazatí SA" la construcción de una planta potabilizadora en Aguas Corrientes y una línea de conducción de agua potable en Canelones. 

En la "renegociación" se pactaron obras por doscientos trece millones de dólares y se pactó, en un esquema que incluye Unidades Indexadas, un pago anual de casi cuarenta millones de dólares que en diecisiete años y medio suman unos setecientos millones de dólares.

Si se compara el contrato original con el resultante de la "renegociación" el consorcio constructor consiguió un 12% más de ganancia por cada dólar presupuestado, una cifra nada menor.

Este tipo de situaciones en que el costo de las obras se multiplica por tres y hasta por cuatro por la financiación privada, no es nuevo y lo vimos claramente con la construcción del TREN DE UPM. Esa obra estaba presupuestado en setecientos noventa millones de dólares, que estimaciones privadas incrementaron hasta mil millones. De acuerdo con el contrato firmado para la obra, su costo superará los tres mil millones de dólares, casi quinientos mil dólares diarios. 

Similar relación entre el valor de la obra y el costo financiero se ve en todas las obras construidas por el sistema de Participación Público Privadas (PPP) y las denominadas "Iniciativas Privadas". En esos esquemas la ganancia de las empresas constructoras se da más por el esquema financiero que por la construcción de la obra.

Las empresas privadas constructoras que se benefician de esos proyectos no tienen generalmente la capacidad financiera para ejecutar las obras, por lo que necesitan financiación que obtienen de entidades financieras, incluso internacionales, utilizando como garantía los contratos firmados por el estado.

Desde MOVUS se ha expresado repetidas veces la inconveniencia económica y financiera de este esquema. Si se calcula la tasa de interés de la financiación privada de las obras se encuentran valores muy por encima de los que ofrecen en plazos similares incluso bancos de la plaza financiera local. Ni que decir cuando se comparan con los préstamos internacionales a los que podría acceder Uruguay.

Pagar setecientos millones de dólares en diecisiete años y medio por una obra que cuesta algo más de doscientos millones implica una tasa efectiva anual superior al 17%.

A modo de comparación un préstamo inmobiliario en plaza puede obtenerse con tasas tan bajas como 3.5 % y en el peor de los casos siempre inferior al 6%. Un organismo internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  o la CAF otorga créditos con intereses por debajo del 5%.

La diferencia en el costo financiero es abismal, un préstamo de doscientos millones de dólares con una tasa efectiva anual del 5% cuesta doscientos noventa y dos millones en diecisiete años, pagarlo con una tasa del 17% implica más de cuatrocientos millones extra de costo financiero.

En el ordenamiento legal uruguayo la Ley 18.212 marca los límites de la Usura. Esa ley también establece que los intereses deben pactarse en términos claros y precisos, expresándose en términos efectivos anuales, lo que no sucede con los contratos firmados por obra pública. En esos contratos sólo se establecen montos de pago por disponibilidad, resultantes de fórmulas que incluyen reajustes por variaciones del valor de la Unidad Indexada y del dólar, integrando la inflación a los intereses del contrato.

Un análisis de la fórmula utilizada en el contrato firmado por OSE en marzo de este año para la construcción de la nueva planta potabilizadora  para el sistema de Montevideo,  referida al comienzo de la columna, muestra que si se hiciera hoy el pago trimestral previsto en el contrato, ya sería por un monto en dólares 21% superior al original lo que se suma a la leonina tasa de interés que se oculta en los pagos por disponibilidad pactados en el contrato. 

Es inaceptable que se pacten pagos con intereses que podrían superar los montos de la usura, especialmente cuando se hace para obras de dudosa conveniencia o francamente injustificables. De confirmarse esto, los firmantes de esos contratos debieran ser llamados a responsabilidad, civil e incluso penal.




Imagen: Formula de ajuste para el pago de la nueva potabilizadora en el Santa Lucía. Página 18 de la “Modificación de contrato” firmada el 5 de marzo de 2026 entre OSE e Infraestructura ARAZATÍ SA

Publicado en La Diaria el 14 de Julio de 2026

https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2026/7/el-disparatado-costo-de-la-obra-publica/

 

La falacia del Hidrógeno

SUR H2 Y DESPUÉS

El hidrógeno es el más simple de los elementos de la tabla periódica, el primero de ella, con
masa atómica y peso atómico uno, su símbolo identificador es la letra “H”. Fue bautizado
por Lavoisier a partir de la expresión latina “hydrogenium” que significa “generador de
agua”.

Si bien se considera el elemento más abundante del universo, en la Tierra es muy escaso
como elemento puro, así por ejemplo en la atmósfera apenas se puede medir su presencia.
Tiene una muy alta capacidad de reacción con otros elementos, y así está presente en
multitud de compuestos, como ácidos, hidrocarburos y alcoholes; además de estar presente
en casi todas las moléculas orgánicas. Es fundamental para la vida en la tierra al conformar
junto con el oxígeno la molécula del agua (H2O).

Su uso industrial se ha desarrollado, especialmente en el último siglo, con aplicaciones en la
metalurgia, la refinación de petróleo, la industria alimentaria y muy especialmente en la
química para producción de amoníaco indispensable en la fabricación de muchos
fertilizantes.

Su uso como energético se ha impulsado desde la década del 70 del siglo pasado
especialmente con el desarrollo de las llamadas celdas de hidrógeno donde el hidrógeno
reacciona con oxígeno generando agua y en el proceso produciendo electricidad que puede
ser utilizada, por ejemplo, para mover un vehículo.

La obtención de hidrógeno se hace `principalmente a partir de la disociación de compuestos
químicos. El proceso más importante hoy por volumen de producción, es a partir de
hidrocarburos, básicamente metano (CH4), “reformado” con vapor de agua proceso que se
identifica con el color Gris, o Azul cuando se complementa con sistemas de captación del
dióxido de carbono que se genera en esa operación.

Otros procesos para obtener hidrógeno tienen que ver con la gasificación de carbón,
Hidrógeno Negro o Marrón, o el uso de electricidad de origen termonuclear para la
disociación de la molécula de agua que se identifica como Hidrógeno Rosado.

Cuando la electrolisis del agua se hace en base a electricidad cuyo origen se considera
renovable, entonces se denomina Hidrógeno Verde.

Energéticamente, el común denominador de todos los procesos reseñados ´para producir
hidrógeno es que se emplea en ellos más energía que la que se puede obtener del uso del
hidrógeno producido.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Las reglamentaciones ambientales, en especial las establecidas hasta 2021 por la Comunidad
Europea, con la prohibición de uso combustibles fósiles en vehículos de transporte a partir de

2035; impulsaron la idea de incrementar la producción de hidrógeno Verde. Esto tanto para
su uso directo en el transporte como también a modo de paso intermedio en la producción de
sustitutos “ecológicos” de los combustibles fósiles, la Egasolina y el Ediesel.

Esa situación también dio fuerza a los planteamientos para producir Eamoníaco y Emetanol a
partir de la electrolisis del agua con electricidad Verde.

Cientos de proyectos aparecieron en todo el mundo, la mayoría impulsados por subsidios y
apoyos principalmente gubernamentales en pro de una economía más “Verde” y con la mira
puesta en la reducción de la emisión de los denominados gases de invernadero,
especialmente el dióxido de carbono (CO2). Sólo en Chile se llegaron a contabilizar 46
proyectos.

En Uruguay el tema fue impulsado por el gobierno anterior que generó documentos como la
Hoja de Ruta del Hidrógeno y grupos de trabajo en el ámbito del Ministerio de industria
Energía y Minería. Se firmaron documentos “secretos” como el memorando de
entendimiento con la empresa HIF del 24 de febrero de 2024 cuya confidencialidad el
gobierno defendió, a instancias de esa empresa, incluso ante la justicia. La propaganda
tampoco faltó a la cita especialmente la de la “agencia responsable de la promoción de exportaciones,
inversiones e imagen país” que es Uruguay XXI promocionando la opción de desarrollar en Uruguay proyectos de “Hidrógeno Verde”.

El actual gobierno continúa esa política y así se habla de gigantescas inversiones, de una
segunda transformación de la matriz energética y de descarbonizar esa matriz. Todo eso
generando miles de empleos y “desarrollo”.

QUIEN SIEMPRE ME MIENTE NUNCA ME ENGAÑA

En realidad si se ejecutan los proyectos, las inversiones serán casi totalmente en el exterior.
Cómo con el caso de las plantas de celulosa, el grueso de las inversiones son en maquinaria y
equipos que no se producen en Uruguay donde sólo se ejecutan las obras para su instalación.

La experiencia de esas grandes “inversiones” muestra que lo efectivamente invertido en
Uruguay por ese tipo de proyectos no supera el 15% del total e incluso ese porcentaje incluye
contratos con empresas extranjeras en áreas especializadas de la instalación.

Lo de “miles de empleos” se dice respecto a “picos” de uso de mano de obra en alguna fase
de la construcción de las plantas ya que su operación es una actividad altamente
automatizada y así con bajo nivel de empleo. El dato más celosamente guardado sobre este
tema esel volumen de mano de obra involucrado en la construcción, cuantos jornales implica
el total de obra. Esa es la verdadera medida del impacto de la obre en el mercado de trabajo y
en la masa salarial pero se niegan rotundamente a mencionarlo.

Para entenderlo mejor, que una empresa diga que empleará en el pico de la construcción a
3.000 personas es irrelevante si no se dice cuanto tiempo durará ese pico. Supongamos que
esos 3.000 “empleos” se desarrollan por un mes, generando tres mil salarios. Eso en masa
salarial es lo mismo que 250 personas trabajando durante un año, menos empleo del que
genera un supermercado grande en un shopping

EL TRAJE DEL EMPERADOR (Que está desnudo)

Cuando el 8 de junio de 2023 el entonces Presidente de la República Luis Lacalle anunció en
Paysandú un proyecto de “Hidrógeno Verde” para producir combustibles sintéticos, lo hizo
indicando que sería la mayor inversión de la historia del Uruguay.

Un sitial que previamente ocupó la planta de Botnia en Fray Bentos, el proyecto de Aratirí, UPM 2 y ahora HIF.

Los números del proyecto eran impresionantes, cuatro mil millones de dólares. Dos mil en la
planta industrial y otros dos mil en una planta solar y otra eólica para generar energía renovable que permitiría considerar “verde” la obtención de hidrógeno a partir de la electrolisis de agua.

Declaraciones posteriores durante la campaña electoral de 2024 llevaron el monto de la inversión a seis mil millones, un incremento de dos mil millones de dólares que no se justificó y que la empresa no incluyó en sus comunicados sino hasta varios meses más tarde.

Los reportes periodísticos de la época indicaban que la construcción comenzaría en 2024 (1)
y que la planta produciría anualmente 250.000 toneladas de nafta sintética utilizando
hidrógeno “verde” y dióxido de carbono de origen biogénico, a partir de la destilación de
etanol de cereal, en la planta de ALUR en Paysandú.

Antes, en 2020, Belasay SA, una asociación de SEG Ingeniería y la alemana Enertrag, había
presentado el Proyecto “Tambor” para producir Emetanol a partir de Hidrógeno ”Verde” y
dióxido de carbono en la localidad de Tambores en Tacuarembó. Este proyecto enfrentó
fuerte resistencia de la población local, movimientos sociales y la academia por la pretensión
de utilizar masivamente agua del acuífero Guaraní en su proceso industrial.

Otro proyecto para la producción de amoníaco a partir de hidrógeno “verde” ha sido referido
en la prensa, impulsado por la empresa Alfanar desde 2023. Alfanar, una empresa de
capitales sauditas con base en España donde opera un parque eólico dice que su proyecto se
instalará en Rocha y que la inversión sería de seis mil millones de dólares. No hay muchos
detalles de este proyecto, salvo que ha firmado un acuerdo de confidencialidad con UTE.

Todos los proyectos reseñados tienen en común que su finalidad no es la producción de
hidrógeno. El hidrógeno es solamente un paso intermedio en la producción de otras
sustancias como amoníaco utilizado en la producción de fertilizantes o metanol que puede
ser usado para sintetizar hidrocarburos más complejos como los que componen la nafta.

Para ello necesitan, además de grandes cantidades de agua pura, otros insumos como
nitrógeno (N) y CO2. Especialmente el CO2 tiene que provenir de la captura de emisiones
industriales u otras fuentes cuya utilización evite el incremento de CO2 en la atmósfera.

Para ello el proyecto Tambor propone la captura de las emisiones de CO2 de un aserradero,
que quema desechos para la producción de electricidad, trasladando ese gas en camiones por
más de 100 kilómetros hasta la planta donde mediante el uso de calor, altas presiones y elementos químicos catalizadores se combinaría con hidrógeno “verde” obtenido de agua superficial de la zona.

Eso para contrarrestar las protestas por el uso masivo previsto originalmente del Acuífero Guaraní.

La zona de Tambores es una divisoria de aguas, no tiene cursos de agua permanentes de
buen caudal, por lo que desde el proyecto se propone construir un embalse para agua de
lluvia. Igualmente los planes presentados a la DINACEA del Ministerio de Ambiente
incluyen la perforación de doce pozos y la previsión de que la extracción de agua puede
llegar a agotarlos temporariamente, como Plan B.

Más complicada aún es la situación del proyecto de HIF en Paysandú que ahora dice
produciría más de un millón de toneladas de combustibles “ecológicos” incluyendo metanol,
combustible de aviación, naftas, diesel e incluso aceites pesados, toda una “refinería”.

Ese incremento implica que la planta necesitará mucha más agua y electricidad para producir
el hidrógeno que usará, pero también mucho más CO2. Así las 50.000 toneladas anuales que
podría venderles ALUR (CO2 industrial) sólo cubren el 5% de las necesidades debiendo
obtener el otro 95% de otras fuentes.

No habiendo fuentes industriales disponibles, el plan de la empresa es quemar biomasa de
residuos forestales post cosecha en cuatro calderas. Se libera en esa combustión CO2, que de
otra forma nunca iría a la atmósfera, para después capturarlo y decirse carbono neutral.

Ese proceso implica el traslado por camón de esos residuos a razón de 110 camiones diarios
que podrían tener que recorrer 300kmts por viaje, alterando además el balance de biomasa de
los terrenos donde se saquen esos residuos que de otra forma se integrarían a la tierra, con lo
que se incrementa la degradación de los suelos.

LOS "PURA SANGRE" DEL HIDRÓGENO

Otros dos proyectos proponen la utilización directa del hidrógeno para su uso en el transporte
pesado, los dos relacionados con el transporte de madera a las plantas de celulosa de UPM en
camiones eléctricos provistos de celdas de combustible.

El primero denominado “Kahiros” se instalará en las cercanías de Fray Bentos (UPM1) y a
partir de agua subterránea generará unas 70 toneladas anuales de Hidrógeno para abastecer
una flota de camiones madereros. Podría comenzar a operar a fines de este año.

El segundo “H24U” a instalarse en las cercanías de pueblo Centenario en Durazno (UPM2),
similar a Kahiros en su propósito, preveía una inversión de más de cuarenta millones de
dólares. En 2023 se le adjudicaron por parte del gobierno diez millones de dólares no
reembolsables desde un Fondo Sectorial estatal para el desarrollo de la investigación en Hidrógeno Verde.

Ahora, habiendo transcurrido tres años, nada se sabe del proyecto, no habiendo presentado ningún documento para una autorización ambiental el proyecto ha dejado de ser mencionado en ningún ámbito. Nadie ha dado ninguna explicación de esto ni del destino del premio de diez millones de dólares (2)

ENERGIZAME

Las últimas novedades del proyecto de Paysandú no son alentadoras, la empresa que venía a
instalar un gigantesco parque eólico y una planta solar de más de 1.500 hectáreas pone como
condición para su instalación la provisión de energía por UTE a un precio muy por debajo
del vigente y por debajo incluso del que se paga en los países vecinos. Eso además, sin
garantizar volumen de compra en lo que sería otro “negocio” ruinoso para la UTE que ya
está obligada a pagar precios muy altos por su electricidad a las plantas de celulosa y
contratos eólicos firmados hace ya casi 20 años.

Por otra parte, incluso a nivel internacional, se juega peligrosamente con ideas de
relocalización de la futura planta de HIF sin participación visible de la empresa, toda cuya
documentación se refiere al lugar original.

Eso me trae a la memoria los cambios en el trazado del mineroducto de Aratirí por el puerto
de aguas profundas. Esos cambios sirvieron de pretexto para que Aratirí iniciara una
demanda contra el Uruguay por tres mil quinientos millones de dólares la que calladamente
sigue su curso en tribunales europeos.

El mundo está lleno de piratas y corsarios, quizá algunos ahora en lugar de un parche negro
en el ojo usan uno verde.

(1) https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2023/6/gobierno-anuncio-inversion-de-4000-millones-de-dolares-en-hidrogeno-verde/
(2) https://h2lac.org/noticias/conoce-el-proyecto-h24u-que-se-adjudico-us-10-millones-para-descarbonizar-el-transporte-de-carga-pesada-en-uruguay/

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO DIGITAL CLARIDAD el 1º de junio de 2026
https://periodicoclaridad.com/sitio/index.php/numeros-anteriores/numero-90