28 de agosto de 2020

UPM cierra planta en Finlandia

La Primera ministra finlandesa Sanna Marin visitó hoy Jämsä donde UPM cerrará para fin de año su planta de papel dejando más de 400 personas sin empleo.

El hecho a cobrado importancia en la prensa finlandesa dado que Jussi Pesonen (CEO de UPM) a publicado una carta abierta, criticando la situación de impuestos e infraestructura en Finlandia.

También critico Pesonen las medidas para reducir la tala de bosques nativos.

De acuerdo con informes locales, la planta no ha generado pérdidas, pero sería la menos rentable de las de UPM en Finlandia.

Titular hoy del Helsingin Sanomat:

Traducción de la nota en MTVUUTISET:

"UPM dijo el miércoles que planea cerrar la acería. La fábrica emplea a 450 personas. El director ejecutivo de UPM,  Jussi Pesonen, escribió una carta abierta después de la noticia , en la que criticaba los impuestos finlandeses:

- La parte de los costes externos y la carga fiscal se ha vuelto abrumadora en Finlandia. El impuesto al diesel sobre el transporte se incrementa con cada mandato de gobierno, aunque se sabe que el 80% del consumo es en transporte pesado, como el transporte de madera o mercancías.

Según el CEO Pesonen, sería hora de evaluar cómo se podría implementar en el futuro una política industrial, del mercado laboral y fiscal integral, que permitiría operaciones industriales rentables y nuevas inversiones.

Marin respondió hoy a las críticas:

- Ya hemos decidido reducir el impuesto sobre la electricidad industrial al mínimo de la UE. Esto tiene un impacto directo en los costos de la industria. Estamos contribuyendo a la electrificación de la industria y hemos realizado una importante inversión en infraestructura, dijo Marín.

Añadió que se han realizado inversiones ferroviarias en Finlandia central y se han dado fondos para la planificación para el desarrollo de la región."

LINKS A OTROS MEDIOS CON LA NOTICIA:

https://yle.fi/uutiset/3-11515699

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/1f1f9a79-03c7-4a9a-8c0d-a5bcab43dced

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006616486.html





 

27 de agosto de 2020

ARATIRI - URUGUAY nada para festejar.

Más allá de los festejos tribuneros de algunos y el injustificado secretismo de otros, queda claro que los Uruguayos no tenemos nada para festejar del resultado del juicio con Aratirí. 

Perdimos en ese juicio más de 12 millones de dólares y sólo podemos decir que zafamos, por ahora, de tener que pagar más.

Lo malo es quie no terminamos de aprender y se sigue exponiendo al país a este tipo de demandas

Sigue el texto de la nota de hoy en Búsqueda:

Uruguay recuperó solo la cuarta parte de los US$ 16 millones que gastó para solventar el juicio con la minera Aratirí

Nº 2086 - 27 de Agosto al 2 de Setiembre de 2020

El 6 de agosto el Estado uruguayo recibió una de esas noticias que son festejadas por todo el espectro político, aunque en seguida empiecen los paseas de factura. Ese día, la Corte Permanente de Arbitraje —un organismo internacional que tiene sede en La Haya, se ocupa de la resolución de controversias internacionales y se rige bajo las normas de la comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Derecho Mercantil— comunicó su decisión de no hacer lugar al reclamo de la minera Aratirí, que pretendía obtener US$ 3.536 millones por su frustrado proyecto de explotación de hierro en Cerro Chato.

El tribunal no llegó a analizar el fondo de la controversia. La desestimó porque entendió que no tenía jurisdicción. Además, según informó Presidencia, determinó que la demandante debía reembolsarle a Uruguay US$ 4.097.149.

El juicio con Aratirí fue declarado confidencial por el Consejo de Ministros en setiembre de 2018. Tras la resolución, el nuevo gobierno le pedirá al tribunal arbitral poder hacer público el contenido de su fallo, según informó el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, a El País.

Búsqueda accedió al pronunciamiento de la Corte Permanente de Arbitraje, en el que está incluido el detalle del volumen de los gastos en los que debieron incurrir las partes a lo largo del proceso. Los US$ 4.097.149 que Aratirí deberá pagar a Uruguay obedecen a que el tribunal determinó que la distribución “justa” de “los costes” del juicio era la siguiente: 70% la parte demandante y 30% la parte demandada.

El dinero que recuperará Uruguay representa apenas una cuarta parte del monto que invirtió en su defensa. El detalle de costos indica que en total gastó US$ 16.523.570. Los asesoramientos periciales le costaron al Estado uruguayo US$ 4.598.294; la representación legal US$ 10.771.245; los viajes de asesores y testigos US$ 504.029; y el trabajo de la Corte Permanente de Arbitraje US$ 680.596.

Para su representación legal Uruguay contrató al estudio Foley Hoag, el mismo al que había recurrido para el juicio contra Philip Morris.

Aratirí, por su parte, declaró haber gastado en el marco del juicio US$ 24.938.630. La mayor parte de ellos fueron destinados a solventar la asesoría letrada, que le costó US$ 18.479.944. En honorarios y gastos de peritos, en tanto, pagó unos US$ 4.018.593. Entre los peritos contratados por la empresa estuvo el actual director de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, Isaac Alfie.

Argumentos

La minera Aratirí planeaba, en el marco de lo que llamó Proyecto Valentines, construir una serie de minas a cielo abierto para extraer mineral de hierro; una planta que procesaría las rocas extraídas de las minas para lograr un “concentrado de alta ley”; un mineroducto subterráneo de 212 km de extensión, que transportaría el concentrado del mineral de hierro a una planta de filtración; un acueducto de retorno para transportar agua de la costa a la planta de procesamiento; y una terminal portuaria especializada. Todas esas instalaciones se estimaban en un valor de entre US$ 3.011 millones y US$ 6.055 millones. Nada de eso se concretó.

Para Aratirí, el fracaso del proyecto fue responsabilidad del Estado uruguayo y ese fue el centro del reclamo que llevó a la Corte Permanente de Arbitraje. La empresa, según figura en el fallo, sostuvo haber invertido US$ 332 millones en estudios previos y le atribuyó a Uruguay “numerosas acciones y omisiones” que retrasaron y denegaron los permisos necesarios, y finalmente derivaron en la extinción de sus derechos mineros y la expropiación del valor del proyecto. Reclamaron daños y perjuicios por entender que esa actitud constituyó un incumplimiento del Convenio entre el gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre el Fomento y la Protección de Inversiones.

El fondo de la controversia no llegó a ser analizado. El tribunal hizo lugar a la “objeción jurisdicción” que presentó Uruguay como uno de los principales argumentos de su defensa.

Para poder amparar el reclamo en el marco del convenio entre Gran Bretaña y Uruguay, el propietario de Aratirí, Pramod Agarwal, hizo en agosto de 2016 una modificación en el fideicomiso que era propietario de la empresa, radicado en Islas Caimán, para poner como beneficiarios a sus tres hijos, que fueron los demandantes ante la Corte Permanente de Arbitraje.

Los tres miembros del Tribunal entendieron que al momento de los hechos los demandantes no eran titulares de un bien protegido por el Convenio y por tanto carecían de legitimación para plantear el reclamo.

20 de agosto de 2020

Árbol que nace torcido...

236.000 hás,plantadas de árboles entre Cerro Largo yTreinta y Tres

Se encuentra a estudio en el Parlamento un proyecto de ley de “Proyectos Forestales”,  que plantea regular las

plantaciones de árboles, prohibiéndolas fuera de las áreas de prioridad forestal  con índice CONEAT

menor a 76 y ubicándolas a 300 metros de los cursos de agua.

Ese proyecto de ley ha servido como disparador de discusiones  que no se daban anteriormente a nivel parlamentario y en las cuales quedaron

en evidencia diferencias importantes entre la propaganda forestal y los hechos.

El parlamento ha recibido delegaciones de la Dirección General Forestal (DGF), las gremiales forestales, como la Sociedad de Productores Forestales (SPF), la de los contratista forestales (ASECFUR), la de los procesadores de madera (CIPROMA) y la del Movimiento Uruguay Sustentable (MOVUS). 

La limitación propuesta, como cualquier otra limitación de tipo ambiental o de ordenamiento territorial levanta resistencias y en este caso las agremiaciones forestales abogaron por el mantenimiento del status quo, incluso requiriendo ser indemnizados en caso de que pusieran límites a su actividad.(1)

Las quejas actuales no se escucharon cuando a partir de la segunda ley forestal (Ley 15939) y de sucesivas leyes y decretos se exoneró la plantación y explotación de árboles de tributos e impuestos, otorgando subsidios de hasta el 50% del costo de las plantaciones. Hasta hoy, algunas plantaciones siguen exoneradas, por ejemplo, del pago de la Contribución Inmobiliaria.

Tampoco se escucharon quejas cuando se ampliaron las áreas para la plantación de árboles por las recalificaciones de los suelos forestales dadas por los decretos 26/1993, 191/2006 y 220/2010 llevando a que la Federación Rural exprese que el sector forestal compite en forma desleal con otros sectores agropecuarios.  

Con base en todos esos beneficios, existen hoy en nuestro país, de acuerdo con la información de la DGF, 875.464 hectáreas efectivamente plantadas con árboles, afectando 1.034.712 hectáreas. (2) Esos números muestran que el 85% de las áreas afectadas son efectivamente plantadas con árboles. Sin embargo en su presentación la SPF declaró repetidas veces que al plantar árboles sólo se ocupa en promedio el 60% del espacio, quedando libre el restante 40%.

Hoy el 25% de las áreas ocupadas por las plantaciones de árboles está fuera de las áreas de prioridad forestal y todos los proyectos de plantaciones que llegan a la DINAMA para su aprobación incluyen suelos y áreas fuera de las de  prioridad forestal. 

La implantación de los árboles, en especial fuera de los terrenos de prioridad forestal, desplaza otras actividades y los representantes de la SPF fueron claros de que en las plantaciones con destino a celulosa, donde se plantan entre 1.300 a 1.400 árboles por hectárea,  no se pueden realizar otra actividades, incluso el promocionado “silvopastoreo”  y si se coloca ganado este

se debe limitar a pastar en los caminos de cortafuego.

En lo que respecta al ingreso económico que para el Uruguay significa la plantación de árboles, el estudio que por encargo de la SPF hizo la consultora CPA Ferrere (CPA) dice en  lo referente a los impuestos que paga la “cadena forestal”, que son el impuesto al gasoil y las “cargas laborales” las principales contribuciones directas de la actividad forestal. Esto se completa con los pagos por impuesto al patrimonio, del que están exoneradas por decreto de 2013 las plantaciones asociadas a la planta de celulosa de Montes del Plata. El aporte anual por esos tres conceptos es de 57 millones de dólares según CPA.  

De ellos, 16 millones corresponden a los pagos a la seguridad social, que no son básicamente impuestos, sino obligaciones que van a las cuentas de retiro de los trabajadores y otros 9 millones son los pagos que por IRPF hacen los empleados, no las empresas.

Si bien las exportaciones del sector registradas por Aduanas no llegan a los 1000 millones de dólares, el ex presidente de la SPF y hoy Director de la DGF enfatizó ante la Comisión que estudia el tema que el sector forestal  representará  en pocos años al menos el 30% de las exportaciones del país.

Sorprende que ese guarismo desde la DGF, porque  para realizar esa afirmación debe considerar como “exportaciones” las ventas que se hacen desde las Zonas Francas Celulósicas, sobre las que no existe más información que la de las propias empresas,  al no ser esas ventas registradas en la aduana, paso básico para configurar una exportación.

Respecto al trabajo, un tema que las delegaciones forestales hicieron hincapié, los datos oficiales de Banco de Previsión Social (BPS) muestran que entre 2007 y 2019, 12 años, el empleo en el sector relacionado a la madera creció en 1.500, llegando a 16.800 empleos.(2)

De esos empleos, sólo 1247 están en producción de pasta de celulosa, muy por debajo de la ocupación en la transformación mecánica de la madera  (chips, tablas, muebles y otros productos ) que ocupa a 6139 trabajadores (1400 más que en 2007).

En base a los datos oficiales, sumando todas las actividades del sector, menos la logística asociada al transporte de madera, se llega a unos 16 empleos cada 1000 hectáreas , relación que oculta grandes disparidades.

Por ejemplo, la CIPROMA dijo que sus empresas dan “ empleo a más de cuatro mil personas” ocupando “poco menos de 120.000 hectáreas”, ocupando “36 trabajadores  cada 1000 hectáreas”; mientras que los 1247 de la producción de celulosa significan apenas 1 empleo cada 1.000 hectáreas.

Conviene agregar algún dato sobre Nueva Zelanda que fue citada por parte de la representación de la CIPROMA.  La información oficial de Nueva Zelanda (4) indica que el 22% de la superficie del país corresponde  a bosques y que las plantaciones cubren otro 7% del territorio llevando el área forestada total a 29%.

Es de destacar que con 1.690.000 hectáreas de plantaciones, Nueva Zelanda genera exportaciones por 6.800 millones de dólares, un valor siete veces superior al de las exportaciones de Uruguay con 1.034.000 hectáreas plantadas. Su producción está orientada a la madera (tablas y enchapados) con un pequeño sector de celulosa y papel mayormente destinado al mercado interno.


 En cuanto al empleo, en Nueva Zelanda el sector empleó en 2017 a 38.000 personas, casi 23 cada 1000 hectáreas, un 50% más que en el Uruguay.

Evidentemente producción de celulosa en zonas francas, que sólo se realiza en el Uruguay, no es la mejor forma de aprovechar el potencial forestal del territorio que aún con las limitaciones que plantea el proyecto de ley a estudio, tiene la posibilidad de duplicar las áreas plantadas hoy, y que redireccionado podría generar mucho más empleo  y un nivel de ingresos sensiblemente mayor. 

(Publicado en el Semanario Voces el 13 de agosto de 2020)

(1)https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/212/versiones-taquigraficas

(2)  https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas/estadisticas/boletin-estadisticas-forestales-2019 

(3) https://aplicaciones.aduanas.gub.uy/LuciapubX/DatoBasico.Arancel.HPUDBAr2.aspx

(4) https://www.mpi.govt.nz/news-and-resources/open-data-and-forecasting/forestry/

EXPORTACIONES DE NUEVA ZELANDA:


11 de agosto de 2020

¿ZONA FRANCA MINERA?


Hoy se publica en El Observador (1) que se estudia la posibilidad de otorgar una zona franca en el departamento de Artigas para la explotación de piedras semipreciosas. El motivo sería que la producción de piedras del Uruguay sale sin procesamiento, el mismo se dice se hace muchas veces en Brasil donde, según la nota, cuesta 30% menos.

Ante eso la solución de que es eprocesamiento se haga en Zona Franca es una mala utilización de esa herramienta que seguro es adecuada y conveniente cuando se trata de atraer inversiones que d eotra forma se radicarían en cualquier otra parte. 

Así no tiene inconveniente que se otorgue zona franca por ejemplo a una fábrica de celulares, o un centro de producción de medicamentos o de concentrados para bebidas refrescantes, pero nunca debiera usarse la "Zona Franca" para el procesamiento de productos locales cuya existencia se debe a esos productos. Así no se debiera usar la herramienta para el procesamiento de madera local, carne, lana cereales o frutas y tampoco ágatas y amatistas.

Si la elaboración de esos productos que se producen localmente no es económicam,ente viable en el marco jurídico e impositivo del país, entonces ese marco general debe ser revisado para hacerlo competitivo y no generar situaciones especiales a medida de cada empresa, en especial con la suscripción de contratos que terminan posibilitando instancias de juicios internacionales y situaciones en que se trata de manera a diferente a los que debieran ser iguales.

Incluso se puede acordar que si se instala una empresa con ese fin se usen los mecanimos de promoción de inversiones disponibles legalmente para ayudar o promover esa instalación.

Sigue el texto de la nota:


 

 (1)https://www.elobservador.com.uy/nota/gobierno-evalua-instalar-una-zona-franca-en-artigas-para-impulsar-la-mineria-202081015350