Neptuno, el disparatado proyecto para potabilizar agua de la zona de Arazatí en el Río de la Plata, con la que abastecer, parcialmente, y con viento a favor, a Montevideo, comenzó costando doscientos siete millones de dólares, sucesivos agregados llevaron el presupuesto a casi trescientos millones de dólares.
A los cuatro vientos se lo publicitó como la obra "más grande de la historia", en agua potable; como la mayor inversión en ese rubro. Lo que no se dijo es que los pagos anuales previstos en el contrato de la obra sumaban novecientos millones de dólares.
El
proyecto Neptuno fue cancelado por el nuevo gobierno que asumió en marzo de
2025.
Si bien se reconoció que el contrato firmado para el proyecto incluía clausulas
inconstitucionales, por lo que legalmente era nulo, se decidió renegociar con
el consorcio "Infraestructura Arazatí SA" la construcción de una
planta potabilizadora en Aguas Corrientes y una línea de conducción de agua
potable en Canelones.
Si se compara el contrato original con el resultante de la "renegociación" el consorcio constructor consiguió un 12% más de ganancia por cada dólar presupuestado, una cifra nada menor.
Similar relación entre el valor de la obra y el costo financiero se ve en todas las obras construidas por el sistema de Participación Público Privadas (PPP) y las denominadas "Iniciativas Privadas". En esos esquemas la ganancia de las empresas constructoras se da más por el esquema financiero que por la construcción de la obra.
Las empresas privadas constructoras que se benefician de esos proyectos no tienen generalmente la capacidad financiera para ejecutar las obras, por lo que necesitan financiación que obtienen de entidades financieras, incluso internacionales, utilizando como garantía los contratos firmados por el estado.
Pagar setecientos millones de dólares en diecisiete años y medio por una obra que cuesta algo más de doscientos millones implica una tasa efectiva anual superior al 17%.
A modo de comparación un préstamo inmobiliario en plaza puede obtenerse con tasas tan bajas como 3.5 % y en el peor de los casos siempre inferior al 6%. Un organismo internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la CAF otorga créditos con intereses por debajo del 5%.
La diferencia en el costo financiero es abismal, un préstamo de doscientos millones de dólares con una tasa efectiva anual del 5% cuesta doscientos noventa y dos millones en diecisiete años, pagarlo con una tasa del 17% implica más de cuatrocientos millones extra de costo financiero.
En el
ordenamiento legal uruguayo la Ley 18.212 marca los límites de la Usura. Esa
ley también establece que los intereses deben pactarse en términos claros y
precisos, expresándose en términos efectivos anuales, lo que no sucede con los
contratos firmados por obra pública. En esos contratos sólo se establecen
montos de pago por disponibilidad, resultantes de fórmulas que incluyen
reajustes por variaciones del valor de la Unidad Indexada y del dólar,
integrando la inflación a los intereses del contrato.
Es inaceptable que se pacten pagos con intereses que podrían superar los montos de la usura, especialmente cuando se hace para obras de dudosa conveniencia o francamente injustificables. De confirmarse esto, los firmantes de esos contratos debieran ser llamados a responsabilidad, civil e incluso penal.
Imagen: Formula de ajuste para el pago de la nueva potabilizadora en el Santa Lucía. Página 18 de la “Modificación de contrato” firmada el 5 de marzo de 2026 entre OSE e Infraestructura ARAZATÍ SA
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