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27 de febrero de 2017

Usted Pide Mucho (UPM)


Por estos días, las tratativas o negociaciones entre el gobierno y la empresa UPM para que esta instale una segunda planta de producción de celulosa en Uruguay ocupan amplios espacios en la prensa y en los tiempos de nuestros gobernantes.

Así, varios grupos de trabajo de nivel ministerial estarían analizando diferentes factores como la infraestructura, temas ambientales y condiciones financieras. Además, en los primeros días de febrero el Presidente Vázquez viajará a Finlandia.(1)

Tanto es así que un observador externo podría pensar que lo de UPM es la única opción de crecimiento a la que apuesta el gobierno.

Toda esta efervescencia local no se refleja en las comunicaciones oficiales de UPM que en Julio solo decía estar estudiando la posibilidad a largo plazo de aumentar su capacidad de producción en Uruguay y que en su último informe a los accionistas de octubre no agrega nada nuevo repitiendo que:
“In Uruguay we are continuing negotiations on prospects for long-term development.”

Eso, mientras esos mismos reportes anuncian inversiones en Polonia y Finlandia por algo más de 200 millones de dólares para 2017 y 18.

Está claro que hasta la fecha UPM no se plantea plazos para ampliar su capacidad en Uruguay, mientras que aquí se habla del año 2018 y el 2019 para la construcción de la planta.

Tampoco ha especificado UPM ningún monto para su potencial inversión, que aquí se dice estaría en el orden de los 4.000 millones de dólares, tal como se publicó en este medio en agosto. (2)

Apenas se comenzó a hablar de este tema, en julio de 2016, se hizo evidente que el mayor interesado, el gobierno uruguayo, estaba dispuesto a facilitar la instalación de esa planta, incluso aceptando la realización de obras de infraestructura por 1.000 millones de dólares para hacer posible la operación.

Eso hace que, tomando como buena la cifra de 4.000 millones de dólares de inversión de UPM, Uruguay participe con al menos el 20% de la inversión sin reclamar participación en las ganancias.

Por supuesto que esa casi patológica ansiedad no pasó desapercibida para la empresa, la que sin comprometerse ha logrado varias cosas. La primera y fundamental fue que de entrada desde la presidencia de Uruguay se asegure su instalación en régimen de Zona Franca.(3)

Eso, que evidentemente incrementa las ganancias de la empresa, y lleva a cero los beneficios económicos a Uruguay de la producción de celulosa a partir de la madera que las plantas compran en nuestro país, solo fue tímidamente discutido por algunos integrantes de la bancada oficialista en diciembre (4) y no he podido encontrar ninguna mención a esto como problema, duda o motivo de preocupación por parte de los legisladores de los demás partidos políticos.

Teniendo prácticamente asegurado ese punto, la empresa informó de entrada que nuevas rutas, vías férreas y acceso al puerto de Montevideo eran condiciones indispensables para considerar su instalación.

Hasta hoy la planta de UPM en Fray Bentos lleva en barcazas la pasta de celulosa al puerto de Nueva Palmira. Desde allí la envía a sus compradores, principalmente en China y los Países Bajos.

El uso del puerto de Montevideo permitiría la carga más completa de los barcos por tener mayor calado (profundidad), abaratando los fletes.

Además está implícito que la empresa en caso de instalarse y tal como lo hace hoy en su planta de Fray Bentos, tendrá acceso gratuito al agua en este caso del Río Negro.

Eso queda en evidencia, incluso en la tentativa selección por parte del gobierno, pero sin que la empresa haya comprado un metro de tierra en la zona ni comenzado trámite alguno de la autorización ambiental, de una zona sobre el Río Negro aguas abajo de la presa Gabriel Terra y Paso de los Toros

La lista de pedidos de UPM parece bastante extensa y sobre todo costosa, con grandes ventajas para la empresa. Pero sin embargo sus requerimientos lejos de limitarse parecen haberse incrementado e incluyen ahora además que el gobierno garantice la “paz laboral” incluso con modificaciones legales al derecho de huelga.

Eso sin contar con la exigencia de una “carta de entendimiento” firmada por el gobierno nacional a fin de facilitar que UPM pueda salir al mercado internacional a la búsqueda de financiamiento para la hipotética nueva planta.(5)

Cualquier parecido de esta carta de entendimiento con el descarado e ilegal  intento de Aratirí en 2014 de que se le firmara un contrato de explotación previo al otorgamiento de las autorizaciones ambientales a fin de permitirle obtener la financiación internacional de su proyecto, lo que estuvo a punto de ser aceptado por el gobierno, NO son pura coincidencia.(6)

Ambos caso reflejan la necesidad de financiamiento que, salvando las distancias, tenía Minera Aratirí SA y que tiene UPM. Nos muestran además la importancia en el mercado financiero del respaldo o al menos la aceptación por parte de los estados nacionales.

Todo esto debiera de ser suficiente para entender que las empresas necesitan tanto o mas de los estados de lo que los estados pueden necesitar de ellas y discutir las condiciones de instalación en pié de igualdad.

Hoy la manifiesta voluntad del gobierno para ”lograr la instalación” de otra planta de UPM indicando que se “procurará darle todo lo posible” (7) hace a las negociaciones todo menos balanceadas.

En este punto sería fácil parafrasear a Artigas sobre el vil precio de la necesidad, pero quizá sea mejor repasar que nos ofrece UPM con la nueva planta.

Lo primero, un gran BOOM, durante los 2 años de la construcción de la planta, que el gobierno ubica en 2018 y 2019, con picos que en un principio se estimaron en 6000 trabajadores pero que algún tipo de “inflación laboral” ha elevado hoy a 8000.(8)

¿8000 qué? ¿Empleos? O más bien changas y trabajos temporales.

Seguramente algo muy parecido al baño del papa en una “remake” de lo que ya vimos en Fray Bentos primero y en Conchillas después.

Pasado ese corto período, lo que queda es una planta operando en régimen de zona franca, por lo que no paga impuestos, haciendo que los beneficios económicos para el país de la cadena forestal terminen efectivamente en la puerta de la fábrica.

Eso salvo por los sueldos del personal de la planta que no superaría las 500 personas, o sea un número similar a los que empleaba, FANAPEL en Juan Lacaze y que hoy están en el seguro de paro(9).

Como beneficio colateral y tomando en cuenta lo que Uruguay le exporta hoy a las zonas francas de Montes del Plata y UPM, podríamos esperar además una compra de insumos para la nueva planta por unos 20 millones de dólares anuales, la mitad de ello en forma de Fuel Oil que las plantas le compran a ANCAP.

Nada más.

Ante eso se me ocurren un par de preguntas



¿Vale la pena ceder tanto para recibir tan poco por la producción de una materia prima en la que tenemos ventajas comparativas?



¿Cómo se justifica otorgar los beneficios de zona franca a una industria hoy altamente rentable y que hace uso directo de recursos nuestros, que no abundan en el mundo?

Ni siquiera se habla de exigir que el proceso de producción de la celulosa sea libre de cloro como se hace en Chile o que el uso del agua sea en circuito cerrado atendiendo a que el Río Negro tiene un caudal 7 veces menor que el Uruguay.

Sin embargo, a pesar de todo lo que haga desde aquí para facilitar que una nueva planta se instale en Uruguay, algo que la empresa se había negado a considerar en 2014, cuando visitó Finlandia el entonces Presidente José Mujica, (10) la instalación dependerá de las condiciones del mercado mundial en términos de producción, demanda y precios ya que la empresa debe rendir cuentas a sus accionistas.

Veamos que en 2016 la capacidad mundial de producción de pasta de celulosa se incrementó en 2.7 millones de toneladas, casi un millón de toneladas mas que el incremento del consumo. Solo en Brasil se espera se aumente la producción anual de los 7.4 millones de toneladas anuales de hoy a mas de 20 millones en pocos años.

En algunos ambientes ya se prenden luces amarillas ante la posibilidad de una sobreproducción que pudiera afectar los precios hoy controlados por un pequeño grupo de megaempresas, entre ellas UPM (11)  
Justamente, esta UPM que nos Pide Mucho,  pero que plantea dejarnos muy poco.

14 de julio de 2016

Prohibiendo el FRACKING en Uruguay

Ya he escrito en este blog como hoy lo único racional respecto al Fracking es prohibirlo.

Es nuestro deber hacia las futuras generaciones, para conservar nuestros acuíferos, pero no es lo único que debemos hacer en ese sentido ya que otras formas de contaminación, degradación e incluso sobre explotación amenazan su existencia.

Igualmente, como el movimiento se demuestra anadando, la prohibición del Fracking es una buen forma de comenzar.

Nota del Semanario Búsqueda
El oficialismo y la oposición están de acuerdo en prohibir por ley la técnica del fracking para explotar hidrocarburos
Nº1875 - 14 al 20 de Julio de 2016
Un mes atrás el presidente de la Cámara de Representantes, el nacionalista Gerardo Amarilla, presentó ante la Comisión de Industria, Energía y Minería un informe explicando por qué se debía votar su proyecto de ley. Se trata de una norma que de aprobarse prohibirá la exploración y/o explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica, más conocida como fracking.

El fracking le sirvió a Estados Unidos para librarse de la dependencia petrolera en los últimos años. Pero su técnica es muy violenta y sus efectos sobre el medioambiente han sido cuestionados una y otra vez. La práctica consiste en inyectar un fluido a alta presión en un yacimiento que contiene hidrocarburos no convencionales. La roca se fractura y libera el gas o petróleo que esté atrapado en ella. En algunos estados norteamericanos hay investigaciones que asocian el fracking con la ocurrencia de terremotos.

El proyecto redactado por Amarilla tiene un único artículo que prohíbe la técnica en todo el país, aun cuando haya permisos otorgados a empresas. A su juicio, el fracking viola el artículo 47 de la Constitución, que coloca al Estado como garante de la protección del medio ambiente. El legislador enumeró los daños principales de usar esa metodología: la afectación del agua, la producción de residuos tóxicos y el riesgo de eventos sísmicos (Búsqueda N° 1.870).

La semana pasada la Comisión parlamentaria comenzó a tratar el proyecto, donde tanto legisladores de la oposición como del oficialismo se mostraron a favor de prohibir la técnica. El presidente de la comisión, el colorado Walter Verri, dijo en la sesión del miércoles 6 que va a “luchar fuertemente” para aprobar la ley. El Partido Colorado se opone al fracking y años atrás presentó un proyecto ante la Cámara de Senadores para prohibirlo, pero todavía no ha sido tratado. Ahora Verri lo presentó en Diputados para que la comisión estudie las diferentes alternativas y pueda llegar a un proyecto de síntesis.

En filas del Frente Amplio es donde se vislumbra el cambio. Antes no se hablaba de fracking, ahora el propio presidente Tabaré Vázquez y la ministra de Industria, Carolina Cosse, han explicitado su rechazo a la técnica. Vázquez manifestó en más de una oportunidad que “no va a haber fracking en Uruguay” (Búsqueda N° 1.865).

El diputado del Frente Amplio Carlos Varela (Asamblea Uruguay), integrante de la comisión que trata el proyecto, quiere prohibirlo. “Estoy en contra del fracking, no porque lo satanice, sino porque prevengo”, dijo durante la sesión. Agregó que si en el futuro se pudiera comprobar que el fracking es seguro, se podrá levantar la prohibición. Y puso como ejemplo la negativa a tener energía nuclear. “No negamos que en el futuro la podamos tener. Actualmente, consideramos que no es apropiada”, dijo.

Varela enfatizó en que se debe contar con “una legislación que sea preventiva” porque “si no hay un marco legal ajustado se puede empezar a firmar contratos internacionales que se sabe lo que puede costar al país”. “Ya nos pasó con la minería. Uruguay no estaba preparado para el supuesto volumen de explotación minera que aparentemente podíamos tener. Nos encontramos con que nuestra legislación era absolutamente inadecuada y anticuada. Tuvimos la ‘fortuna’ de que los proyectos mineros que se estaban desarrollando se enlentecieran o se detuvieran. Si hubieran avanzado se habrían hecho sobre un marco legal absolutamente irregular o inexistente”, dijo.

Por otra parte, el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, acompaña el proyecto de Amarilla. En diálogo con Búsqueda el legislador dijo que en la reunión entre el presidente y los partidos políticos para elaborar un marco que regule la explotación de hidrocarburos, planteó que se apruebe la prohibición.

Oposición social. 

Consejo de Ministros en Piedras Coloradas (Paysandú)
La semana pasada asistieron a la comisión representantes del movimiento Uruguay Libre, que se opone al fracking. El meteorólogo Raúl Viñas dijo que “en el mundo no hay ninguna prueba de que sea una técnica segura y menos que sea inocua para el ambiente” y advirtió acerca del impacto dañino que tendría sobre los acuíferos del país.

Mencionó dos casos de países europeos donde sus gobiernos tomaron medidas sobre esta tecnología. Alemania días atrás prohibió su implementación y obligó a los empresarios a que paralicen sus operaciones. Y citó el caso de Francia, donde trabajaba la empresa Shuepbach, la misma cuya filial Shuepbach Energy Uruguay SRL realiza estudios en territorio uruguayo. Allí se prohibió el fracking y la empresa le inició una demanda al Estado y perdió.

Por eso pidió que el Parlamento tome medidas y siente un precedente con las reglas claras: que el fracking esté prohibido por ley.

Ayer miércoles en la comisión expusieron la ex directora de la Dirección de Minería y Geología Leda Sánchez, por el Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y miembros de la Sociedad Uruguaya de Geología.
Departamentos con resoluciones prohibiendo el Fracking

1 de febrero de 2016

¿Política de Hidrocarburos en Uruguay?

mañana 2 de Febrero de 2016, si todos concurren, tendrá lugar la reunión entre los 5 ciudadanos que han gobernado el Uruguay desde 1985.
Seguramente, de esa reunión quedará una bonita foto de los cinco juntos, eso por suerte se puede dar en nuestro país. 

La reunión ha sido llamada para definir una política de estado en el tema de los hidrocarburos, atendiendo a la posibilidad de que puedan hallarse en nuestro suelo hidrocarburos en condiciones de ser económicamente explotables.

Sin embargo, esa política ya ha sido definida, al menos en la parte impositiva, por modificaciones legales, como la Ley 18083, la de reforma tributaria del día de los inocentes de 2006, que les permite la depreciación acelerada de sus inversiones y garantiza que solo se les pueda imponer el IRAE.(1)

La otra definición "política" es la que sale de los contratos entre ANCAP y las concesionarias de las áreas de Exploración/ Explotación, como es el caso de Total. (2)

Esos contratos, mantenidos en reserva; si son como el de ANCAP-Schuepbach, obtenido por acción judicial de aceso a la información pública, obligan al estado y definen condiciones que limitan la capacidad de pensar ahora en una Política de Hidrocarburos.
También esa política debiera incluir los resultados, si los hubo, de la Comisión Interministerial de Evaluación Técnica en temas de hidrocarburos creada en 2013 (3), definiendo entre otras cosas si se puede permitir el uso de técnicas de Fracking en la explotación de hidrocarburos.

(1) Modificación del Código Tributario, Título 4, Artículo 51.
(2) http://exploracionyproduccion.ancap.com.uy/
(3) http://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/comision-hidrocarburos