2 de septiembre de 2020

Carta a la Primera Ministra de Finlandia Sanna Marin

Quién es la dirigente que se convirtió en la primera ministra más joven del  mundo | TN La Primera Ministro de Finlandia y su gabinete.

 

 

 

 

 

 

 

En el día de hoy se hizo entrega al Consul de Finlandia en el Uruguay de una carta para la Primera Ministra de Finlandia respecto de los problemas que genera en nuestro país la operación del a empresa UPM, empresa que en estos días anunció el cierre de una planta en Finlandia despidiendo casi 500 trabajadores. 

Montevideo, 25 de agosto de 2020

Sra. Primera Ministra de Finlandia 

Sra. Sanna Marin

Presente

Estimada Señora,

Las organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas uruguayas abajo firmantes, queremos denunciar ante usted los graves problemas económicos, ambientales, sociales y políticos ocasionados por la conducta de la empresa UPM Kymmene Oy en nuestro país, así como sus implicaciones en las relaciones entre Uruguay y Finlandia.

En lo económico, UPM ha impuesto condiciones ruinosas al país para confirmar su más reciente inversión en una segunda planta de celulosa. Uruguay se hace cargo del 60% de la inversión del proyecto, construyéndole una vía férrea y otras obras de infraestructura, sin ninguna parte en las ganancias, pues la empresa opera en zona franca, exportando el 100% de su producción, totalmente libre de impuestos.

Las exenciones tributarias y subsidios obtenidos por UPM configuran una situación económica privilegiada, sin precedentes en el país, que le permiten ejercer una competencia desigual con el resto de las actividades productivas.

En lo ambiental, las plantaciones para abastecer plantas de celulosa tienen graves consecuencias. Nuestro territorio es parte del Bioma Pampa o Pampa Húmeda, una zona privilegiada del planeta por la fertilidad de sus tierras. Los árboles crecen muy rápido aquí, pero UPM hace en Uruguay lo que tiene prohibido en Finlandia.

El eucalipto y el pino son especies exóticas en esta región. Investigaciones científicas demuestran que las plantaciones de estos árboles alteran gravemente el ecosistema original, reducen drásticamente la biodiversidad, extraen los minerales y nutrientes de la tierra sin reponerlos y reducen gravemente la disponibilidad de agua.

A mediano y largo plazo, estas plantaciones para la producción de celulosa inician un proceso de desertificación que pone en peligro el futuro del país. El avance de las plantaciones forestales ha desplazado a los pobladores, sobre todo a productores familiares, por el aumento de las plagas y la falta de agua en sus tierras, entre otras causas.

En lo social, la Fundación UPM organiza cursos para maestros, realiza donaciones a las escuelas y las poblaciones vecinas de sus plantaciones forestales. De la manera como lo hace, no es un aporte real a la comunidad, es solamente propaganda de su actividad para lograr el respaldo de la población a sus proyectos.

Las actividades de UPM en el sistema educativo y en las comunidades son acciones paternalistas al estilo de las colonias industriales, meras obras de caridad facilitadas por sus enormes ganancias gracias a los subsidios concedidos. Al mismo tiempo, sus proyectos generan prostitución infantil y otros problemas sociales.

Para su segunda planta de celulosa en el centro del país, UPM exigió la construcción a cargo del estado uruguayo de una vía férrea prácticamente exclusiva. El proyecto ferroviario fue diseñado por UPM atravesando zonas densamente pobladas con celulosa y productos químicos peligrosos. Los reclamos de los vecinos han sido ignoradas sistemáticamente, tanto por el gobierno como por UPM.

UPM interviene asimismo en las políticas laborales, pretendiendo que los acuerdos a los que llega con sus trabajadores sean aplicados en el resto del país.

En el plano político e institucional, los acuerdos impuestos por UPM y aceptados por el gobierno nacional ignoran disposiciones constitucionales y legales, así como eluden el debate con la población y el aval del Poder Legislativo. Gradualmente, UPM ha adquirido una presencia avasalladora propia de las relaciones coloniales.

Hoy hay una movilización social sin precedentes en Uruguay. Se han hecho decenas de conferencias, debates, manifestaciones públicas y acciones legales contra la planta de celulosa proyectada. Miles de vecinos han firmado contra el paso del tren de carga de UPM por las zonas donde viven. Se ha iniciado una recolección de firmas para promover un plebiscito nacional que anule los contratos firmados con UPM.

La fuerte gravitación económica y política de UPM y otras firmas finlandesas en el país no se corresponde con la existencia de un Consulado Honorario. La ausencia de una representación diplomática de primer nivel en el país, permite confundir las políticas de Finlandia hacia Uruguay con los intereses de esas empresas particulares.

El motivo de esta denuncia es advertir a los poderes del estado en Finlandia sobre la actuación de la empresa UPM en nuestro país y los conflictos que se están generando en nuestra sociedad, que de proseguir así se agravarán irremediablemente.

Desde ya, agradecemos a Usted la atención a esta carta y quedamos a su disposición por cualquier aclaración que considere necesaria.

La saludan atentamente,

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV)

Movimiento Un Solo Uruguay (USU)

No al tren de UPM, Montevideo

Comisión de vecinas/os en defensa de la Laguna del Cisne y Solis Chico

Confederación de los Pueblos Costeros, Rocha (CPC)

Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS)

Colectivo Ecofeminista Dafnias

Maldonado por la Tierra y el Agua

Acciones Ambientales de Soca

Comisión Ambiente Las Vegas - Lomas del Solis

Mujeres en Alerta de la Costa

Colectivo Campana Verde

Grupo Guayubira

Grupo de Teatro Desengaño

Red de Acción en Plaguicidas, RAPAL Uruguay

World Rainforest Movement, WRM

(Movimiento Mundial por los Bosques)

 

Ciudadanos y ciudadanas

Álvarez, Susana, escribana pública, Rivera

Andrade, Cecilia, profesora de literatura, Montevideo

Anido, Carlos, docente universitario e ingeniero de minas

Bacchetta, Víctor, periodista, traductor, editor

Barreiro, Ana, abogada

Bonetti, Adriane, educadora

Brun Linares, Silvina, socióloga, periodista

Bustamante, Francisco, PhD en Letras

Calliari, Danilo, PhD en Oceanografía Biológica, investigador del Centro Universitario Regional del Este

Cambre, Leticia, ginecóloga

Campos, Fabiana, odontóloga, productora rural, Rivera

Cantera Nebel, Federico, productor rural, Florida

Carabajal, Adriana, maestra de primaria, Salto

Cárcamo, María Isabel, coordinadora de RAPAL Uruguay

Caubios, Juan-Pedro, artista plástico.

Cestari, Patricia

Clavijo Mercader, Andrea Carolina, psicóloga clínica y productora rural, Cerro Largo.

Cuadrado, Modesto, médico veterinario, Rivera

Dardanelli, Claudio, metalúrgico

De Idoyaga, Joaquín, ingeniero agrónomo, Artigas

Deane, Brian, productor rural, Durazno.

Díaz, Elizabeth, arquitecta, integrante del Secretariado Internacional del WRM

Domínguez, Isabel, fisioterapeuta, Montevideo

Echenagusia Gehm, Irene María, productora rural, Tacuarembó

Espasandin, Nancy, maestra, politóloga

Filippini, Ana, profesora de inglés

Franchi, Guillermo, ingeniero agrónomo, productor rural

Fros, Ana María, cardióloga, Rivera

García Lagos, Gonzalo, productor rural, Maldonado

García, Ricardo, productor rural, Tacuarembó.

Ghan, Carmen, traductora pública, Montevideo

Goldaracena, Sabina, periodista

Gudynas, Eduardo, Centro Latinoamericano de Estudios Sociales CLAES, director

Guedes de la Rosa, Sandra, apicultora, Rivera

Hatchondo, Susana, escribana pública, Montevideo

Iturriberry, Irene, guardaparques

Jesús, Silvia Lorena, periodista

Lockhart, Washington, productor rural, Soriano

López, Carlos, empresario y productor rural, Canelones.

Lust, Eduardo, abogado, docente universitario y diputado por Cabildo Abierto

Magnabosco, Ana, directora de teatro, dramaturga

Mangano, Ana, médica veterinaria

Mangini, Gabriel, chef internacional, empresario, Maldonado

Martínez, Luciana, arquitecta

Mascheroni, Rosina, productora rural, Durazno

Masquelin, María, Pan de Azúcar, Maldonado

Melazzi, Gustavo, PhD en Economía, UNAM (México)

Menéndez, Rafael, productor rural, médico veterinario y diputado por Cabildo Abierto

Moreira Viñas, Aelita, ingeniera agrónoma/antropóloga.

Moreno Taranto, Daniel, apicultor, Rivera.

Neme, Carolina, abogada

Nin Ríos, Juanita, arquitecta

Padilla, Gerardo, docente de secundaria

Panario, Daniel, PhD en Tecnología Amiental y Gestión del Agua, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias

Piccini, Claudia, PhD en Biología, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Pittaluga, Federico, ingeniero agrónomo, Tacuarembó

Poletti, Osvaldo, médico veterinario, Soriano

Roberto, Curci

Rubbo, Angel, ingeniero químico

Rugnit, Rúben

Sabini Fernández, Luis E., docente universitario, periodista y editor

Sánchez, Silvia, profesora de inglés

Sans, Isabel, PhD en Identidad y Globalización en el Teatro popular, ingeniera agrónoma

Segura, Angel, PhD en Biología, investigador del Centro Universitario Regional del Este.

Simón, José Luis, jubilado

Terra, Martín, analista de telecomunicaciones

Uriarte, Valeria, médica veterinaria, periodista, Lavalleja.

Vega, César, productor rural, ingeniero agrónomo y diputado por el Partido Ecologista Radical Intransigente

Villar, Mercedes, arquitecta y productora rural, Canelones

Viñas, Raúl, Master en Meteorología y docente universitario, Montevideo

Wansart, Axel, ingeniero y empresario, Canelones

Wansart, Constance, estudiante de periodismo

Wansart, Erik, estudiante de economía

Zefferino de la Fuente, Horacio, médico veterinario, Soriano

 

28 de agosto de 2020

UPM cierra planta en Finlandia

La Primera ministra finlandesa Sanna Marin visitó hoy Jämsä donde UPM cerrará para fin de año su planta de papel dejando más de 400 personas sin empleo.

El hecho a cobrado importancia en la prensa finlandesa dado que Jussi Pesonen (CEO de UPM) a publicado una carta abierta, criticando la situación de impuestos e infraestructura en Finlandia.

También critico Pesonen las medidas para reducir la tala de bosques nativos.

De acuerdo con informes locales, la planta no ha generado pérdidas, pero sería la menos rentable de las de UPM en Finlandia.

Titular hoy del Helsingin Sanomat:

Traducción de la nota en MTVUUTISET:

"UPM dijo el miércoles que planea cerrar la acería. La fábrica emplea a 450 personas. El director ejecutivo de UPM,  Jussi Pesonen, escribió una carta abierta después de la noticia , en la que criticaba los impuestos finlandeses:

- La parte de los costes externos y la carga fiscal se ha vuelto abrumadora en Finlandia. El impuesto al diesel sobre el transporte se incrementa con cada mandato de gobierno, aunque se sabe que el 80% del consumo es en transporte pesado, como el transporte de madera o mercancías.

Según el CEO Pesonen, sería hora de evaluar cómo se podría implementar en el futuro una política industrial, del mercado laboral y fiscal integral, que permitiría operaciones industriales rentables y nuevas inversiones.

Marin respondió hoy a las críticas:

- Ya hemos decidido reducir el impuesto sobre la electricidad industrial al mínimo de la UE. Esto tiene un impacto directo en los costos de la industria. Estamos contribuyendo a la electrificación de la industria y hemos realizado una importante inversión en infraestructura, dijo Marín.

Añadió que se han realizado inversiones ferroviarias en Finlandia central y se han dado fondos para la planificación para el desarrollo de la región."

LINKS A OTROS MEDIOS CON LA NOTICIA:

https://yle.fi/uutiset/3-11515699

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/1f1f9a79-03c7-4a9a-8c0d-a5bcab43dced

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006616486.html





 

27 de agosto de 2020

ARATIRI - URUGUAY nada para festejar.

Más allá de los festejos tribuneros de algunos y el injustificado secretismo de otros, queda claro que los Uruguayos no tenemos nada para festejar del resultado del juicio con Aratirí. 

Perdimos en ese juicio más de 12 millones de dólares y sólo podemos decir que zafamos, por ahora, de tener que pagar más.

Lo malo es quie no terminamos de aprender y se sigue exponiendo al país a este tipo de demandas

Sigue el texto de la nota de hoy en Búsqueda:

Uruguay recuperó solo la cuarta parte de los US$ 16 millones que gastó para solventar el juicio con la minera Aratirí

Nº 2086 - 27 de Agosto al 2 de Setiembre de 2020

El 6 de agosto el Estado uruguayo recibió una de esas noticias que son festejadas por todo el espectro político, aunque en seguida empiecen los paseas de factura. Ese día, la Corte Permanente de Arbitraje —un organismo internacional que tiene sede en La Haya, se ocupa de la resolución de controversias internacionales y se rige bajo las normas de la comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Derecho Mercantil— comunicó su decisión de no hacer lugar al reclamo de la minera Aratirí, que pretendía obtener US$ 3.536 millones por su frustrado proyecto de explotación de hierro en Cerro Chato.

El tribunal no llegó a analizar el fondo de la controversia. La desestimó porque entendió que no tenía jurisdicción. Además, según informó Presidencia, determinó que la demandante debía reembolsarle a Uruguay US$ 4.097.149.

El juicio con Aratirí fue declarado confidencial por el Consejo de Ministros en setiembre de 2018. Tras la resolución, el nuevo gobierno le pedirá al tribunal arbitral poder hacer público el contenido de su fallo, según informó el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, a El País.

Búsqueda accedió al pronunciamiento de la Corte Permanente de Arbitraje, en el que está incluido el detalle del volumen de los gastos en los que debieron incurrir las partes a lo largo del proceso. Los US$ 4.097.149 que Aratirí deberá pagar a Uruguay obedecen a que el tribunal determinó que la distribución “justa” de “los costes” del juicio era la siguiente: 70% la parte demandante y 30% la parte demandada.

El dinero que recuperará Uruguay representa apenas una cuarta parte del monto que invirtió en su defensa. El detalle de costos indica que en total gastó US$ 16.523.570. Los asesoramientos periciales le costaron al Estado uruguayo US$ 4.598.294; la representación legal US$ 10.771.245; los viajes de asesores y testigos US$ 504.029; y el trabajo de la Corte Permanente de Arbitraje US$ 680.596.

Para su representación legal Uruguay contrató al estudio Foley Hoag, el mismo al que había recurrido para el juicio contra Philip Morris.

Aratirí, por su parte, declaró haber gastado en el marco del juicio US$ 24.938.630. La mayor parte de ellos fueron destinados a solventar la asesoría letrada, que le costó US$ 18.479.944. En honorarios y gastos de peritos, en tanto, pagó unos US$ 4.018.593. Entre los peritos contratados por la empresa estuvo el actual director de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, Isaac Alfie.

Argumentos

La minera Aratirí planeaba, en el marco de lo que llamó Proyecto Valentines, construir una serie de minas a cielo abierto para extraer mineral de hierro; una planta que procesaría las rocas extraídas de las minas para lograr un “concentrado de alta ley”; un mineroducto subterráneo de 212 km de extensión, que transportaría el concentrado del mineral de hierro a una planta de filtración; un acueducto de retorno para transportar agua de la costa a la planta de procesamiento; y una terminal portuaria especializada. Todas esas instalaciones se estimaban en un valor de entre US$ 3.011 millones y US$ 6.055 millones. Nada de eso se concretó.

Para Aratirí, el fracaso del proyecto fue responsabilidad del Estado uruguayo y ese fue el centro del reclamo que llevó a la Corte Permanente de Arbitraje. La empresa, según figura en el fallo, sostuvo haber invertido US$ 332 millones en estudios previos y le atribuyó a Uruguay “numerosas acciones y omisiones” que retrasaron y denegaron los permisos necesarios, y finalmente derivaron en la extinción de sus derechos mineros y la expropiación del valor del proyecto. Reclamaron daños y perjuicios por entender que esa actitud constituyó un incumplimiento del Convenio entre el gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre el Fomento y la Protección de Inversiones.

El fondo de la controversia no llegó a ser analizado. El tribunal hizo lugar a la “objeción jurisdicción” que presentó Uruguay como uno de los principales argumentos de su defensa.

Para poder amparar el reclamo en el marco del convenio entre Gran Bretaña y Uruguay, el propietario de Aratirí, Pramod Agarwal, hizo en agosto de 2016 una modificación en el fideicomiso que era propietario de la empresa, radicado en Islas Caimán, para poner como beneficiarios a sus tres hijos, que fueron los demandantes ante la Corte Permanente de Arbitraje.

Los tres miembros del Tribunal entendieron que al momento de los hechos los demandantes no eran titulares de un bien protegido por el Convenio y por tanto carecían de legitimación para plantear el reclamo.