28 de noviembre de 2016

Entrevista en Radio El Espectador



Raúl Viñas, integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, dijo en La Mañana de El Espectador que la técnica de extracción de petróleo denominada fracking debe ser prohibida y que en la Cámara de Diputados se está trabajando para eso. Además, aseguró que utilizar petróleo para los vehículos es ineficiente.
Viñas se refirió a que es "absolutamente ineficiente quemar petróleo en un vehículo".
A modo de ejemplo, explicó: "Cuando yo quemo nafta en mi auto estoy obteniendo menos de un 8% de energía verdaderamente para trasportarme. Si quemo ese mismo petróleo en una central térmica para producir energía eléctrica, la eficiencia es del 33%". De esta manera, concluyó que generar energía eléctrica para mover autos es cuatro veces más eficiente, aun usando petróleo. "Uruguay tiene que ir en materia de transporte hacia una matriz eléctrica", aseguró.
En relación a la modalidad de extracción de petróleo denominada fracking, Viñas dijo que se está trabajando en el apoyo a los proyectos de ley que establecen su prohibición, que están siendo estudiados actualmente en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados.
"Los pocos que se oponen a prohibir el fracking en nuestro país no tienen realmente argumentos", aseveró, y añadió que si los líquidos que deben ser inyectados en la técnicas de fracking fueran vertidos a un río o arroyo sería impuesta una multa, porque éstos superan los contenidos de contaminantes que se permiten en nuestro país.
Con respecto a las declaraciones de la ministra de Industria Carolina Cosse, quien aseguró que el fracking "no está en los planes futuros" del gobierno, Viñas se refirió a que el fracking no se encuentra en los planes de este gobierno pero que no está prohibido en los contratos que ya se firmaron con las petroleras del año 2012.
"Cuando se habla de petróleo no convencional estamos hablando de hacer fracking", sentenció.
Al ser consultado respecto a las mejoras que se menciona ha tenido la técnica, y que volvería a su impacto casi neutro, Viñas dijo que efectivamente la técnica mejoró pero con el objetivo de ser más eficiente en la extracción del petróleo y no para reducir el impacto ambiental.
El activista aseguró que en los departamentos del norte del país como Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó y algunos del sur como Rocha, el fracking ya ha sido prohibido a nivel departamental.
"La base principal es que si no se puede hacer en superficie tampoco se puede hacer bajo la tierra", concluyó, y reconoció que entre los legisladores la respuesta ha sido "muy buena en todos los partidos".

6 de octubre de 2016

¿Cambios en la matriz energética o ELÉCTRICA?

NOTA DE HOY EN BUSQUEDA.

Buena reseña que muestra que cerca estuvo Uruguay de tomar la senda nuclear para la generación de electricidad.

Paralelamente, esta claro que la revolución en la matriz eléctrica no alcanzó otros sectores de la matriz energética. Si bien no está en la nota, las importaciones de petróleo lejos de disminuir aumentan año a año reflejando el incremento de consumo de algunos sectores que aún esperan la necesaria transformación hacia las fuentes renovables de energía.

Sigamos pensando hacia 2035

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El cambio de matriz energética que sacó al país de vivir en crisis permanente a ser “el caso Uruguay” que copian en el exterior

Por Raúl Santopietro

Cuando Uruguay estuvo a un megavatio (Mw) del corte de luz en todo el país el Frente Amplio ya estaba en el poder. Era invierno de 2008. La demanda había crecido de manera constante, Daniel Martínez era el ministro de Industria, Energía y Minería y los 1.500 Mw de energía eléctrica disponibles no alcanzaban. Al punto de que el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, recuerda que se prendieron todos los motores de arranque en La Tablada, una pequeña máquina que apenas generaba dos megavatios. Bastaban unos 400 hogares que elevaran su consumo en esos días y el gobierno tendría que enfrentar un corte de luz a nivel nacional o, en el mejor de los casos, programar qué zonas dejar sin luz mientras bajaba la demanda.
Eso fue apenas hace ocho años, hoy el escenario es otro. Parques eólicos repartidos en Tacuarembó, San José, Treinta y Tres, Flores y Maldonado; plantas fotovoltaicas en Salto y cientos de emprendimientos de biomasa por todo el país.
Hoy Uruguay puede consumir el 100% de su energía eléctrica con origen en energías renovables, un caso único en el mundo y un ejemplo para países como Canadá o Alemania. En este escenario los cortes eléctricos se dan por accidentes puntuales como que los nidos de los caranchos provoquen un cortocircuito.

Ruedas para arriba. 

La situación era de catástrofe. La crisis económica de 2002 pegó fuerte en los números del Estado y las inversiones pagaron el precio. Ya en 2003 expertos en temas energéticos, como el ex presidente de Ancap, Andrés Tierno Abreu, veían la amenaza de “un colapso del suministro de energía”. A la falta de inversiones en generación propia se sumaba la dependencia con Argentina. La demanda crecía y la energía cada vez alcanzaba menos. Hasta que en 2004 la situación estalló. Argentina, aún más afectada por la crisis, cortó el suministro hacia afuera para abastecerse a sí misma. “Quedamos con las ruedas para arriba”, recuerda hoy a Búsqueda Casaravilla.
Jorge Batlle, presidente en aquél entonces, no tuvo más remedio que poner a pleno toda instalación capaz de generar energía. En marzo de 2004 se pusieron en marcha dos unidades de la Central Batlle y la planta de La Tablada que funcionaban a fueloil y a gas-oil a un altísimo costo, hasta el triple de los U$S 25 el megavatio por hora que se pagaba a Argentina. En un solo día se consumieron 2 millones de litros de combustible; en dólares unos 500.000, que a lo largo de los primeros cuatro meses llegaron a U$S 52 millones. En 2003 el gasto en combustible para centrales térmicas había sido U$S 28 millones en todo el año.
La situación era muy complicada. No había de dónde generar la energía y salir a buscarla de apuro desangraba la endeble economía. Se venía el invierno. Por aquél entonces, sin que llegaran los aires acondicionados a los hogares, el pico de consumo se daba en la nochecita. El parche fue comprarle 70 Mw a Brasil a U$S 50, el doble que se pagaba a Argentina, pero la generación propia seguía sin ser resuelta. Por aquél entonces la discusión era si subir tarifas o racionalizar el consumo. En plena campaña electoral ninguna de esas medidas eran seductoras para atraer votos, y no se aplicaron.
En octubre de 2004 Tabaré Vázquez fue electo presidente y el Frente Amplio llegó al poder por primera vez en su historia. Sobre sus hombros caía la crisis energética aún no resuelta, por lo que al inició del mandato creó un comité de crisis energética que barajara las diferentes opciones. Era claro que debían hacer algo aunque no estaba claro qué. Se planteó hasta un gasoducto que abasteciera siete países, liderado por la Venezuela de Hugo Chávez, aprovechando la afinidad ideológica con otros gobiernos de izquierda en la región. No sucedió.
A contrarreloj y con la meta fijada en evitar cortes programados a toda costa, el gobierno hizo una inversión relámpago y construyó la central de Punta del Tigre, que se inauguró en 2006 con una capacidad de 200 Mw y un costo estimado de U$S 100 millones. Fue una obra para salir del apuro y sin tener claro si el camino a seguir era el de la generación térmica.

El efecto Fukushima. 

El riesgo de sufrir apagones seguía latente. Comprar energía a Argentina o Brasil destrozaba la caja del Estado y la necesidad llevó en 2006 al entonces ministro de Industria, Jorge Lepra, a plantear una salida que pocos manejaban: instalar una planta nuclear.

Uruguay estuvo cerca de tomar ese camino. Los ex presidentes colorados, Batlle y Julio María Sanguinetti, y el blanco, Luis Alberto Lacalle, lo respaldaron e incluso el vicepresidente de UTE en aquél momento a Pedro de Aurrecoechea, decía que era hora de pensar en una planta atómica. “Los combustibles fósiles están destinados a desaparecer. “¿Generación hidráulica? Estamos topeados. ¿Eólica? Es cara y no es firme. ¿Gas natural? También está acotado en el tiempo y no es transportable. ¿Carbón? Es una posibilidad. ¿Qué nos va quedando? El uranio, cuyas reservas dan para siglos”, decía. (Búsqueda Nº 1.358).
Mientras se discutía, la demanda crecía cerca del 4% cada año. En marzo de 2008 Martínez pasó a ser el ministro de Industria, un ingeniero industrial defensor a ultranza de diversificar la matriz energética. Con el petróleo por las nubes —a U$S 110 el barril en aquél entonces—, Martínez estaba a favor de una planta nuclear (Búsqueda Nº 1.449).

La idea contaba cada día con más adeptos y Vázquez creó una comisión de expertos en energía atómica para dar pasos con fundamentos científicos. El presidente designó al entonces director de Energía, Ramón Méndez, para liderar el equipo que analizaba la viabilidad de un reactor a uranio. Pero Méndez, un doctor en Ciencias Físicas y grado 5 en Física de Partículas, tenía otras ideas en mente.
En junio de 2008 dio pinceladas de su proyecto. En una charla en la Universidad Católica se salió de la discusión cotidiana de la crisis energética y habló de metas a 2015 y 2025. Llegar al 15% de la matriz energética con renovables no tradicionales como la eólica, biomasa y minihidráulica. Méndez era ambicioso. Proyectaba 500 Mw entre las tres: 300 Mw de eólica, 150 Mw de biomasa y las mini represas otros 50 Mw.
Mientras, la crisis energética volvía a golpear y el gobierno debía comprarle energía a Argentina. Vázquez apuró la discusión nuclear y citó por primera vez a los partidos políticos para discutir “una política de Estado” que definiera el futuro a largo plazo sin importar el color del gobierno.
Las dudas estaban en qué hacer con los residuos nucleares que permanecen radiactivos por miles de años, qué tamaño debía tener una planta nuclear para que la red eléctrica no cayera si sale de funcionamiento, quién manejaría la planta y otras tantas. Para Vázquez la conclusión era positiva y apoyado por la oposición llegó a plantear en setiembre de 2008 que para 2012 estaría operativa una planta de energía nuclear (Búsqueda Nº 1.476).
Poco a poco aparecieron argumentos a favor de las renovables. En junio de 2009 un informe de UTE decía que la energía de viento es cinco veces más eficiente que la del agua. Los mapas de vientos hechos por la Facultad de Ingeniería ponían a Uruguay entre los países con más recursos eólicos.
Con avances menores llegó una nueva campaña electoral. José Mujica fue electo presidente y el Frente Amplio seguía en el poder. Aunque las renovables crecían como alternativa, la nuclear no se descartó hasta 2011. El 11 de marzo de ese año un terremoto de magnitud 9.0 en el océano Pacífico azotó a Japón y derivó en una falla en la planta nuclear de Fukushima; el resultado fue el peor desastre nuclear de la historia junto con el de Chernóbil (Rusia) en 1986.
El impacto en la opinión pública uruguaya terminó con la idea y el camino para las energías renovables quedó allanado. “Se tomó la decisión correcta”, evalúa hoy Méndez, que este año fue elegido una de las 50 personas más influyentes del mundo por su trabajo en energías renovables.

El cambio.

En 2009, cuando fue electo presidente Mujica tenía claro que para atraer inversiones se necesitaba más energía. Y eligió al socialista Roberto Kreimerman como ministro de Industria, un ingeniero químico defensor de las cadenas productivas y del rol activo de las empresas públicas en la economía.
Semanas después de las elecciones, Mujica se reunió con Kreimerman en la sede del Frente Amplio para delinear los principales temas que debería desarrollar la cartera. La energía era el más importante, recuerda a Búsqueda el ex ministro. Mujica sacaba cuentas a mano.
—La mitad de Salto Grande…
Y anotaba.
—Baygorria… Central Batlle… ¿Cuánto necesitamos? —preguntó Mujica.
—Por lo menos un 20% más para estar tranquilos por el riesgo del clima. Y otro 20% de estimar el consumo de hogares e inversiones —respondió Kreimerman.
—¡Ah sí! Cada vez que hay sequía hay que comprarle U$S 600 millones a Argentina.
UTE era clave para Mujica y por eso quería elegir bien al titular del ente. Le llegaron cinco currículums y eligió a Casaravilla, un ingeniero electricista que en 2000, como académico en la Facultad de Ingeniería, había instalado un pequeño aereogenerador en Caracoles (Maldonado), pionero del país. Su misión era clara: llevar adelante la transformación de la matriz eléctrica.
Por aquél entonces apareció sobre la mesa una planta de carbón como alternativa. También se descartó. Esta vez pesó el efecto climático ya que, según Méndez, es una técnica más barata pero más dañina que las renovables. Y demandaba al menos un día entre que se encendía y comenzaba a producir.
Kreimerman, Méndez y Casaravilla coinciden en que un momento clave fue cuando se alcanzó el acuerdo multipartidario en 2010. Decenas de informes y horas de discusión terminaron con una política definida al año 2030. Las conclusiones quedaron en un documento de 14 páginas y 32 puntos, una de las más importantes implicaba que la matriz energética del país tendría el énfasis en las energías renovables.
En el documento se definieron metas a corto, mediano y largo plazo. Para 2015 las renovables debían llegar al 50% de la matriz energética. Se reduciría 15% el petróleo en el transporte, mientras que la eólica, la biomasa y la microhidráulica tenían el desafío de alcanzar el 15% de la matriz eléctrica —300 Mw de eólica y 200 Mw de biomasa—. Las mismas metas que Méndez había planteado en 2008.
El camino se había iniciado antes, en 2007. Allí se hizo un llamado experimental para instalar eólica y biomasa en pequeñas cantidades. Casaravilla recuerda que “fue un dolor de cabeza” porque parte de las obras no se concretaban, como los molinos de eje vertical. Aún así fue un primer paso. De ese llamado nació un parque eólico, propiedad del empresario argentino Alejandro Bulgheroni, los dos de UTE (Caracoles 1 y 2) y otro parque de la empresa Fripur que se inauguró en 2010.
Con esos antecedentes, en 2011 el gobierno hizo un llamado a escala mayor, conocido como Eólica 1, que ofrecía comprar hasta 150 Mw a un precio de U$S 85 el megavatio/hora. “Te decían que había que salir a comprar de frente y mano con ese precio”, recuerda Casaravilla. El mismo año se amplió el llamado por otros 150 Mw.
El gran jugador en ese entonces fue la crisis económica que afectó a Europa arrastrada por la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. El viejo continente era el lugar de mayor desarrollo eólico y las empresas privadas que fabricaban las turbinas quedaron sin clientes. Salieron a buscar nuevos interesados en eólica y la respuesta fue Uruguay.
El gobierno de Mujica vio la oportunidad y en 2012 hizo un nuevo llamado, Eólica 2, esta vez a un precio de U$S 63 el megavatio/hora. Hubo más ofertas de las que esperaban las autoridades, lo que permitió al gobierno ampliar la meta de potencia eólica para 2015 de 600 Mw a 1.000 Mw.
Kreimerman asegura que la crisis “facilitó aprovechar la brecha y poder instalar a gran escala”. Casaravilla piensa igual. Y también Méndez, aunque con un matiz: “No me vengan con el viento de cola. Se aprovechó una situación favorable porque teníamos definida una política a largo plazo desde el consumo hasta la demanda, una estabilidad política y un Estado que definió las reglas de juego”. “La pudo usar toda América Latina y mientras la región invertía 0,4% en Uruguay era 3% del PBI”, agregó.
Sin embargo, en 2012 la sequía aún tenía un impacto devastador. Ese año UTE tuvo un sobrecosto de U$S 450 millones y debió traer de apuro en los gigantes aviones rusos Antonov enormes turbinas alquiladas para reforzar la planta de Punta del Tigre en San José. Además, el ente lanzó la campaña “Tu ahorro vale doble” para intentar que la población consumiera menos.
A finales de ese año UTE, junto a la surcoreana Hyundai, acordaron la segunda terminal térmica de ciclo combinado en Punta del Tigre, que aún no está operativa. Además el gobierno abrió una licitación para construir una planta regasificadora en Punta de Sayago, pero la concesión cayó y la actual administración de Tabaré Vázquez analiza cómo seguir adelante con la obra.
Casaravilla asegura que recién en 2014 se sintió tranquilo y que la crisis energética que arrastraba fue controlada. “Ahí visualicé que los desafíos eran otros. Ahora el énfasis estaba en acompañar un año más las inversiones y gestionar de la mejor manera”, explica.

Los números. 

El despacho del presidente de UTE está plagado de mapas. En su escritorio hay pequeñas turbinas de viento, en un esquinero hay otras tres y Casaravilla se ríe al ver su parque eólico en miniatura. Cada vez que se inauguró un parque le dieron un modelo y su oficina es una prueba de los resultados.
En 2012 apenas había 60 Mw de eólica instalados. La inversión desde 2010 alcanzó los U$S 7.000 millones y al iniciar el nuevo período de Vázquez los resultados eran claros. En 2015 ya eran 857 Mw —casi el triple de lo definido como meta en el acuerdo multipartidario— y en 2017 se va a cerrar en 1.502 Mw de eólica. UTE es dueña del 34% entre los 157 Mw que generan sus propios parques —Pampa en Tacuarembó, Juan Pablo Terra en Artigas, Colonia Arias en Florida, Valentines en Treinta y Tres, y Andresito en Flores— y la participación que tiene en los desarrollados por privados.
Este año la generación de energía eléctrica es 55% hidráulica, 22% eólica, 19% biomasa y 1% solar. Incluso, el 16 de julio de 2016 quedará marcado como el día en que hubo 866 Mw de eólica.
La energía solar también creció. En 2013 debutó con la puesta en marcha en Salto de la primera planta solar fotovoltaica (que produce electricidad) y térmica (que genera calor). El aporte era simbólico ya que la obra donada por Japón generaba medio Mw. El gobierno llamó a interesados en instalar hasta 200 Mw de solar que estarán en funcionamiento en 2017.
Así la matriz energética pasó de ser 56% petróleo y derivados en 2006 a 39% en 2015, mientras que la hidráulica de 20% a 14%. La inexistente eólica pasó al 7%, la biomasa al 10% y la solar al 1%. Ese cambio provocó que Uruguay no solo dejara de importar electricidad para cubrir el déficit de producción, sino que comenzara a venderle a Argentina.
Para Méndez esto es resultado de que el país “tuvo una política a largo plazo, algo que nunca se tuvo” y su éxito se refleja en que “más de 70 países en el mundo siguen el modelo Uruguay por su excelencia en eficiencia energética”. Kreimerman le agrega “el apoyo de Mujica hacia las empresas estatales” porque “sin su impulso para que se invirtiera los millones que había que invertir nada de esto sería realidad”. Y Casaravilla suma la necesidad: “Si no hacíamos este shock de inversiones se venía la noche de verdad”.

Palos en la rueda. 

Hoy Casaravilla, Méndez y Kreimerman disfrutan que los resultados le dieron la razón, pero no siempre fue así.
El impulso del Poder Ejecutivo llevó a pasar de dos técnicos a 50 profesionales en la Dirección de Energía. El equipo de expertos se formó y por “defender la soberanía energética” del país, como dice Méndez, recibían salarios altos. Así se evitaba que las empresas privadas los captaran. Sin embargo, uno de los acuerdos salariales entre el Ministerio de Industria y el sindicato de funcionarios públicos (COFE) puso contra la pared al presidente Mujica.
Los aumentos no se otorgaban por decisión del Ministerio de Economía y en mayo de 2014 Kreimerman y Méndez presentaron su renuncia. Kreimerman se lo planteó a Mujica tras un Consejo de Ministros, quien intercedió para que se liberaran los fondos. Finalmente, luego de una semana sin los jerarcas, Economía dio el dinero y ambos retomaron sus puestos.
Casaravilla tuvo sus problemas en la interna de UTE. Los cargos gerenciales fueron los primeros escépticos frente a la incorporación masiva de renovables. Y el abrir la cancha a inversiones privadas tampoco era bien visto. El presidente del ente reconoce que “demoró un tiempo convencer que era más conveniente la eólica”, pero “los números lo lograron”. “Se venía de apenas U$S 280 millones invertidos entre 2000 y 2004, en el primer gobierno del Frente pasó a U$S 750 millones porque se nos venía la noche y en los siguientes cinco años trepó a U$S 1.700 millones. Ese optimismo caló hondo en la empresa”, agrega.
Méndez es más categórico y asegura que la gerencia del ente en 2007 quería “una presencia simbólica” de las renovables que no superaran el 10% y advertía que el precio era muy caro. “El resultado es que redujimos U$S 500 millones los costos de producir energía”, dice.

Futuro eléctrico. 

De depender de la compra a Argentina o Brasil, UTE proyecta al país como un hub regional que venda energía y además que sea el nexo en la comercialización entre los grandes vecinos cobrándole un peaje.
Eso se dará cuando se cierre el anillo de alta tensión de 500 kilovatios con la construcción de una línea que una Salto Grande con Montevideo a través de Tacuarembó y Melo, y así garantizar el suministro que hoy dan las dos líneas de Salto y Palmar a Montevideo por el litoral oeste del país.
Reducir la tarifa es otro de los objetivos. Méndez se lamenta por no haber podido trasladar todo lo que hubiese querido los beneficios de la reducción de costos a las tarifas. Ese fue otro tire y afloje con Economía, que utilizó las tarifas como mecanismo de regulación de la inflación. Aún así Méndez dice que en relación a los salarios las tarifas se redujeron 35% de 2010 a la fecha. Casaravilla va más allá y asegura que la población paga una tarifa “más barata que antes” y que sin el cambio de matriz “habría que explicar por qué saldría un 40% más cara”. “Esa parte nadie la imagina, pero es así”.
Al mismo tiempo, el objetivo pasa por atacar el rubro que más petróleo consume y encaminarlo hacia la energía eléctrica: el transporte. Hay en funcionamiento cuatro taxímetros eléctricos y UTE subirá la cifra a 25. Casaravilla ve “una oportunidad histórica” para que el transporte pase a depender de energía eléctrica. Méndez, desde su nuevo rol como asesor del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, encabeza la cruzada por lograr ómnibus eléctricos. Y hacia ahí quieren dirigir los futuros pasos de Uruguay.

29 de septiembre de 2016

Revelado el contrato firmado entre ANCAP y TOTAL

A la opinión pública:
PUNTOS EN CUESTIÓN  DEL CONTRATO PETROLERO ENTRE ANCAP Y LA FRANCESA TOTAL

 Una definición general de los hidrocarburos que se buscan que incluye a los no convencionales, con lo cual se abre la posibilidad de utilizar el FRACKING, única tecnología para explotarlos.
 Se habilita en los posibles litigios recurrir al arbitraje según las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, lo cual contraría las disposiciones del Código de Minería de nuestro país.

Por decisión judicial, ANCAP entregó a Uruguay Libre una copia del contrato firmado con  TOTAL E&P URUGUAY” para la exploración y explotación de hidrocarburos en la denominada Área 14 de nuestra plataforma continental.
Constatamos que este contrato mantiene la inclusión de hidrocarburos no convencionales como posibles objetos de explotación, algo ya visto en contratos anteriores como el firmado con la empresa estadounidense Schuepbach. Se abre así la posibilidad de utilizar el fracturamiento hidráulico ('fracking'), única tecnología disponible para su eventual explotación.

El contrato incluye además, en la Cláusula 29, una disposición contraria al Código de Minería (Decreto Ley 14252) del Uruguay pues, específicamente, habilita la resolución de controversias en un tribunal de acuerdo con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), lo que sería causa de nulidad del contrato.

El Artículo 19 de nuestro Código de Minería (Decreto Ley 14252) dice textualmente:

La actividad minera, cualesquiera sea su modalidad, y todas las controversias, reclamaciones y peticiones, referidas a la misma, quedan sometidas, sin excepción alguna, a la legislación y jurisdicción de  la República Oriental del Uruguay. Todo pacto o convenio en contrario es nulo. Esta disposición es de orden público y será incluida obligatoriamente en todos los contratos que otorguen derechos mineros

Este contrato, firmado en octubre de 2012, es posterior a las acciones judiciales de nuestro movimiento para acceder al firmado en 2009 con Schuepbach para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte del país. En el mismo se advierte alguna mejora respecto a los anteriores, ya que en ese la obtención de los permisos ambiéntales es responsabilidad de ANCAP y en este sólo se obliga a asistir y cooperar” con el contratista en su obtención. (Punto 7.3.5)

Desde Uruguay Libre, junto con otras organizaciones sociales, propugnamos la sanción de una ley nacional que prohiba el 'fracking' en el país y, por esa razón, seguiremos atentos a los compromisos que han sido asumidos por el gobierno nacional con empresas petroleras extranjeras interesadas en la posible explotación de nuestros recursos. 28/9/2016




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