Los números del agua.

La posibilidad de que se instale una planta para la producción de celulosa sobre el río Negro se ha integrado al debate sobre la calidad del agua de ese río, debate que junto a los relativos al Santa Lucia y la laguna del Sauce son de los que más cobertura de los medios han recibido en los últimos tiempos.

En el caso del río Negro, los análisis de la DINAMA realizados desde 2009 muestran una situación consistentemente preocupante de contaminación, la que genera además problemas como son los derivados de la presencia de cianobacterias que incluso son claramente visibles en estos días en varios puntos del río.

Específicamente, los valores de la concentración de fósforo en las aguas del río Negro superan los que permite nuestra legislación en todas la muestras y a lo largo de todo el cauce, en algunos casos con valores hasta 10 veces superiores al máximo permitido 0.025mg/l. Cabe destacar que aún siendo esta una muy mala situación, no es la peor del país ya que los valores en algunos afluentes de la cuenca del Santa Lucía superan en 50 veces los valores máximos aceptables.

Esa situación sitúa igualmente  al río Negro en la calificación internacional de río eutrofizado, y es frecuente  observar a lo largo de su recorrido la presencia de cianobacterias y otros organismos. Eso es más frecuente en la temporada estival por el incremento de las temperaturas y en los embalses y zonas donde la circulación del agua es menos intensa, situaciones que favorecen y facilitan las denominadas “floraciones” de algas.

¿De donde sale ese fósforo?

Parte del fósforo proviene naturalmente de la erosión de los suelos, principalmente la originada por las lluvias que arrastran el sedimento a las corrientes y cuerpos de agua.

Otra parte tiene su origen en las actividades humanas como la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la industria e incluso los asentamientos humanos. Todas ellas utilizan o generan compuestos fosforados que terminan integrándose con las aguas superficiales y subteráneas incrementando su contenido de fósforo.

En el caso del río Negro, el medio receptor es un río de 850 kilómetros de largo sobre el que se han creado en el último siglo tres embalses para la generación de energía hidroeléctrica.  El manejo de esos embalses por parte de la empresa eléctrica UTE hace que en determinados momentos y porciones del río su caudal sea 0 (cero).

En estas condiciones aparece la propuesta de UPM de instalar una planta de celulosa en una zona franca sobre el río Negro. La Validación Ambiental de Localización (VAL) recientemente presentada, pone números a esa propuesta y nos da una primera idea de la magnitud del proyecto que se dice produciría 2,1 millones de toneladas anuales de celulosa secada a aire, volumen que podría incrementarse hasta en 11% y que se ubicaría entre las represas de Rincón del Bonete (Presa Gabriel Terra) y la de Baygorria, cercano a Paso de los Toros. Una zona hoy caracterizada como rural y rural natural, en el departamento de Durazno.

Para su operación la planta tomará del río 125.000 m3 de agua diariamente,  consumiendo 21m3 por tonelada producida. Así, haría un vertido medio  al río de 106.500 metros cúbicos de efluentes diariamente.

Ese efluente, en lo que respecta al fósforo,  se especifica tendría valores normales medios de 1mg/l o menos y máximos no superiores a 2mg/l, valor que no se superaría en más del 10% del tiempo sin superar nunca los 5mg/l que son el máximo autorizado por el decreto253/79

Así se propone que esta planta no ingrese al río más de 85kg diarios de fósforo.

Para eso, el volumen de fósforo en el efluente debiera de ser de menos de 15g por tonelada producida y el contenido por litro de efluente no podría superar 0,8mg/l, todos valores que debieran ser sensiblemente reducidos si se incrementa a futuro la producción a 2.330.000 toneladas como se propone.

A modo de comparación, la planta de UPM en Fray Bentos que produce 1,3 millones de toneladas anuales de Celulosa, 60% de la propuesta para UPM2 y tiene autorizado volcar al río Uruguay 74 kilos diarios,  88% de lo que podría volcar al Río Negro la nueva planta. Ese valor es a menudo superado en la práctica, lo que ha llevado a la aplicación de multas.

Sobre las multas, cabe agregar que su aplicación de manera alguna es un remedio de los problemas generados por el incremento de contaminación que las origina y que los montos de las mismas las hacen insignificantes en el manejo económico de empresas como esta, que igualmente expresan, con buen eco de prensa,  su desagrado y protesta ante la medida.

Así queda claro que la propuesta es la de producir 60% más celulosa que en UPM Fray Bentos con solo 15% de aumento en el vertido de fósforo. Eso cuando se dice que se utilizará la misma tecnología y a menudo no se ha podido cumplir con ese parámetro menos exigente en UPM Fray Bentos

También queda claro que se pretende volcar en el río Negro, en el mejor de los casos,  al menos un  15% más de fósforo que el que se vierte al río Uruguay, cuyo caudal medio es 10 veces superior al del río Negro.

Respecto del caudal, el del río Negro es extremadamente variable y así el documento de UPM indica para la presa Gabriel Terra un caudal medio de 608m3/s, con un máximo histórico de de 6684, once veces la media, y un mínimo de 0 (Cero)

En el mismo documento los datos de caudal medio anual correspondiente a los años  2009, 2010 y 2011 para la misma represa son de 1250, 871 y 276 m3/s respectivamente.

Esas variaciones reflejan el manejo del caudal por parte de UTE para maximizar la generación eléctrica, pero también las variaciones en disponibilidad de agua debido a situaciones de superávit y de sequía fuera del control humano.

Caso especial es el de los caudales con valor cero. El caudal cero solo es posible con el cierre de las compuertas de una represa y eso tendría como consecuencia que se seque el cauce río abajo, cómo efectivamente sucedió el año pasado con importante mortandad de peces río debajo de la represa de Palmar.

No sucede lo mismo, si el cierre es por ejemplo en la presa Gabriel Terra ya que el espejo de agua de la represa de Baygorria, río abajo, llega  a los pies de la presa Terra evitando la vista del cauce seco del río.  Eso es notable incluso por la forma de los cursos de agua de la zona que presentan ensanches permanentes característicos de los embalses, incluso el arroyo Sauce, lindero del predio elegido por UPM, presenta características de un cuerpo de agua léntico en su desembocadura en el embalse de Baygorria.

Esa situación que podría llevar a la toma por parte de UPM de aguas contaminadas por sus propios efluentes, ha llevado a que se establezca en el denominado “Contrato ROU-UPM”, página 44 punto 3.7.2 una obligación para el Uruguay que reza “ROU hará que se establezca un flujo mínimo en el Río Negro aguas debajo de la Represa del Rincón del Bonete…..”

Mantener ese “flujo mínimo” puede ser imposible en épocas de seca y aún fuera de ellas su mantenimiento supondrá seguramente pérdidas económicas para UTE y una reducción en la  eficiencia en el manejo del sistema eléctrico nacional cuya magnitud no se ha dado a conocer y sobre la que nada dice la UTE.

Ante esto la pregunta que cabe como país y pensando en el mejor uso de los limitados recursos productivos reales y en maximizar su rendimiento económico;  y no solo en inflar un PBI que no sirve más que para figurar en algún ranking y mejorar la muy alicaída relación Deuda-PBI  con propósitos financieros es: ¿Para que?

15 Razones para decir no a UPM2

Muy buen análisis de Melazzi y Yohai que participaron en la Mesa de Economistas organizada por el MOVUS para discutir entre todos sobre la posibilidad de que UPM instale una nueva planta sobre el río Negro. Vale la pena leerlo.

Fuente: Semanario Brecha, 27/4/2018.

Quince observaciones para un NO 
UPM 2: ¿es beneficiosa para Uruguay?

1. EL CONTRATO. Mucho se habla de vaguedades y posibilidades, cuando lo correcto es atenerse a lo concreto y definido.1 El contrato establece una serie de obligaciones que en forma unilateral debe cumplir “Rou” (el gobierno uruguayo) para que después de que todas y cada una de ellas estén cumplidas, a juicio de Upm, ésta tome la decisión final de invertir o no. Nos parece imprescindible resaltar lo lesivo para la soberanía nacional que representa el conjunto de este contrato, que se sintetiza en este artículo: “4.3. Las partes reconocen y acuerdan que la decisión final de inversión de Upm sobre si procede o no con el proyecto de planta de celulosa quedará sujeta a la sola discreción de Upm, aun cuando cada una de las condiciones necesarias hayan sido satisfechas y el contrato suplementario haya sido suscrito”.

2. INVERSIÓN DE UPM. Invertiría 2.000 millones de euros (2.480 millones de dólares de hoy). Cabe destacar que durante más de dos años el gobierno difundió la cifra de 4.000 millones de dólares, quizás orientada a abonar en la población una percepción favorable al emprendimiento (al igual que con otras cifras).

3. INVERSIÓN DE URUGUAY. A) Construirá un ferrocarril moderno (Montevideo-Paso de los Toros) a su costo, que se estima en 700 millones de dólares. B) Se compromete a comprar obligatoriamente la energía producida por la planta. Se trata de 905 millones de dólares (72,5 millones de dólares anuales, descontados al 4,5 por ciento durante 20 años). A nuestro entender, otro subsidio encubierto a la empresa. Destacamos que en los plazos planteados el país no necesitará esta energía. C) Construirá un viaducto a la entrada del puerto de Montevideo cuyo costo (incluido un 15 por ciento de imprevistos) sería de 144 millones de dólares. Esto se complementaría con un nuevo puerto pesquero en Capurro; otros 103 millones de dólares. No olvidemos que Uruguay invirtió entre 30 y 35 millones de esa moneda en un puerto maderero en La Paloma, que sólo operó un año y medio.

Falta cuantificar la inversión en obras complementarias; el reforzamiento de las capacidades de la Dinama; “servicios externos” de asesoría ferroviaria que Upm contratará y deberá pagar Uruguay.

La inversión hasta ahora cuantificada que debería hacer Uruguay suma 1.850 millones de dólares. Es el 43 por ciento del total que necesitaría el proyecto. ¿Por qué Uruguay no negocia al menos un 40 por ciento de las acciones?2

4. EXENCIONES FISCALES. No sólo la planta (que estará en zona franca, pese a que en Brasil les cobran entre 30 y 33 por ciento e igual se radican allí), sino todas las plantaciones forestales pueden ser desgravadas por la cláusula que obliga a firmar un acuerdo de precios anticipados entre Upm y la Dgi, que regulará los precios de transferencia de la madera desde las plantaciones (que teóricamente deberían pagar impuestos) hasta la zona franca. En suma, una zona franca de 255 mil (o más) hectáreas. Esperemos que estos acuerdos de precios no reiteren la experiencia de Ancap al vender a las plantas el fuel oil por debajo del costo de importación. Esto implica la constitución de un oligopolio gigantesco, ya que Upm absorbería tres importantes empresas (Cofusa –40 mil hectáreas–, Forestal Río de los Pájaros –sin datos– y Elmadur –sin datos–). Las fusiones también estarán libres de impuestos.

5. GANANCIAS DE LA EMPRESA. De acuerdo a datos de múltiples fuentes internacionales relevadas, el costo de producción de la celulosa en Uruguay ronda los 300 dólares por tonelada. Desde 2000 hasta 2018 el precio internacional ha oscilado entre 400 (punto más bajo, en la crisis financiera de 2009) y 800 dólares la tonelada, y hoy está en torno a los 700 dólares. Dos millones de toneladas al año significan unos 800 millones de dólares de ganancia; en 20 años suman 16.000 millones de esa moneda. Descontando la inversión (2.480 millones de dólares), la empresa se llevaría, neto, 13.520 millones de dólares. En tres años desquita la inversión. Por cada dólar que trae se lleva cinco.

Un negocio espectacular, con pagos mínimos por concepto de cánones y algunos aportes al desarrollo tecnológico, que no pasarán de 8 millones de dólares anuales. La experiencia de las pasteras existentes indica que el canon abonado por ellas es menor a los gastos anuales de la Dinama por inspección, medidas compensatorias, análisis de laboratorios y similares, necesarios para el control del funcionamiento de esas plantas.

6. EMPLEO DIRECTO. A) El Mvotma informa que durante la construcción el promedio será de 2.850 puestos de trabajo, con picos de 4.500.3 A) Con la planta operando, difícilmente se necesiten más de 500 trabajadores.4

7. EMPLEO INDIRECTO. En su presentación a la Cámara de Industrias (febrero de 2018) Upm señaló que generará “4.300 empleos directos e indirectos, más 2.700 inducidos”, y por otra parte consideró “8 mil puestos de trabajo adicionales en la cadena de valor”. Ya analizamos los directos, pero el cálculo de los indirectos tiene un serio problema: prácticamente toda la forestación necesaria para abastecer a la planta (propia o a contratar) ya existe, no será empleo “generado” por ésta. Lo mismo ocurre con los servicios a estas plantaciones y el transporte requerido para su producción (se dirija o no a la planta). En cuanto a los “inducidos”, Upm habla de “600 empresas pequeñas y medianas adicionales”. ¿Serán los camioneros? ¿Unipersonales de servicios? Tengamos presente que las dos plantas de celulosa ya existentes no “multiplicaron” a prácticamente ninguna empresa (real) adicional. En cuanto a las menciones a la “cadena de valor”, es un concepto muy incipiente, y por lo tanto flexible y poco riguroso. En todo caso nos importa una “cadena de producción” y no una “cadena de ganancias”.

8. OTROS IMPUESTOS. La empresa señala que (fuera de la zona franca) abonará unos 120 millones de dólares anuales a partir de la “cadena de valor”. El análisis anterior demostró que Upm se atribuye como generada por ella una serie de actividades ya existentes. Al no ser esto así, este cálculo de impuestos pierde toda relevancia. Esta cifra no es sustentable, además, ya que la gran mayoría de las actividades fuera de la zona franca estarán “exentas”; para ello expresamente se pactará el acuerdo de precios de venta anticipada de madera a la zona franca.5

9. IMPACTO EN EL Pbi. La empresa señala y el gobierno repite que la planta generará un “aumento permanente de 2 por ciento en el Pbi”. A la luz de las anteriores observaciones resulta muy difícil sustentarlo. El escaso empleo directo, una parte menor del indirecto, unas pocas actividades menores vinculadas, algunos impuestos, pago de ciertos insumos y otras actividades de poco impacto minimizan las cifras tan difundidas. Es lógico: la propia celulosa es un commodity. Y no debemos encandilarnos con el aumento de las exportaciones; Uruguay exporta troncos, Upm celulosa desde una zona franca. Mucho más importante que el cálculo del Pbi es cuánto de la actividad de la trasnacional queda en el país. En este caso, como vimos, la empresa invierte 2.480 millones de dólares y en 20 años se lleva 16 mil millones de dólares. Luego de aportar agua, sol, suelo y trabajo, lo que no llega a los bolsillos de los uruguayos es cuantioso.

10. LA “OPORTUNIDAD”. Hay opiniones que así consideran la instalación de la planta, considerando los impulsos tecnológicos, actividades “inducidas” y otras. En realidad, diez años de experiencia de las otras plantas en el país muestran que casi nada de esto sucedió. Para la primera incluso se consideró un éxito establecer que un posible emprendimiento nacional tendría prioridad para adquirir hasta 15 por ciento de la celulosa producida, para fabricar cartón, papel o similares. Hoy el contrato con Upm establece, en su punto 3.1.1.a. ii, que el 100 por ciento de la celulosa se exportará.

11. ENERGÍA RENOVABLE. En atención al ambiente, se nos dice que estas plantas (no sólo Upm 2) generan energía “limpia”, de fuentes “renovables”, a partir de sus desechos forestales. Pero no es así. Las plantas funcionan con fuel oil, y al hacer la equivalencia energética entre la energía a partir de los desechos y la que aporta el fuel oil, los números se inclinan hacia el combustible fósil; el balance ambiental es negativo.

12. LA LEY FORESTAL. La norma vigente establece que más de 4 millones de hectáreas son de “prioridad forestal” y podrían, por tanto, sembrarse con eucaliptos. Hasta ahora habría 1.150.000 hectáreas forestadas. La sustitución del ecosistema natural de pradera (modificado por el ser humano), que predomina en nuestro país, por vastas masas forestales plantea una serie de problemas ecológicos. Si bien económicamente, en forma transitoria, es posible que a algunos terratenientes –y en particular a empresas vinculadas al negocio– les convenga, con una visión de más largo plazo es muy probable que para el país el resultado sea profundamente negativo. Plantar árboles en la pradera es muy sencillo. Revertirlo es sumamente costoso, y se debe tener en cuenta que los procesos físicos y biológicos son de muy largo plazo.

13. SOBRE EL PODER. En un plano más político, se dice que desde el punto de vista de la acción de gobierno la planta es positiva pues divide un poder tradicionalmente conformado en torno a grandes productores agropecuarios. “Dividir” el poder otorgaría más libertad a la política económica. Sin embargo, esta posibilidad es muy dudosa, o más bien falsa. Es incomprensible pretender que un gobierno gane libertad por incorporar en la ecuación a una empresa trasnacional.

14. REGULACIÓN DEL RÍO NEGRO. El contrato establece que el gobierno garantizará a Upm “un flujo mínimo en el Río Negro aguas debajo de la represa de Rincón del Bonete”. Actualmente Ute es responsable de la regulación del flujo en función de las necesidades energéticas y acorde a las previsiones climáticas. Esto de-saparece y el flujo lo determinará la necesidad de agua para Upm. No es casualidad que la ubicación de la planta sea exactamente aguas abajo de la represa (no confían en el flujo natural del río), con lo que aun en épocas de sequía tendrá prioridad para su abastecimiento. Para tener una idea del perjuicio económico potencial para Ute, digamos que durante 2017 las represas del Río Negro generaron 2.550.000 megavatios-hora, por un valor de 185 millones de dólares.

Es más, si Upm y el gobierno aducen que el agua consumida por la planta vuelve “limpia” al río, ¿por qué no se establece (se negocia) la condición de un circuito cuasi cerrado? Mediante éste se reutilizaría la mayor parte del agua que fluye de la planta, en lugar de sacar del río todos los días ese volumen.

15. SOBERANÍA. Si surgen discrepancias en cuanto a la marcha del proyecto, el contrato establece que serán dirimidas en tribunales internacionales. Nuevamente, nuestro sistema legal es relegado. Además, toda situación que se presente ya está sujeta al Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia. Y en el primer punto señalamos que Uruguay se obliga, pero Upm resolverá si invertir o no.

Por último, la cláusula 2.4 del contrato señala: “Beneficios indicativos. Rou espera que los beneficios del proyecto Upm podrían incluir los beneficios referidos en las cláusulas 2.2 y 2.3. Dichos beneficios son únicamente indicativos y no constituyen obligación o compromiso alguno para que Upm y el proyecto Upm alcancen dichos beneficios o resultados”. El gobierno “espera” beneficios, “podrían” incluir… y Upm no asume ningún “compromiso”. Toda una confesión de parte. Sumada a las 14 observaciones anteriores, cabe preguntarse: ¿soberanía o sometimiento?

CONCLUSIÓN. Todo conduce a pensar que el gobierno cree que “lo que es bueno para una empresa trasnacional es bueno para los uruguayos”. Una concreción más de la política de que “el mercado decide”. Por el contrario, este proyecto no es beneficioso para Uruguay. La cláusula 4.5 del contrato dice: “Ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad alguna de cualquier naturaleza bajo o en relación con este contrato antes de la fecha de definición final de inversión (incluso con respecto a cualquier incumplimiento de obligaciones)”.

Nos queda la esperanza de que en algún momento próximo prime la lucidez y la conciencia del interés nacional.
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* Gustavo Melazzi es docente, doctor en economía por la Unam. William Yohai es médico y analista de temas económicos.
1.            Además del contrato firmado entre Uruguay y Upm, la información de este artículo emerge de numerosas fuentes que no citamos por su extenso número, pero que figuran en los artículos de Brecha del 2-XI-07 y del 5-VIII-11, y de Voces del 19-X-06 y del 18-VIII-16.
2.            Desde el punto de vista del desembolso efectivo que debe hacer Upm al invertir, ésta puede: a) solicitar un crédito con garantía estatal por 1.450 millones de dólares (72,5 millones por venta garantizada de energía durante 20 años); b) lo descuenta al 4,5 por ciento (son 905 millones de dólares). En esta alternativa, la inversión efectiva de Upm se reduce de 2.480 a 1.578 millones de dólares (48 por ciento), y Uruguay invertiría 1.761 millones de dólares, 52 por ciento del total del proyecto.
3.            Véase página 42 del documento “Viabilidad ambiental de localización: Cuecar SA-planta de celulosa Paso de los Toros”, disponible en: http://www.mvotma.gub.uy/portal/ambiente-territorio-y-agua/gestiona/puesta-de-manifiestos/item/10009772-manifiesto-cuecar-s-a-planta-de-celulosa-paso-de-los-toros.html
4.            Véase: http://zonasfrancas.mef.gub.uy/innovaportal/file/21756/2/contribucion-al-empleo-2015–analisis-de-la-ocupacion-en-zonas-francas.pdf
5.            Reporte 2017 de la empresa (donde además informan que pagaron 12 millones de euros en impuestos en Uruguay).

¿Los Indecisos al Poder?

Se acerca nuevamente el tiempo electoral, aunque muchos puedan decir, seguramente con razón, que en Uruguay ese tiempo es siempre, y que la campaña para la próxima elección comienza cuando  se cierran  las urnas de la anterior.

Eso es especialmente notable cuando se ve el impacto mediático que en todo momento tienen las encuestas electorales  y su análisis. Más allá de que esas encuestas son, en el mejor de los casos, solo una fotografía del momento, su revisión en el tiempo permite identificar tendencias, que pueden ser significativas cuando la metodología de la encuesta se ha mantenido.

Dejando de lado las posiciones relativas de las intenciones de voto hacia los diferentes partidos, algunos de los cuales tienen porcentajes de participación dentro  del margen de error establecido en la ficha técnica de las encuestas; su revisión en el tiempo muestra en todas un notable el incremento del porcentaje de personas que no expresan una preferencia electoral o partidaria.

En algunas encuestas los  ”indecisos” se han multiplicado por 2.5 en los últimos 5 años convirtiéndose en la opción mayoritaria del electorado, por encima de cualquier partido político y alcanzando al 40% de los encuestados.

La historia nos muestra que llegada la elección,  en un país con larga tradición de partidos políticos fuertes y con voto obligatorio, los que finalmente anulan su voto o votan en blanco son un porcentaje menor que los que declaran eso en las encuestas, pero nunca se han registrado tan altos porcentajes de indefinición.

Dejando de lado que el descreimiento o la falta de confianza en las encuestas motiven a ocultar la preferencia, o que se dé el caso de un voto “vergonzante”  en que el votante siente vergüenza de su opción y no la expresa;  lo cierto es que en todos los estratos sociales y en todas las categorizaciones territoriales el porcentaje de “indecisos” se ha incrementado marcando una menor identificación partidaria.

Asumiendo que la metodología revisada de las encuestadoras, que ahora incluyen la telefonía celular, sea correcta y sus resultados representativos de la población, parte de este cambio puede  ser por la irrupción en el padrón electoral de más de 150.000 “post milennials”, la denominada generación “Z”,  que no tiene referentes propios en un sistema político todavía dominado por  ”Baby Boomers” con 60 años o más.

Otra razón que seguramente influye en el alto índice de indecisión y de no identificación político partidaria está en que más allá de lo anecdótico, el sistema político no tiene agenda de desarrollo. Ello aleja del sistema a los individuos que lo ven como algo ajeno, fuera del mundo real, en especial porque la inercia tiende a mantener una economía primarizada dominada por intereses empresariales, muchas veces multinacionales, que es incapaz de generar trabajo genuino para todos, siendo además “crédito dependiente”.

Eso termina alejando gente de la política y limitando la posibilidad de generación de opciones renovadoras en el sistema, el que las limita al auto reglamentar incluso la propaganda electoral de manera que favorece a las corrientes existentes sobre las que pudieran integrarse, especialmente por fuera de las actuales estructuras partidarias.

Esa situación potencia e incrementa otros ámbitos de participación ciudadana que se visualizan como más cercanos, porque impulsan intereses sectoriales, sin encuadrarlos  una estrategia de país.

Un poco como que a falta de dirección, sin un timonel que marque el curso, se genera la situación de sálvese quien pueda.

La obligatoriedad del voto hace que la reacción final al momento de votar impulse a  la elección del que se visualiza como el mal menor entre la limitada opción del menú electoral, en un último acto de fe hacia un sistema que aparece encerrado en sí mismo y que cada vez da menos respuestas.

Ese ”menú electoral” que se definirá  en las próximas elecciones internas donde el voto no es obligatorio y podría darse una baja participación.  

Ante esto, más allá de estirar esta agonía en base a una “legalidad” e “institucionalidad” que para mantenerse en el tiempo debieran ser más que el sostén de una estructura que se ve como lejana, es imprescindible involucrar realmente a los ciudadanos, no ya como meros “votantes” o ”militantes”, peones de los caudillos de turno, sino como participantes reales, ciudadanos en todo el significado de la palabra, orgullosos de este país y que entiendan que sus opiniones y acciones valen.

Ese es el desafío para el sistema político.