2 de septiembre de 2020

Carta a la Primera Ministra de Finlandia Sanna Marin

Quién es la dirigente que se convirtió en la primera ministra más joven del  mundo | TN La Primera Ministro de Finlandia y su gabinete.

 

 

 

 

 

 

 

En el día de hoy se hizo entrega al Consul de Finlandia en el Uruguay de una carta para la Primera Ministra de Finlandia respecto de los problemas que genera en nuestro país la operación del a empresa UPM, empresa que en estos días anunció el cierre de una planta en Finlandia despidiendo casi 500 trabajadores. 

Montevideo, 25 de agosto de 2020

Sra. Primera Ministra de Finlandia 

Sra. Sanna Marin

Presente

Estimada Señora,

Las organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas uruguayas abajo firmantes, queremos denunciar ante usted los graves problemas económicos, ambientales, sociales y políticos ocasionados por la conducta de la empresa UPM Kymmene Oy en nuestro país, así como sus implicaciones en las relaciones entre Uruguay y Finlandia.

En lo económico, UPM ha impuesto condiciones ruinosas al país para confirmar su más reciente inversión en una segunda planta de celulosa. Uruguay se hace cargo del 60% de la inversión del proyecto, construyéndole una vía férrea y otras obras de infraestructura, sin ninguna parte en las ganancias, pues la empresa opera en zona franca, exportando el 100% de su producción, totalmente libre de impuestos.

Las exenciones tributarias y subsidios obtenidos por UPM configuran una situación económica privilegiada, sin precedentes en el país, que le permiten ejercer una competencia desigual con el resto de las actividades productivas.

En lo ambiental, las plantaciones para abastecer plantas de celulosa tienen graves consecuencias. Nuestro territorio es parte del Bioma Pampa o Pampa Húmeda, una zona privilegiada del planeta por la fertilidad de sus tierras. Los árboles crecen muy rápido aquí, pero UPM hace en Uruguay lo que tiene prohibido en Finlandia.

El eucalipto y el pino son especies exóticas en esta región. Investigaciones científicas demuestran que las plantaciones de estos árboles alteran gravemente el ecosistema original, reducen drásticamente la biodiversidad, extraen los minerales y nutrientes de la tierra sin reponerlos y reducen gravemente la disponibilidad de agua.

A mediano y largo plazo, estas plantaciones para la producción de celulosa inician un proceso de desertificación que pone en peligro el futuro del país. El avance de las plantaciones forestales ha desplazado a los pobladores, sobre todo a productores familiares, por el aumento de las plagas y la falta de agua en sus tierras, entre otras causas.

En lo social, la Fundación UPM organiza cursos para maestros, realiza donaciones a las escuelas y las poblaciones vecinas de sus plantaciones forestales. De la manera como lo hace, no es un aporte real a la comunidad, es solamente propaganda de su actividad para lograr el respaldo de la población a sus proyectos.

Las actividades de UPM en el sistema educativo y en las comunidades son acciones paternalistas al estilo de las colonias industriales, meras obras de caridad facilitadas por sus enormes ganancias gracias a los subsidios concedidos. Al mismo tiempo, sus proyectos generan prostitución infantil y otros problemas sociales.

Para su segunda planta de celulosa en el centro del país, UPM exigió la construcción a cargo del estado uruguayo de una vía férrea prácticamente exclusiva. El proyecto ferroviario fue diseñado por UPM atravesando zonas densamente pobladas con celulosa y productos químicos peligrosos. Los reclamos de los vecinos han sido ignoradas sistemáticamente, tanto por el gobierno como por UPM.

UPM interviene asimismo en las políticas laborales, pretendiendo que los acuerdos a los que llega con sus trabajadores sean aplicados en el resto del país.

En el plano político e institucional, los acuerdos impuestos por UPM y aceptados por el gobierno nacional ignoran disposiciones constitucionales y legales, así como eluden el debate con la población y el aval del Poder Legislativo. Gradualmente, UPM ha adquirido una presencia avasalladora propia de las relaciones coloniales.

Hoy hay una movilización social sin precedentes en Uruguay. Se han hecho decenas de conferencias, debates, manifestaciones públicas y acciones legales contra la planta de celulosa proyectada. Miles de vecinos han firmado contra el paso del tren de carga de UPM por las zonas donde viven. Se ha iniciado una recolección de firmas para promover un plebiscito nacional que anule los contratos firmados con UPM.

La fuerte gravitación económica y política de UPM y otras firmas finlandesas en el país no se corresponde con la existencia de un Consulado Honorario. La ausencia de una representación diplomática de primer nivel en el país, permite confundir las políticas de Finlandia hacia Uruguay con los intereses de esas empresas particulares.

El motivo de esta denuncia es advertir a los poderes del estado en Finlandia sobre la actuación de la empresa UPM en nuestro país y los conflictos que se están generando en nuestra sociedad, que de proseguir así se agravarán irremediablemente.

Desde ya, agradecemos a Usted la atención a esta carta y quedamos a su disposición por cualquier aclaración que considere necesaria.

La saludan atentamente,

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV)

Movimiento Un Solo Uruguay (USU)

No al tren de UPM, Montevideo

Comisión de vecinas/os en defensa de la Laguna del Cisne y Solis Chico

Confederación de los Pueblos Costeros, Rocha (CPC)

Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS)

Colectivo Ecofeminista Dafnias

Maldonado por la Tierra y el Agua

Acciones Ambientales de Soca

Comisión Ambiente Las Vegas - Lomas del Solis

Mujeres en Alerta de la Costa

Colectivo Campana Verde

Grupo Guayubira

Grupo de Teatro Desengaño

Red de Acción en Plaguicidas, RAPAL Uruguay

World Rainforest Movement, WRM

(Movimiento Mundial por los Bosques)

 

Ciudadanos y ciudadanas

Álvarez, Susana, escribana pública, Rivera

Andrade, Cecilia, profesora de literatura, Montevideo

Anido, Carlos, docente universitario e ingeniero de minas

Bacchetta, Víctor, periodista, traductor, editor

Barreiro, Ana, abogada

Bonetti, Adriane, educadora

Brun Linares, Silvina, socióloga, periodista

Bustamante, Francisco, PhD en Letras

Calliari, Danilo, PhD en Oceanografía Biológica, investigador del Centro Universitario Regional del Este

Cambre, Leticia, ginecóloga

Campos, Fabiana, odontóloga, productora rural, Rivera

Cantera Nebel, Federico, productor rural, Florida

Carabajal, Adriana, maestra de primaria, Salto

Cárcamo, María Isabel, coordinadora de RAPAL Uruguay

Caubios, Juan-Pedro, artista plástico.

Cestari, Patricia

Clavijo Mercader, Andrea Carolina, psicóloga clínica y productora rural, Cerro Largo.

Cuadrado, Modesto, médico veterinario, Rivera

Dardanelli, Claudio, metalúrgico

De Idoyaga, Joaquín, ingeniero agrónomo, Artigas

Deane, Brian, productor rural, Durazno.

Díaz, Elizabeth, arquitecta, integrante del Secretariado Internacional del WRM

Domínguez, Isabel, fisioterapeuta, Montevideo

Echenagusia Gehm, Irene María, productora rural, Tacuarembó

Espasandin, Nancy, maestra, politóloga

Filippini, Ana, profesora de inglés

Franchi, Guillermo, ingeniero agrónomo, productor rural

Fros, Ana María, cardióloga, Rivera

García Lagos, Gonzalo, productor rural, Maldonado

García, Ricardo, productor rural, Tacuarembó.

Ghan, Carmen, traductora pública, Montevideo

Goldaracena, Sabina, periodista

Gudynas, Eduardo, Centro Latinoamericano de Estudios Sociales CLAES, director

Guedes de la Rosa, Sandra, apicultora, Rivera

Hatchondo, Susana, escribana pública, Montevideo

Iturriberry, Irene, guardaparques

Jesús, Silvia Lorena, periodista

Lockhart, Washington, productor rural, Soriano

López, Carlos, empresario y productor rural, Canelones.

Lust, Eduardo, abogado, docente universitario y diputado por Cabildo Abierto

Magnabosco, Ana, directora de teatro, dramaturga

Mangano, Ana, médica veterinaria

Mangini, Gabriel, chef internacional, empresario, Maldonado

Martínez, Luciana, arquitecta

Mascheroni, Rosina, productora rural, Durazno

Masquelin, María, Pan de Azúcar, Maldonado

Melazzi, Gustavo, PhD en Economía, UNAM (México)

Menéndez, Rafael, productor rural, médico veterinario y diputado por Cabildo Abierto

Moreira Viñas, Aelita, ingeniera agrónoma/antropóloga.

Moreno Taranto, Daniel, apicultor, Rivera.

Neme, Carolina, abogada

Nin Ríos, Juanita, arquitecta

Padilla, Gerardo, docente de secundaria

Panario, Daniel, PhD en Tecnología Amiental y Gestión del Agua, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias

Piccini, Claudia, PhD en Biología, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Pittaluga, Federico, ingeniero agrónomo, Tacuarembó

Poletti, Osvaldo, médico veterinario, Soriano

Roberto, Curci

Rubbo, Angel, ingeniero químico

Rugnit, Rúben

Sabini Fernández, Luis E., docente universitario, periodista y editor

Sánchez, Silvia, profesora de inglés

Sans, Isabel, PhD en Identidad y Globalización en el Teatro popular, ingeniera agrónoma

Segura, Angel, PhD en Biología, investigador del Centro Universitario Regional del Este.

Simón, José Luis, jubilado

Terra, Martín, analista de telecomunicaciones

Uriarte, Valeria, médica veterinaria, periodista, Lavalleja.

Vega, César, productor rural, ingeniero agrónomo y diputado por el Partido Ecologista Radical Intransigente

Villar, Mercedes, arquitecta y productora rural, Canelones

Viñas, Raúl, Master en Meteorología y docente universitario, Montevideo

Wansart, Axel, ingeniero y empresario, Canelones

Wansart, Constance, estudiante de periodismo

Wansart, Erik, estudiante de economía

Zefferino de la Fuente, Horacio, médico veterinario, Soriano

 

28 de agosto de 2020

UPM cierra planta en Finlandia

La Primera ministra finlandesa Sanna Marin visitó hoy Jämsä donde UPM cerrará para fin de año su planta de papel dejando más de 400 personas sin empleo.

El hecho a cobrado importancia en la prensa finlandesa dado que Jussi Pesonen (CEO de UPM) a publicado una carta abierta, criticando la situación de impuestos e infraestructura en Finlandia.

También critico Pesonen las medidas para reducir la tala de bosques nativos.

De acuerdo con informes locales, la planta no ha generado pérdidas, pero sería la menos rentable de las de UPM en Finlandia.

Titular hoy del Helsingin Sanomat:

Traducción de la nota en MTVUUTISET:

"UPM dijo el miércoles que planea cerrar la acería. La fábrica emplea a 450 personas. El director ejecutivo de UPM,  Jussi Pesonen, escribió una carta abierta después de la noticia , en la que criticaba los impuestos finlandeses:

- La parte de los costes externos y la carga fiscal se ha vuelto abrumadora en Finlandia. El impuesto al diesel sobre el transporte se incrementa con cada mandato de gobierno, aunque se sabe que el 80% del consumo es en transporte pesado, como el transporte de madera o mercancías.

Según el CEO Pesonen, sería hora de evaluar cómo se podría implementar en el futuro una política industrial, del mercado laboral y fiscal integral, que permitiría operaciones industriales rentables y nuevas inversiones.

Marin respondió hoy a las críticas:

- Ya hemos decidido reducir el impuesto sobre la electricidad industrial al mínimo de la UE. Esto tiene un impacto directo en los costos de la industria. Estamos contribuyendo a la electrificación de la industria y hemos realizado una importante inversión en infraestructura, dijo Marín.

Añadió que se han realizado inversiones ferroviarias en Finlandia central y se han dado fondos para la planificación para el desarrollo de la región."

LINKS A OTROS MEDIOS CON LA NOTICIA:

https://yle.fi/uutiset/3-11515699

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/1f1f9a79-03c7-4a9a-8c0d-a5bcab43dced

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006616486.html





 

27 de agosto de 2020

ARATIRI - URUGUAY nada para festejar.

Más allá de los festejos tribuneros de algunos y el injustificado secretismo de otros, queda claro que los Uruguayos no tenemos nada para festejar del resultado del juicio con Aratirí. 

Perdimos en ese juicio más de 12 millones de dólares y sólo podemos decir que zafamos, por ahora, de tener que pagar más.

Lo malo es quie no terminamos de aprender y se sigue exponiendo al país a este tipo de demandas

Sigue el texto de la nota de hoy en Búsqueda:

Uruguay recuperó solo la cuarta parte de los US$ 16 millones que gastó para solventar el juicio con la minera Aratirí

Nº 2086 - 27 de Agosto al 2 de Setiembre de 2020

El 6 de agosto el Estado uruguayo recibió una de esas noticias que son festejadas por todo el espectro político, aunque en seguida empiecen los paseas de factura. Ese día, la Corte Permanente de Arbitraje —un organismo internacional que tiene sede en La Haya, se ocupa de la resolución de controversias internacionales y se rige bajo las normas de la comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Derecho Mercantil— comunicó su decisión de no hacer lugar al reclamo de la minera Aratirí, que pretendía obtener US$ 3.536 millones por su frustrado proyecto de explotación de hierro en Cerro Chato.

El tribunal no llegó a analizar el fondo de la controversia. La desestimó porque entendió que no tenía jurisdicción. Además, según informó Presidencia, determinó que la demandante debía reembolsarle a Uruguay US$ 4.097.149.

El juicio con Aratirí fue declarado confidencial por el Consejo de Ministros en setiembre de 2018. Tras la resolución, el nuevo gobierno le pedirá al tribunal arbitral poder hacer público el contenido de su fallo, según informó el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, a El País.

Búsqueda accedió al pronunciamiento de la Corte Permanente de Arbitraje, en el que está incluido el detalle del volumen de los gastos en los que debieron incurrir las partes a lo largo del proceso. Los US$ 4.097.149 que Aratirí deberá pagar a Uruguay obedecen a que el tribunal determinó que la distribución “justa” de “los costes” del juicio era la siguiente: 70% la parte demandante y 30% la parte demandada.

El dinero que recuperará Uruguay representa apenas una cuarta parte del monto que invirtió en su defensa. El detalle de costos indica que en total gastó US$ 16.523.570. Los asesoramientos periciales le costaron al Estado uruguayo US$ 4.598.294; la representación legal US$ 10.771.245; los viajes de asesores y testigos US$ 504.029; y el trabajo de la Corte Permanente de Arbitraje US$ 680.596.

Para su representación legal Uruguay contrató al estudio Foley Hoag, el mismo al que había recurrido para el juicio contra Philip Morris.

Aratirí, por su parte, declaró haber gastado en el marco del juicio US$ 24.938.630. La mayor parte de ellos fueron destinados a solventar la asesoría letrada, que le costó US$ 18.479.944. En honorarios y gastos de peritos, en tanto, pagó unos US$ 4.018.593. Entre los peritos contratados por la empresa estuvo el actual director de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, Isaac Alfie.

Argumentos

La minera Aratirí planeaba, en el marco de lo que llamó Proyecto Valentines, construir una serie de minas a cielo abierto para extraer mineral de hierro; una planta que procesaría las rocas extraídas de las minas para lograr un “concentrado de alta ley”; un mineroducto subterráneo de 212 km de extensión, que transportaría el concentrado del mineral de hierro a una planta de filtración; un acueducto de retorno para transportar agua de la costa a la planta de procesamiento; y una terminal portuaria especializada. Todas esas instalaciones se estimaban en un valor de entre US$ 3.011 millones y US$ 6.055 millones. Nada de eso se concretó.

Para Aratirí, el fracaso del proyecto fue responsabilidad del Estado uruguayo y ese fue el centro del reclamo que llevó a la Corte Permanente de Arbitraje. La empresa, según figura en el fallo, sostuvo haber invertido US$ 332 millones en estudios previos y le atribuyó a Uruguay “numerosas acciones y omisiones” que retrasaron y denegaron los permisos necesarios, y finalmente derivaron en la extinción de sus derechos mineros y la expropiación del valor del proyecto. Reclamaron daños y perjuicios por entender que esa actitud constituyó un incumplimiento del Convenio entre el gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre el Fomento y la Protección de Inversiones.

El fondo de la controversia no llegó a ser analizado. El tribunal hizo lugar a la “objeción jurisdicción” que presentó Uruguay como uno de los principales argumentos de su defensa.

Para poder amparar el reclamo en el marco del convenio entre Gran Bretaña y Uruguay, el propietario de Aratirí, Pramod Agarwal, hizo en agosto de 2016 una modificación en el fideicomiso que era propietario de la empresa, radicado en Islas Caimán, para poner como beneficiarios a sus tres hijos, que fueron los demandantes ante la Corte Permanente de Arbitraje.

Los tres miembros del Tribunal entendieron que al momento de los hechos los demandantes no eran titulares de un bien protegido por el Convenio y por tanto carecían de legitimación para plantear el reclamo.

20 de agosto de 2020

Árbol que nace torcido...

236.000 hás,plantadas de árboles entre Cerro Largo yTreinta y Tres

Se encuentra a estudio en el Parlamento un proyecto de ley de “Proyectos Forestales”,  que plantea regular las

plantaciones de árboles, prohibiéndolas fuera de las áreas de prioridad forestal  con índice CONEAT

menor a 76 y ubicándolas a 300 metros de los cursos de agua.

Ese proyecto de ley ha servido como disparador de discusiones  que no se daban anteriormente a nivel parlamentario y en las cuales quedaron

en evidencia diferencias importantes entre la propaganda forestal y los hechos.

El parlamento ha recibido delegaciones de la Dirección General Forestal (DGF), las gremiales forestales, como la Sociedad de Productores Forestales (SPF), la de los contratista forestales (ASECFUR), la de los procesadores de madera (CIPROMA) y la del Movimiento Uruguay Sustentable (MOVUS). 

La limitación propuesta, como cualquier otra limitación de tipo ambiental o de ordenamiento territorial levanta resistencias y en este caso las agremiaciones forestales abogaron por el mantenimiento del status quo, incluso requiriendo ser indemnizados en caso de que pusieran límites a su actividad.(1)

Las quejas actuales no se escucharon cuando a partir de la segunda ley forestal (Ley 15939) y de sucesivas leyes y decretos se exoneró la plantación y explotación de árboles de tributos e impuestos, otorgando subsidios de hasta el 50% del costo de las plantaciones. Hasta hoy, algunas plantaciones siguen exoneradas, por ejemplo, del pago de la Contribución Inmobiliaria.

Tampoco se escucharon quejas cuando se ampliaron las áreas para la plantación de árboles por las recalificaciones de los suelos forestales dadas por los decretos 26/1993, 191/2006 y 220/2010 llevando a que la Federación Rural exprese que el sector forestal compite en forma desleal con otros sectores agropecuarios.  

Con base en todos esos beneficios, existen hoy en nuestro país, de acuerdo con la información de la DGF, 875.464 hectáreas efectivamente plantadas con árboles, afectando 1.034.712 hectáreas. (2) Esos números muestran que el 85% de las áreas afectadas son efectivamente plantadas con árboles. Sin embargo en su presentación la SPF declaró repetidas veces que al plantar árboles sólo se ocupa en promedio el 60% del espacio, quedando libre el restante 40%.

Hoy el 25% de las áreas ocupadas por las plantaciones de árboles está fuera de las áreas de prioridad forestal y todos los proyectos de plantaciones que llegan a la DINAMA para su aprobación incluyen suelos y áreas fuera de las de  prioridad forestal. 

La implantación de los árboles, en especial fuera de los terrenos de prioridad forestal, desplaza otras actividades y los representantes de la SPF fueron claros de que en las plantaciones con destino a celulosa, donde se plantan entre 1.300 a 1.400 árboles por hectárea,  no se pueden realizar otra actividades, incluso el promocionado “silvopastoreo”  y si se coloca ganado este

se debe limitar a pastar en los caminos de cortafuego.

En lo que respecta al ingreso económico que para el Uruguay significa la plantación de árboles, el estudio que por encargo de la SPF hizo la consultora CPA Ferrere (CPA) dice en  lo referente a los impuestos que paga la “cadena forestal”, que son el impuesto al gasoil y las “cargas laborales” las principales contribuciones directas de la actividad forestal. Esto se completa con los pagos por impuesto al patrimonio, del que están exoneradas por decreto de 2013 las plantaciones asociadas a la planta de celulosa de Montes del Plata. El aporte anual por esos tres conceptos es de 57 millones de dólares según CPA.  

De ellos, 16 millones corresponden a los pagos a la seguridad social, que no son básicamente impuestos, sino obligaciones que van a las cuentas de retiro de los trabajadores y otros 9 millones son los pagos que por IRPF hacen los empleados, no las empresas.

Si bien las exportaciones del sector registradas por Aduanas no llegan a los 1000 millones de dólares, el ex presidente de la SPF y hoy Director de la DGF enfatizó ante la Comisión que estudia el tema que el sector forestal  representará  en pocos años al menos el 30% de las exportaciones del país.

Sorprende que ese guarismo desde la DGF, porque  para realizar esa afirmación debe considerar como “exportaciones” las ventas que se hacen desde las Zonas Francas Celulósicas, sobre las que no existe más información que la de las propias empresas,  al no ser esas ventas registradas en la aduana, paso básico para configurar una exportación.

Respecto al trabajo, un tema que las delegaciones forestales hicieron hincapié, los datos oficiales de Banco de Previsión Social (BPS) muestran que entre 2007 y 2019, 12 años, el empleo en el sector relacionado a la madera creció en 1.500, llegando a 16.800 empleos.(2)

De esos empleos, sólo 1247 están en producción de pasta de celulosa, muy por debajo de la ocupación en la transformación mecánica de la madera  (chips, tablas, muebles y otros productos ) que ocupa a 6139 trabajadores (1400 más que en 2007).

En base a los datos oficiales, sumando todas las actividades del sector, menos la logística asociada al transporte de madera, se llega a unos 16 empleos cada 1000 hectáreas , relación que oculta grandes disparidades.

Por ejemplo, la CIPROMA dijo que sus empresas dan “ empleo a más de cuatro mil personas” ocupando “poco menos de 120.000 hectáreas”, ocupando “36 trabajadores  cada 1000 hectáreas”; mientras que los 1247 de la producción de celulosa significan apenas 1 empleo cada 1.000 hectáreas.

Conviene agregar algún dato sobre Nueva Zelanda que fue citada por parte de la representación de la CIPROMA.  La información oficial de Nueva Zelanda (4) indica que el 22% de la superficie del país corresponde  a bosques y que las plantaciones cubren otro 7% del territorio llevando el área forestada total a 29%.

Es de destacar que con 1.690.000 hectáreas de plantaciones, Nueva Zelanda genera exportaciones por 6.800 millones de dólares, un valor siete veces superior al de las exportaciones de Uruguay con 1.034.000 hectáreas plantadas. Su producción está orientada a la madera (tablas y enchapados) con un pequeño sector de celulosa y papel mayormente destinado al mercado interno.


 En cuanto al empleo, en Nueva Zelanda el sector empleó en 2017 a 38.000 personas, casi 23 cada 1000 hectáreas, un 50% más que en el Uruguay.

Evidentemente producción de celulosa en zonas francas, que sólo se realiza en el Uruguay, no es la mejor forma de aprovechar el potencial forestal del territorio que aún con las limitaciones que plantea el proyecto de ley a estudio, tiene la posibilidad de duplicar las áreas plantadas hoy, y que redireccionado podría generar mucho más empleo  y un nivel de ingresos sensiblemente mayor. 

(Publicado en el Semanario Voces el 13 de agosto de 2020)

(1)https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/212/versiones-taquigraficas

(2)  https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas/estadisticas/boletin-estadisticas-forestales-2019 

(3) https://aplicaciones.aduanas.gub.uy/LuciapubX/DatoBasico.Arancel.HPUDBAr2.aspx

(4) https://www.mpi.govt.nz/news-and-resources/open-data-and-forecasting/forestry/

EXPORTACIONES DE NUEVA ZELANDA:


11 de agosto de 2020

¿ZONA FRANCA MINERA?


Hoy se publica en El Observador (1) que se estudia la posibilidad de otorgar una zona franca en el departamento de Artigas para la explotación de piedras semipreciosas. El motivo sería que la producción de piedras del Uruguay sale sin procesamiento, el mismo se dice se hace muchas veces en Brasil donde, según la nota, cuesta 30% menos.

Ante eso la solución de que es eprocesamiento se haga en Zona Franca es una mala utilización de esa herramienta que seguro es adecuada y conveniente cuando se trata de atraer inversiones que d eotra forma se radicarían en cualquier otra parte. 

Así no tiene inconveniente que se otorgue zona franca por ejemplo a una fábrica de celulares, o un centro de producción de medicamentos o de concentrados para bebidas refrescantes, pero nunca debiera usarse la "Zona Franca" para el procesamiento de productos locales cuya existencia se debe a esos productos. Así no se debiera usar la herramienta para el procesamiento de madera local, carne, lana cereales o frutas y tampoco ágatas y amatistas.

Si la elaboración de esos productos que se producen localmente no es económicam,ente viable en el marco jurídico e impositivo del país, entonces ese marco general debe ser revisado para hacerlo competitivo y no generar situaciones especiales a medida de cada empresa, en especial con la suscripción de contratos que terminan posibilitando instancias de juicios internacionales y situaciones en que se trata de manera a diferente a los que debieran ser iguales.

Incluso se puede acordar que si se instala una empresa con ese fin se usen los mecanimos de promoción de inversiones disponibles legalmente para ayudar o promover esa instalación.

Sigue el texto de la nota:


 

 (1)https://www.elobservador.com.uy/nota/gobierno-evalua-instalar-una-zona-franca-en-artigas-para-impulsar-la-mineria-202081015350

 

18 de julio de 2020

Ley de proyectos forestales a estudio en Diputados

Mucho de algo siempre es malo

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados está discutiendo por estos días un proyecto de ley para limitar las áreas de plantaciones de árboles en nuestro país.

En 1987, el 28 de diciembre, se aprobó la denominada “Ley Forestal”, en realidad una segunda ley de promoción de la plantación de árboles. La ley daba incentivos a la plantación industrial de árboles en los terrenos que se consideraban aptos para ese destino, calificados como de “prioridad forestal”.

Cómo resultado de esa norma, el apoyo del estado en forma de renuncias fiscales,  incentivos e incluso reintegros de capital, permitió el crecimiento de ese sector. Si bien una porción de ese esfuerzo de la sociedad tuvo como destino productores nacionales, la mayor parte fue tomada por empresas forestales de capital extranjero, muchas veces asociadas a empresas con intereses en la industrialización de la madera, en especial la producción de celulosa.

Al mismo tiempo sucesivos decretos ampliaron las áreas de “prioridad forestal” que hoy llegan a ser casi la cuarta parte del territorio del Uruguay.

Mas cerca en el tiempo cuando la plantación de árboles alcanzo un nivel importante, habiendo sido plantadas más de 800.000 hectáreas, se retiraron los incentivos. Esos fueron los tiempos del acopio y traslado masivo de madera hacia el Puerto de Montevideo, cuando se llegó a pensar que la exportación de madera podía generar un grave problema logístico, e incluso colapsar la terminal portuaria

El paso lógico, existiendo la masa crítica, era el de la industrialización local a partir de la cual el estado y todos los uruguayos podríamos pensar en recuperar algo del dinero entregado para el crecimiento del sector forestal.

Lo que sucedió es que los uruguayos volvimos a subsidiar el sector mediante el otorgamiento de incentivos y exoneraciones en la forma de zonas francas y condiciones impositivas especiales a la producción de celulosa.

De hecho la pomposamente denominada “Política Nacional” o incluso “Política de Estado” en el tema forestal, terminó en la entrega del sector forestal a las empresas celulósicas, y lo que podría haber sido una forestación con diferentes usos, terminó en el monocultivo de eucaliptus para la producción de celulosa que supera el millón de hectáreas.

Otro fenómeno que ha cobrado mayor relevancia es que se implantan plantaciones de eucaliptus con densidades de hasta 1400 árboles por hectárea por  fuera de las áreas de prioridad forestal.

Esas plantaciones ocupan así territorios mas que aptos para la producción de alimentos y lo hacen en base al pago de rentas por la tierra que en 2019 fueron de US$139 por hectárea en promedio.

El pago de esas rentas no condice con el resultado económico de la explotación como queda claro si consideramos un ciclo forestal de 10 años con un rendimiento de 30 metros cúbicos de madera por hectárea.  

En ese caso sólo el pago de la renta por el suelo sería de US$ 1390. A eso le tenemos que sumar los costos de la preparación de la tierra, la plantación, las curas, algún raleo de ser necesario, la cosecha y el transporte hasta su destino, generalmente la exportación a las plantas de celulosa en Zona Franca.

Si la forestal asociada a la planta de celulosa termina vendiendo el metro cúbico de madera a US$ 57 como sucedió durante 2019, obtendría sólo US$ 1710 por 30m3; un “negocio” difícilmente rentable. Siendo que esas forestales no son Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y que persiguen fines de lucro, esa situación podría ser explicada en que forman parte de un conjunto económico con las empresas celulósicas que operan en Zona Franca sin pagar impuestos mientras que las forestales debieran pagar impuestos (IRAE) si obtienen renta de sus actividades.

Es evidente que el incremento de las plantaciones forestales, fuera de las áreas de prioridad constituye una penetración en condiciones que, como se expresó en el congreso de la Federación Rural este año, son de competencia desleal. Es necesario aunque quizá no suficiente limitar que sólo se planten árboles, en especial eucaliptus, en las zonas específicamente definidas como de Prioridad Forestal y sería bueno que, como dice le proyecto de ley a estudio, lo sean además áreas con Indice CONEAT de 76 o menos.

Un rápido cálculo permite verificar que aún con esas limitaciones lás áreas de prioridad forestal sumarían más de 2 millones de hectáreas, una reducción significativa de sobre los 4 millones hoy definidos; pero que igualmente permitiría un incremento del 80% sobre las áreas actualmente plantadas.

Seguramente habrá mucha discusión parlamentaria y muchos grupos de presión como la Sociedad de Productores Forestales, que hasta hace poco presidía el actual director de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, el Ing Agr Carlos Faroppa, se harán presentes con reclamos en contra del proyecto de ley que no hace más que venir a igualar parcialmente un campo de juego que desde hace más de 30 años ha estado inclinado a favor de los intereses de empresas internacionales, en especial las celulósicas, con un gran costo para el Uruguay y los uruguayos que hoy no reciben ningún beneficio de la producción de celulosa en Zonas Francas.

2 de julio de 2020

Los desvíos del tren de UPM podrían ahorrar al Uruguay más de 200 millones de dólares

EL GOBIERNO INFLA LOS COSTOS PARA NO ALTERAR EL TREN DE UPM
Al sacar el tren de cargas de UPM de las áreas urbanas, Uruguay podría ahorrar más de 200 millones de dólares

Los informes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a las intendencias de Durazno y Florida inflaron artificialmente los costos y la duración de las obras para justificar el mantenimiento de los trenes de UPM dentro de las áreas urbanas. A la vez, dejan en evidencia que los trazados alternativos reducirían el trayecto, mejorarían la circulación y harían más segura y eficiente la operación de los ferrocarriles.

Del análisis de los informes presentados por el MTOP y de las planillas de costos adjuntas se verifica que incluyeron costos millonarios injustificados por concepto de expropiaciones a un valor de 30.000 dólares por hectárea. Esto para tener una Faja Ferroviaria exclusiva de 80 metros de ancho en zonas rurales, cuando en las áreas urbanas esa faja no supera en muchos casos los 10 metros de ancho.

Asimismo, se agregan erróneamente obras que elevan los costos, como es incluir en Durazno una estación de cruce con dos vías paralelas de 1000 y 900 metros de largo, cuando el proyecto original tiene sólo una vía de 1000 metros en ese lugar.

Igual consideración puede hacerse con respecto a la inclusión de un nuevo puente sobre el río Yi que se dice será de 1200 metros cuando el actua mide sólo 653.

Además, a la información del MTOP le falta tener en cuenta, y restar de los costos que tendrían los desvíos por fuera de las ciudades, el costo de los cruces que requiere la decisión de hacer pasar los trenes de UPM por zonas densamente pobladas, un costo que sería evitado de llevarse la vía del tren de UPM por áreas rurales.

La información presentada por el MTOP permite estimar que el costo de las vías por áreas urbanas es superior al de los desvíos por fuera de los centros poblados. Por esta razón, exhortamos al Ministerio de Transporte a presentar TODA la información y no solo la parcial, y con errores, que se ha podido conocer al trascender las cartas enviadas por ese organismo a las Intendencias de Durazno y Florida.

En total, solo los desvíos analizados por el MTOP para Durazno y Florida suponen una reducción de 5.714 metros del trayecto, 3.104 en Durazno y 2.610 en Florida. Si se agregan los desvíos en Santa Bernardina, Sarandí Grande, 25 de Mayo, Canelones, Joanicó, Las Piedras, La Paz y Montevideo, la reducción podría llegar a superar fácilmente los 25 kilómetros reduciendo el trayecto en casi un 10 por ciento.

Si tenemos en cuenta los 2.220 millones de dólares que cuesta hacerle este tren a UPM, llevarlo por fuera de las ciudades supondría un ahorro para los uruguayos de al menos 200 millones de dólares. Esto aparte de que nada justifica hacer pasar por zonas urbanas un tren que transportará diariamente hasta la planta en Paso de los Toros cientos de toneladas de productos químicos peligrosos.

Al apresurarse el gobierno a comunicar a UPM que no habrá cambios en el Ferrocarril Central se confirma una vez más que este tren es solo para UPM. El gobierno se debe primero a sus conciudadanos, luego a la empresas extranjeras.

24 de junio de 2020

AMBIENTE Y LUC 22-6-20

▷ Palacio Legislativo | Historia y Visitas guiadas ®【2020】

22 de junio de 2020.

Presentación del MOVUS ante la comisión de diputados para el estudio de la ley con declaración de urgente consideración (LUC)

 

(Ingresa a sala una delegación del Movus, Movimiento por un Uruguay

Sustentable)

——La Comisión tiene el agrado de recibir a la delegación de Movus

(Movimiento por un Uruguay Sustentable), integrada por los señores Víctor

Bacchetta, Fernando Moyano y Raúl Viñas.

Quiero señalar que van a disponer de alrededor de media hora para que

puedan realizar su exposición. Aspiraría a que lo pudieran hacer en veinte

minutos para que nosotros tengamos tiempo para formular algunas preguntas.

 

SEÑOR VIÑAS (Raúl).- Hemos venido aquí representando al Movus

(Movimiento por un Uruguay Sustentable), que es apolítico y tiene como norte

tratar que el desarrollo y el futuro en nuestro país sean vistos desde el punto de

vista de la sustentabilidad, a fin de que no destruyamos lo que tenemos, que

sabemos bien que no es nuestro: es de nuestro hijos y de nuestros nietos.

Específicamente, sobre el proyecto de ley de urgente consideración, nos

vamos a referir solamente a dos partes: la creación del ahora denominado

Ministerio de Ambiente y las áreas protegidas.

En relación al Ministerio de Ambiente, podemos decir que en principio nos

parece una idea positiva. La elevación del área ambiental a nivel jerárquico de

Ministerio, o sea, de lo que tiene que ver con el análisis, el desarrollo, el

mantenimiento, la preservación y el buen uso de la sostenibilidad del ambiente,

lo vemos como algo bueno. Es una idea que podemos caracterizar como

auspiciosa, que es buena que se haga en el país pensando en el futuro

Sin embargo, la última versión de los artículos que tiene que ver con la

creación del Ministerio, que vino del Senado, la vemos como un retroceso en

algunas cosas que se habían planteado previamente en la discusión en la

Cámara alta.

La principal duda que nos plantea el proyecto en su forma actual es la

eliminación del ordenamiento territorial del área del Ministerio porque,

específicamente, es básico para el manejo ambiental. También hay que tener

en cuenta que en nuestro territorio el ordenamiento territorial no es solamente

urbanístico, ya que entre 97% y 98% tiene que ver con áreas rurales. Si

ustedes revisan los planes de ordenamiento territorial de las diferentes

intendencias, van a ver que el tema ambiental es la base de todos los

proyectos de ordenamiento territorial departamental que existen.

Con relación a las áreas protegidas, hay dos artículos que aparecieron a

último momento, que quedaron colgados, al final del proyecto de ley que

presentó el Poder Ejecutivo en la Cámara alta. Hemos visto que en el

tratamiento de las áreas protegidas, al contrario de lo que decíamos del

Ministerio, en el Senado se hicieron algunos avances importantes,

especialmente, quitar de la redacción la necesidad de un consentimiento por

parte de los propietarios de los campos, así como también que algunos de ellos

pudieran llegar a recibir indemnizaciones por estar integrados a las áreas

protegidas.

Un último punto del proyecto que viene del Senado, que consideramos

que podría ser discutible, tiene que ver con la definición de un Fondo para cada

una de las áreas protegidas. No queda claro el verbo utilizado porque dice que

el Estado promoverá la creación de ese Fondo. Y, en segundo lugar, no queda

para nada claro cómo se une eso al presupuesto del Sistema Nacional de

Áreas Protegidas que ya existe. Hay dos cosas relacionadas con lo

mismo -una, quizás, a nivel un poco más departamental-, que realmente

deberían estudiarse mejor.

Luego de este resumen, voy a ceder la palabra al señor Fernando

Moyano, que se referirá a las áreas protegidas.

Qué es el SNAP?

SEÑOR MOYANO (Fernando).- Con respecto a las áreas protegidas, lo que

queda claro, tanto del texto final como del trámite de este tema, es la ausencia

de una visión estratégica sobre el tema ambiental. Y la visión estratégica es un

problema clave.

¿Qué quedó en el texto final? Un cambio en la referencia de la ley de

áreas protegidas en cuanto al ministerio del que dependen. Lógicamente, si

hay un nuevo ministerio, hay que cambiar el nombre que figura en la ley. Pero

esto no es un tema de urgente consideración. ¡Por favor! No se puede llegar a

este punto anodino de las cosas, ¿no?

Un segundo punto referido a las áreas protegidas es que se suprime el

consentimiento del propietario y se establece que se determinará en base al

acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, según las

leyes y disposiciones en la materia. Obviamente, esto debe hacerse de

acuerdo con las leyes y disposiciones vigentes. Eso no agrega nada. Como no

hay una puesta a punto de esa legislación, no hay un estudio de jerarquías y

prioridades, no se determina qué es lo más importante, simplemente, se hace

una enumeración de las puertas que hay que golpear. Golpeen esta puerta;

golpeen esta otra. ¿Y quiénes van a golpear? Por supuesto, hay muchos

intereses en juego, pero hay una frase típica de las novelas policiales que dice

que los muertos no hablan. O sea, todos aquellos desplazados y arruinados por

el avance de la forestación y los proyectos mineros no van a hablar o su voz

está muy debilitada.

Entonces, simplemente, se hace una enumeración de las puertas que hay

que golpear, es decir, dónde tienen que ir a hacer lobby. Lo que acá no hay y

debería haber es una consideración estratégica de las cosas.

Lo mismo sucede con respecto al tercer punto. Se elimina de la ley de

áreas protegidas una mención -en realidad, es una mención un tanto banal- en

cuanto a que si se llega a una expropiación, debe hacerse por la vía legal. ¡Es

obvio que tiene que hacerse por la vía legal! ¿Qué significa la eliminación de

esa mención? ¿Que se hará por vía ilegal? ¿O que no se va a hacer nunca

jamás una expropiación?

Uno podría decir que no hay recursos, pero ¿qué estudio de recursos

hay? ¿Qué estudio comparativo y de prioridades hay, de manera de establecer

una jerarquía? ¿Con qué recursos se cuenta? Y si no se cuenta con recursos,

¿cuáles son las alternativas? ¿Cuál es la legislación y las restricciones que

tienen que cumplirse? Yo no puedo tener cocodrilos en mi casa, por más que

sea mi casa. O sea, hay restricciones que deben imponerse en función del

interés general. Eso es estrategia; el cómo, dónde y cuándo depende del qué,

por qué y para qué. Por eso se da este absurdo de poner estos temas en una

ley que no tiene nada que ver con esto. Estos temas no pueden estar acá.

Obviamente, la protección del medio ambiente, la protección de la naturaleza

es una cuestión de urgencia; así queda demostrado en el mundo; así lo

muestra, por ejemplo, el deshielo del Ártico, que está sucediendo en estos

días. Eso tiene que ser considerado. ¿Cómo tiene que ser considerado? Si no

es aquí, ¿dónde? Seguramente, ustedes habrán recibido sugerencias de retirar

este punto relativo a las áreas protegidas de la ley de urgente consideración.

Lo que importa no es lo que no se hace; lo que importa es lo que se hace.

¿Qué es lo que se va a hacer? Si se despeja la mesa, si ustedes marcan la

cancha y no quien venga a golpear la puerta de atrás, porque no corresponde,

si se establece una estrategia, entonces, sí se anunciará lo que se hará en la

ley que corresponda. Un gesto sería retirar este tema del proyecto para

considerarlo en otro lado, porque no es acá o, por lo menos, no es así como se

tiene que tratar.

Gracias.

 

SEÑOR BACCHETTA (Víctor).- Desde que advertimos que en el proyecto de

ley de urgente consideración se incluía la creación del Ministerio de Ambiente,

nos ocupamos de definir nuestro punto de vista y de mantener conversaciones

con las distintas fuerzas políticas integradas en el Parlamento.

Desde el comienzo, desde la presentación del primer proyecto de ley,

planteamos que había dos grandes problemas para resolver en la política

ambiental y que la creación de un Ministerio de Ambiente podría ser una

oportunidad para avanzar en su solución.

Uno de los problemas es que, a nuestro juicio, ha habido ausencia de

evaluaciones estratégicas de los proyectos que son analizados en la Dirección

Nacional de Medio Ambiente, sobre todo, de los grandes proyectos o

megaproyectos, como se los califica. Es decir, se ha seguido la práctica de

analizar los proyectos en forma aislada, en forma particular. Inclusive, en

algunos casos, como el de la segunda planta de celulosa de UPM, el mismo

proyecto se divide en tres partes y se analiza su impacto ambiental en forma

subdividida, lo cual es un absurdo. Ese es un problema que, además, va en

contra de las definiciones de dos normas que para nosotros son

fundamentales. Una de ellas es la modificación que se introdujo en el artículo

47 de la Constitución de la República, la llamada reforma del agua,

correspondiente al plebiscito del año 2004, donde se estableció taxativamente

que la política de aguas se iba a basar en el ordenamiento territorial. Y, en

segundo lugar, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que

establece que el ordenamiento territorial está estrechamente vinculado con la

política ambiental.

Entonces, el segundo tema es que, además, la política ambiental, en la

forma institucional, ha estado atomizada en el Estado uruguayo en una serie de

organismos, agencias, que están involucrados en la gestión ambiental, pero

que actúan por separado, en otros ministerios e, inclusive, en distintas

dependencias del mismo ministerio. Si se quería avanzar en la definición de un

Ministerio de Ambiente, se debería haber avanzado en unificar esas distintas

agencias, esos distintos organismos en un único organismo que pudiera definir

una política coherente y eficaz.

De alguna manera, en la segunda versión que se presentó del Ministerio

de Ambiente, que en ese momento se llamó Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, nos pareció que se iba en dirección a ese avance. Se

incluyó explícitamente que dentro de sus atribuciones estaban las

determinadas por leyes, en particular, la Ley de Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Sostenible. En la última versión se retrocede, se deja de lado eso,

se define un Ministerio de Ambiente a secas,

se traslada toda la Dirección

Nacional de Ordenamiento Territorial al Ministerio de Vivienda y no se

incorporan áreas significativas de otros ministerios. Es más, se agrega un

tema, que ya había tenido antecedentes en el gobierno anterior, que es la

inclusión dentro de la política ambiental, ahora, en una ley, del Sistema

Nacional Ambiental, que fue creado por decreto del gobierno anterior,

introducido para validar la aprobación del Plan Nacional de Aguas. Dicho plan

fue elaborado sin las instancias de participación social establecidas por la

política nacional de aguas.

El Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio nunca fue convocado.

Ese era el organismo con participación social que debía elaborar el Plan

Nacional de Aguas. Eso no se hizo. El Plan fue elaborado por el Poder

Ejecutivo. Tuvo una discusión pública mínima -diecisiete reuniones en todo el

país, incluyendo una sesión de las Comisiones de Cuencas y de

Acuíferos- para después validarlo con un decreto que colocó la ejecución y el

control del Plan en manos del Sistema Nacional Ambiental.

Para nosotros, ese Sistema Nacional Ambiental es un invento más de

centralización burocrática de las decisiones de la política ambiental que elude y

refuerza la no inclusión de las instancias de participación social en la gestión del agua y en la gestión ambiental. Nosotros tenemos una institucionalidad ambiental que fue definida, precisamente, por la reforma del agua, por el

artículo 47 de la Constitución, que son las Comisiones de Cuencas y de

Acuíferos, en las que debe haber una participación de todos los actores

involucrados en estos temas. Eso ni se menciona, se ignora sistemáticamente

y se definen estructuras cada vez más centralizadas para la toma de

decisiones.

En ese sentido y por estas circunstancias, nos parece que esta propuesta

final es un claro retroceso. Lo que nos llama la atención es que este retroceso

no se pueda atribuir solo a un gobierno; hay que atribuirlo a una coalición de

gobierno y a la mayoría de la oposición parlamentaria que tiene este gobierno.

Parece que cuando la enorme mayoría del sistema político se pone de

acuerdo, en lugar de para avanzar, es para retroceder.

Muchas gracias.

 

SEÑOR REPRESENTANTE AMARILLA (Gerardo).- Agradezco la presencia y

los aportes de la delegación que nos visita.

Queremos preguntarles su opinión sobre la inclusión de los planes de

ordenamiento territorial como un instrumento a los efectos de considerar la

definición o ampliación de nuevas áreas a integrar al Sistema Nacional de

Áreas Protegidas, tal como figura en el artículo 474 del proyecto de ley en su

redacción actual.

 

SEÑORA PRESIDENTA.- En primer lugar, quiero señalar que la mayor parte

de las organizaciones que han estado aquí presentes han coincidido con que la

disociación entre el ordenamiento territorial y el medio ambiente o el

ambiente -como lo quieran llamar- no es posible en la vida real.

En segundo término, efectivamente, ustedes plantean la sugerencia de

retirar el punto relativo a áreas protegidas de este proyecto de ley, pero hacen

un planteo más a fondo creo que con relación al nacimiento del propio

ministerio. Entonces, mi pregunta es si consideran que se debería retirar del

proyecto el tema de las áreas protegidas o si también entienden que debería

haber una modificación sustantiva en la creación del ministerio que está

planteada.

 

SEÑOR BACCHETTA (Víctor).- No nos parece que necesariamente un tema

esté asociado con el otro en el proyecto de ley. Sí es cierto que uno puede

tener consecuencias sobre el otro, pero pueden ser considerados por

separado. | Con respecto a la pregunta del diputado Amarilla, nos parece que

la inclusión de ese párrafo es correcta. Así deben hacerse las cosas;

suponemos que así deberían haberse venido haciendo, en la medida en que es

reafirmar la vigencia de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Sostenible. Para nosotros, ese párrafo no es cuestionable. Sí cuestionamos los

conceptos que aquí se comentaron de exigir un consentimiento previo de

propietarios particulares o concederles una indemnización por la definición de

las áreas.

 

SEÑOR VIÑAS (Raúl).- Si revisan el artículo 474, advertirán que habla de

instrumentos y principios de ordenamiento territorial que deberán ser tenidos en

cuenta en las áreas protegidas, y los toma a nivel departamental. Como decía el diputado Amarilla, los instrumentos vienen a ser los planes de ordenamiento

territorial departamental.

El colocar tan fuertemente el ordenamiento territorial en esta parte,

cuando no va a estar dentro de ambiente, genera uno de los tantos problemas

que tiene la nueva institucionalidad que se le piensa dar al Ministerio de

Ambiente. Entonces, está el ordenamiento territorial, para generar las áreas

protegidas, y al sistema nacional lo maneja el Ministerio de Ambiente

directamente. Además -como decía el compañero Bacchetta-, tenemos muchas

partes relacionadas con el ambiente, incluso, hasta con el cambio climático,

colocadas, sin que se prevea su cambio, dentro del Ministerio de Ganadería,

Agricultura y Pesca.

La Opypa tiene una oficina de cambio climático dentro de ella. La

Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables tiene la parte de suelos.

Son un montón de cosas que verdaderamente, si vamos a formar un ministerio,

sería muy deseable que fueran parte de la estructura o de los cometidos de ese

ministerio. En la redacción actual, quedan incluidos en los cometidos y en las

cosas que tiene que hacer el ministerio, pero están por fuera de él. Integrar

todo esto es básico para que esta Cartera deje de ser lo que decía Víctor, un

Ministerio chiquito, un Ministerio que no tenga la fuerza suficiente.

Entendemos los problemas administrativos, los problemas de chacras, de

esferas de poder; a nadie le gusta que le quiten un área, pero les corresponde

a ustedes, en la redacción de la ley, el reorganizar esto tal cual lo marca el

artículo 174 de la Constitución. Las funciones de los ministerios, se pueden

cambiar por ley. Este es el momento ideal para juntar todo lo que tiene que ver

con el ambiente y que el ministerio nazca con fuerza, con organización y con

capacidad de mantener y hacer que mejore la situación ambiental del país que,

en algunos puntos, está muy deteriorada.

 

SEÑOR BACCHETTA (Víctor).- Esa inclusión del sistema nacional ambiental,

que es un gabinete ministerial básicamente, me hace recordar lo que es el

comité de bioseguridad. En el caso del comité de bioseguridad, decisiones que

tienen el voto contrario del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, son tomadas igual por la

mayoría: por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de

Relaciones Exteriores o por alguno de los ministerios productivos como, por

ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Que se ponga por encima de la estructura del Ministerio de Ambiente al

Sistema Nacional Ambiental con esa composición, debilita la capacidad de ese

Ministerio.

SEÑOR VIÑAS (Raúl).- Queda claro que lo que estamos impulsando es que

haya un Ministerio de Ambiente fuerte, potente, bien posicionado y en

condiciones de manejar esta área que es, quizás, la más importante del país

estratégicamente.

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de la delegación. Luego

se les hará llegar la versión taquigráfica.

(Se retira de sala la delegación del Movimiento por un Uruguay Sustentable)