23 de diciembre de 2020

LEY FORESTAL, un proyecto necesario, un debate ineludible

Comunicado de prensa

UN BALANCE INELUDIBLE PARA GENERAR UN GRAN DEBATE NACIONAL

Por primera vez en 33 años, la aprobación por la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que circunscribe las plantaciones de árboles con fines industriales a las áreas de prioridad forestal y les fija un tope del 10% del territorio agropecuario del país, ha provocado un debate público imprescindible sobre los impactos y los excesos de un modelo de forestación que desbordó los supuestos de la ley que lo generó.

La Ley N° 15.939 de 1987 definió como terrenos forestales los que por sus diversas características fueran "inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso" y los calificados como de "prioridad forestal" por el ministerio respectivo "en función de la aptitud forestal del suelo o razones de utilidad pública", caso este último que debía comunicarse a la Asamblea General.

Desde entonces hasta hoy, esas plantaciones multiplicaron 10 veces la zona ocupada llegando hasta las 1:200.000 hectáreas. En las áreas de prioridad forestal, disfrutaron de subsidios y exenciones tributarias, que luego se fueron eliminando. Pero desde 2005 en adelante, la concesión de zonas francas a las plantas de celulosa le dio al sector y la cadena forestal asociada la hegemonía sobre todos los demás.

Gracias a beneficios privilegiados que no dispone ningún otro sector productivo del país, la cadena forestal-celulósica se fue expandiendo tanto en la adquisición de tierras como en las plantaciones más allá de las intenciones de aquella ley. De las tierras forestadas, 29% está fuera de las áreas de prioridad forestal, un 64% está destinada a la celulosa y casi el 80% pertenece a capitales extranjeros.

Esa expansión forestal desplaza a las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales, es una de las causas principales del vaciamiento del campo, al ser monocultivos de especies exóticas, como el pino y el eucalipto, reducen la disponibilidad de agua, destruyen la biodiversidad, eliminan nutrientes del suelo y, junto con las plantas industriales, contaminan aire y aguas superficiales y subterráneas.

El proyecto de ley a discusión en el Parlamento no llega a cuestionarse todos los problemas económicos, sociales y ambientales causados por este proceso, pero puede ponerle freno a un sector que, al actuar sin límites, está poniendo en riesgo la integridad del país y la soberanía nacional. La invocada "política de estado" que dio origen a este fenómeno ha sido sobrepasada largamente por los hechos.

La Sociedad de Productores Forestales (SPF), las grandes empresas extranjeras de forestación y celulosa que la dirigen, invocan "la libertad" de los productores rurales uruguayos y "estudios científicos" para justificar su presencia avasalladora. Si fueran partidarios de la libertad, no deberían escudarse en privilegios económicos, y si se respaldaran en la ciencia, deberían aceptar investigaciones independientes.

La manera adecuada de tratarlo debe ser mediante la apertura de una discusión pública seria, abierta y fundamentada, sobre los impactos y consecuencias de esta actividad de enorme gravitación en el país. La ocasión debe ser aprovechada para generar un amplio debate nacional sobre el rol de los distintos sectores productivos y sobre cuál es la estrategia de desarrollo que queremos para el futuro del país.


Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
21 de diciembre de 2020.

 

24 de noviembre de 2020

 Comunicado de prensa
MOVUS APELARÁ FALLO JUDICIAL QUE DESESTIMÓ ACCIÓN DE AMPARO

Por causa de la situación de pandemia no se hará la conferencia de prensa programada para las 16 horas.  Se emitirá video en la cuenta de Facebook de MOVUS.

Por considerar que siguen plenamente vigentes los fundamentos de la acción de amparo ante la Justicia que propone la suspensión de la construcción de la nueva planta de celulosa de UPM mientras no se cumplan determinados requisitos de la autorización ambiental, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) apelará la sentencia de primera instancia que desestimó dicha acción de amparo.

La sentencia tiene, no obstante, aspectos a destacar. En primer lugar, no aceptó los alegatos de la defensa de UPM para que se rechazara de plano la acción del Movus. UPM cuestionó la legitimidad de los denunciantes, el momento para realizar dicha acción y, por último, la procedencia de la acción de amparo para tratar esa denuncia. Ninguno de estos argumentos fue admitido por la jueza Magela Otero.

En segundo lugar, la sentencia reconoció que la acción del Movus está referida en forma exclusiva a la protección de derechos de rango constitucional, que se busca proteger y preservar el ambiente sano y necesario para el desarrollo de la vida digna, el derecho a la seguridad e igualdad en defensa de intereses colectivos y que se permita el desarrollo de los derechos y libertades fundamentales.

Por último, la jueza Otero desestimó la denuncia del Movus por el incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental de la planta de celulosa al entender que no se configuró una "ilegitimidad manifiesta" por parte de UPM dada la multiplicidad de proyectos presentados por la empresa y que, cuando no lo hizo "se ha solicitado prórroga y así le ha sido concedida por el hoy Ministerio de Ambiente".

"La conducta no aparece como manifiestamente ilegítima al estar dotada de cierta razonabilidad", afirma la sentencia. De esta frase deducimos dos consideraciones muy importantes: una, que la jueza Otero reconoce que hubo incumplimientos y, dos, que desestima la demanda por una apreciación sobre la razonabilidad o no de ese incumplimiento, algo que no corresponde evaluar en una acción de amparo.

En efecto, no corresponde a la acción de amparo valorar cuáles fueron los motivos del incumplimiento y si estos fueron razonables o no. La acción de amparo se realiza ante la existencia de un daño inminente al no ser efectuadas determinadas acciones con el fin de evitarlo. Por lo tanto, lo que debe verificarse estrictamente en el tratamiento de la acción de amparo es si hubo o no incumplimientos. Y en este caso los hubo.

Para justificarse, la jueza Otero distingue entre la presentación y la aprobación de los proyectos. "Se presentaron los proyectos casi en su totalidad dentro del plazo legalmente previsto (…) cosa distinta es que hayan sido objeto de aprobación". "No existe plazo para su aprobación, más allá de la exigencia de que no podrán iniciarse obras sin que se cuente con la misma", reitera en la sentencia.

La cuestión clave de la demanda del Movus es que todos los proyectos NO tienen la misma importancia en los requisitos de la autorización ambiental. Hay dos proyectos que debieron ser aprobados antes de iniciadas las actividades de construcción de la planta. Esos proyectos son la definición de la Línea de Base y el sistema de dilución de los efluentes en el Río Negro. Vamos a explicar por qué son previos.

El Movus denunció que se inició la construcción de la planta sin tener definida la Línea de Base, es decir, las condiciones ambientales previas en el área de influencia del proyecto para medir después los impactos en su transcurso. La resolución ministerial del 14 de mayo de 2019 otorgó la autorización ambiental con la condición de que se hicieran esas mediciones al menos un año antes de iniciar las obras.

UPM no pudo demostrar que la denuncia del Movus fuera infundada, pero en su lugar buscó desviar la discusión alegando que la Línea de Base cambia constantemente y se ajusta sobre la marcha de las obras, lo cual es falso, y que el sistema de dilución de los efluentes no se estaba construyendo, por lo que no era necesario que se hubiera presentado el proyecto para su autorización definitiva por la Dinama.

Si la Línea de Base de un proyecto es, por definición, el estado del medio ambiente en su zona de influencia antes de iniciadas las actividades, es obvio que ese estado no puede ser modificado después pues se estarían falseando los impactos del proyecto. Asimismo, si UPM no puede presentar una solución satisfactoria para la dilución de los efluentes, es obvio también que la planta no puede localizarse en ese lugar.

A pedido de UPM, la dirección de la Dinama informó a la jueza Otero que “de los antecedentes Administrativos no surge que se haya constatado daño ambiental alguno o peligro inminente derivado de la ejecución de las obras indicadas”. ¿Quiere decir que, como no se ha registrado un daño, lo que se está haciendo es correcto? ¿Hay que esperar que se produzca el daño para actuar? Evidentemente, no.

Estas afirmaciones de la dirección de la Dinama no refutan la denuncia del Movus porque, mientras se otorgaron autorizaciones para diversas actividades, los técnicos del organismo no dejaron de señalar su preocupación por las consecuencias de los incumplimientos de UPM en la presentación del Plan de Monitoreo Ambiental y del sistema de dilución de los efluentes, entre otros proyectos.

Estos dos aspectos no son algunas partes del proyecto como tantas otras, sino la condición necesaria para poder evaluar sus impactos ambientales y para definir la viabilidad de una planta de celulosa de tales dimensiones en ese lugar. Pretender seguir adelante sin esos requisitos es una decisión imprudente e irresponsable y este fue el fundamento de la acción de amparo presentada por el Movus.


Por estas razones, seguiremos adelante con esta acción de amparo y recurriremos al procedimiento legal establecido, apelando la sentencia referida.


Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
24 de noviembre de 2020.Significado de Justicia (Qué es, Concepto y Definición) - Significados

16 de noviembre de 2020

Viajando en Pandemia

El COVID 19 ha opacado todo otro tema en este 2020. 

Más allá de los evidentes problemas para la salud por el virus, la pandemia ha producido cambios sociales y económicos siendo la actividad turística y en especial el transporte aéreo uno de los sectores más golpeados. 

Los cierres de fronteras, el natural temor a los contagios e incluso en grandes países la limitación de los traslados internos, han limitado o eliminado los viajes aéreos dejando en muy mala forma a las aerolíneas, incluso las mas importantes del mundo.

Los cierres de los paises hacen muchas veces imposible para alguien no residente ingresar a muchos de ellos, países como Uruguay no permiten el ingreso de quienes no son ciudadanos o residentes del país.

Los uruguayos, al menos hasta la fecha, estamos en una situación muy especial que nos permite el ingreso a  los países del área Schengen, que son la mayoría de los países de Europa, sin que se a necesario llevar un test negativo de COVID y en algunos casos sin tener que hacer cuarentena.  

En setiembre y por motivos familiares emprendí un viaje a Europa. 

Lo primero que se nota es que la cantidad de vuelos transatlánticos disponibles es muy reducida. La misma situación se repite con los vuelos dentro de Europa, rutas como Madrid-Paris que tenían en tiempos "normales" decenas de vuelos diarios no cuentan más que con 5 o 6 frecuencias y así las esperas en las escala pueden ser largas.

Subir al avión en Carrasco ya es una experiencia diferente, controles, distancias y la sensación de vacio que supone un aeropuerto con muy poca gente, pero al cual pudo ingresar para saludarme un amigo, es un presagio de que el viaje serña diferente a otros.

El avión en que crucé el atlántico llevaba muchos menos pasajeros que los que uno ve normalmente, al punto que tenía a mi disposición una fila de cuatro asientos vacíos. El ritual sanitario se completa al llegar al avión con el reparto de toallitas con desinfestante que son recogidads luego por el personal de la aerolínea en bolsas especiales.

Para aquel que ha viajado antes, sugiero que se olvide, al menos en la clase "turista", del conocido "Pasta o Pollo" o "Carne o Pollo" con que las azafatas invitaban a elegir la la comida, así como de la posibilidad de elegir alguna bebida o incluso la posibilidad de tomar un vino que podía ser "blanco" o "rojo".

A la hora de comer las azafatas le entregarán amablemente una bolsa de papel, dentro de la cual uno encuentra un refuerzo de un fiambre indefinido, algo de queso procesado y dos trozos de tomate. Para beber una botella de agua mineral de trescientos cincuenta centímetros cúbicos y completa el contenido un trozo de torta de chocolate, tipo brownie. Sugerencia, aunque es generalmete caro, compra algo de comer antes de salir.

Arribado a Madrid uno enfrenta un Barajas vacío, con cortas filas en los mostradores de migraciones, casi sin bares abiertos y con los Free Shops llenos de mercadería pero casi sin personal.

Después de la espera prevista, el avión a París llevaba más pasajeros y la llegada fue similar, alli si bien había más gente, se notaba que la situación no era "normal"

Ya casi saliendo del aeropuerto miro mi pasaporte y veo que no lo habían sellado para el ingreso a Europa ni en migraciones de Barajas ni de Orly. Imposible regresar al área de pasajeros, por lo que expliqué la situación a la policia que me aconsejaron conservar los pases de embarque y los tickets del equipaje para poder justificar mi ingreso a Europa.   

París sin turistas es extraño, los principales lugares con poco o nada de gente, me asombró que los pocos barcos turísticos en el Sena transitaban con veinte personas o menos a bordo. 

Mi viaje continuaba a Turquía con boletos Paris-Estambul-Paris desde el Aeropuerto Charles de Gaulle, por lo que se repitió en forma similar lo del primer vuelo, ahora mas corto.

Turquía abierta al turismo da una imagen muy diferente a París y en suscalles se escuchan muchos idiomas, en especial ruso ya que es uno de los pocos paises que reciben a turistas de Rusia.

Igualmente el número de turistas es menor a lo habitual y los vendedores del Gran Bazar o del Bazar Egipcio no tienen muchos clientes por lo que es fácil transitar esos espacios normalmente llenos de compradores extranjeros.   

Al momento de ir a Turquía el regreso a París no era problema, pero de alguna manera la situación cambió en esos días y el ingreso de pasajeros desde Turquía a Francia sólo quedó habilitado para ciudadnos y residentes de Francia.

La posibilidad de volver a Francia por unos días, antes de volver al Uruguay quedó fuera de toda consideración y en el consulado francés en Estambul me indicaron que podría tomar otro vuelo desde Estambul a París para seguir a Madrid y Montevideo sin cambiar de aeropuerto. 

Dejé pendiente el pasaje a París y compré otro al aeropuerto de Orly para el mismo día del vuelo a Montevideo. En Estambul hice el test del Corona virus, que dió negativo, para volver al Uruguay. 

Al llegar al aeropuerto de Estambul, al que sólo pueden ingresar los pasajeros, despaché el equipaje, pasé migraciones, pero al llegar a la puerta de  embarque y presentar mi pase y el pasaporte la funcionaria lo tomó y lo pasó a otro empleado de la aerolínea que me pidió que me apartara y me dijo que yo no podía subir al avión.

Yo le dije que ya había pasado migraciones y que mi equipaje ya había sido despachado. Cuando me contestó que ya habían retirado mi equipaje del avión, entendí que definitivamente no iría en ese vuelo.

La explicación fue que habían consultado a las autoridades de Orly y si me llevaban tendrían que devolverme a Turquía. No estaba permitido cambiar de vuelo como yo iba a hacerlo, porque siendo boletos diferentes debía pasar migraciones para despachar el equipaje, lo que en los hechos implicaba ingresar a territorio francés y eso no era posible desde Turquía.

Varado de nuevo en Estambul, no era posible llegar al vuelo de París a Montevideo y se hacía necesario buscar otra forma de volver. Como anécdota, la companía no ofreció ni aceptó el cambio de los boletos por lo que les estoy reclamando la parte de esos pasajes correspondiente a los impuestos y tasas que la empresa no pagó al no transportarme.

Conseguir un vuelo de retorno directo desde Turquía, comprando nuevos pasajes con casi nada de antelación fue mas caro que mis pasajes originales y me llevó a estar otros dos días en Estambul. Un segundo test de Corona virus fue necesario dado el tiempo transcurrido y pude volver vía Madrid hasta Montevideo. 

De nuevo Barajas vacío, un solo lugar donde comprar comida pagando ocho euros con cuarenta por un sandwich de jamón y doce euros por una ensalada, pero al menos estaban bien presentados y con buen gusto.

Esta vez el servicio a bordo en el vuelo Madrid - Montevideo incluía un plato caliente con opción de "pasta o pasta", unos mostacholes algo plastificados con un poco de salsa de color rojo encima, sin opción de ponerles un poco de queso.

Es posible viajar, los uruguayos, al menos hasta hoy, sómos los únicos latinoamericanos que podemos ingresar a Europa. La planificación del viaje debe ser hecha con cuidado pero por mejor que se haga, es necesario contar con a posibilidad de realizar cambios de último momento que generalmente implican gastos.

Espero que les sea de utilidad, buen viaje.



 

13 de noviembre de 2020

UPM APELA AL GOBIERNO PARA JUSTIFICAR LOS INCUMPLIMIENTOS

Hoy visitan las obras de UPM varios ministros y autoridades con gran cantidad de periodistas invitados. 

Es una excelente oportunidad para que todos puedan verificar cómo la empresa ha hecho construcciones sin contar con los permisos ni haber completado los estudios. 

No es casualidad que la visita sea al otro día de la audiencia judicial con MOVUS para suspender las obras hasta que la empresa cumpla con lo ordenado en la autorización ambiental.

Comunicado de prensa

UPM APELA AL GOBIERNO PARA JUSTIFICAR LOS INCUMPLIMIENTOS


En el día de ayer, en la audiencia judicial del 15° Turno de lo Civil para tratar la acción de amparo promovida por el Movus quedó comprobado que la empresa UPM no ha cumplido con requisitos fundamentales del proceso de autorización ambiental, que debían ser previos al inicio de las actividades de construcción de la planta de celulosa situada a orillas del Río Negro en el departamento de Durazno.

Por la Resolución Ministerial del 14 de mayo de 2019, la autorización estuvo "sujeta al estricto cumplimiento" de los compromisos y condiciones que surgían del proceso de evaluación. Había 5 requisitos clave para la viabilidad del proyecto: Plan de Monitoreo Ambiental, la forma de diluir los efluentes en el río, la planta química, el tratamiento de efluentes y la disposición final de residuos sólidos en la zona franca.

Según esa misma resolución, esos elementos pendientes debían ser presentados "dentro de un plazo máximo de 6 meses" y aprobados por la Dinama antes del inicio de la correspondiente actividad de construcción del proyecto. El significado de estricto cumplimiento y plazo máximo no admite dos interpretaciones, pero UPM incumplió por amplio margen los plazos dados por aquella autorización ambiental.

El Plan de Monitoreo Ambiental debía establecer la Línea de Base, que consiste en medir las condiciones previas de la zona de instalación de la planta de celulosa para poder evaluar después los impactos de las distintas fases del proyecto. Por esta razón, la autorización estableció que esas mediciones debían iniciarse "no menos de un año antes" del inicio de las obras y de "dos años antes" de la operación de la planta.

En la audienca judicial quedó claro que los requisitos de la Autorización Ambiental no se cumplieron e igual se iniciaron las obras. La defensa de UPM se basó en separar cada componente del proyecto como si fueran piezas independientes. Así el sistema de dilución de efluentes no está resuelto y alegan que el Plan de Monitoreo Ambiental y la Línea de Base también es algo que se va definiendo sobre la marcha.

Esta argumentación es falsa porque, como indicaba la resolución ministerial, existen requisitos que son previos a todos los demás. No se pueden evaluar los impactos de un proyecto si no se completó la Línea de Base antes de comenzar las obras. No se puede instalar una planta de celulosa en un río si ese curso de agua no tiene las condiciones para diluir los efluentes sin agravar seriamente su contaminación.

UPM justifica los incumplimientos diciendo que son consentidos por las autoridades ambientales. En efecto, las autoridades políticas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y del Ministerio de Ambiente lo han permitido. Por esta razón, UPM pidió en la audiencia judicial que se citara a la Dinama, extremo que la jueza Magela Otero no admitió, pero ese es el argumento central de la empresa.

Hay dos posiciones claras. Los que sostenemos que esos requisitos son previos y que debe suspenderse la construcción de la planta mientras no se cumplan. Y la posición de UPM que, con la anuencia de las autoridades ambientales, sigue postergando las definiciones clave del proyecto. Esta no es la manera de proteger el ambiente y la población uruguaya, ni de preservar la seguridad jurídica del país, sino de ponerlos en manos de una empresa multinacional.

La audiencia por la acción de amparo continúa el próximo martes, a las 14 y 30 horas. Hoy está en la Justicia decidir cuál de los dos caminos es el mejor para el país.

Movimiento por un Uruguay Sustentable
(Movus)

13 de noviembre 2020.

5 de noviembre de 2020

MOVUS pide a la justicia que ordene suspender las obras de UPM

Comunicado de prensa

PIDEN SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE UPM HASTA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS AMBIENTALES DE SU AUTORIZACIÓN

Una acción de amparo ante la Justicia, presentada hoy por integrantes del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), denuncia el incumplimiento por la empresa UPM de las condiciones ambientales bajo las cuales fue autorizada la instalación de su nueva planta de celulosa en el departamento de Durazno y requiere la suspensión de las obras en curso mientras esos requisitos no se cumplan a cabalidad.

Los fundamentos de esta acción de amparo se encuentran en la documentación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) donde, a través de los informes de los técnicos, se constata que UPM sobrepasó el "plazo máximo de 6 meses" para cumplir las condiciones bajo las cuales fue otorgada, el 14 de mayo de 2019, la Autorización Ambiental Previa a la planta de celulosa y la zona franca proyectadas.

Apremiado por cumplir los plazos acordados en el contrato, cuando UPM no había confirmado aún su decisión de inversión, el gobierno anterior autorizó la planta de celulosa a condición de que la empresa completara después elementos clave del proyecto. Sin embargo, UPM inició la construcción de la planta sin cumplir esos requisitos, algunos de los cuales definen la viabilidad o no del proyecto.

Es el caso de la "línea de base" del Plan de Monitoreo Ambiental, es decir, el estudio previo de las características de la zona para determinar cuál es la situación anterior al proyecto en su área de influencia, de tal manera de permitir el seguimiento posterior de las distintas fases del mismo. Haber iniciado la construcción de la planta sin este requisito hará que no se puedan evaluar después sus impactos reales.

Otro requisito es garantizar la dilución de 107 millones de litros de efluentes, que la planta de celulosa volcará en el río todos los días. La autorización ambiental estableció que la zona de mezcla no puede tener más de 1.000 metros de largo, y que no debe llegar a las márgenes del Río Negro. Esta definición, que también tenía como plazo máximo el 14 de noviembre de 2019, no ha sido completada y por tanto aceptada hasta hoy.

Entendemos que las obras de este proyecto no pueden seguir adelante si no se han cumplido esas condiciones fundamentales. No existen precedentes de una acción de estas características ante la Justicia, pero tampoco tiene precedentes en nuestro país que una empresa, a cargo de un proyecto de esta envergadura, que debió presentar un estudio completo de impacto ambiental, no cumpla con sus condiciones.

Somos conscientes de que una decisión como la solicitada ante la Justicia afectará la actividad de los trabajadores y de las empresas involucradas en este proyecto, pero no nos cabe duda tampoco de que por encima de esas circunstancias están los intereses del Uruguay todo y la salvaguarda de las condiciones que aseguren el futuro para nuestros hijos y nietos, en un país solidario y soberano, con un medio ambiente sano.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)

5 de noviembre de 2020.


29 de octubre de 2020

UPM-Ministerio de Ambiente ¿Laisser faire?

 COMUNICADO DEL MOVUS

MINISTRO DE AMBIENTE OMITE FALTAS AMBIENTALES GRAVES DE UPM

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, afirmó a la prensa que se ha sancionado a UPM por incumplimientos, como a cualquier otra empresa en el país, pero que es por temas menores y no de carácter ambiental. Por desinformación o por error, el ministro está omitiendo incumplimientos en tiempo y forma por UPM de importantes requisitos bajo los cuales se le dio la autorización ambiental a la nueva planta de celulosa.

Según la Resolución Ministerial 690 del 14 de mayo de 2019, esa autorización estaba "sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos que surgen de la presente tramitación y de las siguientes condiciones". Los proyectos pendientes debían ser presentados "dentro de un plazo máximo de 6 meses" y aprobados por la Dinama antes del inicio de la correspondiente actividad de construcción del proyecto.

Entre otros requisitos, había cinco proyectos fundamentales para el funcionamiento y la propia viabilidad de la planta de celulosa a saber: el Plan de Monitoreo Ambiental para establecer la Línea de Base del proyecto, la forma de descarga de efluentes en el Río Negro para asegurar su dilución, así como la planta química, el tratamiento de efluentes y la disposición final de residuos sólidos dentro de la zona franca.

El Plan de Monitoreo Ambiental consiste en medir las condiciones previas de la zona de instalación de la planta de celulosa, esto es la Línea de Base, para poder evaluar después los impactos de las distintas fases del proyecto. Por esta razón, la resolución ministerial estableció que esas mediciones debían iniciarse no menos de un año antes del inicio de las obras y de dos años antes de la operación de la planta.

Plazo máximo, es plazo máximo, no caben dos interpretaciones, pero UPM incumplió por amplio margen los plazos dados por la autorización ambiental. De aquellos cinco proyectos, UPM sólo presentó recientemente el diseño de la planta química. El Plan de Monitoreo Ambiental no ha sido aceptado en su totalidad por la Dinama, no obstante lo cual se autorizó el inicio de las obras sin la Línea de Base del proyecto.

UPM no ha presentado hasta el presente una solución que garantice que la descarga de los efluentes de la planta de celulosa no agrave la ya comprometida situación del Río Negro desde el punto de vista ambiental. UPM acaba de contratar un estudio de la Facultad de Ingeniería para saber si esto es posible, cuando debió ser un requisito previo a la autorización ambiental dada por el gobierno anterior.

Un informe de la División de Emprendimientos de Alta Complejidad del 7 de setiembre de este año señaló:
"Esta División entiende que el proceso de caracterización del estado del ambiente previo a las acciones del proyecto (línea de base), particularmente de la dimensión calidad del agua, sedimentos y biota acuática, se encuentra preocupantemente demorado y su inadecuado abordaje aparejaría riesgos para la adecuada actividad de seguimiento del proyecto y de enmascaramiento de potenciales afectaciones sobre el ambiente, y entorpecimientos al normal proceso de evaluación y autorización que aún resta desarrollar".

¿El ministro de Ambiente desconoce esta situación?

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
29 de octubre de 2020

20 de octubre de 2020

Incumplimiento ambiental de UPM

Más allá de la propaganda, la instalación de la planta de UPM se está realizando incumpliendo los compromisos ambientales y poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental del Uruguay.

La continuación de las obras de la planta sin haber completado los estudios requeridos hace más de un año, deja en evidencia que la seguridad jurídica es sólo para la empresa y no para el Uruguay ni los uruguayos.
Sigue el comunicado de MOVUS:
 

UPM Y EL GOBIERNO ELUDEN REQUISITOS AMBIENTALES BÁSICOS


Autorizaron el inicio de la construcción de la planta sin haberse cumplido las condiciones previas establecidas por la autorización ambiental del proyecto

A casi un año y medio de la firma por el gobierno anterior de la autorización ambiental para la segunda planta de celulosa de UPM sobre el río Negro, la empresa aún no ha cumplido con requisitos que debían ser previos a la fase de construcción. El gobierno actual autorizó el inicio de las obras sin que estén definidos aspectos fundamentales del proyecto y las condiciones de partida para medir sus impactos ambientales.

Una condición fundamental es asegurar que la dilución de los efluentes de la planta de celulosa no aumente la contaminación del río, ya muy comprometida en la actualidad. Este requisito define la viabilidad del proyecto y debió ser previo a su autorización, pero no se ha realizado hasta la fecha, cuando se acaba de contratar un estudio de la Facultad de Ingeniería para determinar si es aceptable o no la propuesta.

Otra condición fundamental de este y de cualquier proyecto es la información sobre la situación del medio ambiente en la zona de influencia de la planta de celulosa, que debe recogerse antes de iniciadas las obras para estar en condiciones después de medir si sus impactos son aceptables o no. Ese Plan de Monitoreo Ambiental debía estar pronto en noviembre de 2019 pero aún no ha sido completado.

De acuerdo con la autorización ambiental del proyecto, el Plan de Monitoreo Ambiental debía incluir la situación previa y la evolución de la calidad del agua y los sedimentos del río, el estado de la biota acuática, del agua subterránea y del suelo en el predio del proyecto y su entorno inmediato, la calidad del aire en la zona, incluyendo ruido y las características socioeconómicas de las comunidades involucradas.

Todos los planes de monitoreo debían estar prontos en un plazo máximo de 6 meses desde la autorización del proyecto el 14 de mayo de 2019, para disponer de no menos de 2 años de mediciones previo al inicio de la operación del proyecto y al menos 1 año de mediciones previo al inicio de actividades de construcción. Como es notorio, las actividades de construcción se iniciaron sin cumplir con este requisito.

Los riesgos y perjuicios económicos, ambientales y sociales que puede ocasionar esta conducta de la empresa y de las autoridades se están constatando, lamentablemente, con el proyecto del Ferrocarril Central. Las imprevisiones técnicas de la empresa que diseñó el proyecto, contratada por UPM, y de los responsables del gobierno uruguayo que debían fiscalizarlo, han conducido a una verdadera catástrofe.

Los vecinos de las ciudades atravesadas por el tren tenían razón cuando cuestionaron en las audiencias públicas las insuficiencias del proyecto. No obstante, hoy, cuando el gobierno actual está obligado a revisar condiciones, plazos y costos del proyecto, se sigue sin atender el reclamo de los vecinos para evitar el paso de ese tren con celulosa y productos químicos peligrosos por zonas densamente pobladas.

La repetidamente invocada "seguridad jurídica" del Uruguay y el cumplimiento de los compromisos es una vía en un solo sentido pues UPM incumple con total impunidad. A pesar de los informes técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente que evidencian los incumplimientos de la empresa, las autoridades responsables de las decisiones nada hacen para controlar a UPM ni impedir los incumplimientos.

Llamamos la atención de la opinión pública por las graves consecuencias que pueden acarrear estos hechos y llamamos a responsabilidad a las autoridades.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)

20 de octubre de 2020.

 

2 de septiembre de 2020

Carta a la Primera Ministra de Finlandia Sanna Marin

Quién es la dirigente que se convirtió en la primera ministra más joven del  mundo | TN La Primera Ministro de Finlandia y su gabinete.

 

 

 

 

 

 

 

En el día de hoy se hizo entrega al Consul de Finlandia en el Uruguay de una carta para la Primera Ministra de Finlandia respecto de los problemas que genera en nuestro país la operación del a empresa UPM, empresa que en estos días anunció el cierre de una planta en Finlandia despidiendo casi 500 trabajadores. 

Montevideo, 25 de agosto de 2020

Sra. Primera Ministra de Finlandia 

Sra. Sanna Marin

Presente

Estimada Señora,

Las organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas uruguayas abajo firmantes, queremos denunciar ante usted los graves problemas económicos, ambientales, sociales y políticos ocasionados por la conducta de la empresa UPM Kymmene Oy en nuestro país, así como sus implicaciones en las relaciones entre Uruguay y Finlandia.

En lo económico, UPM ha impuesto condiciones ruinosas al país para confirmar su más reciente inversión en una segunda planta de celulosa. Uruguay se hace cargo del 60% de la inversión del proyecto, construyéndole una vía férrea y otras obras de infraestructura, sin ninguna parte en las ganancias, pues la empresa opera en zona franca, exportando el 100% de su producción, totalmente libre de impuestos.

Las exenciones tributarias y subsidios obtenidos por UPM configuran una situación económica privilegiada, sin precedentes en el país, que le permiten ejercer una competencia desigual con el resto de las actividades productivas.

En lo ambiental, las plantaciones para abastecer plantas de celulosa tienen graves consecuencias. Nuestro territorio es parte del Bioma Pampa o Pampa Húmeda, una zona privilegiada del planeta por la fertilidad de sus tierras. Los árboles crecen muy rápido aquí, pero UPM hace en Uruguay lo que tiene prohibido en Finlandia.

El eucalipto y el pino son especies exóticas en esta región. Investigaciones científicas demuestran que las plantaciones de estos árboles alteran gravemente el ecosistema original, reducen drásticamente la biodiversidad, extraen los minerales y nutrientes de la tierra sin reponerlos y reducen gravemente la disponibilidad de agua.

A mediano y largo plazo, estas plantaciones para la producción de celulosa inician un proceso de desertificación que pone en peligro el futuro del país. El avance de las plantaciones forestales ha desplazado a los pobladores, sobre todo a productores familiares, por el aumento de las plagas y la falta de agua en sus tierras, entre otras causas.

En lo social, la Fundación UPM organiza cursos para maestros, realiza donaciones a las escuelas y las poblaciones vecinas de sus plantaciones forestales. De la manera como lo hace, no es un aporte real a la comunidad, es solamente propaganda de su actividad para lograr el respaldo de la población a sus proyectos.

Las actividades de UPM en el sistema educativo y en las comunidades son acciones paternalistas al estilo de las colonias industriales, meras obras de caridad facilitadas por sus enormes ganancias gracias a los subsidios concedidos. Al mismo tiempo, sus proyectos generan prostitución infantil y otros problemas sociales.

Para su segunda planta de celulosa en el centro del país, UPM exigió la construcción a cargo del estado uruguayo de una vía férrea prácticamente exclusiva. El proyecto ferroviario fue diseñado por UPM atravesando zonas densamente pobladas con celulosa y productos químicos peligrosos. Los reclamos de los vecinos han sido ignoradas sistemáticamente, tanto por el gobierno como por UPM.

UPM interviene asimismo en las políticas laborales, pretendiendo que los acuerdos a los que llega con sus trabajadores sean aplicados en el resto del país.

En el plano político e institucional, los acuerdos impuestos por UPM y aceptados por el gobierno nacional ignoran disposiciones constitucionales y legales, así como eluden el debate con la población y el aval del Poder Legislativo. Gradualmente, UPM ha adquirido una presencia avasalladora propia de las relaciones coloniales.

Hoy hay una movilización social sin precedentes en Uruguay. Se han hecho decenas de conferencias, debates, manifestaciones públicas y acciones legales contra la planta de celulosa proyectada. Miles de vecinos han firmado contra el paso del tren de carga de UPM por las zonas donde viven. Se ha iniciado una recolección de firmas para promover un plebiscito nacional que anule los contratos firmados con UPM.

La fuerte gravitación económica y política de UPM y otras firmas finlandesas en el país no se corresponde con la existencia de un Consulado Honorario. La ausencia de una representación diplomática de primer nivel en el país, permite confundir las políticas de Finlandia hacia Uruguay con los intereses de esas empresas particulares.

El motivo de esta denuncia es advertir a los poderes del estado en Finlandia sobre la actuación de la empresa UPM en nuestro país y los conflictos que se están generando en nuestra sociedad, que de proseguir así se agravarán irremediablemente.

Desde ya, agradecemos a Usted la atención a esta carta y quedamos a su disposición por cualquier aclaración que considere necesaria.

La saludan atentamente,

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV)

Movimiento Un Solo Uruguay (USU)

No al tren de UPM, Montevideo

Comisión de vecinas/os en defensa de la Laguna del Cisne y Solis Chico

Confederación de los Pueblos Costeros, Rocha (CPC)

Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS)

Colectivo Ecofeminista Dafnias

Maldonado por la Tierra y el Agua

Acciones Ambientales de Soca

Comisión Ambiente Las Vegas - Lomas del Solis

Mujeres en Alerta de la Costa

Colectivo Campana Verde

Grupo Guayubira

Grupo de Teatro Desengaño

Red de Acción en Plaguicidas, RAPAL Uruguay

World Rainforest Movement, WRM

(Movimiento Mundial por los Bosques)

 

Ciudadanos y ciudadanas

Álvarez, Susana, escribana pública, Rivera

Andrade, Cecilia, profesora de literatura, Montevideo

Anido, Carlos, docente universitario e ingeniero de minas

Bacchetta, Víctor, periodista, traductor, editor

Barreiro, Ana, abogada

Bonetti, Adriane, educadora

Brun Linares, Silvina, socióloga, periodista

Bustamante, Francisco, PhD en Letras

Calliari, Danilo, PhD en Oceanografía Biológica, investigador del Centro Universitario Regional del Este

Cambre, Leticia, ginecóloga

Campos, Fabiana, odontóloga, productora rural, Rivera

Cantera Nebel, Federico, productor rural, Florida

Carabajal, Adriana, maestra de primaria, Salto

Cárcamo, María Isabel, coordinadora de RAPAL Uruguay

Caubios, Juan-Pedro, artista plástico.

Cestari, Patricia

Clavijo Mercader, Andrea Carolina, psicóloga clínica y productora rural, Cerro Largo.

Cuadrado, Modesto, médico veterinario, Rivera

Dardanelli, Claudio, metalúrgico

De Idoyaga, Joaquín, ingeniero agrónomo, Artigas

Deane, Brian, productor rural, Durazno.

Díaz, Elizabeth, arquitecta, integrante del Secretariado Internacional del WRM

Domínguez, Isabel, fisioterapeuta, Montevideo

Echenagusia Gehm, Irene María, productora rural, Tacuarembó

Espasandin, Nancy, maestra, politóloga

Filippini, Ana, profesora de inglés

Franchi, Guillermo, ingeniero agrónomo, productor rural

Fros, Ana María, cardióloga, Rivera

García Lagos, Gonzalo, productor rural, Maldonado

García, Ricardo, productor rural, Tacuarembó.

Ghan, Carmen, traductora pública, Montevideo

Goldaracena, Sabina, periodista

Gudynas, Eduardo, Centro Latinoamericano de Estudios Sociales CLAES, director

Guedes de la Rosa, Sandra, apicultora, Rivera

Hatchondo, Susana, escribana pública, Montevideo

Iturriberry, Irene, guardaparques

Jesús, Silvia Lorena, periodista

Lockhart, Washington, productor rural, Soriano

López, Carlos, empresario y productor rural, Canelones.

Lust, Eduardo, abogado, docente universitario y diputado por Cabildo Abierto

Magnabosco, Ana, directora de teatro, dramaturga

Mangano, Ana, médica veterinaria

Mangini, Gabriel, chef internacional, empresario, Maldonado

Martínez, Luciana, arquitecta

Mascheroni, Rosina, productora rural, Durazno

Masquelin, María, Pan de Azúcar, Maldonado

Melazzi, Gustavo, PhD en Economía, UNAM (México)

Menéndez, Rafael, productor rural, médico veterinario y diputado por Cabildo Abierto

Moreira Viñas, Aelita, ingeniera agrónoma/antropóloga.

Moreno Taranto, Daniel, apicultor, Rivera.

Neme, Carolina, abogada

Nin Ríos, Juanita, arquitecta

Padilla, Gerardo, docente de secundaria

Panario, Daniel, PhD en Tecnología Amiental y Gestión del Agua, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias

Piccini, Claudia, PhD en Biología, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Pittaluga, Federico, ingeniero agrónomo, Tacuarembó

Poletti, Osvaldo, médico veterinario, Soriano

Roberto, Curci

Rubbo, Angel, ingeniero químico

Rugnit, Rúben

Sabini Fernández, Luis E., docente universitario, periodista y editor

Sánchez, Silvia, profesora de inglés

Sans, Isabel, PhD en Identidad y Globalización en el Teatro popular, ingeniera agrónoma

Segura, Angel, PhD en Biología, investigador del Centro Universitario Regional del Este.

Simón, José Luis, jubilado

Terra, Martín, analista de telecomunicaciones

Uriarte, Valeria, médica veterinaria, periodista, Lavalleja.

Vega, César, productor rural, ingeniero agrónomo y diputado por el Partido Ecologista Radical Intransigente

Villar, Mercedes, arquitecta y productora rural, Canelones

Viñas, Raúl, Master en Meteorología y docente universitario, Montevideo

Wansart, Axel, ingeniero y empresario, Canelones

Wansart, Constance, estudiante de periodismo

Wansart, Erik, estudiante de economía

Zefferino de la Fuente, Horacio, médico veterinario, Soriano

 

28 de agosto de 2020

UPM cierra planta en Finlandia

La Primera ministra finlandesa Sanna Marin visitó hoy Jämsä donde UPM cerrará para fin de año su planta de papel dejando más de 400 personas sin empleo.

El hecho a cobrado importancia en la prensa finlandesa dado que Jussi Pesonen (CEO de UPM) a publicado una carta abierta, criticando la situación de impuestos e infraestructura en Finlandia.

También critico Pesonen las medidas para reducir la tala de bosques nativos.

De acuerdo con informes locales, la planta no ha generado pérdidas, pero sería la menos rentable de las de UPM en Finlandia.

Titular hoy del Helsingin Sanomat:

Traducción de la nota en MTVUUTISET:

"UPM dijo el miércoles que planea cerrar la acería. La fábrica emplea a 450 personas. El director ejecutivo de UPM,  Jussi Pesonen, escribió una carta abierta después de la noticia , en la que criticaba los impuestos finlandeses:

- La parte de los costes externos y la carga fiscal se ha vuelto abrumadora en Finlandia. El impuesto al diesel sobre el transporte se incrementa con cada mandato de gobierno, aunque se sabe que el 80% del consumo es en transporte pesado, como el transporte de madera o mercancías.

Según el CEO Pesonen, sería hora de evaluar cómo se podría implementar en el futuro una política industrial, del mercado laboral y fiscal integral, que permitiría operaciones industriales rentables y nuevas inversiones.

Marin respondió hoy a las críticas:

- Ya hemos decidido reducir el impuesto sobre la electricidad industrial al mínimo de la UE. Esto tiene un impacto directo en los costos de la industria. Estamos contribuyendo a la electrificación de la industria y hemos realizado una importante inversión en infraestructura, dijo Marín.

Añadió que se han realizado inversiones ferroviarias en Finlandia central y se han dado fondos para la planificación para el desarrollo de la región."

LINKS A OTROS MEDIOS CON LA NOTICIA:

https://yle.fi/uutiset/3-11515699

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/1f1f9a79-03c7-4a9a-8c0d-a5bcab43dced

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006616486.html





 

27 de agosto de 2020

ARATIRI - URUGUAY nada para festejar.

Más allá de los festejos tribuneros de algunos y el injustificado secretismo de otros, queda claro que los Uruguayos no tenemos nada para festejar del resultado del juicio con Aratirí. 

Perdimos en ese juicio más de 12 millones de dólares y sólo podemos decir que zafamos, por ahora, de tener que pagar más.

Lo malo es quie no terminamos de aprender y se sigue exponiendo al país a este tipo de demandas

Sigue el texto de la nota de hoy en Búsqueda:

Uruguay recuperó solo la cuarta parte de los US$ 16 millones que gastó para solventar el juicio con la minera Aratirí

Nº 2086 - 27 de Agosto al 2 de Setiembre de 2020

El 6 de agosto el Estado uruguayo recibió una de esas noticias que son festejadas por todo el espectro político, aunque en seguida empiecen los paseas de factura. Ese día, la Corte Permanente de Arbitraje —un organismo internacional que tiene sede en La Haya, se ocupa de la resolución de controversias internacionales y se rige bajo las normas de la comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Derecho Mercantil— comunicó su decisión de no hacer lugar al reclamo de la minera Aratirí, que pretendía obtener US$ 3.536 millones por su frustrado proyecto de explotación de hierro en Cerro Chato.

El tribunal no llegó a analizar el fondo de la controversia. La desestimó porque entendió que no tenía jurisdicción. Además, según informó Presidencia, determinó que la demandante debía reembolsarle a Uruguay US$ 4.097.149.

El juicio con Aratirí fue declarado confidencial por el Consejo de Ministros en setiembre de 2018. Tras la resolución, el nuevo gobierno le pedirá al tribunal arbitral poder hacer público el contenido de su fallo, según informó el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, a El País.

Búsqueda accedió al pronunciamiento de la Corte Permanente de Arbitraje, en el que está incluido el detalle del volumen de los gastos en los que debieron incurrir las partes a lo largo del proceso. Los US$ 4.097.149 que Aratirí deberá pagar a Uruguay obedecen a que el tribunal determinó que la distribución “justa” de “los costes” del juicio era la siguiente: 70% la parte demandante y 30% la parte demandada.

El dinero que recuperará Uruguay representa apenas una cuarta parte del monto que invirtió en su defensa. El detalle de costos indica que en total gastó US$ 16.523.570. Los asesoramientos periciales le costaron al Estado uruguayo US$ 4.598.294; la representación legal US$ 10.771.245; los viajes de asesores y testigos US$ 504.029; y el trabajo de la Corte Permanente de Arbitraje US$ 680.596.

Para su representación legal Uruguay contrató al estudio Foley Hoag, el mismo al que había recurrido para el juicio contra Philip Morris.

Aratirí, por su parte, declaró haber gastado en el marco del juicio US$ 24.938.630. La mayor parte de ellos fueron destinados a solventar la asesoría letrada, que le costó US$ 18.479.944. En honorarios y gastos de peritos, en tanto, pagó unos US$ 4.018.593. Entre los peritos contratados por la empresa estuvo el actual director de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, Isaac Alfie.

Argumentos

La minera Aratirí planeaba, en el marco de lo que llamó Proyecto Valentines, construir una serie de minas a cielo abierto para extraer mineral de hierro; una planta que procesaría las rocas extraídas de las minas para lograr un “concentrado de alta ley”; un mineroducto subterráneo de 212 km de extensión, que transportaría el concentrado del mineral de hierro a una planta de filtración; un acueducto de retorno para transportar agua de la costa a la planta de procesamiento; y una terminal portuaria especializada. Todas esas instalaciones se estimaban en un valor de entre US$ 3.011 millones y US$ 6.055 millones. Nada de eso se concretó.

Para Aratirí, el fracaso del proyecto fue responsabilidad del Estado uruguayo y ese fue el centro del reclamo que llevó a la Corte Permanente de Arbitraje. La empresa, según figura en el fallo, sostuvo haber invertido US$ 332 millones en estudios previos y le atribuyó a Uruguay “numerosas acciones y omisiones” que retrasaron y denegaron los permisos necesarios, y finalmente derivaron en la extinción de sus derechos mineros y la expropiación del valor del proyecto. Reclamaron daños y perjuicios por entender que esa actitud constituyó un incumplimiento del Convenio entre el gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre el Fomento y la Protección de Inversiones.

El fondo de la controversia no llegó a ser analizado. El tribunal hizo lugar a la “objeción jurisdicción” que presentó Uruguay como uno de los principales argumentos de su defensa.

Para poder amparar el reclamo en el marco del convenio entre Gran Bretaña y Uruguay, el propietario de Aratirí, Pramod Agarwal, hizo en agosto de 2016 una modificación en el fideicomiso que era propietario de la empresa, radicado en Islas Caimán, para poner como beneficiarios a sus tres hijos, que fueron los demandantes ante la Corte Permanente de Arbitraje.

Los tres miembros del Tribunal entendieron que al momento de los hechos los demandantes no eran titulares de un bien protegido por el Convenio y por tanto carecían de legitimación para plantear el reclamo.