Comunicado de prensa
PIDEN SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE UPM HASTA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS AMBIENTALES DE SU AUTORIZACIÓN
Una acción de amparo ante la Justicia,
presentada hoy por integrantes del Movimiento por un Uruguay
Sustentable (Movus), denuncia el incumplimiento por la empresa UPM de
las condiciones ambientales bajo las cuales fue autorizada la
instalación de su nueva planta de celulosa en el departamento de
Durazno y requiere la suspensión de las obras en curso mientras esos
requisitos no se cumplan a cabalidad.
Los fundamentos de esta acción de amparo se encuentran en la documentación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) donde, a través de los informes de los técnicos, se constata que UPM sobrepasó el "plazo máximo de 6 meses" para cumplir las condiciones bajo las cuales fue otorgada, el 14 de mayo de 2019, la Autorización Ambiental Previa a la planta de celulosa y la zona franca proyectadas.
Apremiado por cumplir los plazos
acordados en el contrato, cuando UPM no había confirmado aún su
decisión de inversión, el gobierno anterior autorizó la planta de
celulosa a condición de que la empresa completara después elementos
clave del proyecto. Sin embargo, UPM inició la construcción de la
planta sin cumplir esos requisitos, algunos de los cuales definen la
viabilidad o no del proyecto.
Es el caso de la "línea de base"
del Plan de Monitoreo Ambiental, es decir, el estudio previo de las
características de la zona para determinar cuál es la situación
anterior al proyecto en su área de influencia, de tal manera de
permitir el seguimiento posterior de las distintas fases del mismo.
Haber iniciado la construcción de la planta sin este requisito hará
que no se puedan evaluar después sus impactos reales.
Otro requisito es garantizar la
dilución de 107 millones de litros de efluentes, que la planta de
celulosa volcará en el río todos los días. La autorización
ambiental estableció que la zona de mezcla no puede tener más de
1.000 metros de largo, y que no debe llegar a las márgenes del Río
Negro. Esta definición, que también tenía como plazo máximo el 14
de noviembre de 2019, no ha sido completada y por tanto aceptada
hasta hoy.
Entendemos que las obras de este
proyecto no pueden seguir adelante si no se han cumplido esas
condiciones fundamentales. No existen precedentes de una acción de
estas características ante la Justicia, pero tampoco tiene
precedentes en nuestro país que una empresa, a cargo de un proyecto
de esta envergadura, que debió presentar un estudio completo de
impacto ambiental, no cumpla con sus condiciones.
Somos conscientes de que una decisión
como la solicitada ante la Justicia afectará la actividad de los
trabajadores y de las empresas involucradas en este proyecto, pero no
nos cabe duda tampoco de que por encima de esas circunstancias están
los intereses del Uruguay todo y la salvaguarda de las condiciones
que aseguren el futuro para nuestros hijos y nietos, en un país
solidario y soberano, con un medio ambiente sano.
Movimiento por un Uruguay Sustentable
(Movus)
5 de noviembre de 2020.
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