Una de las principales razones que se dan para justificar la implantación de la megaminería en Uruguay son los ingresos impositivos que se derivarían de esa actividad.
La semana pasada el Movimiento Uruguay Libre mostró los errores en las apreciaciones del FMI en un informe del que se había hecho eco el gobierno.
Ahora habiendo obtenido los datos oficiales del gobierno el Movimiento Uruguay Libre muestra los errores de esos cálculos en un comunicado de prensa:
Comunicado de prensa
DATOS OFICIALES SOBRE EL APORTE
FISCAL DE ARATIRÍ NO CIERRAN
En base a los datos presentados por el
viceministro de Industrias, Energía y Minería, Edgardo Ortuño, el viernes
pasado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, podemos afirmar que la
posible recaudación impositiva por la extracción del hierro de Valentines, en
lugar de los 400 millones de dólares anuales anunciados, no superará los 260
millones de dólares anuales y seguramente será mucho menor.
Para llega a esa conclusión, Uruguay Libre cotejó la declaración del vice-ministro con los datos públicos disponibles y con la legislación vigente, en particular con la Ley de Minería de Gran Porte. Fue con este mismo método que mostramos la semana pasada que contenía "gruesos errores" un informe del FMI sobre el mismo tema, que estimaba una recaudación de 1.000 millones de dólares anuales.
La principal diferencia con los números del gobierno es que no tiene en consideración las deducciones del impuesto a la renta, tanto las que hacen todas las empresas como las que habilitó la Ley de Minería de Gran Porte.
Otra diferencia significativa coincide con la que señalamos del referido informe del FMI. Es que para determinar la facturación del proyecto se toman los precios del mineral puesto en China, sin descontar el flete y el seguro de la carga, lo que trae como consecuencia una reducción del 30% en la facturación.
Por otra parte, en el documento de Ortuño se toma como ingreso fiscal la totalidad del Canon de Producción, el 5% del valor del mineral exportado según la dispuesto por el Código de Minería, cuando la porción correspondiente al estado es de 3%. Todo lo antedicho justifica ampliamente las diferencias encontradas en el análisis.
Cabe agregar que, si tomáramos como buenos los números del gobierno, Aratirí solo estaría pagando 29 millones de dólares anuales más de lo que paga cualquier explotación minera. Esto porque la Ley de Minería de Gran Porte, que insumió tantos debates, habilitó a la empresa a descontar el Canon del impuesto adicional al IRAE.
En
consecuencia, no solo estamos ante un proyecto minero cuyos impactos
sociales y ambientales no han sido aceptados por la Dinama -puesto que
no cuenta con la autorización ambiental requerida-, sino que las cifras
sobre el aporte económico del proyecto, utilizadas para justificar la
firma del contrato, no cierran.
¿Cuáles son los motivos del apuro para firmar el contrato con Aratirí?
Insistimos, una decisión de esta envergadura debe ser tomada por el pueblo.
Llamamos a los uruguayos a firmar las papeletas para habilitar un plebiscito nacional que posibilite el acceso a la población de una información confiable sobre estos proyectos, que habilite al más amplio debate sobre sus implicaciones y que, en última instancia, sea la ciudadanía la que decida si queremos esto para el país.
Movimiento Uruguay Libre de Megaminería
