Nuestro país ha tenido zonas francas desde hace casi 100 años.
Igualmente, la herramienta de las zonas francas en el mundo es mucho
mas antigua y podemos rastrearla en diferentes formas incluso al imperio
romano, a algunas ciudades y enclaves en la edad media, y más cerca en
el tiempo a numerosos ejemplos especialmente en el imperio británico
como Singapur, Gibraltar y Hong Kong.
En el Siglo XX aparecen las primeras zonas francas que incorporan
industrialización, las que en algunos casos como Irlanda, Corea del Sur y
Taiwán sirvieron como disparadores de procesos industriales a nivel
nacional en base a la incorporación de inversiones y tecnología.
El establecimiento de zonas francas se ha disparado en los últimos
años. A nivel mundial eran menos de 80 en 1975. Hoy hay más de 2500 de
ellas, 179 en los Estados Unidos.
A nivel del Mercosur Brasil tiene 22, Argentina 10, Paraguay 2 y Uruguay 11.
En nuestro país las primeras zonas francas se crearon en el marco de
la Ley 7593 de 1923, y lo fueron con el propósito manifiesto de
desarrollar polos industriales fuera de Montevideo. Son de este primer
impulso las zonas francas de Colonia y Nueva Palmira. La legislación que
regula a las zonas francas se reformuló en 1987 con la ley 15921 y su
decreto reglamentario de 1988.
De acuerdo con el Código Aduanero de la Ley 19276 promulgada en
setiembre de 2014, las mercaderías que ingresan desde nuestro país a las
zonas francas son
exportaciones y si se ingresa al territorio nacional mercadería desde una zona franca, estas son a todos los efectos
importaciones.
De manera similar, los intercambios de mercaderías hacia los países
del Mercosur desde las zonas francas, son considerados de extrazona y
sujetos al pago del arancel externo común. Eso salvo para el caso de
mercaderías originarias de los países del bloque y cuyo pasaje por la
zona franca no altere su denominación arancelaria, o sea que solo
implique temas logísticos.
Queda así definido el régimen y claramente no es correcto considerar a
las ventas de mercaderías desde una zona franca de Uruguay hacia otros
países como exportaciones uruguayas. Esto es demostrable por el absurdo
si consideramos que la compra de algún producto de zona franca por parte
de una empresa uruguaya configura una importación y no podría ser
simultáneamente una exportación de Uruguay hacia Uruguay.
Las zonas francas en nuestro país se pueden clasificar en
industriales, comerciales y de logística, de servicios, y mixtas.
Considerando los datos de 2015, los diferentes tipos de zonas francas
presentan impactos muy disimiles en términos de empleo generado, compras
al Uruguay y valor de sus ventas al exterior.
En términos de empleo, más del 50% de los casi 14000 puestos de
trabajo corresponden a “Zonamérica” que es del tipo mixto y si agregamos
las zonas francas de servicios de “Aguada Park” y “WTC free zone” se
definen el 75% de los empleos generados por las zonas francas en
Uruguay.
Las zonas francas industriales de UPM en Fray bentos y Montes del
Plata en Punta Pereira solo emplean en conjunto algo menos del 10%
(1.373 empleos) y el resto, unos 2.000 empleos, se distribuye en las
otras 6 zonas francas.
Si consideramos los niveles exportaciones de bienes desde el
territorio nacional a las zonas francas, de acuerdo a informes de
Uruguay XXI disponibles en su web, las exportaciones a las zonas suman
1470 millones de dólares y la principal compradora es la zona de Nueva
Palmira, destino de más de la mitad de esas exportaciones.
Las zonas francas industriales celulósicas de UPM y Montes del Plata
compraron al Uruguay en 2015, 589 millones de dólares, 40% del total. De
ellos 570 millones fueron por compras de madera y de los restantes 19
millones, 10 fueron de Fuel Oil comprado a ANCAP y solo 9 de otros
productos o insumos producidos en Uruguay.
Analizando las ventas desde las zonas francas al exterior, siempre de
acuerdo a los informes de Uruguay XXI, esas ventas suman más de 2.700
millones de dólares lo que indica incremento por sobre las compras
realizadas en Uruguay de 1230 millones de dólares de los que 550 son de
la zona industrial de Colonia (Pepsico) y 650 de las plantas de
celulosa.
Para conocer el nivel de ganancia y el volumen de valor agregado de
los procesos industriales de esas zonas sería necesario conocer el valor
de las compras de esas zonas en otros orígenes, lo que no es posible
porque esas compras no ingresan al territorio aduanero y así no se
registran en la aduana. Por otra parte sería un ejercicio inconducente
porque esas empresas no pagan impuestos sobre sus rentas.
Asimismo, los datos disponibles en Uruguay XXI y en la Dirección
Nacional de Aduanas no incluyen las ventas de electricidad a UTE que se
hacen desde las zonas francas celulósicas, las que seguramente
incrementan su rentabilidad, en especial porque tampoco pagan impuestos
sobre esas ventas.
Todo lo anterior hace un poco difícil justificar la inclusión de las
ventas de las zonas francas como exportaciones de Uruguay, tal como
aparecen generalmente, incluso en declaraciones oficiales donde a menudo
se incluye la venta de pasta de celulosa por parte de UPM y Montes del
Plata como el segundo renglón en importancia entre las “exportaciones “
de Uruguay solo por debajo de la carne bovina.
Eso igualmente no descalifica al mecanismo de zonas francas como una
herramienta para incentivar la inversión y la utilización de mano de
obra nacional como dice la ley de zonas francas de 1987.
Ciertamente ese ha sido el caso de algunos países, donde el
establecimiento de zonas francas ha llevado nuevas actividades como el
mantenimiento aeronáutico a Irlanda o repuestos automotrices a Malasia.
Tal sería el caso en Uruguay de algunos emprendimientos en el área de
servicios e incluso del emprendimiento de Pepsico en Colonia excepto
porque desde su establecimiento este último no ha tenido ningún efecto
multiplicador y solo compra de Uruguay menos del 5% del valor declarado
de sus ventas.
Caso aparte es el uso de la herramienta de las zonas francas para el
procesamiento sin ganancias para el país de rubros en que el Uruguay
tiene ventajas naturales como es la producción de algunos alimentos y en
los últimos años de la mayor parte de la producción forestal.
Específicamente el establecimiento de la base forestal que tanto
enorgullece a algunos y por la cual se autoasigna crédito todo el
sistema político, costó a nuestro país mucho dinero en subsidios y mucho
más en renuncias fiscales. Eso sin entrar en la discusión sobre la
pérdida de puestos de trabajo, degradación de los recursos hídricos y
otros costos sociales y ambientales que se asocian con los monocultivos
de árboles.
Así, procesar esos productos en régimen de zonas francas priva al
país de la posibilidad de recuperar esos costos en la forma de los
impuestos que esa actividad pagaría de realizarse en el régimen normal.
Un “argumento” para justificar la asignación de zonas francas es que de
otra manera esa actividad sería realizada en otro país, lo que realmente
no es muy diferente a que se haga en régimen de zona franca.
Hoy cuando se plantea incrementar la producción de pasta de celulosa
en régimen de zona franca y cuando se habla de autorizar ese régimen
para un emprendimiento que procesaría pescado, cabe preguntarse porque
se deben de otorgar esos beneficios en el procesamiento de productos en
los que tenemos disponibilidad local y evidentes ventajas comparativas.
Aquí es válida la pregunta en mi columna de agosto (1):
¿Que sucedería si los frigoríficos se establecieran como zonas francas?
Y agrego ahora:
¿Cómo se podría justificar eso?
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(1) (
http://eltelescopio.com.uy/la-pasta-base-de-la-economia/ ) :
Así está claro que para la empresa esa fase no ha finalizado y otra vez el gobierno uruguayo queda en "orsai".El mismo Gobierno que a principio de Abril declaraba la etapa como finalizada y que en ese mes se firmaría el contrato, ahora dice que la firma será en Junio, antes de las elecciones internas de los Partidos Políticos.(3) Eso no coincide con los comunicados de la empresa.
Furthermore, we look forward to our transformative prospects that are set to provide us with unique opportunities for significant long-term earnings growth. In Uruguay, preparations for the potential new world-class pulp mill are proceeding. While encouraging progress has been made in many areas, several important conditions stated in the Investment Agreement are still pending. These include e.g. the execution of the Railway Contract in relation to the Central Railway Public-Private-Partnership (PPP) project. Labour protocols, conflict mitigation regulation and certain material outstanding items as specified in the Investment Agreement are all critical for UPM. If the ongoing second preparation phase is concluded successfully, UPM will initiate the company's regular process of analysing and preparing an investment decision on the potential pulp mill project.
