22 de junio de 2020.
Presentación del MOVUS ante la comisión de diputados para el estudio de la ley con declaración de urgente consideración (LUC)
(Ingresa a sala una delegación del Movus, Movimiento por un Uruguay
Sustentable)
——La Comisión tiene el agrado de recibir a la delegación de Movus
(Movimiento por un Uruguay Sustentable), integrada por los señores Víctor
Bacchetta, Fernando Moyano y Raúl Viñas.
Quiero señalar que van a disponer de alrededor de media hora para que
puedan realizar su exposición. Aspiraría a que lo pudieran hacer en veinte
minutos para que nosotros tengamos tiempo para formular algunas preguntas.
SEÑOR VIÑAS (Raúl).- Hemos venido aquí representando al Movus
(Movimiento por un Uruguay Sustentable), que es apolítico y tiene como norte
tratar que el desarrollo y el futuro en nuestro país sean vistos desde el punto de
vista de la sustentabilidad, a fin de que no destruyamos lo que tenemos, que
sabemos bien que no es nuestro: es de nuestro hijos y de nuestros nietos.
Específicamente, sobre el proyecto de ley de urgente consideración, nos
vamos a referir solamente a dos partes: la creación del ahora denominado
Ministerio de Ambiente y las áreas protegidas.
En relación al Ministerio de Ambiente, podemos decir que en principio nos
parece una idea positiva. La elevación del área ambiental a nivel jerárquico de
Ministerio, o sea, de lo que tiene que ver con el análisis, el desarrollo, el
mantenimiento, la preservación y el buen uso de la sostenibilidad del ambiente,
lo vemos como algo bueno. Es una idea que podemos caracterizar como
auspiciosa, que es buena que se haga en el país pensando en el futuro
Sin embargo, la última versión de los artículos que tiene que ver con la
creación del Ministerio, que vino del Senado, la vemos como un retroceso en
algunas cosas que se habían planteado previamente en la discusión en la
Cámara alta.
La principal duda que nos plantea el proyecto en su forma actual es la
eliminación del ordenamiento territorial del área del Ministerio porque,
específicamente, es básico para el manejo ambiental. También hay que tener
en cuenta que en nuestro territorio el ordenamiento territorial no es solamente
urbanístico, ya que entre 97% y 98% tiene que ver con áreas rurales. Si
ustedes revisan los planes de ordenamiento territorial de las diferentes
intendencias, van a ver que el tema ambiental es la base de todos los
proyectos de ordenamiento territorial departamental que existen.
Con relación a las áreas protegidas, hay dos artículos que aparecieron a
último momento, que quedaron colgados, al final del proyecto de ley que
presentó el Poder Ejecutivo en la Cámara alta. Hemos visto que en el
tratamiento de las áreas protegidas, al contrario de lo que decíamos del
Ministerio, en el Senado se hicieron algunos avances importantes,
especialmente, quitar de la redacción la necesidad de un consentimiento por
parte de los propietarios de los campos, así como también que algunos de ellos
pudieran llegar a recibir indemnizaciones por estar integrados a las áreas
protegidas.
Un último punto del proyecto que viene del Senado, que consideramos
que podría ser discutible, tiene que ver con la definición de un Fondo para cada
una de las áreas protegidas. No queda claro el verbo utilizado porque dice que
el Estado promoverá la creación de ese Fondo. Y, en segundo lugar, no queda
para nada claro cómo se une eso al presupuesto del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas que ya existe. Hay dos cosas relacionadas con lo
mismo -una, quizás, a nivel un poco más departamental-, que realmente
deberían estudiarse mejor.
Luego de este resumen, voy a ceder la palabra al señor Fernando
Moyano, que se referirá a las áreas protegidas.
SEÑOR MOYANO (Fernando).- Con respecto a las áreas protegidas, lo que
queda claro, tanto del texto final como del trámite de este tema, es la ausencia
de una visión estratégica sobre el tema ambiental. Y la visión estratégica es un
problema clave.
¿Qué quedó en el texto final? Un cambio en la referencia de la ley de
áreas protegidas en cuanto al ministerio del que dependen. Lógicamente, si
hay un nuevo ministerio, hay que cambiar el nombre que figura en la ley. Pero
esto no es un tema de urgente consideración. ¡Por favor! No se puede llegar a
este punto anodino de las cosas, ¿no?
Un segundo punto referido a las áreas protegidas es que se suprime el
consentimiento del propietario y se establece que se determinará en base al
acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, según las
leyes y disposiciones en la materia. Obviamente, esto debe hacerse de
acuerdo con las leyes y disposiciones vigentes. Eso no agrega nada. Como no
hay una puesta a punto de esa legislación, no hay un estudio de jerarquías y
prioridades, no se determina qué es lo más importante, simplemente, se hace
una enumeración de las puertas que hay que golpear. Golpeen esta puerta;
golpeen esta otra. ¿Y quiénes van a golpear? Por supuesto, hay muchos
intereses en juego, pero hay una frase típica de las novelas policiales que dice
que los muertos no hablan. O sea, todos aquellos desplazados y arruinados por
el avance de la forestación y los proyectos mineros no van a hablar o su voz
está muy debilitada.
Entonces, simplemente, se hace una enumeración de las puertas que hay
que golpear, es decir, dónde tienen que ir a hacer lobby. Lo que acá no hay y
debería haber es una consideración estratégica de las cosas.
Lo mismo sucede con respecto al tercer punto. Se elimina de la ley de
áreas protegidas una mención -en realidad, es una mención un tanto banal- en
cuanto a que si se llega a una expropiación, debe hacerse por la vía legal. ¡Es
obvio que tiene que hacerse por la vía legal! ¿Qué significa la eliminación de
esa mención? ¿Que se hará por vía ilegal? ¿O que no se va a hacer nunca
jamás una expropiación?
Uno podría decir que no hay recursos, pero ¿qué estudio de recursos
hay? ¿Qué estudio comparativo y de prioridades hay, de manera de establecer
una jerarquía? ¿Con qué recursos se cuenta? Y si no se cuenta con recursos,
¿cuáles son las alternativas? ¿Cuál es la legislación y las restricciones que
tienen que cumplirse? Yo no puedo tener cocodrilos en mi casa, por más que
sea mi casa. O sea, hay restricciones que deben imponerse en función del
interés general. Eso es estrategia; el cómo, dónde y cuándo depende del qué,
por qué y para qué. Por eso se da este absurdo de poner estos temas en una
ley que no tiene nada que ver con esto. Estos temas no pueden estar acá.
Obviamente, la protección del medio ambiente, la protección de la naturaleza
es una cuestión de urgencia; así queda demostrado en el mundo; así lo
muestra, por ejemplo, el deshielo del Ártico, que está sucediendo en estos
días. Eso tiene que ser considerado. ¿Cómo tiene que ser considerado? Si no
es aquí, ¿dónde? Seguramente, ustedes habrán recibido sugerencias de retirar
este punto relativo a las áreas protegidas de la ley de urgente consideración.
Lo que importa no es lo que no se hace; lo que importa es lo que se hace.
¿Qué es lo que se va a hacer? Si se despeja la mesa, si ustedes marcan la
cancha y no quien venga a golpear la puerta de atrás, porque no corresponde,
si se establece una estrategia, entonces, sí se anunciará lo que se hará en la
ley que corresponda. Un gesto sería retirar este tema del proyecto para
considerarlo en otro lado, porque no es acá o, por lo menos, no es así como se
tiene que tratar.
Gracias.
SEÑOR BACCHETTA (Víctor).- Desde que advertimos que en el proyecto de
ley de urgente consideración se incluía la creación del Ministerio de Ambiente,
nos ocupamos de definir nuestro punto de vista y de mantener conversaciones
con las distintas fuerzas políticas integradas en el Parlamento.
Desde el comienzo, desde la presentación del primer proyecto de ley,
planteamos que había dos grandes problemas para resolver en la política
ambiental y que la creación de un Ministerio de Ambiente podría ser una
oportunidad para avanzar en su solución.
Uno de los problemas es que, a nuestro juicio, ha habido ausencia de
evaluaciones estratégicas de los proyectos que son analizados en la Dirección
Nacional de Medio Ambiente, sobre todo, de los grandes proyectos o
megaproyectos, como se los califica. Es decir, se ha seguido la práctica de
analizar los proyectos en forma aislada, en forma particular. Inclusive, en
algunos casos, como el de la segunda planta de celulosa de UPM, el mismo
proyecto se divide en tres partes y se analiza su impacto ambiental en forma
subdividida, lo cual es un absurdo. Ese es un problema que, además, va en
contra de las definiciones de dos normas que para nosotros son
fundamentales. Una de ellas es la modificación que se introdujo en el artículo
47 de la Constitución de la República, la llamada reforma del agua,
correspondiente al plebiscito del año 2004, donde se estableció taxativamente
que la política de aguas se iba a basar en el ordenamiento territorial. Y, en
segundo lugar, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que
establece que el ordenamiento territorial está estrechamente vinculado con la
política ambiental.
Entonces, el segundo tema es que, además, la política ambiental, en la
forma institucional, ha estado atomizada en el Estado uruguayo en una serie de
organismos, agencias, que están involucrados en la gestión ambiental, pero
que actúan por separado, en otros ministerios e, inclusive, en distintas
dependencias del mismo ministerio. Si se quería avanzar en la definición de un
Ministerio de Ambiente, se debería haber avanzado en unificar esas distintas
agencias, esos distintos organismos en un único organismo que pudiera definir
una política coherente y eficaz.
De alguna manera, en la segunda versión que se presentó del Ministerio
de Ambiente, que en ese momento se llamó Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, nos pareció que se iba en dirección a ese avance. Se
incluyó explícitamente que dentro de sus atribuciones estaban las
determinadas por leyes, en particular, la Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible. En la última versión se retrocede, se deja de lado eso,
se define un Ministerio de Ambiente a secas,
Nacional de Ordenamiento Territorial al Ministerio de Vivienda y no se
incorporan áreas significativas de otros ministerios. Es más, se agrega un
tema, que ya había tenido antecedentes en el gobierno anterior, que es la
inclusión dentro de la política ambiental, ahora, en una ley, del Sistema
Nacional Ambiental, que fue creado por decreto del gobierno anterior,
introducido para validar la aprobación del Plan Nacional de Aguas. Dicho plan
fue elaborado sin las instancias de participación social establecidas por la
política nacional de aguas.
El Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio nunca fue convocado.
Ese era el organismo con participación social que debía elaborar el Plan
Nacional de Aguas. Eso no se hizo. El Plan fue elaborado por el Poder
Ejecutivo. Tuvo una discusión pública mínima -diecisiete reuniones en todo el
país, incluyendo una sesión de las Comisiones de Cuencas y de
Acuíferos- para después validarlo con un decreto que colocó la ejecución y el
control del Plan en manos del Sistema Nacional Ambiental.
Para nosotros, ese Sistema Nacional Ambiental es un invento más de
centralización burocrática de las decisiones de la política ambiental que elude y
refuerza la no inclusión de las instancias de participación social en la gestión del agua y en la gestión ambiental. Nosotros tenemos una institucionalidad ambiental que fue definida, precisamente, por la reforma del agua, por el
artículo 47 de la Constitución, que son las Comisiones de Cuencas y de
Acuíferos, en las que debe haber una participación de todos los actores
involucrados en estos temas. Eso ni se menciona, se ignora sistemáticamente
y se definen estructuras cada vez más centralizadas para la toma de
decisiones.
En ese sentido y por estas circunstancias, nos parece que esta propuesta
final es un claro retroceso. Lo que nos llama la atención es que este retroceso
no se pueda atribuir solo a un gobierno; hay que atribuirlo a una coalición de
gobierno y a la mayoría de la oposición parlamentaria que tiene este gobierno.
Parece que cuando la enorme mayoría del sistema político se pone de
acuerdo, en lugar de para avanzar, es para retroceder.
Muchas gracias.
SEÑOR REPRESENTANTE AMARILLA (Gerardo).- Agradezco la presencia y
los aportes de la delegación que nos visita.
Queremos preguntarles su opinión sobre la inclusión de los planes de
ordenamiento territorial como un instrumento a los efectos de considerar la
definición o ampliación de nuevas áreas a integrar al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, tal como figura en el artículo 474 del proyecto de ley en su
redacción actual.
SEÑORA PRESIDENTA.- En primer lugar, quiero señalar que la mayor parte
de las organizaciones que han estado aquí presentes han coincidido con que la
disociación entre el ordenamiento territorial y el medio ambiente o el
ambiente -como lo quieran llamar- no es posible en la vida real.
En segundo término, efectivamente, ustedes plantean la sugerencia de
retirar el punto relativo a áreas protegidas de este proyecto de ley, pero hacen
un planteo más a fondo creo que con relación al nacimiento del propio
ministerio. Entonces, mi pregunta es si consideran que se debería retirar del
proyecto el tema de las áreas protegidas o si también entienden que debería
haber una modificación sustantiva en la creación del ministerio que está
planteada.
SEÑOR BACCHETTA (Víctor).- No nos parece que necesariamente un tema
esté asociado con el otro en el proyecto de ley. Sí es cierto que uno puede
tener consecuencias sobre el otro, pero pueden ser considerados por
separado. | Con respecto a la pregunta del diputado Amarilla, nos parece que
la inclusión de ese párrafo es correcta. Así deben hacerse las cosas;
suponemos que así deberían haberse venido haciendo, en la medida en que es
reafirmar la vigencia de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible. Para nosotros, ese párrafo no es cuestionable. Sí cuestionamos los
conceptos que aquí se comentaron de exigir un consentimiento previo de
propietarios particulares o concederles una indemnización por la definición de
las áreas.
SEÑOR VIÑAS (Raúl).- Si revisan el artículo 474, advertirán que habla de
instrumentos y principios de ordenamiento territorial que deberán ser tenidos en
cuenta en las áreas protegidas, y los toma a nivel departamental. Como decía el diputado Amarilla, los instrumentos vienen a ser los planes de ordenamiento
territorial departamental.
El colocar tan fuertemente el ordenamiento territorial en esta parte,
cuando no va a estar dentro de ambiente, genera uno de los tantos problemas
que tiene la nueva institucionalidad que se le piensa dar al Ministerio de
Ambiente. Entonces, está el ordenamiento territorial, para generar las áreas
protegidas, y al sistema nacional lo maneja el Ministerio de Ambiente
directamente. Además -como decía el compañero Bacchetta-, tenemos muchas
partes relacionadas con el ambiente, incluso, hasta con el cambio climático,
colocadas, sin que se prevea su cambio, dentro del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca.
La Opypa tiene una oficina de cambio climático dentro de ella. La
Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables tiene la parte de suelos.
Son un montón de cosas que verdaderamente, si vamos a formar un ministerio,
sería muy deseable que fueran parte de la estructura o de los cometidos de ese
ministerio. En la redacción actual, quedan incluidos en los cometidos y en las
cosas que tiene que hacer el ministerio, pero están por fuera de él. Integrar
todo esto es básico para que esta Cartera deje de ser lo que decía Víctor, un
Ministerio chiquito, un Ministerio que no tenga la fuerza suficiente.
Entendemos los problemas administrativos, los problemas de chacras, de
esferas de poder; a nadie le gusta que le quiten un área, pero les corresponde
a ustedes, en la redacción de la ley, el reorganizar esto tal cual lo marca el
artículo 174 de la Constitución. Las funciones de los ministerios, se pueden
cambiar por ley. Este es el momento ideal para juntar todo lo que tiene que ver
con el ambiente y que el ministerio nazca con fuerza, con organización y con
capacidad de mantener y hacer que mejore la situación ambiental del país que,
en algunos puntos, está muy deteriorada.
SEÑOR BACCHETTA (Víctor).- Esa inclusión del sistema nacional ambiental,
que es un gabinete ministerial básicamente, me hace recordar lo que es el
comité de bioseguridad. En el caso del comité de bioseguridad, decisiones que
tienen el voto contrario del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, son tomadas igual por la
mayoría: por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de
Relaciones Exteriores o por alguno de los ministerios productivos como, por
ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Que se ponga por encima de la estructura del Ministerio de Ambiente al
Sistema Nacional Ambiental con esa composición, debilita la capacidad de ese
Ministerio.
SEÑOR VIÑAS (Raúl).- Queda claro que lo que estamos impulsando es que
haya un Ministerio de Ambiente fuerte, potente, bien posicionado y en
condiciones de manejar esta área que es, quizás, la más importante del país
estratégicamente.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de la delegación. Luego
se les hará llegar la versión taquigráfica.
(Se retira de sala la delegación del Movimiento por un Uruguay Sustentable)
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