8 de agosto de 2019

República o “Monarquía Celulósica”


El martes pasado un comunicado en inglés de UPM daba la mala noticia para Uruguay de que la empresa había dado el “SI” a la posibilidad de instalar una segunda planta de celulosa, eso siete meses antes del fin del plazo previsto en el documento firmado entre el Poder Ejecutivo y UPM el  7 de noviembre de 2017.

Esa firma se realizó en la Torre Ejecutiva con invitación a toda la prensa nacional e internacional, rápidamente convocada, ya que hasta el mediodía la noticia era que UPM se tomaría 10 días para decidir sobre algunas cláusulas del documento.
De lo firmado esa tarde se dijo que era la de una “hoja de ruta” un “precontrato” y otras consideraciones similares, aunque ahora ha sido  denominado como un “Contrato de Inversión”

Pero esa no sería la única firma comprometiendo al Uruguay en sumas multimillonarias con la empresa UPM. Cinco meses más tarde los mismos funcionarios que comparecieron en representación de Uruguay el 7 de noviembre, firmarían con los representantes de UPM  una  modificación al documento, aceptando entre otras cosas un pago 10 veces menor al pactado originalmente por el uso que haría UPM de las vías que Uruguay construiría entre la planta de celulosa en Pueblo Centenario  y la terminal de UPM en el puerto de Montevideo.

A diferencia de la primera, esta segunda firma no tuvo publicidad, no se citó a prensa y las luces de la sala de presidencia permanecieron apagadas. Sucedió el 5 de abril de 2018, aunque los uruguayos solo nos enteramos casi un año más tarde, cuando en un informe pagado por la Presidencia a un estudio privado de abogados para justificar que los funcionarios firmantes no concurrieran a una citación del parlamento, apareció citada la modificación realizada al contrato, entre los documentos estudiados.

No hubo además en este caso una resolución del Poder Ejecutivo autorizando la firma de los funcionarios. La Resolución 154/2018 convalidaría lo actuado, pero solo 4 días más tarde, evidenciando la falta de autorización previa para el acto realizado.

Tampoco fue esa la última vez  que se firmaron modificaciones o contratos comprometiendo a la República con UPM. Al otro día de que la empresa comunicara su decisión de seguir adelante con la planta de celulosa sobre el río Negro, y cuando aún no se habían acallado las manifestaciones de júbilo de algunos, por el gran negocio que esto puede significar para UPM; supimos que una semana antes, el 15 de julio, los mismos tres funcionarios volvieron a firmar documentos en nombre de la República, otorgando a UPM aún mejores condiciones para desarrollar su negocio en Uruguay, además de la posibilidad de retirarse del contrato unilateralmente, por su sola voluntad, con la sola condición de avisar con un año de antelación.

Al igual que en 2018 esta firma se realizó sin prensa ni control alguno, solo por la voluntad de los tres firmantes y supuestamente la del Presidente de la República que con su acción termina de comprometer al país al pago de más de  cuatro mil millones de dólares en una serie de otros documentos confidenciales firmados con UPM, como fue el contrato de compra de energía al que se obligó la UTE por 20 años.  Este contrato se firmó pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos del organismo. Además de acuerdo con los servicios técnicos de UTE supone un incremento de la tarifa eléctrica de un 2%, elevando aún más el costo de la electricidad para los uruguayos.

Tan secreta fue la firma del documento el 15 de julio, documento que ahora sabemos se denomina “Contrato Complementario”, que consultados varios miembros del Poder Ejecutivo, los ministros de Economía, de Transporte y Obras Públicas y de Industria y Energía, tres carteras claves en el tema, reconocieron desconocer las cláusulas de ese contrato.

Recordemos que las cabezas de esos ministerios además de las de los ministerios de Trabajo y de Vivienda y Ambiente habían estado en la foto de la firma del contrato original de noviembre de 2017.

¿Como un país como Uruguay, reconocido internacionalmente, hasta ahora, por su seguridad jurídica ha llegado a esta situación de lo que al menos podemos llamar “desprolijidad” administrativa?

El parlamento es el gran ausente, el legislativo que de acuerdo con el Artículo 85 de la Constitución de la Republica debe : “aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras” no tiene injerencia en estos tratos que el ejecutivo realiza por si y ante si con empresas a las que de esa manera eleva al nivel de estados rebajando la república al nivel de una empresa que viene a operar en su territorio.

¿Cómo llegamos a esta situación en que como un monarca absolutista el Presidente decide solo con su secretario comprometer el país incluso más allá de su mandato?

¿Cómo puede ser que el presidente pacte con empresas condiciones que en la práctica anulan a los poderes judicial y legislativo de la República en lo que se refiere al trato con la empresa que contrata?

Lo del legislativo es porque porqué más allá de la seguridad jurídica que es un valor a conservar y cuidar, se pacta en esos contratos la inamovilidad jurídica por la que una ley promulgada por un parlamento legítimamente elegido, digamos en 2035, no sería aplicable a la empresa.

El Poder Judicial queda además fuera porque en los contratos se pacta la jurisdicción internacional para la resolución de diferencias entre la empresa y el estado.

La combinación de estas condiciones hace que las empresas contratantes configuren algo muy parecido a los enclaves coloniales de potencias y empresas que en los siglos 18 y 19 sirvieron para la explotación de los recursos naturales de muchas regiones del mundo, en beneficio de las metrópolis y empresas tratando con los reyezuelos o dictadores de turno.

¿Cómo se ha llegado a esta situación de poder cuasi absoluto en manos del Presidente y su Secretario para pactar condiciones en nombre de la república incluso más allá de su período de gobierno?

PPara nuestro país esta situación tiene su origen en los decretos del Poder Ejecutivo 
455/2007 (1) y 477/2008 (2) ambos decretos dicen reglamentar la ley conocida como 
de promoción de inversiones (Ley 16906) (3) pero en la práctica van más allá de lo que
dice la ley a la que le hacen decir y por lo tanto a los legisladores y al Poder Legislativo 
más de lo que la ley dice y de lo que evidentemente fue la intención del legislador.
 
En esos decretos se crea la figura e instrumento de los contratos entre gobierno y 
empresas cuando se trate de proyectos de inversión que superen los siete mil millones 
de Unidades Indexadas, equivalentes a casi mil millones de dólares.
 
Esos proyectos que se califican como “Inversiones de gran significación económica” 
 quedan en manos exclusivamente del Poder Ejecutivo y dentro de el de la Presidencia
de la República y muy especialmente del Secretarío de la Presidencia que preside 
la comisión que se conforma con representantes de los ministerios relacionados con 
las actividades del proyecto para definir y negociar el contrato.

Así en este tiempo de elecciones uno esperaría que se propusiera revisar este conjunto de normas que genera la entrega de la soberanía a las empresas y una peligrosa concentración de poder económico y político en muy pocas manos y sin ningún control.  Sin embargo eso no sucede, se me ocurren dos causas, no conocen que esto existe o no quieren hacer olas por si les llega la oportunidad de usarlo. 

Raúl E. Viñas
METORÓLOGO MSC
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp6212048.htm

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