En la presentación de prensa de UPM, hace dos semanas,
dijeron que ya tenían firmados los contratos energéticos y que estaban
muy contentos con ellos.
De acuerdo con lo que hoy publica Búsqueda, razones no le faltarían.
Me quedan serias dudas de si podemos los uruguayos compartir esa alegría.
Sigue el texto de la nota de Búsqueda de hoy:
El Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas recomienda observar el contrato entre el gobierno y UPM referido a energía
El contrato de compraventa de energía entre el gobierno y UPM, que
establece que UTE compre el 100% del excedente de energía eléctrica
generada por la pastera finlandesa en sus procesos industriales, “puede
afectar las condiciones competitivas del mercado energético”, advierte
un informe del Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas al que
accedió Búsqueda. Aunque el asunto está previsto que
sea tratado por el Tribunal de Cuentas la semana próxima, el documento
recomienda al organismo observar el gasto relacionado con el contrato,
que forma parte del acuerdo de inversión global firmado en noviembre
entre Uruguay y UPM.
“En tanto el objeto del contrato de compraventa de energía refiere a
un sector del mercado regulado, corresponde solicitar a la Ursea se
expida respecto a las condiciones establecidas en la medida que estas
puedan afectar las condiciones competitivas del mercado energético”,
sugiere el informe, elaborado el lunes 7, en referencia a la Unidad
Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), la institución
estatal encargada de la fiscalización y el asesoramiento en los sectores
de energía, combustible y agua.
El contrato de compraventa de energía eléctrica entre UTE y UPM
integra a las dos plantas de producción de pasta de celulosa que la
compañía tendrá en el país: la ya existente en Fray Bentos y la que se
estima será construida en pueblo Centenario, Durazno, a partir de 2020.
El acuerdo obliga a UTE a la compra del 100% del excedente de energía
eléctrica generada como consecuencia del proceso industrial, por un
plazo de veinte años y a un precio que debe situarse en los 72,5 US$/MWh
durante todo ese período. Por otro lado permite que en algunos casos la
energía eléctrica generada en ambas fábricas pueda ser vendida al
mercado doméstico spot o exportada a Argentina, Brasil o
cualquier otro país si UPM decidiera hacerlo en el marco normativo y
comercial vigente; también la posibilidad de que se venda la energía
eléctrica a cualquier usuario que se encuentre ubicado en cualesquiera
de las zonas francas donde se ubicarán las dos plantas.
Más allá del cuestionamiento específico sobre este punto comercial,
el Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas también observa el
punto relativo a la cesión de contrato entre UPM y UTE, que compromete
al ente autónomo a no rechazar la cesión en caso de que el cesionario
sea una persona aceptable y/o afiliada a UPM.
El hecho de que UTE no pueda negarse a que UPM ceda total o
parcialmente cualesquiera de los derechos y obligaciones emergentes del
contrato, “contraviene lo dispuesto por el artículo 75 del Tocaf, en
tanto dicha norma legal establece que la aceptación de la cesión
constituye en todos los casos un mero poder y no un deber como los
contratos lo prevén en determinadas hipótesis”, afirma el documento.
Agrega que esa parte del acuerdo circunscribe el concepto de persona
aceptable, “autolimitándose indebidamente” de esa manera a UTE en la
posibilidad de rechazar la cesión.
Agua subterránea.
El segundo emprendimiento de UPM en el país consiste en la
construcción y operación en régimen de zona franca de una planta
industrial para la producción de pasta de celulosa a partir de madera de
eucalipto, con una capacidad nominal de producción de 2,1 millones de
toneladas por año.
El plan de Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) que presentó
UPM en febrero al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente señala que
para la fase de construcción se dispondrá de una planta para el
suministro de agua potable, así como de una planta de tratamiento de
aguas residuales. “Tanto la fuente de agua, como el cuerpo receptor de
estas plantas, será el río Negro. No obstante, es posible que esta
fuente de agua se complemente con algún pozo de agua subterránea, según
disponibilidad”, detalla el reporte, que define al agua subterránea como
la que se aloja y circula en el subsuelo, conformando los acuíferos.
El sitio web Sudestada informó el martes 8
que para ese fin la empresa pretende utilizar el acuífero Tacuarembó,
porción uruguaya del acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce
más importantes del planeta compartida entre Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. “Eso todavía no se ha determinado”, respondió ayer
miércoles en Radio Uruguay la ministra de Vivienda, Eneida de León. “Eso
tendrán que plantearlo y se estudiará y se resolverá. La Dirección
Nacional de Agua da los permisos para esas extracciones de agua
subterránea, que quizás sea viable en ese lugar”. Por lo pronto, UPM
manifestó en su reporte que según el Mapa Hidrogeológico del Uruguay, la
fábrica de pueblo Centenario se emplazará en una zona de acuíferos en
rocas con porosidad por fracturas y niveles de alteración o disolución
cárstica, “con alta a media probabilidad para agua subterránea”.
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