Grupos económicos transfieren y se
apropian de permisos mineros más allá de la ley de megaminería.
En un mes se agotará el plazo que
la modificación de la Ley 19126 le otorgó a Minera Aratirí SA para firmar con
el Poder Ejecutivo uruguayo un contrato de minería de gran porte.
Ese plazo, que era en la versión
original de la ley aprobada en octubre de 2013, de 360 días, con la posibilidad
de una prorroga de 90 días más; fue cambiado, manteniendo los primeros 360 días
pero extendiendo la posibilidad de prórroga de 90 a 360 días.
Ese cambio en nuestra legislación
se aprobó en Febrero de 2015, pocos días antes de que se venciera para Minera
Aratirí SA el plazo legal.
Las disposiciones de la ley 19126,
que desde su promulgación solo fue aplicada a Minera Aratirí SA, establecen que
de no firmarse el contrato de minería de gran porte, los permisos de la empresa,
en este caso Minera Aratirí SA, pasarían al registro de vacancias.
Eso quiere decir que no firmando el
contrato, la empresa pierde esos permisos, los que pueden ser solicitados por
otros interesados, o utilizados por el propio estado mediante la creación por
ley de un ente público o persona jurídica de
propiedad estatal para continuar realizando la actividad minera.
En esa circunstancia la ley le otorga a la empresa
preemisaria prioridad por 90 días para presentar otro interesado y en caso de
hacerlo, le otorga al nuevo interesado 120 días más para firmar el contrato.
Todo esto extendería el plazo, en este caso, hasta la
segunda quincena de junio de 2016.
Mientras se agotan los plazos, los uruguayos nos
enteramos que después de casi 4 años (46 meses) de seguro de paro, finalmente
Minera Aratirí pagará los despidos de sus 96 empleados y simultáneamente vemos
que de alguna forma se presenta una nueva empresa como “dueña” del proyecto.
Aparece así ahora el grupo Aurum Ventures con base en
Mumbai (India) que según lo que reseña su propio sitio web (aurumventures.in)
no tiene más experiencia minera que estudios geológicos en yacimientos de oro y
carbón en Tanzania y Mozambique.
Ese grupo lista ahora como propios, además del
proyecto de Aratirí en Uruguay, el de Zamapa (Estado de Amapá en Brasil); que
Zamin Ferrous había adquirido en 2014 y actualmente paralizado.
Cabe destacar que en la operación de Zamapa de menos
de 2 años, Zamin Ferrous fue multada en varias ocasiones por el gobierno
brasileño y el estadual de Amapa, principalmente por causas ambientales y
laborales.
Resulta interesante ver como la transferencia de los
“títulos” del proyecto se habría realizado entre los privados sin intervención
estatal. Una transacción comercial entre privados que afecta cientos de miles
de hectáreas de nuestro territorio no tuvo ninguna difusión previa.
Cualquier lector que haya intervenido en la
compraventa de un establecimiento comercial, incluso un simple kiosco, sabe del
papeleo, la tramitación, especialmente ante la Dirección General Impositiva
(DGI), el Banco de Previsión Social (BPS) y otros organismos, incluso
municipales; que implica culminar la transferencia.
Cabe preguntarse también si la “venta” o transferencia
de los permisos no sería un hecho generador para el Impuesto a la Renta de las
Actividades Económicas (IRAE), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otros.
Mas allá de los cambios en los nombres de las
empresas, podemos preguntarnos como se podría llega a hacer algo parecido a una
extracción de mineral de hierro, cuando el costo de la operación en Uruguay es
mucho mayor que el precio internacional del producto.
Eso debido a que se trata de yacimientos “pobres” o
marginales que solo pueden ser rentables en coyunturas económicas favorables
como la que excepcionalmente se dio entre 2009 y 2012.
Sin embargo, más allá de que mantener, cual espada de
Damocles, los pedimentos mineros afecta la capacidad productiva de miles de
hectáreas; la conveniencia económica del proyecto es problema de Aratirí y sus dueños.
La otra pregunta, la más importante, la que el
país debiera plantearse, pensando justamente como país, a largo plazo y
teniendo en cuenta las futuras generaciones es:
¿Para qué autorizar la extracción de hierro en
las praderas uruguayas?
Ya sabemos que esa explotación no nos va a
dejar beneficios económicos, lo dijimos, lo escribimos y se le ha demostrado al
FMI y al gobierno utilizando los propios números de los Ministerios de Economía
y de Industria.
Tanto ha sido así que los personeros del
proyecto ya ni hablan de este tema.
El lector podrá seguramente recordar cuando
voceros del gobierno como el ex ministro de Industria, Energía y Minería, el
Ingeniero Roberto Kreimerman proclamaban en los medios que la extracción de
hierro dejaría cientos e incluso miles
de millones de dólares anuales al Uruguay.
Sabemos también del daño ambiental que supone
la extracción de hierro a cielo abierto, ya que más allá de los dichos del ex
presidente de Mujica en el sentido de
que "se tapa el pozo y eso está garantizado antes de
empezar a agujerear, no se negocia" (1) los planes de
la empresa presentados al gobierno y disponibles en la web (2) dejan en claro
que agotado el yacimiento, en menos de 16 años la empresa se va y los pozos
quedan para ser llenados gradualmente con agua cuya calidad no se garantiza,
destruyendo la capacidad productiva de la zona.
El proceso extractivo previsto, tampoco genera
forma alguna de “desarrollo”, ya que se limita a extraer, a la mayor tasa
posible, todo el mineral disponible para venderlo en el mercado internacional
como materia prima, sin valor agregado nacional.
En lo social, el proyecto solo incrementa
marginalmente los puestos de trabajo disponibles en la zona, ya que la misma, a
diferencia de los desiertos y montañas en que normalmente se desarrollan las
actividades mineras a cielo abierto en el mundo, está ocupada y tiene
actividades productivas establecidas.
Tampoco ofrece el proyecto empleo de calidad,
ya que los puestos de trabajo serían solo por el período de extracción que no
superará los 15 años y los trabajadores estarían expuestos casi todo el tiempo
a un ambiente en que la calidad del aire sería “mala” como lo reconoce el propio
estudio de impacto ambiental de la empresa.
Eso genera una carga o pasivo sanitario y
social que debería ser atendido a futuro por nuestra sociedad.
Ante eso y ante el silencio casi total sobre
el tema de quienes han sido elegidos por la ciudadanía para gobernar y legislar
en representación de todos, dejo abierta la pregunta:
¿PARA QUE?
Publicado en eltelescopio.com.uy el 30-11-15
