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4 de marzo de 2016

¿Quo vadis Aratiri?



Sin pena ni gloria se agotan los plazos legales
 
En diciembre de 2013 el Poder Ejecutivo declaraba el denominado Proyecto Valentines cómo “Minería de Gran Porte” de acuerdo con lo dispuesto por la ley 19126 aprobada en setiembre de ese año.

Comenzaba así el periplo que durante todo 2014 llevó a que se escucharan las mas disparatadas afirmaciones sobre los beneficios económicos que se derivarían de la extracción de hierro a cielo abierto propuesta por Minera Aratirí SA.

Las estimaciones llegaron a ser de casi 1000 millones de dólares anuales en un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue refutado por el Movimiento Uruguay Libre en febrero de 2014 (1).
Mas cauto, el gobierno pasó durante 2014 de estimaciones de 800 millones anuales (2) a otras solo 400 en las declaraciones del entonces titular del Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM), el Ingeniero Roberto Kreimerman (3).

En su momento, desde el Movimiento Uruguay Libre y utilizando los propios números del MIEM y el FMI se demostró lo errado de esas afirmaciones.

En realidad, aprovechando las normas legales que le permiten a la minera de gran porte,  por ejemplo, la depreciación acelerada de sus inversiones para descontarlas de sus impuestos; la empresa no pagaría impuestos al menos por los primeros cinco años y solo pagaría importes muy bajos en los siguientes cinco. Esos cálculos están disponibles en una planilla interactiva en  el sito web de Uruguay Libre y a disposición de los lectores (4).

También durante 2014 mientras que se trabajaba entre el gobierno y la empresa para concretar la firma de un contrato para la extracción del hierro, el  que debía por mandato legal firmarse antes del 29 de noviembre; hubo muchas menciones en la prensa sobre las consecuencias ambientales del proyecto extractivo presentado por Aratirí.

Por el lado del gobierno y con el significativo silencio de la empresa, se  minimizaba el impacto territorial y ambiental de la extracción de hierro a cielo abierto propuesta por Aratirí, indicando que el proyecto solo afectaría una muy pequeña porción del territorio.

Ilustra sobre le tema recordar las declaraciones del ex presidente  José Mujica en el sentido de que "se tapa el pozo y eso está garantizado antes de empezar a agujerear, no se negocia" (5)  y compararlas con los planes de la empresa presentados al gobierno y disponibles en la web (4) que dejan en claro como, agotado el yacimiento en menos de 16 años, la empresa se va y los pozos quedan para ser llenados gradualmente con agua cuya calidad no se garantiza, destruyendo la capacidad productiva de la zona.

A pesar de todos los esfuerzos, el plazo del 29 de noviembre de 2014 llegó y se pasó a la extensión prevista de 90 días para continuar con las negociaciones.

En febrero de 2015, pocos días antes de que venciera el plazo legal, se le otorgó a Minera Aratirí 270 días más para negociar modificando en la ley 19126 el plazo de la extensión de 90 a 360 días (6). 

Conviene destacar como durante 2015 las negociaciones se realizaron en ámbitos reservados y no hubo casi menciones a los supuestos beneficios económicos del proyecto Aratirí. Públicamente se habló mayormente sobre la seguridad jurídica y el cumplimiento de los plazos legales, modificados especialmente en febrero, para justificar las negociaciones.

Venciendo el plazo de la extensión, el 24 de noviembre de 2015, aparece una nueva empresa denominada Aurum Ventures (7) la que incluso participa en las negociaciones para concretar el pago del despido a los trabajadores aún bajo contrato con Aratirí que venían haciendo uso de un seguro de paro especial desde hacía 4 años (8).

La ley 19126 establece un plazo de 90 días para que la minera de gran porte, en este caso Aratirí, presente una nueva empresa y en caso de hacerlo le da a esta nueva empresa 120 días para negociar.

Esa empresa podría ser Aurum Ventures, la que a pesar del compromiso alcanzado para el pago de los despidos, incumplió el convenio. Extrañamente el gobierno respondió, sin denunciar el incumplimiento y autorizando por ley una extensión de seguro de paro de los trabajadores. (9)

Llega así la finalización del plazo para presentar una nueva empresa, el 24 de febrero pasado, y no ha habido confirmación de que se haya colocado formalmente a Aurum Ventures, cuyos antecedentes locales ya son bastante malos, como nueva negociadora del proyecto con el gobierno.

Si Aurum Ventures no sigue, sería el fin del proyecto propuesto y entonces los títulos mineros de Minera Aratirí deben pasar al registro de vacancias  como marca el Artículo 38 de la Ley 19126.

Allí podrían ser rápidamente adquiridos por alguna otra empresa, incluso del grupo económico de Minera Aratirí, siguiendo con la tradición especulativa de la posesión de títulos mineros en Uruguay, especulación que afecta el potencial productivo del país al limitar el acceso al crédito de los propietarios de las tierras sobre las que pesan pedidos mineros.

En especial desde la modificación del Código Minero de 2011 (Ley 18813) el abaratamiento de esos permisos y la extensión de sus plazos ha llevado a que casi el 25% del territorio nacional  tenga pedimentos mineros, los que pueden ser tan baratos como menos de dos pesos por año por hectárea (10).

¿Es ese el Uruguay que queremos?

Nuestro país tiene el potencial de la producción de alimentos y otros productos en forma sustentable y sostenible, la extracción de metales a cielo abierto, especialmente a gran escala, no es compatible con las características de nuestro territorio y de hacerse dejaría improductivas porciones del mismo.

Así se justifica y hace necesaria la propuesta de incluir en nuestra constitución la prohibición de la extracción de metales a cielo abierto, una actividad que lejos de ser “de utilidad pública” y generar “procesos de desarrollo sostenible”, es una que destruye el potencial productivo del territorio.   

Para plebiscitar la propuesta se están juntando firmas por parte del Movimiento Uruguay Libre en todo el territorio nacional (4). Es entendible que una empresa pretenda obtener ganancias a corto plazo explotando los recursos naturales, pero como contrapeso el estado debe definir la pertinencia y conveniencia de esas explotaciones atendiendo a criterios de país y los deberes hacia las futuras generaciones.

Prohibir la extracción de metales a cielo abierto es un paso en ese sentido.

(1) http://www.espectador.com/sociedad/285094/aratiri-estimacion-de-ganancias-de-fmi-tiene-gruesos-errores
(2) http://www.miningpress.com.ar/nota/68239/por-aratiri-uruguay-eliminaria-beneficios-tributarios-mineros-congreso-debate-que-hacer-con-la-renta
(3) http://www.republica.com.uy/de-todos-los-uruguayos/430809/
(4) www.uruguaylibre.org
(5) http://www.elpais.com.uy/informacion/mujica-dice-que-subiran-sueldos.html
(6) http://www.parlamento.gub.uy/sesiones/AccesoSesiones.asp?Url=/sesiones/diarios/senado/html/20150205s0048.htm
(7) http://www.espectador.com/sociedad/325701/aratiri-nuevos-duenos-lideran-las-negociaciones-con-el-gobierno
(8) http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/11/acuerdo-de-hierro/
(9) http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/1/hierro-fundido/
(10) http://uruguay2035.blogspot.com.uy/2014/04/campos-en-uruguay-14-por-ano.html

6 de enero de 2014

Plebiscito Megaminería, informate.

Se ha lanzado en Uruguay la iniciativa de promover un plebiscito constitucional para prohibir la minería a cielo abierto de minerales metálicos.

Más allá de los importantes argumentos ambientales, las propuestas mineras hoy a estudio no son un buen negocio para el Uruguay que pierde la totalidad de sus recursos minerales, para exportarlos en un breve lapso sin ningún agregado de valor ni desarrollo local.

Eso porque, entre otras cosas como sucede con cualquier empresa, los costos de instalación son mayormente deducibles de los impuestos, en especial del impuesto a la renta (IRAE).

En el caso de Minera aratirí SA esos costos eran estimados en 2010 como de 1500 millones de dólares.(1)
Ya en abril de 2011 se planteaba por parte de la empresa una inversión de U$S 2000 millones, un incremento del 33% en 10 meses.(2)

Solo 4 meses mas tarde,  en agosto del mismo año, la empresa reportaba costos de instalación de 3000 millones.(3)

No deja de llamar la atención como el monto que planteaba invertir Minera Aratirí SA en su proyecto de extracción de mineral de hierro se haya incrementado en  50% en unos pocos meses, manteniendo los demás parámetros del proyecto.
Hoy la empresa habla de U$S  3200 millones que serán deducidos de sus impuestos

Ayer, 5 de enero de 2014, el Sr. Ministro Ing. Roberto Kreimermen indicó en el programa Dosmil30 de Radio El Espectador que en su operación la empresa pagaría unos 400 millones anuales en impuestos, suma esa que deduciendo solo los costos de instalación, nos muestra que Minera Aratirí SA no pagará nada por al menos los primeros 8 años de su operación extractiva prevista para 12.
De que sirve que se diga como la ley megaminera prevee un fondo intergeneracional, si no habrá dinero para ese fondo.
Que no nos vendan espejitos, la megaminería puede ser un buen negocio.

Como está planteada, no lo es para el Uruguay.
Con la ley 19126 aprobada a mano enyesada y el gobierno empecinado en firmar un contrato con Minera Aratirí, aún antes de contar con las necesarias aprobaciones ambientales, y otros requisitos, paradójicamente incluidos en la ley 19126; solo queda impulsar el plebiscito para entre todos decirle NO a la depredación de nuestros recursos.

Visita: www.uruguaylibre.org/ e informate de donde firmar. 

(1) http://www.lr21.com.uy/economia/402961-una-empresa-minera-de-india-invertira-us-1500-millones
(2) http://www.lr21.com.uy/politica/446446-gobierno-pide-a-minera-aratiri-mejorar-propuesta
(3) http://www.lr21.com.uy/politica/465596-gobierno-decepcionado-ante-el-accionar-de-la-oposicion