El río Santa Lucía ha sido la fuente de agua para Montevideo desde 1871.
Paulatinamente se le han sumado requerimientos por el crecimiento de la
población y del área de cobertura de agua potable.
A eso se sumó el abandono de otras fuentes, como el Arroyo Pando, que abastecía
a la ciudad homónima, la que ahora se abastece integrada al sistema
metropolitano de Montevideo.
En los estudios de 1970, realizados con colaboración de la OEA, se aconsejó la
realización obras, incluso reservas, a fin de asegurar el abastecimiento de
agua a la población y se realizó un estudio de otras potenciales fuentes
complementarias.
Así se planificaron las reservas del Canelón Grande y Paso Severino que se
ejecutaron y las de Casupá y del Arroyo del Soldado que "quedaron en
carpeta".
Entre otras fuentes estudiadas como complementarias estuvieron el arroyo Pando
y el Solís Chico, además de la posibilidad de una toma de agua en Arazatí que
se descartó por costo y la salinidad de la zona.
Más cerca en el tiempo la empresa israelí Mekorot aconsejó que el sistema metropolitano debiera de contar con al menos dos fuentes de agua y dos plantas de potabilización, cada una capaz de suministrar al menos el 70% de la demanda, lo que son unos 400.000m3 de agua potabilizada diarios.
Es de sentido común
pensar que se necesita contar con una segunda potabilizadora para el sistema
metropolitano que complemente las de la Usina de Aguas Corrientes.
Una decisión tan importante como decidir el abastecimiento de agua a
Montevideo y el área metropolitana debiera de ser fruto de profundos estudios y
de una planificación estratégica que propenda al mejor uso de los recursos.
Eso se desprende de los informes de la propia OSE, producidos en respuesta a pedidos de acceso a la información pública realizados por Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), que dejan en evidencia como la OSE carece de estudios de fuentes alternativas para el abastecimiento de agua a la zona metropolitana.
En especial OSE no pudo
presentar ningún estudio que pueda justificar la conveniencia de aceptar la
propuesta hecha por privados de la zona de Arazatí, para ubicar la toma de agua
del sistema.
En el tema económico, OSE tampoco pudo presentar ningún informe económico
financiero que justifique la reserva de US$ 810 millones para el pago del
proyecto, lo que se hizo por la resolución del directorio 1042/2023.
Así podemos decir que no
existe justificación económica ni financiera para el pago de más de 800
millones de dólares por una obra cuyo costo, de acuerdo a lo informado por el
proponente, no supera los 250 millones. Ese pago en diecisiete años y medio implica
una tasa de interés efectiva anual del 21% en Unidades Indexadas, lo que
quintuplica la de los bancos de plaza.
Ahora, con la condena que prohíbe la firma del contrato con el consorcio
privado, se apresura la aprobación ambiental del proyecto aceptando un Informe
Ambiental incompleto, el que llegó a ponerse de manifiesto sin que el consorcio
haya respondido las solicitudes de información del Ministerio y se realizó una
audiencia pública sin cumplir con los pasos y etapas que dispone el decreto
349/2005 reglamentario de la ley de evaluación de impacto Ambiental (Ley
16466).
LA DECISIÓN DE HACER LA
TOMA DE AGUA EN ARAZATÍ, INSTALANDO ALLÍ LA POTABILIZADORA Y LA RESERVA DE
AGUA, EL "POLDER", NO TIENE SUSTENTO FINANCIERO, TÉCNICO, NI SU
CAPACIDAD CUBRE EL MÍNIMO NECESARIO PARA ASEGURAR EL SUMINISTRO DEL ÁREA
METROPOLITANA
Publicado en La Diaria el 4-10-24
No hay comentarios:
Publicar un comentario