Especialistas piden actualizar normas “obsoletas” que regulan la forestación para mejorar el estudio de su impacto en el ambiente
Sigue el texto de la nota del semanario:
Los primeros meses del año estuvieron marcados, entre otras cosas, por el debate parlamentario sobre el proyecto de ley que prevé limitar el territorio destinado a la producción forestal en el país, discusión que derivó en una inesperada alianza entre Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el Partido Ecologista Radical Intransigente para darle media sanción.
El proyecto no cuenta con el apoyo del resto de los partidos que integran la coalición de gobierno, y tampoco de la Sociedad de Productores Forestales, que afirma que violenta la propiedad privada y desconoce los aportes de la forestación a la economía del país. En tanto, quienes están a favor sostienen que es necesario corregir algunos aspectos de la actual política forestal, sobre todo aquellos en los que la práctica ha demostrado interacciones negativas con otras actividades agropecuarias.
En el marco de esta discusión, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) organizó días atrás un debate acerca de la forestación y sus efectos, enfocado principalmente en los impactos ambientales. Las valoraciones sobre los efectos negativos y positivos de la actividad fueron disímiles.
El profesor adjunto de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (Udelar) y consultor privado en manejo forestal Gustavo Daniluk explicó durante la instancia que de las 16 millones de hectáreas que tiene Uruguay, 12 millones se destinan a ganadería, 1 millón a la agricultura y 1 millón a la forestación. “Cuando decimos que se está forestando todo el país, hablamos de que lo que se forestó es un 6% de la superficie a escala país. Parece más porque los árboles son grandes y porque se plantan cerca de las carreteras por un tema de costos logísticos”, afirmó.
Daniluk reconoció que uno de los impactos negativos de la forestación es el cambio de uso de suelos, pero señaló que ese impacto “hay que evaluarlo, cuantificarlo, definirlo y tomar acciones”.
“Hoy hay empresas que hacen un buen manejo forestal, responsable con el ambiente, y otras que trabajan mal. Pero ya no se piensa solo en el suelo, sino en qué ecosistemas se está afectando al forestar”, explicó. Daniluk también afirmó que “todos los procesos son reversibles”, y que es necesario “romper con el mito” de que ante un error no hay vuelta atrás.
El director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Udelar, Daniel Panario, no estuvo de acuerdo con ese punto y aseguró que “el proceso no es reversible en suelos pobres”, ya que al destruirse la arcilla a través de la forestación, “se pierde la fertilidad para siempre”.
“Ese cambio es irreversible, este tipo de arcillas no se vuelven a reconstruir una vez que pierden el potasio. Luego viene la etapa de abandono, con suelos agotados en los que ya no crecen bien ni los eucaliptus”, señaló.
El experto sostuvo que un efecto poco valorado es el impacto sobre “el paisaje sensible”, al afirmar que “se están perdiendo las principales visuales jerarquizadas vinculadas a la identidad del país”. A su vez, se refirió al alto consumo de agua de las plantaciones forestales de eucaliptos y pinos: la erogación de agua que se genera de las vertientes hacia las cuencas disminuyó 50% en esas zonas.
“Hoy las áreas de prioridad forestal son las de mayor biodiversidad y se ubican en las grandes cuencas, que son nuestro principal acervo económico y sanitario. Y es importante que no se fraccionen los hábitats y los ecosistemas”, señaló.
El especialista dijo además que la clasificación de aptitudes de uso de suelo contempladas en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (un sistema adoptado en gran parte de Latinoamérica) “es obsoleto y no puede usarse más”, ya que está pensando únicamente “desde un punto productivista agronómico”.
“Es más importante el agua que dan las sierras que cualquier cosa que le planten arriba”, opinó.
Daniluk, por otro lado, se refirió a los “impactos positivos” de la forestación y sostuvo que la ley forestal permite proteger el bosque nativo. Esto se debe a que la actividad de las empresas forestales está condicionada “por estudios de impacto ambiental, por legislaciones locales departamentales, por la Dirección Forestal y por procesos de certificaciones internacionales avalados por las principales ONG del mundo”, indicó.
En esa línea, agregó que las empresas forestales tienen más de 300.000 hectáreas bajo algún sistema de conservación y otras 12.000 hectáreas contempladas como de alto valor de conservación, ya que solo forestan en el 60% de su superficie.
“La forestación no puede considerarse un desierto biológico, porque permite el desarrollo de las especies generalistas que se fueron adaptando”, afirmó.
Para el académico, existen problemas puntuales y locales derivados de una mala actividad, pero si se piensa a nivel país, el impacto ambiental de la forestación “no es significativo”. “Nunca vi que desapareciera o se pusiera en peligro un ecosistema con el 6% de la superficie del país forestada”, dijo.
El proyecto de ley a estudio del Parlamento establece que las áreas de prioridad forestal no podrán superar el 10%.
Víctor Bacchetta, integrante de la organización Movus, dijo a Búsqueda que la postura de Daniluk es la que mantiene el sector empresarial forestal. Destacó en cambio la posición del ingeniero agrónomo Fernando García Prechac, exdecano de la Facultad de Agronomía y exdirector de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, quien hizo énfasis en la importancia de circunscribir la forestación únicamente a las áreas de prioridad forestal, tal como está planteado en el proyecto de ley. Hoy, de las 1,2 millones de hectáreas forestadas, al menos 30% se encuentra por fuera de ese tipo de suelos.
García Prechac dijo además que esas áreas requieren actualmente una revisión, ya que el sistema Coneat, sobre el cual se definieron las áreas de prioridad forestal, “está obsoleto” porque es de los años 60.
“Muchas de las áreas que en aquel momento se consideraban inútiles para ciertas actividades productivas, hoy son plenamente productivas. Entonces la definición del área de prioridad forestal debe ser redefinida”, opinó Bacchetta.
García Prechac, en tanto, dijo que el problema es que hoy los grupos definidos como prioridad forestal pueden llegar a albergar hasta 40% de otro tipo de suelos. Por eso, opinó que lo recomendable a futuro es que las empresas presenten un mapa de suelos detallado de las áreas donde se pretende forestar, junto con un mapa interpretativo de capacidad de uso. “Sería conveniente también que realicen una estimación de erosión del uso forestal para tomar la decisión”, agregó el experto.
Otro de los aspectos analizados es el tiempo de evaluación que se contempla para valorar el impacto de la forestación en determinada área. En esa línea, Marcel Achkar, coordinador del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio en la Facultad de Ciencias, dijo que no es lo mismo evaluar los efectos de una plantación en el territorio a los 10 años que a los 30, evaluación estratégica que, a su entender, el país debería adoptar.
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