Incumplimiento ambiental de UPM

Más allá de la propaganda, la instalación de la planta de UPM se está realizando incumpliendo los compromisos ambientales y poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental del Uruguay.

La continuación de las obras de la planta sin haber completado los estudios requeridos hace más de un año, deja en evidencia que la seguridad jurídica es sólo para la empresa y no para el Uruguay ni los uruguayos.

Sigue el comunicado de MOVUS:

 

UPM Y EL GOBIERNO ELUDEN REQUISITOS AMBIENTALES BÁSICOS

Autorizaron el inicio de la construcción de la planta sin haberse cumplido las condiciones previas establecidas por la autorización ambiental del proyecto

A casi un año y medio de la firma por el gobierno anterior de la autorización ambiental para la segunda planta de celulosa de UPM sobre el río Negro, la empresa aún no ha cumplido con requisitos que debían ser previos a la fase de construcción. El gobierno actual autorizó el inicio de las obras sin que estén definidos aspectos fundamentales del proyecto y las condiciones de partida para medir sus impactos ambientales.

Una condición fundamental es asegurar que la dilución de los efluentes de la planta de celulosa no aumente la contaminación del río, ya muy comprometida en la actualidad. Este requisito define la viabilidad del proyecto y debió ser previo a su autorización, pero no se ha realizado hasta la fecha, cuando se acaba de contratar un estudio de la Facultad de Ingeniería para determinar si es aceptable o no la propuesta.

Otra condición fundamental de este y de cualquier proyecto es la información sobre la situación del medio ambiente en la zona de influencia de la planta de celulosa, que debe recogerse antes de iniciadas las obras para estar en condiciones después de medir si sus impactos son aceptables o no. Ese Plan de Monitoreo Ambiental debía estar pronto en noviembre de 2019 pero aún no ha sido completado.

De acuerdo con la autorización ambiental del proyecto, el Plan de Monitoreo Ambiental debía incluir la situación previa y la evolución de la calidad del agua y los sedimentos del río, el estado de la biota acuática, del agua subterránea y del suelo en el predio del proyecto y su entorno inmediato, la calidad del aire en la zona, incluyendo ruido y las características socioeconómicas de las comunidades involucradas.

Todos los planes de monitoreo debían estar prontos en un plazo máximo de 6 meses desde la autorización del proyecto el 14 de mayo de 2019, para disponer de no menos de 2 años de mediciones previo al inicio de la operación del proyecto y al menos 1 año de mediciones previo al inicio de actividades de construcción. Como es notorio, las actividades de construcción se iniciaron sin cumplir con este requisito.

Los riesgos y perjuicios económicos, ambientales y sociales que puede ocasionar esta conducta de la empresa y de las autoridades se están constatando, lamentablemente, con el proyecto del Ferrocarril Central. Las imprevisiones técnicas de la empresa que diseñó el proyecto, contratada por UPM, y de los responsables del gobierno uruguayo que debían fiscalizarlo, han conducido a una verdadera catástrofe.

Los vecinos de las ciudades atravesadas por el tren tenían razón cuando cuestionaron en las audiencias públicas las insuficiencias del proyecto. No obstante, hoy, cuando el gobierno actual está obligado a revisar condiciones, plazos y costos del proyecto, se sigue sin atender el reclamo de los vecinos para evitar el paso de ese tren con celulosa y productos químicos peligrosos por zonas densamente pobladas.

La repetidamente invocada "seguridad jurídica" del Uruguay y el cumplimiento de los compromisos es una vía en un solo sentido pues UPM incumple con total impunidad. A pesar de los informes técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente que evidencian los incumplimientos de la empresa, las autoridades responsables de las decisiones nada hacen para controlar a UPM ni impedir los incumplimientos.

Llamamos la atención de la opinión pública por las graves consecuencias que pueden acarrear estos hechos y llamamos a responsabilidad a las autoridades.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)

20 de octubre de 2020.