La nota de Búsqueda indica que el Juicio será internacional, en contra de lo que dispone nuestro código minero para las disputas en esos temas.
Esto quizá debiera de servir de advertencia sobre como se les firmaron contratos de exploración y explotación de hidrocarburos a Schuepbach Energy Uruguay SRL que permiten que esa SRL nacional pueda llevar al Uruguay a un juicio intrenacional.La duda que queda es: ¿Que se le firmó a Aratirí para permitir ese juicio?
Bueno, y por supuesto: ¿Quien se lo firmó?
Sigue la notra de Búsqueda:
Los inversores de la minera Aratirí, que pretendían realizar una explotación
de hierro en Uruguay, notificaron al presidente Tabaré Vázquez del inicio de
una demanda millonaria contra el Estado uruguayo por “dañar” su inversión,
dijeron a Búsqueda varias fuentes de distintos ámbitos.
La comunicación se produjo ayer miércoles 19.
Uno de los informantes comparó el caso con el litigio entre la
multinacional tabacalera Philip Morris contra el Estado uruguayo porque será un proceso arbitral
internacional que “llevará años” y por involucrar un monto “importante”
reclamado por Aratirí. Otro acotó que se trata de cifras millonarias en
dólares, como es usual en este tipo de disputas por inversiones.
La compañía será representada en el arbitraje
internacional por el bufete estadounidense King & Spalding.
Aratirí pasó de ser el proyecto que se convertiría en la
inversión privada más grande de la historia uruguaya, a terminar en un remate
de sus bienes el próximo 9 de agosto.
En 2007 el empresario indio Pramod Agarwal, presidente de
la minera Zamin Ferrous, anunció que invertiría US$ 3.000 millones para extraer
el hierro de la zona de Valentines y les daría trabajo a 6.000 personas entre
la construcción y funcionamiento del emprendimiento. Uruguay, según sus
proyecciones, pasaría a ser uno de los mayores exportadores mundiales del
mineral.
Las etapas de prospección y exploración fueron
meteóricas, y hasta se construyó un hotel cuatro estrellas por la demanda que
se preveía para cuando estuviera en explotación la mina.
Pero finalmente la empresa abandonó el proyecto, según
señaló, debido a la ley de megaminería que fijó nuevos topes al
negocio minero, además de sucesivos cambios para la localización de la que
sería su terminal portuaria.
Más allá de eso, la inversión se frustró porque se
produjo una caída del precio internacional del hierro mientras el proyecto se
demoraba ante los cambios impuestos por el gobierno y la lentitud de Aratirí en
presentar los estudios medioambientales.
Un artículo del proyecto de Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento establece que
el Poder Ejecutivo queda “eximido de los plazos de cumplimiento” de pagos por
demandas judiciales, si considera que “ello afecta la atención de los servicios
a su cargo”.
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