12 de abril de 2014

¿Plebiscitar la minería?

Se sigue discutiendo en nuestro país el proyecto minero de la firma Aratirí.
Ciertamente, esa discusión se da en muchos ámbitos, especialmente porque a más de dos años de la presentación del pedido de autorización ambiental a la DINAMA, la empresa no ha completado los informes que demanda nuestra legislación. 

Específicamente, faltan cosas tan básicas como el plan de cierre, el estudio de impacto urbano y la evaluación ambiental externa, requeridos por el Artículo 6  de la Ley de Minería de Gran Porte (Ley 19126).

Supuestamente este “negocio”, es entre la firma Minera Aratirí SA y el Uruguay, con el Gobierno como representante.

Por esa razón, se ve con alarma como el gobierno, con insistencia rayana en el empecinamiento, se apresta una y otra vez a firmar con esa empresa un contrato, que de manera alguna beneficia al Uruguay, pero que la empresa “necesita” para obtener financiación, de acuerdo con los dichos del Sr. Presidente de la República.

Es difícil justificar que las dificultades que pueda tener una empresa para financiar su proyecto sean causal para firmar con ella un contrato y que debamos los uruguayos todos servirle de aval o garantía. En especial cuando no hace un año esa misma empresa, supuestamente multinacional, decía disponer de mas de 1000 millones de dólares de financiación propia para el proyecto.

Por otra parte, un somero análisis del componente económico del proyecto nos muestra que el "negocio" dejará cuando mucho, muy magros beneficios económicos al Uruguay.

En primer lugar al analizar el Canon, fijado por el Código en 5% del valor de venta del mineral, solo queda para el estado 3%, ya que el resto, 2%, es para los superficiarios. Así, en el supuesto de vender anualmente 18 millones de toneladas a U$S 100 c/u, la empresa pagaría por Canon U$S 90 millones, pero solo quedarían para el estado 54.

Cuando se analiza el Impuesto a la Renta (IRAE), la empresa debe pagar por ese concepto el 25% de su renta, como hace cualquier otra empresa en nuestro país y que las inversiones se amortizan (deducen de la renta) en “cierto número de años”.

Pasado eso al caso específico de una empresa que se supone invertirá U$S 3000 millones, la empresa deducirá de la renta 300 millones anuales, durante 10 años. 

Además, por tratarse de una empresa ”megaminera”, la ley específica le autoriza a deducir de su renta los costos de sus etapas previas, que Aratirí dice son  U$S 170 millones. 

La mencionada Ley agrega que las empresas Megamineras deben pagar además una adicional del IRAE, lo que ha sido ampliamente publicitado como una de los principales cambios impositivos para la Minería de Gran Porte. 

Quizá faltó decir que aplicando las deducciones de las inversiones y descontando la totalidad del Canon Minero, como les permite especialmente a las “megamineras” la ley 19126, la empresa termina no pagando nada por ese concepto. 

Lo anterior lo puede verificar cualquier lector mediante el simulador de impuestos mineros que se encuentra disponible en el sitio www.uruguaylibre.org

Fuera del tema impositivo, la empresa propone extraer el mineral a razón de 18 millones de toneladas, lo que cuadriplica el mayor proyecto que esta ha presentado en Brasil. Con esa tasa de extracción, la explotación del hierro en Uruguay no superará los 12 o 15 años antes de agotar el recurso. 

En este punto se evidencia que el estado no pone condiciones a los emprendimientos privados, renunciando a su derecho y obligación de velar por los recursos naturales y los intereses nacionales. 

La minería es posible en Uruguay, pero debe ser realizada en forma tal que contribuya significativamente al desarrollo del país. La propuesta hoy, no está asociada a ningún proyecto de industrialización, no genera trabajo de calidad y por su intensidad dificulta el control ambiental. 

Aún mas, las provisiones específicas de la ley de Minería de Gran Porte, como la de redefinir para esta actividad los conjuntos económicos, facilitan la evasión fiscal al restarle medios de control a los organismos especializados.

Ante eso, es que desde el Movimiento Uruguay Libre proponemos plebiscitar la prohibición de este tipo de minería en el territorio nacional. Con este fin estamos desarrollando la campaña de recolección de firmas a la que ya se han sumado miles de compatriotas.

Todos podemos decidir esto para que sea en beneficio de TODOS los uruguayos.