1 de octubre de 2025

Nos olvidamos del agua

Parece que fue hace mucho, pero hace sólo dos años, en 2023, el agua en Montevideo era salobre, Minas era abastecida por camiones y faltó agua en San José, Nueva Helvecia, 25 de Mayo y otras localidades del sur del país.

En ese momento, el agua ocupaba un lugar preponderante en las encuestas sobre temas de preocupación para los uruguayos. Ya al año siguiente, en ocasión de las elecciones nacionales de 2024, en esas mismas encuestas no aparecía el agua entre los temas que preocupan a los uruguayos.

Que el tema no sea ahora “preocupación” de los uruguayos no elimina el problema que es uno de salud pública, de seguridad, de educación, ambiental y económico.

Obras y más obras.

En el transcurso de la sequía se tomaron medidas de “emergencia”, para llevar agua del río San José al Santa Lucía que tuvieron dudosos resultados y no se mantuvieron, pero que costaron decenas de millones de dólares.

El anterior gobierno, con la pretensión de asegurar el agua para el sistema metropolitano, avanzó en el “Proyecto Neptuno” en Arazatí. Una opción técnica, social, ambiental y económicamente cuestionada, que incluía una toma en el Río de la Plata, una potabilizadora de 200.000m3 de agua diarios, un "Polder" de 250 hectáreas y 90 km de caños hasta Montevideo. Una "inversión privada" de US$ 300 millones, con un costo para Uruguay de más de US$ 900 millones en la que OSE y la empresa “Infraestructura Arazatí Sociedad Anónima” llegaron a firmar un contrato.

Con la llegada del actual gobierno se dio marcha atrás a las obras en Arazatí y se reconoció en el Parlamento que, como había sido expresado por organizaciones ambientalistas y movimientos sociales, el contrato firmado violaba el Artículo 47 de la Constitución de la República. Esa ilegalidad hace “Nulo” el contrato como establece el Artículo 1560 del Código Civil.

Esa situación que dejaría al nuevo Gobierno con las manos libres para decidir, no se tuvo en cuenta y se siguió con negociaciones, no ya entre OSE e Infraestructura Arazatí SA, firmantes del contrato, sino que involucrando en ellas a la Presidencia de la República.

Las negociaciones no han terminado, pero ha trascendido que en ellas se pretende corregir la ilegalidad del contrato firmado y adjudicar, sin licitación, a “Infraestructura Arazatí S.A.” las obras de una potabilizadora de 200.000m3 diarios en Aguas Corrientes, trabajos en los caños de 5º línea de bombeo y un sistema potabilizador con reserva de agua en el arroyo Solís Chico. Una "inversión privada" cuantificada provisoriamente en más de doscientos millones de dólares, la que al pagarse por la modalidad de disponibilidad y mantenimiento terminará pagándose más de tres veces su costo.

Más allá de los vicios legales del contrato inicial, se me plantean serias dudas sobre la legalidad del camino elegido por el Gobierno, dado que el contrato firmado tiene un objeto específico,  comprometiendo a Infraestructura Arazatí SA a realizar obras en Arazatí, con tendido de caños en San José y además porque se llegó a ese contrato por un proceso de “Iniciativa Privada” presentada para hacer obras en Arazatí, en la cual el consorcio adjudicatario tuvo una ventaja económica del 15% en la licitación. 

Esto será materia a discutirse ahora en el Tribunal de Cuentas de la República, que debe velar por la legalidad de estos actos por parte del Estado.

A las obras reseñadas se le suma la intención de generar una reserva de agua en la zona de Casupá con el propósito de contar con un complemento a la de Paso Severino para el suministro de agua a la potabilizadora de Aguas Corrientes y la nueva que construiría “Infraestructura Arazatí SA, también en Aguas Corrientes.

Todas las obras previstas tienen en común que ninguna de ellas podría estar pronta, en el mejor de los casos, antes de 2029, y que ninguna de ellas puede de por sí asegurar el suministro de agua a Montevideo que toma hoy del río Santa Lucia unos 600.000 m3 diariamente.

OSE en Montevideo sólo factura sólo el 35% del agua que potabiliza


El sistema de abastecimiento de agua de Montevideo es uno cuyas pérdidas más que duplican las de los sistemas de OSE en el interior del país. Casi 400.000 m3 de  los 600.000 m3 potabilizados diariamente no son facturados generando una pérdida de facturación para OSE de más de ciento veinte millones de dólares anuales.

En ese total están las pérdidas reales que vemos a diario en las calles y el agua que se utiliza en conexiones mal medidas o sin medición. Esta situación está documentada, con datos de OSE, año a año, en el Anuario Estadístico Nacional que produce el Instituto Nacional de estadísticas (INE)


Pensando en el agua, mejorar esa situación debiera de ser la prioridad, dado que la prevención de pérdidas y la reducción del uso no medido del agua redundan en una menor necesidad de extraer agua del río, permiten ahorros en la potabilización y reducen la huella ambiental del proceso al generar menos cantidad de lodos contaminados.

En lo económico, si el sistema de Montevideo equiparara sus pérdidas al nivel de las del interior del país, OSE podría incrementar su facturación en más de sesenta millones de dólares anuales, mejorando la situación financiera del organismo.

Esa mejora le permitiría a OSE encarar obras de infraestructura sin acudir a los onerosos sistemas de Participación Público Privada (PPP) o pagando exorbitantes intereses a “iniciativas privadas” que financian la financiación de sus propios proyectos a tasas de interés que triplican las de plaza y más que quintuplican las de organismos internacionales de financiación como la CAF o el BID


¿Necesitamos obras faraónicas?
   
 

Renovar y controlar las redes tiene efectos positivos inmediatos en la reducción de la necesidad de extracción de agua del río, en la calidad del servicio, en su costo y en el impacto ambiental del sistema. Las obras necesarias generan además posibilidades de empleo y mayor dinamismo de la economía local. Pero esto no parece estar en el radar de las autoridades que sobre el tema sólo proponen tímidos planes piloto de telemedida a realizar en Salto y otros puntos del país.

Cabe preguntarse si en estas condiciones es necesario, conveniente y oportuno realizar la obra anunciadas de una nueva potabilizadora, que por su ubicación no agrega redundancia al sistema, para, potencialmente, agregar 200.000m3 de agua en un sistema que "pierde" dos tercios del agua que por el circula.

Hoy la capacidad del sistema es suficiente y quedaría holgada si se hicieran las indispensables tareas de renovación y control que podrían hacer innecesario incrementar la capacidad de potabilización por mucho tiempo. Ya se ha dicho que aún en las condiciones actuales,  la nueva potabilizadora sólo sería necesaria para 2045.

Sobre el costo de reparar las redes, se ha dicho que podría costar cuatrocientos millones de dólares, menos de la mitad de lo dispuesto por el Directorio de OSE (Resolución 1042/23) para el pago de Arazatí o lo que se puede llegar a pagar, si finalmente se autorizan, las obras "sustitutivas" que se anunciaron.

Por otra parte, una masiva reparación y la instalación de medidas control de la red de OSE se haría en varios años, y a partir del segundo año se podría financiar, al menos parcialmente, con el incremento de la facturación y la mejora económica generada.

Pensemos en el agua, no es real que cada montevideano gaste los más de 300 litros diarios que OSE potabilizan por persona. Eso más que duplica el consumo que calcula la URSEA. Sólo a título informativo, si ese fuera el consumo medio, una familia de cuatro personas gastaría 42m3 mensuales lo que implica un pago mensual a OSE de $ 7.500 que no es lo que vemos normalmente.

Pensando en el agua, el consumo de Montevideo no guarda relación con la demanda de agua que se le hace al río y eso estresa todo el sistema. Repara y controlar las redes reduce esa excesiva demanda, hace innecesario realizar gigantescas obras y debiera ser la prioridad de OSE que debe cuidar el agua brindando un servicio eficiente, de calidad y racionalizado.


No nos olvidemos del agua.

Raúl E. Viñas

Publicado en La Diaria el 1º de Octubre de 2025.

 

11 de septiembre de 2025

El agua que has de beber COMUNICADO DE MOVUS

Se pretende que para asegurar el agua potable a Montevideo la solución es realizar obras gigantescas pagando cientos de millones de dólares. Tenemos que salir de la caja y pensar.

El anterior gobierno pretendió imponer el llamado “Proyecto Neptuno” en Arazatí. Una potabilizadora de 200.000m3 de agua diarios, un "Polder" de 250 hectáreas y 90 km de caños hasta Montevideo. Una "inversión privada" de US$ 300 millones, con un costo para Uruguay de más de US$ 900 millones.

El actual gobierno retira Neptuno, y si bien reconoció la ilegalidad del contrato de Arazatí por violar el Artículo 47 de la Constitución de la República, lo que lo hace nulo; con dudosa legalidad pretende corregir la ilegalidad y adjudicar sin licitación al consorcio contratante “Infraestructura Arazatí S.A.” las obras de una potabilizadora de 200.000m3 diarios en Aguas Corrientes, trabajos en los caños de 5º línea de bombeo y un sistema potabilizador con reserva de agua en el Solís Chico. Una "inversión privada" sin cuantificar pero que igualmente se pagará por disponibilidad y mantenimiento más de tres veces su costo.

Además se plantea una reserva de agua en Casupá que financiará la CAF (Confederación Andina de Fomento) con un costo de al menos US$ 150 millones, quizá el proyecto con el costo financiero más aceptable.

Todo lo reseñado es similar a colocar agua en un colador.

Tal como se ha dicho, Montevideo toma y potabiliza diariamente 600.000m3 de agua del río Santa Lucía. De ellos casi 400.000m3 no se facturan, se pierden o se usan con conexiones "no medidas". Eso es más del 67% del total, mientras que en el interior del país el agua no medida es menos del 30%

Desde MOVUS insistimos en que reparar la red de Montevideo, no ya al nivel de países desarrollados, sino llevándola al nivel de red en el interior del Uruguay, permitiría reducir la toma de agua del río a 400.000 m3, ahorrando en bombeo y potabilización, reduciendo el  uso de químicos y la generación los lodos contaminados.

Eso incrementaría la facturación de OSE en al menos US$ 60 millones  anuales, generando la capacidad de realizar obras por “obra pública”, sistema mucho menos oneroso que la Participación Público Privada (PPP) o las redescubiertas "iniciativas privadas".

Así cabe preguntarse si es necesario, conveniente y oportuno realizar las obras anunciadas  para agregar 200.000m3 de agua en un sistema que "pierde" dos tercios del agua que por el circula.

Se ha dicho que arreglar las redes costaría US$ 400 millones, eso es mucho menos de lo que se pensaba gastar en Arazatí o lo que se terminará pagando por las obras "sustitutivas" que se anunciaron. Por otra parte una masiva reparación y control de la red de OSE se haría en varios años y se podría financiar con el incremento de la facturación

¿Qué harías en tu casa si tienes una pérdida de agua?
¿No la repararías OSE?

30 de agosto de 2025

AGUA que has de beber

Lo que nos dejó la interpelación.

Personalmente y desde MOVUS hemos sido muy críticos del denominado “Proyecto Neptuno”, para complementar el abastecimiento de agua a Montevideo y el área metropolitana con agua tomada del Río de la Plata en ARAZATÍ.  Así
entendemos positivo que se lo descartara, cuando todos los análisis indicaban era inconveniente, insuficiente, extremadamente caro y planteado en una localización inadecuada para servir como fuente para el servicio de agua potable.

La maratónica interpelación esta semana al Ministro de Ambiente por ese tema terminó sin novedades.
La oposición defendió, sin un propósito claro, el proyecto privado para Arazatí, criticando que fuera descartado,
mientras que el gobierno, a pesar de las críticas, dejó claro que seguirá adelante con las obras anunciadas en la
cuenca del Santa Lucía.

Se ha dicho que para eso se harán modificaciones al contrato originado en una iniciativa privada para una obra
específica y que tiene por objeto obras en Arazatí y el departamento de San José. Eso se pretende justificar con
una dialéctica rebuscada que deliberadamente confunde “objetivos”, difusos y no escritos, con el “Objeto”,
plasmado y específico, del contrato.
En la interpelación ninguna de las partes, ni el gobierno ni la oposición, hizo mención de que una de las
modificaciones anunciadas busca eliminar  la ilegalidad de haber otorgado a privados la gestión y operación de
parte del servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano, el que debe ser prestado
exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
Esa ilegalidad fue reconocida por el actual gobierno, reconocimiento que el Ministerio de Ambiente incluyó
como elemento en contra del proyecto en la presentación ante la Comisión de Ambiente de la cámara de
Diputados el pasado 4 de agosto.
Está meridianamente claro que un contrato con cláusulas ilegales es nulo (Artículo 1560 y siguientes del Código
Civil)y no genera efectos para ninguna de las partes.

Lejos de hacer uso de la anulación del contrato que posibilitaría hacer una nueva licitación de obras en condiciones más ventajosas, quedo claro que no se modificarán las condiciones de pago por disponibilidad y mantenimiento del contrato, las que aseguran a las empresas constructoras cobrar por las obras más de tres veces su valor. Una condición inaceptable y difícil de entender, viendo los informes presentados sobre la situación económica y financiera de OSE disponibles en la versión taquigráfica de la comparecencia OSE en el Parlamento.

Para impulsar esto se apela a un sentimiento de urgencia que no parece seguir con un plan estratégico definido, y hace recordar a las obras de trasvase de agua del río San José al río Santa Lucía durante la sequía.

Las obras ahora propuestas requieren todas de estudios ambientales completos y por su tamaño y complejidad ninguna estará terminada al menos hasta el año electoral de 2029.

Nada se dijo en la interpelación de la posibilidad de ejecutar una reparación masiva de las redes de OSE, que podría comenzar mañana, dotando a las nuevas redes de elementos de medición que favorezcan el control y racionalicen su operación.

Eso cuando el sistema metropolitano demanda del río Santa Lucía y potabiliza correctamente casi seiscientos mil metros cúbicos de agua diarios de los que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, sólo se factura el treinta y cinco por ciento, que son unos doscientos veinte mil metros cúbicos.

Así en el sistema metropolitano de Montevideo el sesenta y cinco por ciento del agua demandada al río Santa Lucía, unos  cuatrocientos mil metros cúbicos, no se factura por pérdidas de la red, o se utiliza en conexiones que no son medidas. Eso significa que cada mes la OSE deja de facturar diez millones de dólares, ciento veinte millones anuales millones anuales.

Solucionar esas pérdidas generaría mucho empleo y trabajo que puede ser realizado por empresas de porte mediano e incluso pequeño, trabajando a nivel zonal.

Nada se dijo, pero está claro que reducir la demanda de agua del río a los niveles de consumo real que según la URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) no debieran superar los trescientos cincuenta mil metros cúbicos diarios quitaría estrés al sistema reduciendo el volumen de productos químicos a utilizar en la potabilización y la producción de lodos como residuo del sistema, abaratando el proceso,mejorándolo ambientalmente  e incrementando la facturación

No hay razón para incrementar ahora la capacidad de potabilización de Aguas Corrientes con una nueva potabilizadora que volcaría agua a un sistema metropolitano en nuy malas condiciones y con pérdidas que superan en volumen el incremento de aporte que se lograría. La que se piensa construir podría estar en operación en tres o cuatro años para ser usada en pocas oportunidades o casi no ser utilizada si se reparan las redes.

Mejorar las redes y con ellas la capacidad financiera de OSE, permitiría además a la empresa encarar las nuevas obras por contrato de obra pública, sin caer en el pago de recargos e intereses por PPP, (Participación Público Privada) o la aún menos controlada “Iniciativa Privada”, las que dan por resultados costos de obras que triplican y más el costo real, sin justificación económica ni financiera. Eso convierte a la obra pública en un negocio eminentemente financiero para las empresas contratistas. 

Pero esto no está en los planes y en la interpelación todas las partes se guardaron muy bien de transparentar los costos reales de las obras concentrándose en hablar de los montos de inversión, lo que les puede costar la obra a los contratistas, sin referirse a lo que esos contratistas van a cobrar que más que triplica su inversión algo que ni siquiera el sistema bancario privado local hace con los préstamos.

Para aclarar, digamos que me tiene sin cuidado si  voy a arreglar un baño y la empresa me dice gastarán en materiales, mano de obra e impuestos cien pesos. Esa es su inversión. Lo que me importa es cuanto me van a cobrar y seguramente si me dijeran que deberé pagarles trescientos pesos busque otro sanitario.

La posibilidad de anular el contrato existe la ilegalidad ha sido reconocida y tiene amplio respaldo legal, la de comenzar a arreglar las redes también, quizá sea un buen momento para barajar y dar de nuevo.

Publicada en el semanario Crónicas el 29 de agosto de 2025.
https://www.cronicas.com.uy/contratapa/agua-que-has-de-beber-lo-que-nos-dejo-la-interpelacion/