Parece que fue hace mucho, pero hace sólo dos años, en 2023, el agua en
Montevideo era salobre, Minas era abastecida por camiones y faltó agua en San
José, Nueva Helvecia, 25 de Mayo y otras localidades del sur del país.
En ese momento, el agua ocupaba un lugar preponderante en las encuestas sobre
temas de preocupación para los uruguayos. Ya al año siguiente, en ocasión de
las elecciones nacionales de 2024, en esas mismas encuestas no aparecía el agua
entre los temas que preocupan a los uruguayos.
Que el tema no sea ahora “preocupación” de los uruguayos no elimina el problema
que es uno de salud pública, de seguridad, de educación, ambiental y económico.
Obras y más obras.
En el transcurso de la sequía se tomaron medidas de “emergencia”, para llevar
agua del río San José al Santa Lucía que tuvieron dudosos resultados y no se
mantuvieron, pero que costaron decenas de millones de dólares.
El anterior gobierno, con la pretensión de asegurar el agua para el sistema
metropolitano, avanzó en el “Proyecto Neptuno” en Arazatí. Una opción
técnica, social, ambiental y económicamente cuestionada, que incluía una toma
en el Río de la Plata, una potabilizadora de 200.000m3 de agua diarios, un "Polder"
de 250 hectáreas y 90 km de caños hasta Montevideo. Una "inversión
privada" de US$ 300 millones, con un costo para Uruguay de más de US$ 900
millones en la que OSE y la empresa “Infraestructura
Arazatí Sociedad Anónima” llegaron a firmar un contrato.
Con la llegada del actual gobierno se dio marcha atrás a las obras en Arazatí y
se reconoció en el Parlamento que, como había sido expresado por organizaciones
ambientalistas y movimientos sociales, el contrato firmado violaba el Artículo
47 de la Constitución de la República. Esa ilegalidad hace “Nulo” el contrato como
establece el Artículo 1560 del Código Civil.
Esa situación que dejaría al nuevo Gobierno con las manos libres para decidir,
no se tuvo en cuenta y se siguió con negociaciones, no ya entre OSE e
Infraestructura Arazatí SA, firmantes
del contrato, sino que involucrando en ellas a la Presidencia de la República.
Las negociaciones no han terminado, pero ha trascendido que en ellas se pretende
corregir la ilegalidad del contrato firmado y adjudicar, sin licitación, a “
Infraestructura
Arazatí S.A.” las obras de una potabilizadora de 200.000m3 diarios en Aguas
Corrientes, trabajos en los caños de 5º línea de bombeo y un sistema
potabilizador con reserva de agua en el arroyo Solís Chico. Una "inversión
privada" cuantificada provisoriamente en más de doscientos millones de
dólares, la que al pagarse por la modalidad de disponibilidad y mantenimiento terminará
pagándose más de tres veces su costo.
Más allá de los vicios legales del contrato inicial, se me plantean serias
dudas sobre la legalidad del camino elegido por el Gobierno, dado que el
contrato firmado tiene un objeto específico,
comprometiendo a
Infraestructura
Arazatí SA a realizar obras en
Arazatí,
con tendido de caños en San José y además porque se llegó a ese contrato por un
proceso de “Iniciativa Privada” presentada para hacer obras en Arazatí, en la cual
el consorcio adjudicatario tuvo una ventaja económica del 15% en la
licitación.
Esto será materia a discutirse ahora en el Tribunal de Cuentas de la República,
que debe velar por la legalidad de estos actos por parte del Estado.
A las obras reseñadas se le suma la intención de generar una reserva de agua en
la zona de Casupá con el propósito de contar con un complemento a la de Paso Severino
para el suministro de agua a la potabilizadora de Aguas Corrientes y la nueva
que construiría “
Infraestructura Arazatí
SA, también en Aguas Corrientes.
Todas las obras previstas tienen en común que ninguna de ellas podría estar
pronta, en el mejor de los casos, antes de 2029, y que ninguna de ellas puede
de por sí asegurar el suministro de agua a Montevideo que toma hoy del río
Santa Lucia unos 600.000 m3 diariamente.
OSE en Montevideo sólo factura sólo el 35% del agua que potabiliza
El sistema de abastecimiento de agua de Montevideo es uno cuyas pérdidas más
que duplican las de los sistemas de OSE en el interior del país. Casi 400.000
m3 de los 600.000 m3 potabilizados
diariamente no son facturados generando una pérdida de facturación para OSE de
más de ciento veinte millones de dólares anuales.
En ese total están las pérdidas reales que vemos a diario en las calles y el
agua que se utiliza en conexiones mal medidas o sin medición. Esta situación
está documentada, con datos de OSE, año a año, en el Anuario Estadístico
Nacional que produce el Instituto Nacional de estadísticas (INE)
Pensando en el agua, mejorar esa situación debiera de ser la prioridad, dado
que la prevención de pérdidas y la reducción del uso no medido del agua
redundan en una menor necesidad de extraer agua del río, permiten ahorros en la
potabilización y reducen la huella ambiental del proceso al generar menos
cantidad de lodos contaminados.
En lo económico, si el sistema de Montevideo equiparara sus pérdidas al nivel
de las del interior del país, OSE podría incrementar su facturación en más de
sesenta millones de dólares anuales, mejorando la situación financiera del
organismo.
Esa mejora le permitiría a OSE encarar obras de infraestructura sin acudir a
los onerosos sistemas de Participación Público Privada (PPP) o pagando
exorbitantes intereses a “iniciativas privadas” que financian la financiación
de sus propios proyectos a tasas de interés que triplican las de plaza y más
que quintuplican las de organismos internacionales de financiación como la CAF
o el BID
¿Necesitamos obras faraónicas?
Renovar y controlar las redes tiene efectos positivos inmediatos en la
reducción de la necesidad de extracción de agua del río, en la calidad del
servicio, en su costo y en el impacto ambiental del sistema. Las obras
necesarias generan además posibilidades de empleo y mayor dinamismo de la
economía local. Pero esto no parece estar en el radar de las autoridades que
sobre el tema sólo proponen tímidos planes piloto de telemedida a realizar en
Salto y otros puntos del país.
Cabe preguntarse si en estas condiciones es necesario, conveniente y oportuno
realizar la obra anunciadas de una nueva potabilizadora, que por su ubicación
no agrega redundancia al sistema, para, potencialmente, agregar 200.000m3 de
agua en un sistema que "pierde" dos tercios del agua que por el
circula.
Hoy la capacidad del sistema es suficiente y quedaría holgada si se hicieran
las indispensables tareas de renovación y control que podrían hacer innecesario
incrementar la capacidad de potabilización por mucho tiempo. Ya se ha dicho que
aún en las condiciones actuales, la
nueva potabilizadora sólo sería necesaria para 2045.
Sobre el
costo de reparar las redes, se ha dicho que podría costar cuatrocientos
millones de dólares, menos de la mitad de lo dispuesto por el Directorio de OSE
(Resolución 1042/23) para el pago de Arazatí o lo que se puede llegar a pagar,
si finalmente se autorizan, las obras "sustitutivas" que se
anunciaron.
Por otra parte, una masiva reparación y la instalación de medidas control de la
red de OSE se haría en varios años, y a partir del segundo año se podría financiar,
al menos parcialmente, con el incremento de la facturación y la mejora
económica generada.
Pensemos en el agua, no es real que cada montevideano gaste los más de 300
litros diarios que OSE potabilizan por persona. Eso más que duplica el consumo
que calcula la URSEA. Sólo a título informativo, si ese fuera el consumo medio,
una familia de cuatro personas gastaría 42m3 mensuales lo que implica un pago
mensual a OSE de $ 7.500 que no es lo que vemos normalmente.
Pensando en el agua, el consumo de Montevideo no guarda relación con la demanda
de agua que se le hace al río y eso estresa todo el sistema. Repara y controlar
las redes reduce esa excesiva demanda, hace innecesario realizar gigantescas
obras y debiera ser la prioridad de OSE que debe cuidar el agua brindando un
servicio eficiente, de calidad y racionalizado.
Raúl E. Viñas
Publicado en La Diaria el 1º de Octubre de 2025.
