Fuente: Semanario Brecha, 11/12/2020.
Los dueños de todo
Nadia Amesti Luciano Costabel
Una superficie del suelo productivo uruguayo
mayor que la del departamento de Tacuarembó está en manos extranjeras,
incluyendo las de empresas pertenecientes a otros Estados. Y quizás sea aún más
grave lo que sucede en la agroindustria. El total de la celulosa, el 60 por
ciento de la madera y sus productos derivados, el 72 por ciento del arroz, el
64 de la soja y el 63 de la carne que produce este país se exporta y factura en
beneficio de firmas foráneas.
En el marco de esta investigación, durante
2017 y 2018 se ingresaron dos solicitudes de acceso a la información pública
ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), pidiendo los datos
de la cantidad total de tierras productivas pertenecientes a capitales
extranjeros en nuestro país, pero en ambas ocasiones el ministerio se negó a
entregar esta información. En su primera respuesta, la información solicitada
fue catalogada como «confidencial». Tras la respuesta negativa, la Unidad de
Acceso a la Información Pública (UAIP), organismo estatal encargado de velar
por el derecho de acceso a los datos en manos del gobierno, instó a que se
entregara «disociada o anonimizada» y calificó de «ilegítimo» el argumento
empleado para definirla confidencial. Sin embargo, la cartera negó nuevamente
la información «por no estar obligado a producirla», pese a que el contador
Aldo García, en su comparecencia ante la UAIP como representante del
ministerio, sostuvo que «la información […] se encontraba materialmente» en el
organismo. En esa instancia, por toda respuesta, se entregaron los datos
públicos del Censo General Agropecuario de 2011.
El camino para intentar completar la
información se haría largo. Esta investigación tuvo que recurrir a infinidad de
fuentes (institucionales, académicas, medios de comunicación y estados
contables de las empresas, entre otras) para comprobar que hasta 2018, bajo
diferentes figuras jurídicas, 31 conglomerados extranjeros explotaban más de 1,8
millones de hectáreas en territorio uruguayo, un 11 por ciento del total de
tierras productivas del país, lo que equivale a una superficie mayor a la
ocupada por el departamento de Tacuarembó.
Por decir fútbol
Dentro de ese listado se destacan las empresas
dedicadas a la forestación. Mediante
diversas subsidiarias uruguayas, seis grupos extranjeros suman más de 920 mil
hectáreas, lo que representa un 70 por ciento del área total ocupada por esta
actividad en 2018. Las empresas más importantes en tenencia de tierra son las
vinculadas a las plantas de celulosa instaladas en nuestro país. UPM
(Finlandia) y Montes del Plata (joint venture entre Arauco, de capitales
chilenos, y Stora Enso, de capitales sueco-finlandeses) poseen 255 mil y 246
mil hectáreas, respectivamente. Además, UPM suma otras 110 mil, a través de
arrendamiento. Le siguen en superficie el fondo de inversión estadounidense
Global Forest Partners, que es propietario de unas 140 mil hectáreas, y el
banco de inversión brasileño BTG Pactual TIG, uno de los más grandes de
Latinoamérica, con 120 mil hectáreas, por medio de la empresa forestal LUMIN
(ex-Weyerhaeuser).
Asimismo, se confirmó que de los 31
conglomerados relevados, 12 tienen su origen en Brasil, Argentina y Chile, y
nueve en Europa (Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Dinamarca, España,
Francia, Finlandia y Suecia). Además, se observó una fuerte presencia de
inversiones con origen en Estados Unidos, China, Singapur y Japón.
La mayoría de esas empresas (23 sobre 31)
incluyen en su arquitectura empresarial una rama financiera, que capta
capitales cotizando en bolsas de valores nacionales o internacionales (se
constató su presencia en las bolsas de Helsinki, Londres, Madrid, Nueva York,
San Pablo, Buenos Aires, Bruselas y Singapur) o atrayendo fondos de inversión.
Luego de la crisis global de 2008, buscando
asegurar su capital, los inversores transnacionales se volcaron fuertemente a
la compra de tierras y proyectos de explotación de recursos naturales en el sur
global, según se explica en un Informe de Redes Amigos de la Tierra publicado
en 2012. Como consecuencia, el informe sostiene que, además de los actores
empresariales clásicos «fueron apareciendo [en Uruguay] nuevas formas de
organización del capital, integrando diferentes rubros productivos y con nuevas
estrategias de actuación».
Dentro de las nuevas formas de organización se
encuentran los fondos de pensiones extranjeros y los fondos de inversiones, que
agrupan accionistas de todo el mundo y destinan capital a la adquisición de
tierras, producción de commodities, intermediación y comercialización agrícola.
Entre ellos se destaca el fondo de inversión
estadounidense Greenwood Resources, que posee 27 mil hectáreas en nuestro país
dedicadas a la forestación. Anteriormente sus activos pertenecían al fondo de
inversión RMK Timberland Group, cuyos beneficiarios eran pequeños grupos de
familias y bomberos retirados estadounidenses y capitales suecos, daneses y
finlandeses, que representaban a un fondo de pensión de maestros y profesores.
Por su parte, el Forestal Atlántico Sur (FAS),
asociación entre capitales chilenos y uruguayos, posee 41 mil hectáreas
propias. Hasta 2018, FAS gestionaba además los predios de LMAT Uruguay Holdings
SRL (14 mil hectáreas), empresa subsidiaria de Liberty Mutual, una de las
aseguradoras más grandes de Estados Unidos, y los de Guanare SA (49 mil
hectáreas), propiedad de la Universidad de Harvard, que invierte para financiar
las becas de sus estudiantes.
Fuera del sector forestal, el caso más
destacable es el del Union Agriculture Group (UAG), que fue presidido por el
actual senador del Partido Nacional, Juan Sartori. UAG cotizó en la bolsa de
valores de Montevideo hasta 2019 y posee más de 83 mil hectáreas dedicadas a la
agricultura, la ganadería, la lechería y el cultivo de arroz. En este fondo
participan inversores de origen canadiense, estadounidense, europeo y chino.
Los fondos de inversión mencionados, a
excepción de UAG, se constituyeron en el exterior. Sin embargo, en nuestro país
también se han desarrollado proyectos con miras a captar financiamiento,
adquirir campos y hacer inversiones; la estructura predominante en este caso es
el fideicomiso de oferta pública.
Actualmente, en Uruguay hay 13 fideicomisos
financieros (FF), que suman más de 237 mil hectáreas productivas entre las ya
adquiridas y las que proyectan comprar, y acumulan una inversión de más de
1.200 millones de dólares.
La administración de los proyectos, en nuestro
país, se reparte entre cuatro empresas. TMF Uruguay –de origen holandés–
administra dos FF, al igual que Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de
Fondos de Inversión, que forma parte de un grupo que tiene sede en Bahamas y
oficinas en Hong Kong, Montevideo e Islas Caimán. En tanto, Trust AFISA (un FF)
tiene sede en nuestro país, pero la mayoría de los accionistas son argentinos.
Finalmente, EF Asset Management (cuatro FF) tiene origen en Uruguay.
Estas empresas delegan la producción en seis
agentes operadores, de los cuales sólo dos son de origen uruguayo (Agroempresa
Forestal SA y Okara Ltda.). Entre estos, se destaca Cambium Forestal Uruguay
SA, empresa formada en 2007, que es subsidiaria de la chilena Cambium SA y en
nuestro país administra unas 140 mil hectáreas, distribuidas en diez
departamentos.
Las evaluaciones llevadas a cabo por la
calificadora de riesgo CARE detallan que los inversores obtienen ganancias por
el arrendamiento de los campos, la venta de producción y la liquidación de los
terrenos al finalizar el proyecto, dependiendo del plan productivo establecido.
Al respecto, se especula con un aumento en el precio de la tierra a futuro, ya
sea por la tendencia de los últimos años o por las mejoras realizadas en los
predios.
Si bien en nuestro país las inversiones en
fideicomisos provienen, principalmente, de las Administradoras de Fondo de
Ahorro Previsional (AFAP), según el excalificador de CARE y exanalista de la
Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias (OPYPA) del MGAP, Juan
Peyrou,la estructura da la posibilidad de conservar el anonimato a los
inversores.
HECHA LA LEY…
Los cambios en la propiedad de la tierra
producidos en los últimos años son evidentes. Según el Censo General
Agropecuario realizado por el MGAP (2011), en el año 2000 los propietarios
(personas físicas) de nacionalidad uruguaya controlaban el 90,4 por ciento de
la superficie productiva, pero en 2011 sólo lo hacían sobre el 53,9 por ciento.
Al mismo tiempo, buena parte de la tierra
pasaba a ser poseída por sociedades, la mayoría de ellas anónimas, que pasaron
de disponer del 1 por ciento del territorio a controlar el 43,1. Si bien no es
posible establecer que todas las sociedades anónimas sean extranjeras, los
investigadores Gabriel Oyhantçabal e Ignacio Narbondo sostienen que, durante
ese período, por lo menos el 20 por ciento de las tierras transadas en el
mercado (más de 1,5 millones de hectáreas) fue a parar a manos de extranjeros
por esta vía.
Frente a la profundización de ese fenómeno,
durante los gobiernos del Frente Amplio se aprobaron dos leyes con el propósito
de regularizar e identificar a los agentes que podían acceder a la compra de
tierra en nuestro país. La ley aprobada en 2007 estableció que las sociedades
anónimas y sociedades en comandita por acciones podían ser titulares de los
inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias «siempre que la
totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones
nominativas pertenecientes a personas físicas».
El motivo de la ley era claro: identificar a
las personas físicas «que por sí o a través de diversas formas societarias o
asociativas» fueran titulares de inmuebles rurales y explotaciones
agropecuarias. Sin embargo, en el artículo 2 de su decreto reglamentario, se
establecieron una serie de excepciones que posibilitaron que diferentes
entidades, cuyos titulares son desconocidos, pudieran acceder a la titularidad.
De esta forma, entre 2007 y 2018 unas 161 entidades se acogieron a estas
excepciones, según el registro realizado con base en datos extraídos de la
página web de Presidencia. Más de la mitad de las autorizaciones se otorgó en
el entendido de que la actividad a realizarse en esos suelos formaba parte de
un proyecto cuya ejecución se consideraba prioritaria para el desarrollo
productivo del país.
Si bien el exministro del MGAP Enzo Benech
sostuvo que se revisaban las empresas para conceder las autorizaciones de
tenencia de tierra porque se debía saber «quiénes son los dueños», el director
de OPYPA, Adrián Tambler, reconoció que si cotizaban en la bolsa de valores,
«automáticamente reciben autorización» para tener tierras.
La otra ley de relevancia en este aspecto fue
la aprobada en 2014, que estableció la prohibición de compra y tenencia de
tierras, con finalidades de explotación agropecuaria, a empresas extranjeras o
instaladas en el país en las que tuviera participación directa o indirecta un
Estado extranjero.
Sin embargo, a un mes de su aprobación, el
Ministerio de Economía y Finanzas se daba por notificado de la adquisición por
parte del grupo COFCO, una de las mayores compañías estatales de procesamiento
de alimentos de China, del 51 por ciento de una subsidiaria del grupo Noble.La
empresa china, que buscaba firmas proveedoras de materias primas, confirmó en
2015 la adquisición del total restante de la compañía.
Frigorífico Tacuarembó Pedro Pandolfo
El grupo Noble, ahora en propiedad de COFCO,
estaba presente en Uruguay mediante la empresa Evera SAC y controlaba 24 mil
hectáreas dedicadas a la agricultura. Además, en la actualidad, el grupo chino
tiene centros de acopio y vende cereales y oleaginosos en nuestro país.
Cuatro años después, una resolución de la
Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay daba
cuenta de que la empresa UAG no había informado que «la empresa china Chengdong
Investment Corporation poseía de forma indirecta más del 10 por ciento del
capital con derecho a voto de Union Agriculture Group».
La omisión de informar fue debidamente
multada, sin embargo, no parece haberse reparado en que, como esta
investigación constató en diversas fuentes, la empresa Chengdong Investment
Corporation es una subsidiaria del fondo soberano de inversión China Investment
Corporation (CIC), responsable de administrar parte de la reserva internacional
de ese país. Además, según informó Búsqueda (2018), en el UAG también participa
la institución financiera de desarrollo Deutsche Investitions und
Entwicklungsgesellschaft, subsidiaria del banco KFW, del gobierno alemán.
La firma CIC habría sido modelada de acuerdo
al fondo de inversión estatal Temasek de Singapur, que también está presente en
Uruguay. En el caso de Temasek, controla el 58,4 por ciento de las acciones del
grupo Olam, que en nuestro país cuenta con 66 mil vacas lecheras y 32 mil
hectáreas dedicadas a esa actividad.
LAS PENAS Y LAS VAQUITAS
Paralelamente a la llegada de capitales
transnacionales orientados a la compra de tierras, en los últimos 15 años se
observó un proceso de extranjerización en la fase industrial y comercial de los
principales sectores agropecuarios del país. Según un documento elaborado por
el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI, en 2003 las
empresas extranjeras tenían una participación del 24 por ciento en las
exportaciones de bienes en nuestro país, mientras que en 2018 la cifra ascendió
al 70 por ciento.
Los datos de Uruguay XXI revelan que UPM y
Montes del Plata concentraron el 80 por ciento de las exportaciones del sector
forestal en 2018. En tanto, del porcentaje restante, vinculado a las
exportaciones de madera y productos derivados de la madera, un 60 por ciento
correspondió a empresas extranjeras. Dentro de esas empresas se da un caso
particular con Uruply SA (responsable de un 9 por ciento del total exportado en
2018), ya que es subsidiaria de BTG Pactual TIG, grupo que, como se dijo, posee
120 mil hectáreas en nuestro país a través de la empresa LUMIN y además
controla el 100 por ciento de SAMAN SA. En 2018 la empresa arrocera efectuó
casi la mitad de las exportaciones del sector, siendo la principal industria de
procesamiento de arroz en Uruguay.
Ese mismo año, el 72 por ciento de las
exportaciones totales de arroz se adjudicó a cinco empresas extranjeras,
mientras que en 2005 la participación de extranjeras era del 13 por ciento.
Tambler sostuvo que en esta cadena productiva se da un proceso de extranjerización,
pero apreció que «no se han visto impactos negativos aunque la mitad del
mercado la haya comprado un brasileño».
Por su parte, el sector agrícola presenta la
particularidad de que los capitales transnacionales participan, mayormente, en
las fases inicial y comercial. Es así que, el 64 por ciento de las
exportaciones de soja en 2018, principal grano producido en Uruguay, fue
realizado por cinco firmas extranjeras –Cargill SA, Louis Dreyfus Commodities
(LDC), Syngenta AG, CHS Inc. y Grupo Pérez Companc–. Comparativamente, la
participación de capitales extranjeros aumentó un 14 por ciento con respecto a
2005, según los datos analizados.
A partir de la investigación llevada a cabo,
fue posible confirmar que las cinco poseen tierras en nuestro país, aunque sólo
se pudo acceder a información de dos de ellas. El grupo LDC (francés) es
propietario del 29 por ciento de Calyx Agro, empresa que posee 63 mil hectáreas
destinadas a la agricultura. Por su parte, el Grupo Pérez Companc (argentino)
suma más de 21 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la
forestación.
Finalmente, a partir de 2006 se inició un
intenso proceso de concentración por parte de capitales extranjeros en la fase
industrial del sector cárnico uruguayo, mediante la fusión y adquisición de los
principales frigoríficos del país. Según se explica en el documento elaborado
por Uruguay XXI, en este rubro resulta más sencillo adquirir una empresa
instalada que satisfacer los requerimientos necesarios para instalar una nueva
planta, además de que existe poco margen para instalar nuevos establecimientos
de gran porte.
Para comprender el impacto de este proceso, se
hizo una comparación entre las principales empresas exportadoras de carne
bovina entre 2004 y 2018, de la que surge que, mientras en 2004 la
participación de empresas extranjeras en el total exportado era de 26 por
ciento, en 2018 el guarismo ascendió a 63. Sumado a ello, cinco de los 11
frigoríficos pertenecientes a capitales nacionales en 2004 habían pasado, en
2018, a manos extranjeras.
La mayoría de las empresas que cambiaron de
propiedad durante ese período fueron adquiridas por dos grupos económicos
brasileños. Actualmente, el grupo Marfrig (frigoríficos Tacuarembó SA, Inaler
SA, Establecimientos Colonia SA y Cledinor SA) y el grupo Minerva Foods
(frigoríficos Canelones SA, Matadero Carrasco SA y PUL SA) poseen siete
frigoríficos en Uruguay que en 2018 exportaron el 46 por ciento del total de
carne bovina del país.
«La tierra es de la nación», decía en 2009
José Mujica, quien sería electo presidente ese año. Sin embargo, una década
después, el agro uruguayo se resume en la imagen de un campo cada vez más
despoblado, de grandes superficies y actores fantasma, donde las decisiones
sobre qué producir y cómo hacerlo son tomadas por grupos extranjeros que
controlan los factores de toda la cadena productiva y la regulan según la
infalible lógica del mercado internacional. Quienes invierten, también
extranjeros, especulan con los resultados a futuro, algunos de ellos para pagar
becas universitarias o pensiones, otros, directamente, para capitalizar sus
reservas nacionales y, de paso, tener el poder para incidir en la soberanía de
un país ajeno.
