6 de octubre de 2019

MOVUS en Finlandia. El COLONIALISMO de UPM en la prensa Finlandesa

El sábado 5 de octubre varios medios finlandeses reportaron sobre el debate del viernes en la
Universidad de Helsinki entre MOVUS y UPM. Esa instancia para la que nuestro gobierno mandató al Embajador  Porro para que defendiera el contrato con UPM fue la primera vez que se pudo discutir abiertamente el tema con representantes del gobierno y la empresa.

 Lamentablemente tuvo que darse a miles de kilómetros de nuestro país y ni siquiera en nuestro idioma, dado que el gobierno nacional niega toda posibilidad de discusión de un tema en el que no tiene argumentos para defender la entrega realizada a UPM.

Así por ejemplo, después de emitir el pasado 9 de agosto una cadena nacional en que presento incluso videos y material de propaganda de la empresa, no contesta la solicitud de la posibilidad de una respuesta por parte de MOVUS

En el debate que tocó temas ambientales, sociales y aconñomicos la empresa no pudo rebatir los argumentos y así por ejemplo en el tema econñimico recién al día siguiente del debate la empresa UPM presentó a los periodistas un informe diciendo que pagará al Uruguay entre 7 y 10 billones de Euros en los próximos 20 a 30 años, cifra que exagera al menos en un orden de 10 los montos que podría llegar a pagar en base al contrato firmado y los salarios del personal de su futura planta que al operar en zona franca lo hará sin pagar impuestos.

Sigue la traducción al castellano de la nota del periodista Sakari Nuuttila publicada ayer en el períodico  ILTALEHTI  y que está disponible en su versión original en:
https://www.iltalehti.fi/talous/a/0ac979ed-0d3c-479d-9220-9e4cf976523a



Conflicto por la planta de celulosa:
Activista uruguayo acusó a UPM de explotación y propaganda, el portavoz de la compañía sorprendido por los "hechos"
el sábado 05.10.2019 a las 16:17

El extenso debate en la Universidad de Helsinki sobre un megaproyecto de una empresa forestal en Uruguay permaneció en su infancia cuando ni siquiera se podían acordar los temas básicos.

En Uruguay, un debate hace varios años sobre la fábrica de celulosa más grande del mundo en construcción en UPM aterrizó esta semana en Helsinki, donde un activista de larga data que se opone al proyecto desafió a la empresa forestal cara a cara.

En el debate de la Universidad de Helsinki, habló un periodista de investigación llamado Víctor Bacchetta, quien era de Uruguay, quien comenzó diciendo que la fábrica de celulosa era un mal negocio para Uruguay.

- UPM invertirá menos de 3.000 millones de euros, mientras que Uruguay invertirá más de 4.000 millones de euros. Por lo tanto, pagamos el 60% del costo del proyecto sin una parte de las ganancias, mientras que UPM también recibe considerables exenciones de impuestos, acusó Bacchetta.

En respuesta a las acusaciones de Bacchetta, Saara Tahvanainen, Vicepresidenta de Relaciones con los Accionistas ​​de UPM, fue llamada y, en algunos casos, luchó por contestar los argumentos del activista.

Tahvanainen le preguntó a Bacchetta de dónde provenían sus cifras de los costos uruguayos. Bacchetta aseguró que los cálculos se basaron en cifras publicadas por el gobierno uruguayo y la propia empresa forestal.

- Cuando escuché su declaración, me preguntaba dónde comenzar a responderlas, Tahvanainen comentó a el IL después del evento.

Sin acuerdo

No se pudo llegar a un consenso sobre los cálculos esa noche, pero a la mañana siguiente, UPM comenzó a investigar el origen de las cifras de Bacchetta. Se reveló que los cálculos se hicieron sobre principios y cronogramas completamente diferentes a las cifras con las que el activista los comparó.

La inversión de casi $ 3 mil millones de UPM cubrirá, entre otras cosas, los costos inmediatos de construir la planta y expandir el puerto. En cambio, los cálculos de los críticos de los costos de Uruguay consisten en proyectos de infraestructura, préstamos, tasas de interés y el precio del excedente de electricidad comprado a UPM bajo contrato durante los próximos 20 a 30 años.

La comparación de Bacchetta entre los tres mil millones de euros de UPM y los cuatro mil millones de euros de Uruguay no es comparable.

- Calculamos que durante los mismos 20 a 30 años, pagaríamos entre 7 y 10 mil millones de euros adicionales en impuestos y salarios, además del monto de la inversión. Por supuesto, como empresa que cotiza en bolsa, no estamos comenzando a especular a largo plazo, pero estamos tan entusiasmados que nuestros costos ya son 13 mil millones en comparación con los cuatro mil millones de Uruguay y otros costos operativos, dice Tahvanainen.

Por supuesto, UPM está buscando grandes ganancias en sus inversiones, pero el gobierno uruguayo también está obteniendo ganancias de, entre otras cosas, la reventa de electricidad.

- Hay muchas formas de interpretar figuras y hechos. Es difícil responder a las críticas si no comprende primero lo que significan las acusaciones. Sí, podemos y debemos ser desafiados, pero me gustaría que las críticas sean exigidas con la misma transparencia y objetividad que tenemos para ofrecer, dice Tahvanainen.

Controversia sobre las cifras

Una y otra vez, la discusión de la universidad se vio obstaculizada por la falta de acuerdo incluso sobre los hechos básicos, sin mencionar el debate constructivo de los principios y las implicaciones del proyecto.

Bacchetta dijo que la decisión de ubicar la planta a lo largo del río Río Negro en las partes centrales del país se tomó sin una evaluación adecuada del impacto ambiental. Según él, esta actividad violó la Ley de Ordenamiento Territorial.

Según Tahvanainen de UPM, el reclamo no es correcto en absoluto, pero, por supuesto, todas las evaluaciones ambientales y permisos ambientales posibles se han realizado antes de que el proceso de permisos de construcción haya comenzado.

Bacchetta también calificó de propaganda la estimación de UPM de que la planta crearía hasta 10,000 empleos permanentes en su cadena de producción. Según él, el gobierno que actualmente estña en campaña electoral ya estaría hablando de 15,000 empleos en Uruguay.

La principal objeción de los críticos también se relaciona con el secretismo del gobierno uruguayo sobre el Acuerdo con UPM al eludir el proceso democrático y ocultar la información pública.

"En la cultura finlandesa, puede ser difícil ver a un gobierno elegido democráticamente mintiendo y distorsionando la interpretación de la ley, pero esto está sucediendo en Uruguay", aseguró Bacchetta.

Por otro lado, Tahvanainen niega rotundamente la afirmación hecha por el activista tanto en una entrevista anterior de IL como en varias ocasiones durante el debate.

Según Tahvanainen, no hay indicios de que el gobierno uruguayo haya actuado de la manera descrita por Bacchetta: eso causaría daño a la reputación de la empresa causado a la empresa por su participación en dicho esquema. Según ella, todo el proceso ha sido transparente tanto de la empresa como del gobierno.

- La reputación es importante para nosotros, y seguimos de cerca la opinión pública en Uruguay. Según encuestas independientes, más de la mitad de las personas están a favor de la fábrica y alrededor de una cuarta parte están en contra, dice Tahvanainen.

Las extensas plantaciones de eucalipto, que son la columna vertebral de la producción de pulpa, generan preocupación entre los críticos sobre el impacto climático y ambiental.

Rumores salvajes

En respuesta a los comentarios sobre las preocupaciones sobre la democracia, Jussi Pakkasvirta, profesor de estudios regionales y culturales, dijo que la industria de la pulpa no es nada nuevo en Uruguay.

Por el contrario, varios gobiernos elegidos democráticamente han mantenido durante años el papel de la producción de pulpa como una industria clave.

Otro punto de vista fue tomado por Markus Kröger, Profesor Asistente de Estudios de Desarrollo, quien expresó su preocupación por la naturaleza del acuerdo del gobierno con UPM. Dentro de este marco, los futuros gobiernos uruguayos tendrán, en las próximas décadas, grandes dificultades para cambiar los términos del tratado si alguna vez lo hicieran a la luz de las circunstancias cambiantes.

Además, Kröger cuestionó los principios básicos de la industria de la pulpa en términos más generales en relación con el impacto climático del uso de la tierra. Señaló que las extensas plantaciones leñosas, que son la columna vertebral de la producción de pulpa, aumentan las emisiones de dióxido de carbono, mientras que los suelos silvestres atrapan el carbono de manera mucho más eficiente.

"UPM podría tener un modelo operativo diferente y mucho más sostenible", dice Kröger.

Sin embargo, la dimensión ambiental fue menos prominente en el debate, donde el debate sobre lo básico se extendió a acusaciones emocionales de colonialismo y capitalismo explotador.

Janne Ronkainen, Directora Ejecutiva del Centro Finlandés de Solidaridad Sindical (SASK), dijo que pensaba que algunas de las preocupaciones ambientales planteadas eran comprensibles, pero cuestionó el nivel de argumentos utilizados.

Según él, las interpretaciones salvajes en torno a los proyectos de fábrica no son un fenómeno nuevo. Ya bajo el proyecto de la planta de celulosa de UPM, que había provocado una controversia en la frontera entre Uruguay y Argentina a principios del milenio, se hicieron los reclamos más descabellados. Según Ronkainen, circulaban rumores en el momento en que los niños en Karelia del Norte morirían por productos químicos de las plantas de celulosa.

Las acusaciones repetidas con frecuencia del colonialismo celular finlandés Ronkainen lo rechazaron por completo.

- Esta es una empresa privada que entiendo que solo es responsable ante sus accionistas, no ante la sociedad finlandesa. Al menos no me considero involucrado en ningún proyecto colonial. Dichas formulaciones son altamente selectivas y sirven al propósito de ciertos individuos.
Sakari Nuuttila

26 de agosto de 2019

Decreto 001 de la era de UPM

El Poder Ejecutivo emitió el 14 de agosto un decreto sobre el agua del Río Negro y las variaciones de caudal que pueden afectar la generacióin hidroeléctrica en el río.
 
El decreto 233/019 está disponible en la web de Presidencia. Más allá de su redacción con estilo oficial, mucho mas sincero hubiera sido redactarlo así:

 
VISTO que le vamos a dar a UPM el control del Río Negro.
RESULTANDO que diluir los efluentes de la planta implica contaminar 7.000.000 de m3 de agua por día y para ello es necesario un flujo constante de 80m3/s.
CONSIDERANDO que eso puede reducir la operatividad de la generación de electricidad y la disponibilidad de la reserva del embalse de Rincón del Bonete que necesita UPM
,
El Presidente de la República Celulosica Oriental coordinado con los ejecutivos de UPM Decreta:
 
ARTÍCULO 1.-El Ministerio de Industria Energía y Minería comunicará a la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) los caudales que exija UPM y que serán considerados como restricciones para el despacho de las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre la cuenca del Río Negro.
ARTÍCULO 2.- La Administración del Mercado Eléctrico (ADME) establecerá un procedimiento operativo y de comunicación con los agentes e interesados vinculados con la restricción de despacho mencionada en el artículo 1 sin derecho a reclamo.
ARTÍCULO 3.- Publíquese, Comuníquese.

8 de agosto de 2019

República o “Monarquía Celulósica”


El martes pasado un comunicado en inglés de UPM daba la mala noticia para Uruguay de que la empresa había dado el “SI” a la posibilidad de instalar una segunda planta de celulosa, eso siete meses antes del fin del plazo previsto en el documento firmado entre el Poder Ejecutivo y UPM el  7 de noviembre de 2017.

Esa firma se realizó en la Torre Ejecutiva con invitación a toda la prensa nacional e internacional, rápidamente convocada, ya que hasta el mediodía la noticia era que UPM se tomaría 10 días para decidir sobre algunas cláusulas del documento.
De lo firmado esa tarde se dijo que era la de una “hoja de ruta” un “precontrato” y otras consideraciones similares, aunque ahora ha sido  denominado como un “Contrato de Inversión”

Pero esa no sería la única firma comprometiendo al Uruguay en sumas multimillonarias con la empresa UPM. Cinco meses más tarde los mismos funcionarios que comparecieron en representación de Uruguay el 7 de noviembre, firmarían con los representantes de UPM  una  modificación al documento, aceptando entre otras cosas un pago 10 veces menor al pactado originalmente por el uso que haría UPM de las vías que Uruguay construiría entre la planta de celulosa en Pueblo Centenario  y la terminal de UPM en el puerto de Montevideo.

A diferencia de la primera, esta segunda firma no tuvo publicidad, no se citó a prensa y las luces de la sala de presidencia permanecieron apagadas. Sucedió el 5 de abril de 2018, aunque los uruguayos solo nos enteramos casi un año más tarde, cuando en un informe pagado por la Presidencia a un estudio privado de abogados para justificar que los funcionarios firmantes no concurrieran a una citación del parlamento, apareció citada la modificación realizada al contrato, entre los documentos estudiados.

No hubo además en este caso una resolución del Poder Ejecutivo autorizando la firma de los funcionarios. La Resolución 154/2018 convalidaría lo actuado, pero solo 4 días más tarde, evidenciando la falta de autorización previa para el acto realizado.

Tampoco fue esa la última vez  que se firmaron modificaciones o contratos comprometiendo a la República con UPM. Al otro día de que la empresa comunicara su decisión de seguir adelante con la planta de celulosa sobre el río Negro, y cuando aún no se habían acallado las manifestaciones de júbilo de algunos, por el gran negocio que esto puede significar para UPM; supimos que una semana antes, el 15 de julio, los mismos tres funcionarios volvieron a firmar documentos en nombre de la República, otorgando a UPM aún mejores condiciones para desarrollar su negocio en Uruguay, además de la posibilidad de retirarse del contrato unilateralmente, por su sola voluntad, con la sola condición de avisar con un año de antelación.

Al igual que en 2018 esta firma se realizó sin prensa ni control alguno, solo por la voluntad de los tres firmantes y supuestamente la del Presidente de la República que con su acción termina de comprometer al país al pago de más de  cuatro mil millones de dólares en una serie de otros documentos confidenciales firmados con UPM, como fue el contrato de compra de energía al que se obligó la UTE por 20 años.  Este contrato se firmó pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos del organismo. Además de acuerdo con los servicios técnicos de UTE supone un incremento de la tarifa eléctrica de un 2%, elevando aún más el costo de la electricidad para los uruguayos.

Tan secreta fue la firma del documento el 15 de julio, documento que ahora sabemos se denomina “Contrato Complementario”, que consultados varios miembros del Poder Ejecutivo, los ministros de Economía, de Transporte y Obras Públicas y de Industria y Energía, tres carteras claves en el tema, reconocieron desconocer las cláusulas de ese contrato.

Recordemos que las cabezas de esos ministerios además de las de los ministerios de Trabajo y de Vivienda y Ambiente habían estado en la foto de la firma del contrato original de noviembre de 2017.

¿Como un país como Uruguay, reconocido internacionalmente, hasta ahora, por su seguridad jurídica ha llegado a esta situación de lo que al menos podemos llamar “desprolijidad” administrativa?

El parlamento es el gran ausente, el legislativo que de acuerdo con el Artículo 85 de la Constitución de la Republica debe : “aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras” no tiene injerencia en estos tratos que el ejecutivo realiza por si y ante si con empresas a las que de esa manera eleva al nivel de estados rebajando la república al nivel de una empresa que viene a operar en su territorio.

¿Cómo llegamos a esta situación en que como un monarca absolutista el Presidente decide solo con su secretario comprometer el país incluso más allá de su mandato?

¿Cómo puede ser que el presidente pacte con empresas condiciones que en la práctica anulan a los poderes judicial y legislativo de la República en lo que se refiere al trato con la empresa que contrata?

Lo del legislativo es porque porqué más allá de la seguridad jurídica que es un valor a conservar y cuidar, se pacta en esos contratos la inamovilidad jurídica por la que una ley promulgada por un parlamento legítimamente elegido, digamos en 2035, no sería aplicable a la empresa.

El Poder Judicial queda además fuera porque en los contratos se pacta la jurisdicción internacional para la resolución de diferencias entre la empresa y el estado.

La combinación de estas condiciones hace que las empresas contratantes configuren algo muy parecido a los enclaves coloniales de potencias y empresas que en los siglos 18 y 19 sirvieron para la explotación de los recursos naturales de muchas regiones del mundo, en beneficio de las metrópolis y empresas tratando con los reyezuelos o dictadores de turno.

¿Cómo se ha llegado a esta situación de poder cuasi absoluto en manos del Presidente y su Secretario para pactar condiciones en nombre de la república incluso más allá de su período de gobierno?

PPara nuestro país esta situación tiene su origen en los decretos del Poder Ejecutivo 
455/2007 (1) y 477/2008 (2) ambos decretos dicen reglamentar la ley conocida como 
de promoción de inversiones (Ley 16906) (3) pero en la práctica van más allá de lo que
dice la ley a la que le hacen decir y por lo tanto a los legisladores y al Poder Legislativo 
más de lo que la ley dice y de lo que evidentemente fue la intención del legislador.
 
En esos decretos se crea la figura e instrumento de los contratos entre gobierno y 
empresas cuando se trate de proyectos de inversión que superen los siete mil millones 
de Unidades Indexadas, equivalentes a casi mil millones de dólares.
 
Esos proyectos que se califican como “Inversiones de gran significación económica” 
 quedan en manos exclusivamente del Poder Ejecutivo y dentro de el de la Presidencia
de la República y muy especialmente del Secretarío de la Presidencia que preside 
la comisión que se conforma con representantes de los ministerios relacionados con 
las actividades del proyecto para definir y negociar el contrato.

Así en este tiempo de elecciones uno esperaría que se propusiera revisar este conjunto de normas que genera la entrega de la soberanía a las empresas y una peligrosa concentración de poder económico y político en muy pocas manos y sin ningún control.  Sin embargo eso no sucede, se me ocurren dos causas, no conocen que esto existe o no quieren hacer olas por si les llega la oportunidad de usarlo. 

Raúl E. Viñas
METORÓLOGO MSC
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp6212048.htm