El llamado proyecto Neptuno que pretende implantarse en la costa del
Río de la Plata a la altura de la playa de Arazatí es uno inconveniente,
insuficiente y extremadamente caro.
Desde los proponentes, la OSE y el Gobierno se lo ha presentado con
bombos y platillos como una avanzada solución a los problemas del
abastecimiento de agua potable a Montevideo y la zona metropolitana,
basado en una fuente de agua “inagotable”.
Desde el gobierno se lo ha presentado y calificado también como la
obra «más grande de la historia en infraestructura para agua potable» y
se ha aceptado sin ningún cuestionamiento la iniciativa privada del
denominado Consorcio Aguas de Montevideo, que integran las empresas
Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast de Brasil, muchas de ellas ya figuritas
repetidas en multimillonarias obras cuyos costos superaron ampliamente
los previstos inicialmente como fue el caso del Tren de UPM que pasó de
los ochocientos millones de dólares presupuestados inicialmente a casi
tres mil millones al ejecutarse como PPP (Proyecto de Participación
Público Privado).
En forma muy parecida a lo que primero AFE y después el MTOP hicieron
con el Tren de UPM, OSE ya aceptó el proyecto como iniciativa privada,
licitó las obras con ventaja para los proponentes (ahora adjudicatarios
de la obra), reservó de su presupuesto para el pago del proyecto más de
ochocientos millones de dólares (Resolución 1042/23) y ha realizado
expropiaciones, todo ello para un proyecto que no cuenta aún con
autorización ambiental.
Por fuera de las consideraciones ambientales, por orden judicial OSE y
el Consorcio estuvieron impedidos de firmar el contrato de la obra. Eso
porque en el contrato se le entrega al consorcio la abducción y
transporte de agua para potabilizar, los que de acuerdo con la ley de
creación de la URSEA son pasos integrantes del servicio público de agua
potable, lo que convierte al contrato en contrario al artículo 47 de la
Constitución y por lo tanto inconstitucional.
En lo específicamente ambiental, se presentó a la DINACEA del
Ministerio de Ambiente el proyecto, al que se le hicieron múltiples
observaciones, pero que igualmente llegó a la etapa de confección del
Informe Ambiental Resumen y a la puesta de manifiesto de este para
conocimiento del público. Durante esa puesta de manifiesto se le
presentaron al proyecto varios centenares de consultas y observaciones
que por ley deben ser estudiadas y respondidas por el Ministerio a fin
de completar la información a disposición de la población previa a la
Audiencia Pública a la que obliga el Decreto 349/2005.
Igualmente, la Audiencia Pública se convocó sin que hubiera
finalizado el plazo de la puesta de manifiesto “aprovechando”, a favor
de las empresas, interpretaciones insostenibles de la ley 16466 y del
artículo 3 del decreto 349/2005, La audiencia se realizó cuando el
análisis de los planteos hechos durante la puesta de manifiesto, que aún
no terminó, no se había completado. Así evidentemente no se contó en
esa audiencia convocada con inusitada urgencia con toda la información
del proyecto.
Para completar este turbio panorama, la OSE ante solicitudes de
acceso a la información pública no pudo mostrar ni un solo estudio
propio sobre porque se pretende hacer este proyecto en Arazatí. Tampoco
sobre la realización de algún estudio económico financiero para decidir
el pago de más de 800 millones de dólares por un proyecto cuyo costo
oscila según la prensa que se lea entre 208 y 300 millones de dólares.
Lo único que entregó fueron los estudios del consorcio
proponente-adjudicatario para la localización en Arazatí y el formulario
de la licitación donde las empresas intervinientes debían poner sus
aspiraciones de retribución.
En la audiencia pública cuando se puso de manifiesto estas
inaceptables carencias, que podrían configurar negligencia en el manejo
de dineros públicos, el Gerente General el Ingeniero Castagnino expresó
que en lo técnico OSE tenía completos estudios realizados en 2013 por la
empresa Aguasur SA, empresa en 95% propiedad de OSE y 5% propiedad de
la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), en que se dijo se
estudiaron alternativas al suministro de agua para Montevideo y la zona
metropolitana.
Estamos a la espera de que la OSE muestre esos estudios que se
solicitaron por la ley de acceso a la información pública. Pasados los
primeros 20 días hábiles desde la solicitud, OSE se acogió a la prórroga
de otros 20 días para entregarnos los estudios. ¿Será que no los han
podido encontrar?
Que ahora la decisión judicial haya anulado la prohibición de firmar
el contrato, aceptando la recusación del juez y asignando el caso a otro
juzgado que debe comenzar a estudiarlo de la nada pero permitiendo que
el proyecto siga adelante en estas condiciones, no es en el mayor
beneficio del Uruguay y los uruguayos que pagaremos más de tres veces el
costo del proyecto que sólo le agregará al sistema metropolitano, en
el mejor de los casos, un 40% de sus necesidades, dependiendo de la
salinidad del agua del Río de la Plata, y del cual la mitad del agua que
se integre al sistema será perdida debido al mal estado de la red de
distribución que OSE dice no tener dinero para arreglar.
No hay dinero para reparar la red, pero la OSE se compromete a pagar
durante diecisiete años y medio más de cuarenta millones de dólares
anuales, unos ciento setenta mil dólares diarios para un proyecto que
salvo para los proponentes privados no deja ningún beneficio y
compromete aún más la situación económica y financiera de la OSE
Publicado el 22-11-24
