Personalmente y desde MOVUS hemos sido muy críticos del denominado “Proyecto Neptuno”, para complementar el abastecimiento de agua a Montevideo y el área metropolitana con agua tomada del Río de la Plata en ARAZATÍ. Así entendemos positivo que se lo descartara, cuando todos los análisis indicaban era inconveniente, insuficiente, extremadamente caro y planteado en una localización inadecuada para servir como fuente para el servicio de agua potable.
La maratónica interpelación esta semana al Ministro de Ambiente por ese tema terminó sin novedades.
La oposición defendió, sin un propósito claro, el proyecto privado para Arazatí, criticando que fuera descartado,
mientras que el gobierno, a pesar de las críticas, dejó claro que seguirá adelante con las obras anunciadas en la
cuenca del Santa Lucía.
Se ha dicho que para eso se harán modificaciones al contrato originado en una iniciativa privada para una obra
específica y que tiene por objeto obras en Arazatí y el departamento de San José. Eso se pretende justificar con
una dialéctica rebuscada que deliberadamente confunde “objetivos”, difusos y no escritos, con el “Objeto”,
plasmado y específico, del contrato.
En la interpelación ninguna de las partes, ni el gobierno ni la oposición, hizo mención de que una de las
modificaciones anunciadas busca eliminar la ilegalidad de haber otorgado a privados la gestión y operación de
parte del servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano, el que debe ser prestado
exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
Esa ilegalidad fue reconocida por el actual gobierno, reconocimiento que el Ministerio de Ambiente incluyó
como elemento en contra del proyecto en la presentación ante la Comisión de Ambiente de la cámara de
Diputados el pasado 4 de agosto.
Está meridianamente claro que un contrato con cláusulas ilegales es nulo (Artículo 1560 y siguientes del Código
Civil)y no genera efectos para ninguna de las partes.
Lejos de hacer uso de la anulación del contrato que posibilitaría hacer una nueva licitación de obras en condiciones más ventajosas, quedo claro que no se modificarán las condiciones de pago por disponibilidad y mantenimiento del contrato, las que aseguran a las empresas constructoras cobrar por las obras más de tres veces su valor. Una condición inaceptable y difícil de entender, viendo los informes presentados sobre la situación económica y financiera de OSE disponibles en la versión taquigráfica de la comparecencia OSE en el Parlamento.
Para impulsar esto se apela a un sentimiento de urgencia que no parece seguir
con un plan estratégico definido, y hace recordar a las obras de trasvase de
agua del río San José al río Santa Lucía durante la sequía.
Las obras ahora propuestas requieren todas de estudios ambientales completos y
por su tamaño y complejidad ninguna estará terminada al menos hasta el año
electoral de 2029.
Nada se dijo en la interpelación de la posibilidad de ejecutar una reparación
masiva de las redes de OSE, que podría comenzar mañana, dotando a las nuevas
redes de elementos de medición que favorezcan el control y racionalicen su
operación.
Eso cuando el sistema metropolitano demanda del río Santa Lucía y potabiliza
correctamente casi seiscientos mil metros cúbicos de agua diarios de los que,
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, sólo se factura el
treinta y cinco por ciento, que son unos doscientos veinte mil metros cúbicos.
Así en el
sistema metropolitano de Montevideo el sesenta y cinco por ciento del agua
demandada al río Santa Lucía, unos cuatrocientos mil metros cúbicos, no
se factura por pérdidas de la red, o se utiliza en conexiones que no son
medidas. Eso significa que cada mes la OSE deja de facturar diez millones
de dólares, ciento veinte millones anuales millones anuales.
Solucionar esas pérdidas generaría mucho empleo y trabajo que puede ser
realizado por empresas de porte mediano e incluso pequeño, trabajando a nivel
zonal.
Nada se dijo, pero está claro que reducir la demanda de agua del río a los
niveles de consumo real que según la URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de
Energía y Agua) no debieran superar los trescientos cincuenta mil metros
cúbicos diarios quitaría estrés al sistema reduciendo el volumen de productos
químicos a utilizar en la potabilización y la producción de lodos como residuo
del sistema, abaratando el proceso,mejorándolo ambientalmente e incrementando la facturación
No hay razón para incrementar ahora la capacidad de potabilización de Aguas
Corrientes con una nueva potabilizadora que volcaría agua a un sistema metropolitano
en nuy malas condiciones y con pérdidas que superan en volumen el incremento de
aporte que se lograría. La que se piensa construir podría estar en operación en
tres o cuatro años para ser usada en pocas oportunidades o casi no ser
utilizada si se reparan las redes.
Pero esto
no está en los planes y en la interpelación todas las partes se guardaron muy
bien de transparentar los costos reales de las obras concentrándose en hablar
de los montos de inversión, lo que les puede costar la obra a los contratistas,
sin referirse a lo que esos contratistas van a cobrar que más que triplica su
inversión algo que ni siquiera el sistema bancario privado local hace con los
préstamos.
Para aclarar, digamos que me tiene sin cuidado si
voy a arreglar un baño y la empresa me dice gastarán en materiales, mano
de obra e impuestos cien pesos. Esa es su inversión. Lo que me importa es
cuanto me van a cobrar y seguramente si me dijeran que deberé pagarles
trescientos pesos busque otro sanitario.
La posibilidad de anular el contrato existe la ilegalidad ha sido reconocida y
tiene amplio respaldo legal, la de comenzar a arreglar las redes también, quizá
sea un buen momento para barajar y dar de nuevo.
Publicada en el semanario Crónicas el 29 de agosto de 2025.
https://www.cronicas.com.uy/contratapa/agua-que-has-de-beber-lo-que-nos-dejo-la-interpelacion/
