Se encuentra a
estudio en el Parlamento un proyecto de ley de “Proyectos Forestales”, que plantea regular las
plantaciones de
árboles, prohibiéndolas fuera de las áreas de prioridad forestal con índice CONEAT
menor a 76 y ubicándolas a 300
metros de los cursos de agua.
Ese proyecto de
ley ha servido como disparador de discusiones que no se daban anteriormente a nivel
parlamentario y en las cuales quedaron
en evidencia diferencias importantes
entre la propaganda forestal y los hechos.
El parlamento ha
recibido delegaciones de la Dirección General Forestal (DGF), las gremiales
forestales, como la Sociedad de Productores Forestales (SPF), la de los
contratista forestales (ASECFUR), la de los procesadores de madera (CIPROMA) y la
del Movimiento Uruguay Sustentable (MOVUS).
La limitación propuesta,
como cualquier otra limitación de tipo ambiental o de ordenamiento territorial
levanta resistencias y en este caso las agremiaciones forestales abogaron por
el mantenimiento del status quo, incluso requiriendo ser indemnizados en caso
de que pusieran límites a su actividad.(1)
Las quejas
actuales no se escucharon cuando a partir de la segunda ley forestal (Ley
15939) y de sucesivas leyes y decretos se exoneró la plantación y explotación
de árboles de tributos e impuestos, otorgando subsidios de hasta el 50% del
costo de las plantaciones. Hasta hoy, algunas plantaciones siguen exoneradas,
por ejemplo, del pago de la Contribución Inmobiliaria.
Tampoco se
escucharon quejas cuando se ampliaron las áreas para la plantación de árboles por
las recalificaciones de los suelos forestales dadas por los decretos 26/1993,
191/2006 y 220/2010 llevando a que la Federación Rural exprese que el sector
forestal compite en forma desleal con otros sectores agropecuarios.
Con base en todos
esos beneficios, existen hoy en nuestro país, de acuerdo con la información de
la DGF, 875.464 hectáreas efectivamente plantadas con árboles, afectando
1.034.712 hectáreas. (2) Esos números muestran que el 85% de las áreas
afectadas son efectivamente plantadas con árboles. Sin embargo en su
presentación la SPF declaró repetidas veces que al plantar árboles sólo se
ocupa en promedio el 60% del espacio, quedando libre el restante 40%.
Hoy el 25% de las
áreas ocupadas por las plantaciones de árboles está fuera de las áreas de
prioridad forestal y todos los proyectos de plantaciones que llegan a la DINAMA
para su aprobación incluyen suelos y áreas fuera de las de prioridad forestal.
La implantación
de los árboles, en especial fuera de los terrenos de prioridad forestal,
desplaza otras actividades y los representantes de la SPF fueron claros de que
en las plantaciones con destino a celulosa, donde se plantan entre 1.300 a 1.400
árboles por hectárea, no se pueden realizar
otra actividades, incluso el promocionado “silvopastoreo” y si se coloca ganado este
se debe limitar a
pastar en los caminos de cortafuego.
En lo que
respecta al ingreso económico que para el Uruguay significa la plantación de
árboles, el estudio que por encargo de la SPF hizo la consultora CPA Ferrere
(CPA) dice en lo referente a los
impuestos que paga la “cadena forestal”, que son el impuesto al gasoil y las “cargas
laborales” las principales contribuciones directas de la actividad forestal.
Esto se completa con los pagos por impuesto al patrimonio, del que están
exoneradas por decreto de 2013 las plantaciones asociadas a la planta de
celulosa de Montes del Plata. El aporte anual por esos tres conceptos es de 57 millones
de dólares según CPA.
De ellos, 16 millones
corresponden a los pagos a la seguridad social, que no son básicamente
impuestos, sino obligaciones que van a las cuentas de retiro de los
trabajadores y otros 9 millones son los pagos que por IRPF hacen los empleados,
no las empresas.
Si bien las
exportaciones del sector registradas por Aduanas no llegan a los 1000 millones
de dólares, el ex presidente de la SPF y hoy Director de la DGF enfatizó ante
la Comisión que estudia el tema que el sector forestal representará en pocos años al menos el 30% de las
exportaciones del país.
Sorprende que ese
guarismo desde la DGF, porque para
realizar esa afirmación debe considerar como “exportaciones” las ventas que se
hacen desde las Zonas Francas Celulósicas, sobre las que no existe más
información que la de las propias empresas, al no ser esas ventas registradas en la aduana,
paso básico para configurar una exportación.
Respecto al
trabajo, un tema que las delegaciones forestales hicieron hincapié, los datos
oficiales de Banco de Previsión Social (BPS) muestran que entre 2007 y 2019, 12
años, el empleo en el sector relacionado a la madera creció en 1.500, llegando
a 16.800 empleos.(2)
De esos empleos,
sólo 1247 están en producción de pasta de celulosa, muy por debajo de la
ocupación en la transformación mecánica de la madera (chips, tablas, muebles y otros productos ) que
ocupa a 6139 trabajadores (1400 más que en 2007).
En base a los
datos oficiales, sumando todas las actividades del sector, menos la logística
asociada al transporte de madera, se llega a unos 16 empleos cada 1000
hectáreas , relación que oculta grandes disparidades.
Por ejemplo, la
CIPROMA dijo que sus empresas dan “ empleo a más de cuatro mil personas”
ocupando “poco menos de 120.000 hectáreas”, ocupando “36 trabajadores cada 1000 hectáreas”; mientras que los 1247
de la producción de celulosa significan apenas 1 empleo cada 1.000 hectáreas.
Conviene agregar
algún dato sobre Nueva Zelanda que fue citada por parte de la representación de
la CIPROMA. La información oficial de
Nueva Zelanda (4) indica que el 22% de la superficie del país corresponde a bosques y que las plantaciones cubren otro
7% del territorio llevando el área forestada total a 29%.
Es de destacar
que con 1.690.000 hectáreas de plantaciones, Nueva Zelanda genera exportaciones
por 6.800 millones de dólares, un valor siete veces superior al de las
exportaciones de Uruguay con 1.034.000 hectáreas plantadas. Su producción está
orientada a la madera (tablas y enchapados) con un pequeño sector de celulosa y
papel mayormente destinado al mercado interno.
En cuanto al empleo, en Nueva Zelanda el
sector empleó en 2017 a 38.000 personas, casi 23 cada 1000 hectáreas, un 50%
más que en el Uruguay.
Evidentemente
producción de celulosa en zonas francas, que sólo se realiza en el Uruguay, no
es la mejor forma de aprovechar el potencial forestal del territorio que aún
con las limitaciones que plantea el proyecto de ley a estudio, tiene la
posibilidad de duplicar las áreas plantadas hoy, y que redireccionado podría generar
mucho más empleo y un nivel de ingresos
sensiblemente mayor.
(Publicado en el Semanario Voces el 13 de agosto de 2020)
(1)https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/212/versiones-taquigraficas
(2) https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas/estadisticas/boletin-estadisticas-forestales-2019
(3) https://aplicaciones.aduanas.gub.uy/LuciapubX/DatoBasico.Arancel.HPUDBAr2.aspx
(4) https://www.mpi.govt.nz/news-and-resources/open-data-and-forecasting/forestry/
EXPORTACIONES DE NUEVA ZELANDA:
