Mucho de algo siempre es malo
La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados está discutiendo por estos días un proyecto de ley para limitar las áreas de plantaciones de árboles en nuestro país.
En 1987, el 28 de diciembre, se aprobó la denominada “Ley Forestal”, en realidad una segunda ley de promoción de la plantación de árboles. La ley daba incentivos a la plantación industrial de árboles en los terrenos que se consideraban aptos para ese destino, calificados como de “prioridad forestal”.
Cómo resultado de esa norma, el apoyo del estado en forma de renuncias fiscales, incentivos e incluso reintegros de capital, permitió el crecimiento de ese sector. Si bien una porción de ese esfuerzo de la sociedad tuvo como destino productores nacionales, la mayor parte fue tomada por empresas forestales de capital extranjero, muchas veces asociadas a empresas con intereses en la industrialización de la madera, en especial la producción de celulosa.
Al mismo tiempo sucesivos decretos ampliaron las áreas de “prioridad forestal” que hoy llegan a ser casi la cuarta parte del territorio del Uruguay.
Mas cerca en el tiempo cuando la plantación de árboles alcanzo un nivel importante, habiendo sido plantadas más de 800.000 hectáreas, se retiraron los incentivos. Esos fueron los tiempos del acopio y traslado masivo de madera hacia el Puerto de Montevideo, cuando se llegó a pensar que la exportación de madera podía generar un grave problema logístico, e incluso colapsar la terminal portuaria
El paso lógico, existiendo la masa crítica, era el de la industrialización local a partir de la cual el estado y todos los uruguayos podríamos pensar en recuperar algo del dinero entregado para el crecimiento del sector forestal.
Lo que sucedió es que los uruguayos volvimos a subsidiar el sector mediante el otorgamiento de incentivos y exoneraciones en la forma de zonas francas y condiciones impositivas especiales a la producción de celulosa.
De hecho la pomposamente denominada “Política Nacional” o incluso “Política de Estado” en el tema forestal, terminó en la entrega del sector forestal a las empresas celulósicas, y lo que podría haber sido una forestación con diferentes usos, terminó en el monocultivo de eucaliptus para la producción de celulosa que supera el millón de hectáreas.
Otro fenómeno que ha cobrado mayor relevancia es que se implantan plantaciones de eucaliptus con densidades de hasta 1400 árboles por hectárea por fuera de las áreas de prioridad forestal.
Esas plantaciones ocupan así territorios mas que aptos para la producción de alimentos y lo hacen en base al pago de rentas por la tierra que en 2019 fueron de US$139 por hectárea en promedio.
El pago de esas rentas no condice con el resultado económico de la explotación como queda claro si consideramos un ciclo forestal de 10 años con un rendimiento de 30 metros cúbicos de madera por hectárea.
En ese caso sólo el pago de la renta por el suelo sería de US$ 1390. A eso le tenemos que sumar los costos de la preparación de la tierra, la plantación, las curas, algún raleo de ser necesario, la cosecha y el transporte hasta su destino, generalmente la exportación a las plantas de celulosa en Zona Franca.
Si la forestal asociada a la planta de celulosa termina vendiendo el metro cúbico de madera a US$ 57 como sucedió durante 2019, obtendría sólo US$ 1710 por 30m3; un “negocio” difícilmente rentable. Siendo que esas forestales no son Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y que persiguen fines de lucro, esa situación podría ser explicada en que forman parte de un conjunto económico con las empresas celulósicas que operan en Zona Franca sin pagar impuestos mientras que las forestales debieran pagar impuestos (IRAE) si obtienen renta de sus actividades.
Es evidente que el incremento de las plantaciones forestales, fuera de las áreas de prioridad constituye una penetración en condiciones que, como se expresó en el congreso de la Federación Rural este año, son de competencia desleal. Es necesario aunque quizá no suficiente limitar que sólo se planten árboles, en especial eucaliptus, en las zonas específicamente definidas como de Prioridad Forestal y sería bueno que, como dice le proyecto de ley a estudio, lo sean además áreas con Indice CONEAT de 76 o menos.
Un rápido cálculo permite verificar que aún con esas limitaciones lás áreas de prioridad forestal sumarían más de 2 millones de hectáreas, una reducción significativa de sobre los 4 millones hoy definidos; pero que igualmente permitiría un incremento del 80% sobre las áreas actualmente plantadas.
Seguramente habrá mucha discusión parlamentaria y muchos grupos de presión como la Sociedad de Productores Forestales, que hasta hace poco presidía el actual director de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, el Ing Agr Carlos Faroppa, se harán presentes con reclamos en contra del proyecto de ley que no hace más que venir a igualar parcialmente un campo de juego que desde hace más de 30 años ha estado inclinado a favor de los intereses de empresas internacionales, en especial las celulósicas, con un gran costo para el Uruguay y los uruguayos que hoy no reciben ningún beneficio de la producción de celulosa en Zonas Francas.
