URUGUAY NO EXPORTA CELULOSA II

Todos los meses se nos "informa" del valor de las ¿exportaciones? de celulosa, incluso se las compara con otros rubros.
Los medios le dan gran difusión a estos informes y sesudos analistas llenan programas o espacios de informativos con estos números.

¿Que respaldo tiene ese dato?
El número que la agencia de propaganda llamada Uruguay XXI presenta todos los meses en relación a las ventas de celulosa NO tiene respaldo documental en Aduana, NO genera DUA (Documento Único Aduanero), NO se registra en la balanza de pagos de nuestro país con otros países y NO queda registrado como exportación para el Banco Central del Uruguay.

En cambio, ingresando en el sistema de Aduanas es posible conocer, para cualquier empresa que opera en el territorio aduanero nacional, por ejemplo Conaprole, a quién le vendió, cuando le vendió, que le vendió y por qué valor le vendió.
Lo mismo se puede saber de las importaciones al territorio aduanero nacional.

¿De dónde sale ese número que publica Uruguay XXI?
Para generar la falacia de que las ventas desde la zona francas son exportaciones UPM y Montes del plata le envían a esta agencia el valor conjunto de sus ventas donde no queda discriminado que vendió cada, una a quién le vendieron ni cuándo se realizaron esas ventas.

Uruguay XXI descarta entonces las exportaciones de madera realizadas en el mes a esas zona francas y presenta como valor de exportaciones el número que le enviaron las empresas por su venta de celulosa.

En esa metodología tampoco queda registro de las compras de insumos que para la producción de celulosa esas zonas francas realizan en el exterior, las que no son importaciones al Uruguay.

Paradójicamente entonces el valor de las ventas de celulosa se toma como "exportación" sin considerar que UPM y Montes del Plata compraron miles de toneladas de productos químicos, combustibles y demás para esa producción.

Esas compras no se consideran "importaciones", pero las ventas se consideran "exportaciones" por parte de Uruguay XXI, sin documentación, sin control y sin conocimiento. Por eso yo digo que eso es propaganda.

Invito a los lectores a solicitar la información de cuánto vendió cada una de las empresas, supuestas exportadoras de Montes del Plata y UPM.

A interesarse sobre a qué países y por que monto se les vendió celulosa.

Ninguno de esos datos te va a ser entregado ni por pedido de informes parlamentario ni por acceso a la información pública porque esa información no la tiene el Estado.

La fantochada llegó al extremo de que se le dio a UPM un premio como "exportador" sin conocer ninguno de esos datos.

La operación de lavado de cerebro y de colonización mental de nuestra población impulsada por la masiva propaganda de UPM en los medios se está llevando a cabo con total éxito.

Nos llevan como chicharra del ala

El llamado proyecto Neptuno que pretende implantarse en la costa del Río de la Plata a la altura de la playa de Arazatí es uno inconveniente, insuficiente y extremadamente caro.

Desde los proponentes, la OSE y el Gobierno se lo ha presentado con bombos y platillos como una avanzada solución a los problemas del abastecimiento de agua potable a Montevideo y la zona metropolitana, basado en una fuente de agua “inagotable”.   

Desde el gobierno se lo ha presentado y calificado también como la obra «más grande de la historia en infraestructura para agua potable» y se ha aceptado sin ningún cuestionamiento la iniciativa privada del denominado Consorcio Aguas de Montevideo, que integran las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast de Brasil, muchas de ellas ya figuritas repetidas en multimillonarias obras cuyos costos superaron ampliamente los previstos inicialmente como fue el caso del Tren de UPM que pasó de los ochocientos millones de dólares presupuestados inicialmente a casi tres mil millones al ejecutarse como PPP (Proyecto de Participación Público Privado).

En forma muy parecida a lo que primero AFE y después el MTOP hicieron con el Tren de UPM, OSE ya aceptó el proyecto como iniciativa privada, licitó las obras con ventaja para los proponentes (ahora adjudicatarios de la obra), reservó de su presupuesto para el pago del proyecto más de ochocientos millones de dólares (Resolución 1042/23) y ha realizado expropiaciones, todo ello para un proyecto que no cuenta aún con autorización ambiental.

Por fuera de las consideraciones ambientales, por orden judicial OSE y el Consorcio estuvieron impedidos de firmar el contrato de la obra. Eso porque en el contrato se le entrega al consorcio la abducción y transporte de agua para potabilizar, los que de acuerdo con la ley de creación de la URSEA son pasos integrantes del servicio público de agua potable, lo que convierte al contrato en contrario al artículo 47 de la Constitución y por lo tanto inconstitucional.

En lo específicamente ambiental, se presentó a la DINACEA del Ministerio de Ambiente el proyecto, al que se le hicieron múltiples observaciones, pero que igualmente llegó a la etapa de confección del Informe Ambiental Resumen y a la puesta de manifiesto de este para conocimiento del público. Durante esa puesta de manifiesto se le presentaron al proyecto varios centenares de consultas y observaciones que por ley deben ser estudiadas y respondidas por el Ministerio a fin de completar la información a disposición de la población previa a la Audiencia Pública a la que obliga el Decreto 349/2005.

Igualmente, la Audiencia Pública se convocó sin que hubiera finalizado el plazo de la puesta de manifiesto “aprovechando”, a favor de las empresas, interpretaciones insostenibles de la ley 16466 y del artículo 3 del decreto 349/2005, La audiencia se realizó cuando el análisis de los planteos hechos durante la puesta de manifiesto, que aún no terminó, no se había completado. Así evidentemente no se contó en esa audiencia convocada con inusitada urgencia con toda la información del proyecto.

Para completar este turbio panorama, la OSE ante solicitudes de acceso a la información pública no pudo mostrar ni un solo estudio propio sobre porque se pretende hacer este proyecto en Arazatí. Tampoco sobre la realización de algún estudio económico financiero para decidir el pago de más de 800 millones de dólares por un proyecto cuyo costo oscila según la prensa que se lea entre 208 y 300 millones de dólares. Lo único que entregó fueron los estudios del consorcio proponente-adjudicatario para la localización en Arazatí y el formulario de la licitación donde las empresas intervinientes debían poner sus aspiraciones de retribución.

En la audiencia pública cuando se puso de manifiesto estas inaceptables carencias, que podrían configurar negligencia en el manejo de dineros públicos, el Gerente General el Ingeniero Castagnino expresó que en lo técnico OSE tenía completos estudios realizados en 2013 por la empresa Aguasur SA, empresa en 95% propiedad de OSE y 5% propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), en que se dijo se estudiaron alternativas al suministro de agua para Montevideo y la zona metropolitana.

Estamos a la espera de que la OSE muestre esos estudios que se solicitaron por la ley de acceso a la información pública. Pasados los primeros 20 días hábiles desde la solicitud, OSE se acogió a la prórroga de otros 20 días para entregarnos los estudios. ¿Será que no los han podido encontrar?

Que ahora la decisión judicial haya anulado la prohibición de firmar el contrato, aceptando la recusación del juez y asignando el caso a otro juzgado que debe comenzar a estudiarlo de la nada pero permitiendo que el proyecto siga adelante en estas condiciones, no es en el mayor beneficio del Uruguay y los uruguayos que pagaremos más de tres veces el costo del proyecto que sólo le agregará al sistema metropolitano,  en el mejor de los casos, un 40% de sus necesidades, dependiendo de la salinidad del agua del Río de la Plata, y del cual la mitad del agua que se integre al sistema será perdida debido al mal estado de la red de distribución que OSE dice no tener dinero para arreglar.

No hay dinero para reparar la red, pero la OSE se compromete a pagar durante diecisiete años y medio más de cuarenta millones de dólares anuales, unos ciento setenta mil dólares diarios para un proyecto que salvo para los proponentes privados no deja ningún beneficio y compromete aún más la situación económica y financiera de la OSE

Publicado el 22-11-24

NO hubo ambiente en las elecciones

Después de la elección del pasado domingo 24 de octubre, cuya definición fue mucho más rápida de lo previsto en los pronósticos electorales de las empresas de opinión, e incluso por los equipos de los candidatos, sabemos que el presidente electo del Uruguay se llama “Yamandú”.

La campaña hacia esta instancia de balotage, al igual que la que precedió a la elección de octubre, fueron especialmente anodinas, desprovistas de discusiones reales  y unas en que se hizo patente la intención de ambos bandos de evitar cometer errores.

Los equipos y los propios candidatos evitaron compromisos y hasta cierto punto se hacía difícil entender las diferencias entre ellos. Ante la falta de propuestas claras y con una discusión más centrada en los antecedentes y características personales de los integrantes de las fórmulas presidenciales, primó el jingle y el llamado a las raíces e identidad partidaria.

Con la mención de planes que más se parecen a parches que a verdaderos iniciativas planificadas y agregando propuestas puntuales, casi populistas, centradas en entregas de dinero a diferente colectivos, los candidatos en pugna se vieron obligados por el imperio de la ley a tener un encuentro personal en televisión en el pulcramente evitaron la discusión y cada uno se atuvo al libreto que le prepararon los asesores.

En esa atmósfera artificial cada candidato se expresó sobre los temas pautados, dentro de los que no hubo mención a temas ambientales, de recursos naturales y especialmente el agua. Eso podría ser motivo de alegría porque si no se mencionan debiera de ser porque de alguna forma han dejado de ser problemas.

En el debate los dos candidatos hablaron de la necesidad de un  ”crecimiento económico”, indispensable para que la situación de la gente mejore, por el “derrame” según uno o por el incremento salarial, según el otro.

Ninguno de los candidatos mencionó siquiera la necesidad de pasar del crecimiento al desarrollo, palabra esta última casi totalmente ausente en las presentaciones y discursos de ambos candidatos. Crecer económicamente en términos de PBI (Producto Bruto Interno) puede ser el resultado de una explotación más intensiva del territorio comprometiendo a futuro su capacidad productiva.

Ejemplo de ello podría ser la plantación de soja que se cosecha y se exporta como grano, sin más agregado de valor que separar el grano de la planta. Sumado a eso que en casos de grano con exceso de humedad, se le agrega su secado. Con la soja, cuya plantación se incrementó hasta ocupar más del 6% del territorio nacional, creció la economía. Pero para que su cultivo genere “desarrollo” es necesario incorporar procesos que incrementen el valor del producto. Eso, en el caso de la soja podía ser la producción de aceite, de harina y de alimento animal lo que puede hacerse sin incrementar el uso de recursos, como el del suelo y el agua.
   
No hubo en la campaña casi ninguna mención a la necesidad de cuidar los recursos naturales y económicos, en beneficio de  los que poblarán este territorio en el futuro. Ambos candidatos están aparentemente de acuerdo con la firma de contratos de inversión entre el estado y empresas a las que se les dan beneficios y privilegios que comprometen por décadas a los uruguayos. Tanto es así que ese no fue siquiera tema de conversación.

No hay disenso entre los candidatos para aceptar mecanismos como el de la PPP (Participación Público Privada), las iniciativas privadas financiadas por estos y otras formas similares que multiplican por tres e incluso más los costos de la obra pública.

Sobre esos y otros temas tendremos que seguir trabajando desde la sociedad civil para que las urgencias y los intereses particulares no nos aparten de la meta que debe ser la de mejorar la situación de nuestros compatriotas, los de hoy y los que vendrán. 

Pero como decía al comienzo, el nombre del Presidente electo es Yamandú. Un vocablo que deriva del idioma Guaraní y según la fuente que se tome tiene dos posibles definiciones aceptadas como válidas de su significado.

La primera es la que dice que se deriva de la unión de los vocablos Yama (valiente) y Ndú (de corazón), por lo que podría interpretarse como “valiente de corazón”. La segunda relaciona el nombre a los vocablos guaraníes “Y” que significa agua y “arandú” que significa sabiduría, por lo que se podría traducir como: “Sabe del agua”. Las dos son muy significativas y esperemos que el presidente electo les haga honor.

Ahora ya pasó la elección, ya hay un ciudadano que ha sido elegido para ocupar la Presidencia de la República hasta el primero de marzo de dos mil treinta y solo queda desearle, SUERTE PRESIDENTE.

Publicado en Voces 28-11-24